La ley de la selva de los prestamistas

Alarma. La falta de crédito tradicional y la urgente necesidad de dinero multiplican la pérdida de viviendas a manos de usureros.

Acto contra los desahucios en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). FOTO: EDU BAYER

El Rayo Vallecano, uno de los clubes más humildes de Primera División, dio el pasado diciembre un paso sin precedentes en un equipo de fútbol. Recaudó entre sus jugadores, socios y simpatizantes 21.000 euros para ayudar a Carmen Martínez Ayuso, una vecina del barrio que fue desahuciada días antes de la casa en la que había vivido durante cinco décadas, para que pudiera encontrar un nuevo techo. La mujer, de ochenta y cinco años, fue víctima de un usurero con pocos escrúpulos que se aprovechó del agobio económico de uno de sus hijos, obligado a poner la vivienda de su madre como aval a cambio de un préstamo. Con el crédito bancario tradicional cerrado para un buen número de españoles, muchos desesperados como él recurren todos los días a préstamos privados aun a riesgo de perder sus viviendas.

Muchas ofertas

Basta con teclear la palabra crédito en Google para que aparezcan en pantalla decenas de ofertas de préstamos rápidos para aliviar una necesidad urgente. El objetivo de muchos de esos prestamistas no es cobrar los intereses del préstamo, por altos que sean, sino quedarse con las viviendas que los deudores ponen como aval cuando éstos se ven incapaces de pagar. Estos usureros del siglo XXI actúan en la frontera de la ilegalidad debido a la falta de una normativa clara que regule su actividad. Algunos incluso carecen de sede social y únicamente tienen como referencia para el cliente potencial un número de teléfono. Para conceder el préstamo, a veces basta con el DNI del prestatario y la garantía hipotecaria de un piso. Da igual si la persona que necesita el dinero tiene nómina o ingresos o si figura en las listas de morosos.

El Rayo Vallecano recaudó 21.000 euros para ayudar a Carmen

Las condiciones del préstamo eran del 15% anual y 27% en demora

La Asociación de Estafados Víctimas Financieras (Adevif) explica que el cliente tipo de estos prestamistas es una persona con problemas económicos que no puede acudir a un banco tradicional. Esta forma de proceder, según Adevif, tiene un único objetivo: “engañar al necesitado y quedarse a precio de saldo o regalado con el patrimonio del solicitante, que por lo general lo único que tiene es su vivienda habitual”. Adevif calcula que uno de cada tres lanzamientos hipotecarios efectuados en España es consecuencia del impago de préstamos concedidos por financiadores privados.

En el caso de Carmen Martínez, el prestamista que se quedó con su casa fue identificado por El Mundo como Francisco Gómez Montoya, un empleado de Renfe de cincuenta y seis años que se dedica a la usura en sus ratos libres. Montoya prestó 77.100 euros al hijo de Carmen, Luis Jiménez, que puso como aval la casa de su madre, valorada en 180.000 euros. Según relató la víctima al diario, en el año 2009 el prestamista le entregó 30.000 euros en metálico tras descontar por adelantado parte de los intereses —el 15% de interés anual y el 27% de demora— y le liquidó un crédito anterior con otro usurero que Luis Jiménez tenía pendiente de pago. Tres años después, el prestamista le comunicó que debía 65.530 euros por intereses de demora, más los 77.100 del préstamo y otros 23.130 por las costas de la reclamación judicial de la deuda. En total, exigía a su deudor 165.760 euros. Ante la imposibilidad de pagar, Carmen Martínez tuvo que dejar su casa.

Impunidad

Otra asociación de afectados, Stop Estafadores, afirma que los préstamos de capital privado en España se mueven en una “ley de la selva” en la que, junto a profesionales rigurosos, campan muchos desaprensivos que se mueven con impunidad. Para corregir la situación, exige a las autoridades que ataquen de raíz el problema. “No es satisfactorio que tenga que ser un club de fútbol quien ofrezca una alternativa de alojamiento a la víctima”, sostiene la asociación.

¿En qué consiste realmente esta supuesta estafa? La más común es conseguir que la víctima firme ante notario un capital superior al que realmente recibe con unos intereses de demora abusivos y valorando la vivienda que sirve de aval muy por debajo de su precio de mercado. Sorprende que los notarios, elegidos por el prestamista, sean casi siempre los mismos. El Consejo General del Notariado estipula claramente que cuando un profesional se encuentra con un préstamo de este tipo tiene la obligación de avisar al prestatario de que la deuda que está adquiriendo es muy alta en comparación con el valor de su vivienda. El objetivo es que la persona que firme el préstamo sea plenamente consciente de los riesgos que corre.

Junto a profesionales rigurosos, campan muchos desaprensivos

No existe una normativa clara que regule los préstamos privados

El mayor prestamista nunca ha sido condenado por estafa

Uno de los prestamistas más conocidos es Antonio Arroyo Arroyo, cabeza de un complejo entramado societario con intermediarios que captan clientes por toda España. Ex empleado del Fondo de Garantía de Depósitos y subastero, Arroyo maneja una red de empresas encargadas de ejecutar las viviendas de quienes no pueden pagar. Conocido con el sobrenombre de Dani DeVito por su corta estatura, huye de la prensa y únicamente hace acto de presencia cuando se firman los préstamos y a la hora de cobrar. Aunque nunca ha sido condenado por estafa, sí fue declarado culpable por un juzgado de Sevilla por amenazar a la abogada de una de sus víctimas. Sobre él pesan más de un centenar de denuncias.

LAGUNAS LEGALES

"Una estafa sistemática"

La asociación Stop Estafadores considera que la ley aprobada en 2009, que situó los préstamos privados bajo responsabilidad del Ministerio de Sanidad y Consumo, se ha revelado como una normativa claramente insuficiente para ejercer un control real y efectivo de los usureros. “Esto ha posibilitado que se produzcan, dentro de una actividad legal, algunos abusos ante la pasividad de las autoridades”, sostienen sus responsables. “Pero, además, ha permitido que incluso algunos vayan un paso más allá, y se hayan creado redes literalmente delictivas que practican la estafa sistemática y que tienen sus víctimas entre personas con necesidades económicas apremiantes”.

Stop Estafadores exige que se mejore la regulación de estos préstamos, que se ejerza un auténtico control sobre los operadores del sector y que se investigue la actuación de determinadas redes de intereses inmobiliarios.

Las víctimas de los abusos están empezando a ganar batallas judiciales, pero no políticas, sobre todo debido la actitud del Partido Popular, que se niega a tomar medidas para evitar más desahucios como el sufrido por Carmen Martínez en Vallecas.

El grupo de Unión Progreso y Democracia (UPyD) de la Asamblea de Madrid propuso en ese sentido una enmienda a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Comunidad para 2015, que recibió el apoyo de los demás grupos de la oposición pero fue rechazado por la mayoría absoluta del PP.

El diputado autonómico de UPyD Ramón Marcos defendió la conveniencia de establecer un modelo de contrato sencillo y claro que dificulte estas prácticas irregulares y que facilite el control de oficio que han de ejercer los responsables de consumo de la Administración madrileña.

La Administración central tampoco parece tener prisa. El Ministerio de Sanidad aún no ha publicado en su página web el registro de empresas dedicadas a prestar dinero, tal como estipula la ley de 2009 para proteger a las víctimas de los abusos. La norma obligaba a crear y publicar el registro, que fue creado en 2011 pero que aún no se ha dado a conocer.