La gran guerra de la PAH
Vivienda: La defensa de los derechos de las personas desahuciadas se extiende a los parlamentos autónomos.
Reunión de miembros de la plataforma de afectados por las hipotecas. FOTO: ANDREA BOSCH
Lo más importante es que hemos logrado un gran cambio de mentalidad sobre la vivienda. Hemos transformado el pensamiento. Ahora cada vez hay más gente que ve la vivienda por su valor de uso, como un bien social, y no como un instrumento para la especulación”. Esta es la reflexión más esclarecedora de Carlos Macías, la cara más visible de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
La PAH es un movimiento ciudadano de defensa del derecho a la vivienda que surgió en Barcelona en febrero de 2009. Fue la primera respuesta social a la catástrofe humana que produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria, que provocó una oleada de desahucios que todavía no se ha logrado detener. Este movimiento tuvo el valor de no permanecer impasible ante el calado del drama social que significaba la pérdida de la vivienda desmarcándose de la actitud conformista de los gobiernos y la mayor parte de los partidos políticos. Las plataformas de apoyo a los desahuciados fueron creciendo pronto por todo el país. Trataban de negociar con los bancos para evitar el desalojo de las familias, y si no tenían éxito seguían presionando con concentraciones en las puertas de los domicilios de los afectados.
La organización adquirió un fuerte impulso con la aparición de 15M en mayo de 2011. El movimiento adquirió una gran influencia rápidamente hasta contar con asambleas en más de 250 ciudades. En el impulso de estas acciones tuvo un papel referencial la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Hoy, todos los partidos políticos, a excepción del Partido Popular, han asumido sus planteamientos y respaldan sus iniciativas legales. “Hemos logrado un gran apoyo social y esto nos ha permitido transformar el imaginario colectivo sobre el derecho a la vivienda”, explica Macías.
Lo cierto es que las tragedias personales que suponen los desahucios en España no tienen paragón en Europa. El número de familias expulsadas de sus viviendas en propiedad o alquiler, aunque se ha moderado algo en los últimos años, sigue ofreciendo unas cifras estremecedoras. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2015 se inició un total de 68.135 ejecuciones hipotecarias, la cifra más baja desde 2009, pero difícilmente soportable. En total, entre 2009 y 2015 se han producido 587.995 ejecuciones hipotecarias, según el CGPJ. Macías precisa que una cosa son las ejecuciones hipotecarias, unas 600.000 en España, y otra los desahucios, unos 470.000, de los que el 85% corresponde a primeras viviendas.
El PP, contra la vivienda social
Los avances legislativos logrados durante los últimos años en las distintas comunidades autónomas han sido neutralizados sistemáticamente por el Gobierno del Partido Popular mediante recursos al Tribunal Constitucional que han anulado las partes que reducían los privilegios de los bancos. En 2013 recurrió contra el Decreto Ley 6/ 2013 de Andalucía sobre la función social de la vivienda. El mismo año llevó al Constitucional la Ley Foral 24/2013 de Navarra de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda. En 2014, el Gobierno recurrió la ley 2/2014 de la ley de vivienda de Canarias y en 2015, el recurso de Ejecutivo se dirigió contra la Ley3/2015 de Euskadi.
El golpe de gracia contra las iniciativas legislativas que promovían la defensa del derecho a la vivienda llegó el 28 de abril de 2016, cuando el Gobierno recurrió ante el Constitucional la ley catalana de vivienda, la ley 24/2015, de 24 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. La norma fue aprobada por unanimidad en el Parlamento catalán y estuvo vigente durante nueve meses. La aprobación no fue fácil. Macías recuerda que “los bancos y las compañías suministradoras estuvieron llamando a muchos diputados para que no aprobaran la ley”. Esta ley significó el avance social más progresista en esta materia. Estableció un procedimiento extrajudicial para negociar con los bancos antes del desalojo, autorizó al juez para cancelar la deuda pendiente (dación en pago), garantizó una vivienda de alquiler para realojo de los afectados y exigió la intervención de los servicios municipales antes del corte de los servicios. Durante su corta vigencia, la ley impidió muchos desahucios y evitó 32.000 cortes de suministros de electricidad, agua o gas. Esta parte de la ley sigue vigente.
Aunque el plazo para interponer este tipo de recursos es de tres meses, el Gobierno ganó otros seis meses estableciendo un convenio con la Generalitat de Catalunya para así obtener la ampliación del plazo. De esta forma evitó tener que sufrir el coste político de llevar a cabo este tipo de acciones en pleno período electoral. El recurso fue planteado el último día posible del plazo legal.
1.402.854 firmas para la ILP
Para ver con perspectiva el alcance de las movilizaciones de la PAH hay que remontarse a marzo de 2011, cuando la plataforma y el Observatori DESC, junto a otras organizaciones y entidades sociales (UGT, CC OO, Taula del sector, Unió de Consumidors de Catalunya y la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya), iniciaron los trámites para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a fin de regular la dación en pago. Se trataba de evitar que las familias que perdían la casa continuaran arrastrando una parte de la deuda de por vida.
La Constitución española permite a los ciudadanos presentar iniciativas legislativas si cuentan con el aval de 500.000 firmas. La ILP hipotecaria presentada por la PAH y demás entidades tropezó con una notable resistencia por parte de la Mesa del Congreso, presidida por José Bono e integrada por el PP, el PSOE, CiU y el PNV, entre marzo y septiembre de 2011. La recogida de firmas no pudo empezar hasta abril de 2012. En un plazo de nueve meses los miembros de las plataformas lograron recoger 1.402,854 firmas que fueron entregadas en febrero de 2013 en el Congreso.
“El PP ni quería que se admitiera a trámite la ILP”, explica Macías. “Nosotros nos concentramos ante muchas de sus sedes y al final conseguimos que se admitiera a trámite”. La propuesta exigía la reforma del procedimiento de ejecución hipotecaria establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La ILP tenía tres artículos. En primer lugar, se reconocía la dación en pago de forma que entregando el inmueble al banco se extinguía la totalidad de la deuda junto a intereses y costas. En segundo lugar, se establecía un sistema de paralización de los desahucios cuando se trataba de vivienda habitual y el impago se producía por motivos ajenos a la voluntad del afectado. En tercer lugar, estas disposiciones se aplicarán con carácter retroactivo para paralizar los desahucios en trámite.
El Gobierno desnaturaliza la norma
El Gobierno contraatacó con dos disposiciones tratando de fundir las ILP con sus propias propuestas. Primero aprobó el Real Decreto Ley 27/2012 de noviembre de 2012, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. La norma señaló que su “objeto fundamental consiste en la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los de-sahucios de las familias que se encuentren en una situación especial de riesgo de exclusión”. A finales de noviembre, en la convalidación del real decreto, que salió adelante por la mayoría del PP, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó que en España había unas 120.000 familias que cumplían todos los requisitos para acogerse a la paralización de los desahucios, aunque añadió que el número final que se acogería a la moratoria sería inferior. La realidad es que las cifras de desahucios en los años siguientes continuaron siendo abrumadoras, como se puede ver en el cuadro adjunto. Al ver que la nueva ley no recogía sus propuestas, la PAH retiró la ILP.
La ley catalana de vivienda sirve de referente a la movilización
El Gobierno del PP ha neutralizado los avances legislativos de los últimos años
El Ejecutivo que surja del 26J se encontrará con los desahucios sobre la mesa
Además de la presión popular, el Gobierno empezó a encajar serios varapalos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (TJUE), que en marzo de 2013 emitió una primera condena. La sentencia señaló que la ley española de ejecución hipotecaria no es conforme con la directiva comunitaria 13/93 que regula los derechos de los consumidores. Estimó que si los contratos contenían cláusulas abusivas, el juez podrá suspender el desahucio. Después llegaron cinco nuevas condenas. Finalmente, el pasado abril la Comisión Europea abrió un expediente contra España por indefensión de los desahuciados al haber estado violando durante veintitrés años la directiva sobre protección del consumidor.
A raíz de la primera sentencia del tribunal europeo y de la creciente presión social, el Gobierno aprobó la ley 1/2013 en mayo de 2013, en la que insistió de nuevo en “la suspensión inmediata de los desahucios por un plazo de dos años a las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión”. Uno de los cambios de la ley fue elevar de uno a tres meses los impagos a partir de los que el banco pudiera exigir el vencimiento anticipado de la deuda. La diferencia fue tan pequeña que no detuvo la avalancha de desahucios.
“El problema”, señala el portavoz de la PAH, “es que las exigencias para aplicar la nueva ley eran muy restrictivas para poder beneficiar a los afectados. Exigían unos requisitos sociales y económicos tan estrictos que reflejaban la falta de voluntad política y, por tanto, no han funcionado”.
La vía de las autonomías
Ante la desnaturalización de la ILP que había hecho el Gobierno, la PAH pensó en otra estrategia. “Una vez que nos bloquearon la ley estatal”, explica Macías, “nos planteamos cambiar la legislación a través de las leyes autonómicas”. Los miembros de la plataforma advirtieron que en la ley catalana del derecho a la vivienda de 2007 había muchas disposiciones muy útiles, pero que nunca se habían aplicado. Por ejemplo, se podían poner multas de hasta 900.000 euros a las entidades que tuvieran viviendas vacías durante más de dos años. También se aprovechó para recuperar la facultad que establecía la ley catalana de 2007, que indicaba que “la Administración puede expropiar temporalmente el usufructo de la vivienda, por un período no superior a cinco años, para alquilarla a terceros”. Esta disposición había sido eliminada por el Gobierno de Artur Mas en 2012.
Paralelamente a la propuesta de ley catalana, la PAH impulsó iniciativas en 13 parlamentos autónomos para lograr implementar las medidas protectoras que no pudo desarrollar a través de una norma estatal. En noviembre de 2015 estas iniciativas se reforzaron con el apoyo de más de 100 ayuntamientos de toda España .
La nueva estrategia de la plataforma se basó en cinco puntos: 1. Dación en pago retroactiva y condonación de la deuda. 2. Alquiler digno y asequible que garantice la estabilidad y seguridad de los inquilinos. 3. Paralización de los desahucios. 4. Creación de un parque público de viviendas a través de la movilización de los inmuebles vacíos. 5. Suministros básicos garantizados de luz, agua y gas a los hogares más vulnerables.
El primer acuerdo en Murcia
El primer acuerdo de este movimiento autonómico se alcanzó en mayo en Murcia. “El 7 de octubre de 2015”, explica Paco Morote, portavoz de la plataforma, “nos presentamos en el Parlamento con la ley catalana 24/2015, exigiendo que las familias murcianas tengan los mismos derechos que las catalanas”. “Aquí en Murcia”, añade, “recogieron el testigo el PSOE y Podemos y lograron que se aprobara un compromiso para obligar a las administraciones públicas a realojar a las familias desahuciadas para que nadie se quedase en la calle”. “Se creó una Comisión de Mediación extraprocesal para situaciones de impago de hipotecas y queremos que en el reglamento se establezcan penalizaciones a los bancos que no quieran participar.
La Junta de Andalucía aprobó un decreto ley en abril de 2013 para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. El decreto fue recurrido por el Gobierno por considerar que invadía sus competencias.
En noviembre, el Parlamento andaluz aprobó otra ley que evitó el recurso. Pepe Cazorla, miembro de la PAH, señala que “en noviembre de 2015 se presentó una propuesta similar a la ley catalana que fue defendida por Podemos e Izquierda Unida”. “La iniciativa no prosperó”, añade, “por la oposición del PSOE, que señaló que no hacía falta una nueva ley”. “Nosotros”, afirma Cazorla, “lo único que queremos es que se cumpla la Constitución, que dice que no se puede especular con la vivienda”. Y añade que el año pasado en Andalucía hubo 10.694 desahucios, el 2,2% más que el año anterior”.
Evolución de las ejecuciones hipotecarias
En Navarra, en julio de 2013, se aprobó una ley inspirada en el Decreto Ley de Andalucía. La plataforma navarra logró convencer a los partidos de la oposición para que la aprobara el Parlamento a pesar de los votos en contra del PP y el PNV. Jesús Hernández, miembro de la PAH, explica que la ley, que también fue recurrida “permitía multar a las personas jurídicas que tenían pisos que llevaban mucho tiempo vacíos”. Este portavoz sostiene que “lo más destacable para favorecer que los bancos acepten la dación en pago es que podían aportar la vivienda a un fondo del Gobierno navarro que les podía proporcionar una remuneración”.
En Navarra, la plataforma ha concentrado sus energías en promocionar la vivienda en alquiler. “Queríamos cambiar el hábito de la compraventa por el alquiler”, explica Hernández. “Ahora estamos trabajando”, añade el portavoz, “para ver qué parte de la ley catalana se podría incorporar a nuestra legislación”.
El decálogo de Euskadi
En Euskadi, el Parlamento aprobó una ley en 2015 con el apoyo de Bildu, el PSOE y UPyD, cuyo único diputado fue determinante, que permitía la expropiación temporal de los pisos en manos de los bancos. La norma, impulsada por la PAH, fue suspendida por el Tribunal Constitucional diez meses después tras el recurso del Gobierno. Las plataformas vascas han elaborado un decálogo en el que se incluyen varios puntos de la ley 24/2015 de Catalunya. Sólo IU y Podemos los aceptaron todos.
La Corte de Justicia de la UE ha dado varios varapalos a la ley hipotecaria española
Está cambiando el perfil del desahuciado; hoy hay empresarios a los que les ha ido mal
“Aquí”, explica Gorka Vinaspre, “estamos viendo un cambio de perfil en las personas desahuciadas. Vemos que empiezan a aparecer empresarios a quienes ha ido mal el negocio y también están siendo expulsados de sus casas. Esto es un reflejo de la duración de la crisis”.
El portavoz señala que “las dificultades más serias la tienen con Kutxabank y la Caja Laboral, porque son los que tienen más hipotecas y también con Alokavide, que gestiona los alquileres”. “De todas formas”, añade el portavoz, “aquí lo primero que hacemos es tratar de negociar con el banco y si no hay acuerdo, protestamos para que el banco tenga mala imagen”.
Lo que vemos es que el conflicto de la vivienda se ha extendido por todas las autonomías, y el nuevo Gobierno que surja de las elecciones deberá tenerlo en cuenta como uno de los conflictos sociales más graves.
Movilización de la PAH. FOTO: ANDREA BOSCH
“Lo único que queremos es que se cumpla la Constitución”
Artículo 47 de la Constitución española
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”
