Más de 1.800 territorios libres de TTIP y CETA
Aunque no están en contra del libre comercio, muestran su rechazo al modo de la negociación de los tratados y al contenido.
Ciudades de Bulgaria, Grecia, Irlanda y Portugal han sido las últimas en formar parte del movimiento de ya más de 1.800 territorios cuyos órganos de gobierno han votado en contra del TTIP. En España están las comunidades de Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Islas Baleares y Navarra. También están la Diputación de Sevilla y 161 municipios,comenzando por las principales ciudades españolas, Barcelona y Madrid.
Se oponen al Tratado de Libre Comercio de Europa tanto con Estados Unidos (TTIP) como con Canadá (CETA). Catalunya es, dentro de España, donde hay más municipios registrados: 42. Tal vez por ello, Barcelona fue el lugar elegido para firmar lo que se llama la Declaración de Barcelona. Allí se reunieron, el pasado 21 de abril, representantes de unas 50 ciudades respondiendo a la llamada del Ayuntamiento y de plataformas españolas opuestas a los tratados. Esa fue la primera reunión de una red que además de oponerse discute políticas alternativas al mercado internacional.
En la declaración se quejan de la falta de transparencia, que, según ellos, incumple los estándares democráticos y participativos europeos. Se pide también que se tenga en cuenta a los entes locales y regionales para participar en los mandatos de negociación.
Madrid y Barcelona han votado en contra de los tratados
“Son unas negociaciones muy transparentes”, se contesta en la Comisión
“Estamos muy preocupados por la posibilidad de que estos tratados puedan poner en riesgo nuestra capacidad de legislar y de utilizar los fondos públicos –incluida la contratación pública–, y perjudiquen seriamente nuestra labor de ayuda a la ciudadanía en aspectos tan elementales como la vivienda, la salud, el medio ambiente, los servicios sociales, la educación, el desarrollo de la economía social y la seguridad alimentaria, que podrían ser vulnerados”, indica la declaración. “Estamos también alarmados por el hecho de que estos acuerdos puedan poner en peligro los principios democráticos reduciendo sustancialmente el alcance político y limitando las opciones públicas”.
Lo que se pide es que las negociaciones sean suspendidas hasta que los gobiernos locales y regionales hayan expresado su opinión en relación con los tratados, y que se inicie un nuevo mandato que recoja las peticiones de quienes no han sido consultados.
LA RESPUESTA DE LA COMISIÓN
Fuentes de la Comisión Europea explican: “Estamos muy al tanto de la inquietud de los ayuntamientos y lo seguimos con mucho interés. Justo después del encuentro de Barcelona se envió una carta a los alcaldes en la que se explica que, en primer lugar, hoy por hoy, todo el mundo es territorio libre de TTIP porque no se ha firmado nada aún. Por otro lado, explicamos que no están en peligro las contrataciones públicas, y que eso seguirá siendo un asunto en el que decide cada Estado. También queremos que entiendan que no estamos negociando sobre OGM [organismos genéticamente modificados], y repetimos que no hay nada de secreto, que son unas negociaciones muy transparentes. De hecho, los TTIP leaks no filtraron nada nuevo. Tal vez la posición norteamericana, pero en lo que respecta a nosotros, todo lo hemos hecho público”.
En la Comisión se considera también que sí ha habido posibilidades de participación. Según explican, se han efectuado cuatro consultas públicas, y antes de cada ronda de negociación hay exposiciones con personas del equipo negociador en las que se llevan a cabo conferencias tanto en Bruselas como en Estados Unidos. Hay un registro abierto para que participen las partes interesadas. “Se han dado vías”, se insiste. “Los negociadores han mantenido encuentros con instituciones públicas siempre que han querido; otra cosa es que sus posiciones no siempre estén recogidas”.
“En la Comisión, o sacas una filtración o no cambian nada”, responde Pablo Sánchez Centellas, director de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona. “En 2015 dijeron que iban a proteger los servicios públicos. Pero ojo; utilizaban la palabra proteger. Eso no tiene ningún valor legal. Legalmente, se excluye o no se excluye. Colocan palabras que no tienen peso legal. Nosotros decimos que esto no se hace así. Sumamos una cantidad de ciudadanos suficientemente grande como para que dieran un paso atrás, pero no lo hacen ni tienen intención de hacerlo”.
