Los mayores estallan contra la banca
Una parte significativa de los altos beneficios bancarios corresponde a malas prácticas.
Al final, las múltiples y reiteradas malas prácticas de los bancos han estallado. La exclusión digital de los mayores y la reducción de servicios en general se ha acelerado por la drástica reducción del número de sucursales, que ha pasado de más de 46.000 en 2008 a 20.421 en 2020. Durante este periodo, las entidades financieras han despedido a casi 100.000 empleados de los 278.301 existentes antes de la crisis. Los servicios, lógicamente, se han deteriorado.
Un estudio realizado por Facua – Consumidores revela que la banca y los servicios financieros ocuparon el primer puesto de las denuncias formuladas por la ciudadanía, que representaron el 16,7% del total. La asociación reprocha “la pasividad de las autoridades competentes ante los fraudes masivos que sufren los consumidores, que no reciben respuestas contundentes a través de multas coercitivas a las empresas que las cometen”.
La exclusión digital ha sido la gota que ha colmado el vaso. Aparece tras una década de abusos que han quedado registrados en la disparatada cifra de 4,9 millones de reclamaciones que los ciudadanos han presentado a los servicios de atención al cliente, con un récord de 1,3 millones presentadas en 2017 por las cláusulas suelo. Estas reclamaciones no son atendidas por los bancos de forma mayoritaria. En 2020, por ejemplo, las entidades rechazaron el 61,5% de las más de 800.000 reclamaciones que recibieron, según el Banco de España.
4,9 millones de reclamaciones se han presentado en una década a los servicios de atención al cliente
La protesta ha sorprendido por su amplitud y rápida propagación a los directivos bancarios, que han sido incapaces de reaccionar. “El problema es distinto al que teníamos identificado, y es real”, ha sido la respuesta que ha dado el presidente de la patronal bancaria AEB, José María Roldán. Los bancos, que gozan de muchísimos privilegios, habían olvidado que tienen que dar un servicio a todos los ciudadanos sin discriminaciones por edad o lugar de residencia.
Los clientes que ven desestimadas su reclamaciones por las propias entidades pueden acudir al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España, que en 2020 recibió 21.300 quejas. El problema es que la decisión final del Banco de España no es vinculante para las entidades financieras. Los bancos pueden rectificar o no. Aquí es donde se ve el inmenso poder de la banca, hasta el punto de que ni las máximas autoridades monetarias pueden con ella. En la mayoría de las reclamaciones tramitadas por el Banco de España en 2020 los clientes obtuvieron sus pretensiones, porque las entidades acataron el criterio de la autoridad monetaria y rectificaron su conducta en el 69,4% de los casos. Hace 10 años rectificaban en menos de la mitad. Sin embargo, no todas las entidades se comportan igual. En 2020, Kutxabank y Bankinter solo rectificaron en el 32,4% y 31,7%, respectivamente a las reclamaciones recibidas. Por el contrario Bankia, Caixabank y BBVA rectificaron en más del 78% de los casos, según la Memoria de Reclamaciones del Banco de España.
Quejas de todo tipo
El grupo más importante de las reclamaciones en 2020 corresponde a abusos en los préstamos hipotecarios, el 26,9% del total. Las malas prácticas en las hipotecas acapararon el 80% de las quejas en 2017. El segundo grupo en importancia lo constituyen las protestas por atropellos en las tarjetas de crédito, que significaron el 26,4%. En este grupo han aumentado en más del 200% las reclamaciones por los créditos revolving. El tercer grupo está formado por las reclamaciones por las comisiones en las cuentas bancarias, que han experimentado un aumento continuado y ya representan el 19,7% del total.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha señalado que la no vinculación de los bancos a las resoluciones del supervisor “limita la eficacia del sistema de reclamaciones y debería ser objeto de reflexión en una eventual modificación de la referida regulación”. Y ha precisado: “sería importante desde el punto de vista reputacional y de mejora de las relaciones con sus clientes que las entidades aceptaran con carácter generalizado las resoluciones del Banco de España”.
Esta desprotección y situación de inferioridad de los ciudadanos en su condición de consumidores frente a la banca ha sido puesta de manifiesto por el catedrático de Derecho Mercantil jubilado Juan Ignacio Font Galán. En un artículo que ha circulado en el mundo jurídico, el prestigioso profesor de la Universidad de Córdoba ha señalado, que en el “ya largo proceso de licuación del Derecho en el campo económico y financiero los bancos y entidades financieras imponen en el mercado sus reglas de conveniencia”. Font Galán precisa: “se pretende así justificar que en una economía global y altamente competitiva ni el derecho —con sus principios y compromisos con la justicia y la ética— ni las leyes —que de inmediato se tildan y rechazan por intervencionistas— son instrumentos eficaces para lograr el alto nivel de eficiencia que asegure los rendimientos exigidos por el capital. Lo que se impone de facto, sin la mediación democrática de la ley, es un conjunto de prácticas y usos corporativos ideados por tales entidades financieras (Lex mercatoria)”.
Manifestación en Murcia contra los abusos de la banca. Fotografía: EFE/Marcial Guillén
Font Galán recuerda que nuestro ordenamiento jurídico abriga una norma legal con más de 30 años de existencia que sanciona como práctica ilícita o desleal la discriminación de los consumidores. En su opinión, “cuando la cultura de las tecnologías arrolla a las personas mayores usuarias de servicios bancarios e impone la cultura del descarte de estas, es inevitable que aflore el resentimiento social y la enemistad cívica contra bancos y entidades financieras. Y bulle y se revuelve en sus memorias, con lamento de sus monederos, los 65.000 millones de euros del rescate bancario todavía reciente”.
Y concluye: “Ni los consejos de administración de las entidades bancarias ni el Consejo de Ministros pueden pasar por alto la escandalosa práctica bancaria de falta de atención de las personas mayores usuarias no tecnológicas de sus servicios empresariales. Tampoco la Fiscalía y los tribunales de justicia. Es una tarea inexcusable e inaplazable. En alerta”.
La presidenta de la asociación de consumidores Asufín, Patricia Suárez, expresa su apoyo a la campaña de Carlos San Juan y recuerda que la exclusión bancaria no solo afecta a las personas mayores. Subraya Suárez que también hay colectivos "que se ven desplazados del sistema que tienen que hacer frente a productos más onerosos, con comisiones más elevadas y condiciones difíciles de cumplir, como los trabajadores por cuenta propia que no cobran nómina y las empleadas del hogar”.
El rescate más costoso
La eclosión del malestar se ha visto propulsada por las informaciones que aumentan una vez más el coste del rescate bancario. Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea, ha obligado a España a reconocer como públicas las pérdidas de la Sareb, lo que supone añadir unos 10.000 millones de euros más al coste del rescate que con ellos asciende a 58.368 millones de euros. La Sareb es el banco malo que se constituyó en 2012 para limpiar las entidades financieras quebradas de sus inmuebles y créditos con escaso valor o fallidos. Aunque estos activos se compraron por debajo del valor que estaban contabilizados en sus libros, aún se pagaron muy por encima de su precio real, razón por la que se han generado pérdidas a medida que se han ido vendiendo. Europa exigió el reconocimiento de las pérdidas de la Sareb como públicas porque, a pesar de que la sociedad se constituyó con mayoría de capital privado para evitar la responsabilidad de la Administración, en la práctica era una sociedad pública, ya que la totalidad de su deuda, que llegó a superar los 50.000 millones de euros, fue avalada por el Estado (véase artículo en la página 10).
“Eurostat nos obligó a reconocer estas pérdidas como déficit público del Estado. Es un dinero perdido definitivamente que ya no se recuperará”, afirma el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, Antoni Garrido. “Podemos decir que el coste fiscal de la crisis en España hasta ahora ha sido de estos 58.368 millones de euros”. En opinión de este profesor, unos de los mejores conocedores de los costes de la crisis bancaria, “las pérdidas finales todavía pueden aumentar en unos 10.000 millones de euros. La razón es que Eurostat ha obligado también a reconocer como pública la deuda pendiente de la Sareb que es de unos 35.000 millones y sus activos quizá no puedan realizarse por más de unos 15.000 millones”.
Para el profesor Garrido, los costes de la crisis bancaria están relacionados con el elevado peso de la banca dentro en la economía española. “Sería conveniente que se desarrollara un mercado de capitales para que la economía no dependiera tanto de la banca, porque si la banca tiene dificultades, arrastra a todo el país como ha ocurrido”.
La exclusión digital ha colmado el vaso del descontento
La protesta ha cogido por sopresa a los directivos bancarios
La verdad es que el coste de la crisis bancaria española ha sido el más elevado de Europa. El segundo país por volumen de pérdidas es Alemania, con 49.473 millones de euros. Pero hay que tener en cuenta que la economía alemana es más del doble que la española. En tercer y cuarto lugar aparecen Irlanda y Grecia, con 48.505 y 27.297 millones de euros, respectivamente.
En términos relativos, es decir, en relación con el peso del producto interior bruto (PIB), los países más castigados por las crisis bancarias han sido Chipre, Grecia, Irlanda, Portugal y Eslovenia, que han sufrido unos costes superiores al 10% del PIB. España ocupa el sexto lugar en la listade costes relativos con unas pérdidas acumuladas que ascienden al 5,2% del PIB.
Beneficios ilícitos
En este clima de malestar generado por las malas prácticas, los desorbitados costes para los contribuyentes, que al final se acercarán a los 70.000 millones de euros, ha causado verdadera conmoción la publicación de los extraordinarios beneficios de los los grandes bancos. Las cinco principales entidades financieras han declarado unas ganancias de 19.866 millones de euros en 2021. A lo largo de toda su historia, el conjunto de la banca española solo obtuvo unos beneficios superiores en 2006 y 2007, con 19.121 y 25.112 millones de euros, respectivamente, según el Banco de España.
Lo que supone un mayor enojo no es que los beneficios se hayan generado después de unos costes tan elevados para los contribuyentes y la profusión de las malas prácticas, sino que parte de las ganancias se hayan conseguido gracias a los abusos. El gobernador del Banco de España proporcionó en septiembre un dato que certifica la relevancia de los beneficios anómalos de las entidades financieras. Así, señaló que entre 2014 y 2020 “el importe acumulado de las pérdidas por riesgo operacional de las entidades de crédito españolas asociadas a fallos en el cumplimiento de obligaciones con clientes o el diseño de productos ha superado los 19.000 millones de euros”.
Esta cifra, identificada como “riesgos operacionales”, expresa la cuantía que los bancos tuvieron que devolver a sus clientes por cobros indebidos por prácticas ilícitas, como consecuencia de las rectificaciones de las propias entidades tras las correspondientes reclamaciones, las resoluciones administrativas o decisiones judiciales. Se trata de una cifra muy elevada que representa el 41% de los beneficios declarados por los bancos durante el mismo periodo, que según el Banco de España ascendieron a 45.481 millones de euros.
El último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España, correspondiente a otoño de 2021, detalla la evolución de estas pérdidas ocasionadas por los denominados “riesgos operacionales” durante los últimos años. El informe destaca que en los años 2015 y 2016 se registraron las mayores pérdidas, que ascienden a unos 5.500 y 3.200 millones de euros, respectivamente. Fueron los años en que se registraron las devoluciones por la estafa de las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas y la devolución de las acciones de Bankia. Es evidente que estos datos no recogen el volumen real del coste de las malas prácticas, sino solo los casos en que se produjo una reclamación ante los tribunales y que fue resuelta a favor de los afectados.
5,2% del PIB Es el coste que ha tenido para España la crisis bancaria
El caso de España es excepcional. El reciente estudio Risk Assessment of the European Banking System, elaborado por la Autoridad Bancaria Europea, señala que España es el segundo país con un volumen más elevado de pérdidas por riesgos operacionales, solo superado por Holanda. Las pérdidas de los bancos españoles por este concepto representan más del doble de la media europea.
Un indicador más del estremecedor volumen de los abusos bancarios de las entidades financieras queda patente en la avalancha de demandas judiciales que han atascado los 54 juzgados especiales que se han creado expresamente para resolver los casos de cláusulas suelo, swaps, hipotecas con IRPH, multidivisas y un sin número más de cláusulas abusivas. Desde 2017 se han presentado unas 600.000 demandas judiciales, de las que la mitad ya se han resuelto mediante sentencias que en el 97% son condenatorias para la banca. El atasco sigue siendo formidable. Algunos abogados indican que han recibido señalamientos de juicio para 2025 y 2026. Los retrasos a consecuencia del alud de demandas son, sin duda, favorables para la banca, que mediante recursos a instancias superiores trata de aplazar todo lo posible la devolución de las cantidades reclamadas. Es significativo el tapón que se ha producido en el Tribunal Supremo, donde los asuntos tardan tres años en resolverse.
El caso más insoportable
Los conflictos por las malas prácticas bancarias se han convertido en una de las actividades más relevantes de los tribunales por un doble motivo. Por una parte, porque se eternizan los viejos asuntos como las preferentes, los desahucios y cláusulas suelo y, por otra, porque continuamente aparecen nuevos abusos como los gastos de las hipotecas, las comisiones excesivas o las tarjetas revolving.
El caso más insoportable es el de las participaciones preferentes, que perjudicó a más de un millón de familias y se arrastra por los juzgados desde hace más de una década. Muchas sentencias favorables llegan cuando los perjudicados ya han muerto. La última batalla se encuentra en el Tribunal Supremo, que periódicamente dicta sentencias sobre este asunto. El abogado José Antonio Ballesteros, doctor en Derecho de Consumo y una de las autoridades sobre esta materia, explica dónde se encuentra actualmente el conflicto: “El Tribunal Supremo resuelve a favor de los ahorradores a los que les colocaron las preferentes por estimar que la operación fue nula por vicio en el consentimiento. Pero resta de las cantidades a devolver los rendimientos obtenidos”.
En 12 años han desaparecido más de 25.000 oficinas bancarias. Fotografía: BBVA
El abogado rechaza esta argumentación del alto tribunal. “Hay que distinguir”, señala, “entre el capital prestado y los intereses. Tienen que devolverte todo el capital si la operación fue nula y no se pueden descontar los rendimientos obtenidos, porque esto sería como decir que los clientes han prestado gratuitamente el dinero al banco”. Hay algunos tribunales que, sin embargo, no comparten la posición del máximo tribunal. La batalla va para largo, pero el estallido de los mayores ha puesto al descubierto las trampas del sistema de una manera cristalina.
