No todo es renta básica
El roto social que está provocando la pandemia de la covid-19 ha reavivado el ya agitadísimo debate sobre la conveniencia de repartir dinero entre la población que palíe o directamente erradique las situaciones de pobreza. Han apostado por ello voces tan dispares como las del papa Francisco, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, el Financial Times, CC OO y UGT, distintas entidades sociales y los miembros de la Red Renta Básica. Finalmente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado una renta mínima en España que sea permanente —aunque de diseño acelerado por la pandemia—, en nombre de la justicia social y del consumo.
Sin embargo, no hablan todos de lo mismo. Y no solo porque usen nombres diferentes (salario universal, ingreso mínimo vital, renta de cuarentena, etc.) De hecho, a veces se coincide en hablar de "renta básica", temporal por la cuarentena o permanente.
Mezclar conceptos impide un debate claro sobre la cuestión
El Banco Mundial (BM) ha alertado de tal "confusión semántica", porque "oscurece las ventajas comparativas o las limitaciones" de cada propuesta. Su informe Exploring Basic Income de este año recoge experiencias y fórmulas ensayadas en distintos países con el fin de tejer una última red de seguridad contra la pobreza.
Para adentrarnos en el jardín de la renta básica y distinguir modelos hay que valorar tres aspectos:
Universal o no universal
¿Es la renta para todo el mundo? La renta básica universal (RBU) se concibe como un derecho de cualquier ciudadano a un mínimo de ingresos (dinero, no en especie) para vivir, igual al derecho a la sanidad y a la educación. Los perciben individuos (no hogares) y no importa si se trabaja o no, el género o la riqueza. Pero quienes tienen menos salen ganando, vía impuestos.
La mayoría de rentas mínimas, como la del Gobierno o la renta de ciudadanía de Italia, se dirige a personas pobres. Finlandia experimentó solo con personas en paro.
Cómo se financia
Los defensores de la renta básica sostienen que no deben exigirse requisitos. El control del cumplimiento de condiciones supone personal, tiempo y dinero. Las rentas mínimas autonómicas, muy distintas entre sí, suelen tener que ver con el empadronamiento y un domicilio fijo, la participación en planes de inclusión, pruebas de movimientos bancarios y plazos de tiempo sin percibir otras rentas. Hay que demostrar que se es pobre, lo que, además de estigmatizar, puede desincentivar la aceptación de ofertas de trabajo no estables para no perder la ayuda. La Red Europea contra la Pobreza (EAPN), alerta de que, en 2018, las rentas mínimas solo cubrieron al 7,6% de personas en riesgo de pobreza en España.
Sustitutivas o no
La RBU es defendida por algunos sectores progresistas como vía de refuerzo del Estado de bienestar y por algunos sectores ultraliberales que, en cambio, buscan liquidarlo. El politólogo conservador Charles Murray, por ejemplo, propone en EE UU una renta básica que sustituya a vales de comida, ayudas a la vivienda y programas sociales y sanitarios (Medicaid y Medicare).
Sea cual sea el modelo, la clave está en la financiación
La clave es, pues, la financiación. En 2017, el servicio de estudios del BBVA estimó en 187.870 millones de euros (17,5% del PIB) el coste de una RBU en España como la propuesta por los economistas Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluis Torrens (7.471 euros anuales para todos los adultos y 1.492 para los menores). Los profesores tacharon de "erróneos" los cálculos. En el coste no se tenía en cuenta el incremento de recaudación fiscal que se lograría con la reforma del IRPF que integraba su propuesta, y rebajaron el coste fiscal real a 34.232 millones (el 3,4% del PIB). Aseguran que dos tercios de los contribuyentes saldrían ganando con la RBU, a cuyo coste también hay que restar el ahorro en prestaciones (solo las inferiores a la cuantía de la RBU).
