Reconstrucción verde, ahora o... ¿cuándo?

Acuciada por la covid-19, Europa pone ambición y dinero en el giro hacia un modelo económico sostenible. Su alcance en España se verá en el plan de reformas, las leyes y el presupuesto.

Hace solo 10 años, cualquier ecologista se habría frotado los ojos si hubiera leído que las centrales de carbón están en las últimas, que las nucleares tienen un horizonte de cierre, que las empresas eléctricas abrazan las energías limpias y hasta lideran lobbies favorables a la reconversión renovable y que hay fecha, aunque falten 20 años, para el fin de los vehículos con motor de gasolina o de diésel. ¿Pero qué le pasa al capitalismo?

Por en medio, las señales del calentamiento global se anuncian en distintos rincones del planeta —rincones ricos y, sobre todo, pobres—. Y que la ciencia, tras mucha prédica en el desierto, logró darse la mano con la política en 2015 para alumbrar el Acuerdo de París, que marcó una senda limpia al mundo inversor. La misma ciencia nos ha apremiado a ir más lejos y más deprisa a la hora de descarbonizar la economía: nos queda una década, hasta 2030, para que la temperatura media global de la Tierra alcance el umbral de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales si no hay cambios de gran alcance que eviten impactos irreversibles.

55% Reducción: Es el objetivo de recorte de emisiones contaminantes con relación a los niveles de 1990 propuesto por Bruselas de cara a 2030

Sin saber todavía lo que nos estaba empezando a caer encima con la covid-19, la Agencia Europea del Medio Ambiente advertía en enero pasado que, pese a haber logrado "avances significativos a lo largo de las dos últimas décadas" para mitigar el cambio climático, la cosa es seria: "Para decirlo claramente, Europa no alcanzará su visión de la sostenibilidad consistente en vivir bien, dentro de los límites de nuestro planeta, simplemente promoviendo el crecimiento económico y, a la vez, intentado gestionar los impactos dañinos con herramientas de política social y medioambiental". Lejos de ello, la agencia pedía "cambios en los sistemas de producción y consumo que sustentan nuestro estilo de vida moderno, como la alimentación, la energía y la movilidad".

Lo verde y sostenible ha dejado de ser aparentemente cosa de radicales, menos aún de antisistema."Los movimientos ecologistas han ayudado, pero el que hace cerrar centrales térmicas o nucleares es el mercado. Los costes de las tecnologías renovables se han reducido de forma extraordinaria. Se está creando un mundo nuevo, y la pandemia no frena nada desde el punto de vista de los inversores. Al revés. Veremos muchas más conversiones, genuinas o del tipo cambio de chaqueta", augura Jaume Morrón,  gerente de la Asociación Eólica de Cataluña.

Bajada de costes en picado

A escala global, el banco Lazard calculó en un informe de noviembre pasado, que compara tecnologías nivelando costes sin subsidios, que las renovables compiten bien. El coste de la solar fotovoltaica a gran escala con paneles de película delgada oscila entre los 32 y los 42 dólares megavatios/hora (MWh). En el caso de la eólica (terrestre), la horquilla va de los 28 a los 54 dólares MWh. La marina, menos madura, de media ronda los 89 dólares. Los ciclos combinados (que generan electricidad quemando gas) tienen un rango de 44 a 68; las nucleares, de 118 a 192; el carbón, de 66 a 152.

34% Gasto: Es el porcentaje de fondos europeos asignados a España para el periodo 2014-2020 que, según la Comisión, han sido utilizados

La tecnología solar fotovoltaica arrastra caídas en el coste del 90% en una década, y la eólica, de un 70%, gracias a la inversión en I + D. Sobre todo, una y otra son limpias.

En paralelo, los derechos a emitir CO2 se han encarecido. Los precios por tonelada pasaron de una media de 5,83 a 23,7 euros de 2017 a 2020, según SENDECO2, empresa dedicada a la compraventa de estos derechos.

"Hace un tiempo, yo estaría defendiendo las renovables por una cuestión de impacto ambiental. Pero hoy son, además, las más baratas. No es que las eléctricas se hayan vuelto ecologistas. Hay, además, conciencia social", comenta Carlos Bravo, cofundador de la consultora ambiental Salvia Energía, Derecho y Medio Ambiente. 

Vínculo entre virus y crisis

Bravo está convencido de que la opinión pública "ha percibido que la crisis del coronavirus se debe al deterioro de los ecosistemas". Consecuencia lógica: "No se debe hacer frente de forma aislada a la pandemia y a la crisis económica generada por ella. Ambas están ligadas. Debemos aprender lecciones. Nuestro modelo productivo no está equilibrado. Queremos que la industria tenga futuro, pero la industria tiene que cambiar. No podemos ayudar con procesos industriales sucios, sino introducir tecnologías limpias, gestión de la demanda, eficiencia energética y economía circular".

Así parece verlo Bruselas. Hay ambición y hay —mejor dicho, habrá— dinero. La Comisión Europea de Ursula von der Leyen ya había aterrizado en el cargo con un Pacto Verde en la cabeza, siempre en tándem con un plan de digitalización. La desolación económica provocada por la pandemia ha hecho que ambos dardos hayan hecho diana, especialmente en los países más afectados, Italia y España.

En su primer discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, el pasado 16 de septiembre, Von der Leyen propuso que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del calentamiento global del planeta, se reduzcan al menos el 55% en 2030 en comparación con el nivel de emisiones de 1990. Hasta ahora, el objetivo era disminuirlos el 40%. Pocos días antes del anuncio, el Parlamento Europeo había exigido un incremento del recorte de emisiones incluso mayor, del 60% .

Está acordado que en 2050, Europa logre la neutralidad de carbono, lo que supone en la práctica enterrar los combustibles fósiles. Y se trata de no dejar todos los esfuerzos para el último momento, porque no sería realista. 

Los países de la Unión pueden recurrir a los 750.000 millones (390.000 millones subvenciones y 360.000 millones en préstamos) del fondo de recuperación Next Generation EU —además del próximo presupuesto de la UE para los próximos siete años, que ha quedado en 1,074 billones— para realizar inversiones que apuntalen la transición energética.

El maná europeo y el 'Plan E'

De esa cuantía, a España le corresponden 140.000 millones (el 11% de su PIB), de los cuales casi 73.000 millones serán ayudas directas. Su aprovechamiento tendrá lugar bajo la mirada vigilante de los países autodenominados frugales liderados por Holanda, que en julio pelearon por tener derecho a veto. Ante el maná europeo, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha llamado públicamente a realizar un uso"responsable e inteligente" de los fondos. 

A la reputación no ayuda el hecho de que, entre 2014 y 2020, España solo haya gastado de forma efectiva el 34% de los fondos que se le asignaron en el último marco financiero plurianual de la UE, según  la Comisión Europea (2014-2020 ESIF finances implemented).

Tampoco ayudan las conclusiones del Tribunal de Cuentas (TC) con relación al Plan E puesto en marcha por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para dinamizar la economía cuando estalló la burbuja inmobiliaria, en 2008. El TC concluyó que solo en el 15% de casos se había priorizado el empleo como criterio de reparto del dinero (casi 8.000 millones) y que no se había garantizado que la inversión fuera a destinarse a nueva planificación según las necesidades de los municipios. Y hubo irregularidades en la ejecución.

"Los Ayuntamientos tiraron del dinero para tapar agujeros que tenían. Gastaron, no invirtieron. Y hace falta invertir. Lo lógico es que pongamos el dinero en ideas de futuro, no de pasado. Si hablo de autoconsumo, supone apoyar a las pequeñas instaladoras, y en siete años  se amortiza la inversión. Si hablo de rehabilitación, no hablo de grandes constructoras, sino de las que se baten el cobre con obras de menor envergadura", remarca Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables. 

El pasado junio, esta entidad propuso un plan de más de 60.000 millones de euros en inversiones en movilidad, autoconsumo, rehabilitación energética, generación con renovables y desarrollo urbano y del medio rural. Pedía actuar con incentivos fiscales, no subvenciones.

Dependencia y caída del PIB

El discurso del Gobierno está alineado con la reconstrucción verde. En la última reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ribera afirmó: "no hay más alternativa" que un desarrollo compatible con los límites ambientales, que la transición debe ser "justa" y que brinda además "oportunidades" de transformación social y económica, para cambiar de modelo. 

España, muy dependiente del turismo y servicios de bajo valor añadido, arrastra la eterna asignatura pendiente del reequilibrio de la estructura económica. La covid-19 y la evaporación de los visitantes extranjeros han asestado un duro golpe a la economía del país. Según el Banco de España, a finales de este año el producto interior bruto (PIB) se habrá hundido el 10,5% en el mejor de los casos y el 12,6% en el peor, con un paro de hasta el 22,1%. En el segundo trimestre, el más duro por el confinamiento, el PIB se hundió el 18,5%, frente al retroceso medio del 11,7% en la UE, convirtiéndose en la economía que peor se comportó, según Eurostat. Y la destrucción de empleos fue tres veces mayor que la media.

"La retórica del Gobierno señala el camino correcto, pero no acaba de aterrizar en la actuación. Le falta celeridad y ambición. Nos gusta la música, pero no acabamos de entender la letra", añade Ferrando. 

La Fundación Renovables pedía la citada macroinversión antes de que la UE hubiera aprobado en julio lo que el presidente Pedro Sánchez denominó "nuevo plan Marshall", del que al menos el 30% deberá destinarse a actividades que contribuyan a la transición ecológica y para la que tanto la fundación como organizaciones ecologistas como Greenpeace reclaman una lista de exclusión o plan de elegibilidad de proyectos claro. La idea es que se puede actuar ya, porque, en palabras de Ferrando, "los proyectos verdes con dinero europeo están verdes".

Primer borrador, 15 de octubre

España, como el resto de países del club comunitario, tiene de plazo hasta finales de abril de 2021 para presentar oficialmente su plan de recuperación, que debe incluir los proyectos que haya elegido justificando cómo pueden ayudar a reactivar la economía. Pero ese es el plano oficial. A partir del 15 de octubre puede presentar un borrador. Bruselas examina los planes, y luego hace lo propio el Consejo de Ministros de la UE, que debe aprobarlos por mayoría cualificada. 

Así las cosas, el Gobierno no va a poder fiar la reactivación inmediata a la lluvia de fondos europeos. Y los próximos meses van a ser cruciales para la economía. Según la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), en 2021 España podría recibir solo 14.000 millones de los 140.000 millones que le tocan.  Sus analistas han valorado el plan "más como un marco de apoyo a las políticas de reformas que como un impulso fiscal de emergencia a la recuperación económica".

  Central térmica de As Pontes (A Coruña). Foto: José Antonio Cartelle

También desde BBVA Research se apunta que los fondos cubren  objetivos estratégicos de la Unión, entre los cuales la digitalización y la transición verde, pero no son un antídoto contracíclico.
Una de las utilidades de los fondos será ayudar a alcanzar la madurez tecnológica de  la eólica marina o la producción a gran escala del hidrógeno verde.

Mil oportunidades

Las consultoras se han puesto a trabajar rápidamente. Ernst & Young ha recopilado mil oportunidades de inversión en los 27 países de la UE, de los cuales 79 e España, que "podrían contribuir a corto plazo tanto a generar empleo como a cumplir proyectos que suponen el cumplimiento de los objetivos climáticos de la UE, y que podrían optar a los fondos de recuperación de la UE". Los identificados en España en un estudio financiado por la European Climate Foundation tienen unas necesidades de financiación de 24.471 millones de euros, y se centran en la energía y el transporte. 

Según EY, el 20% de los proyectos son "pequeños", pues requieren inversiones de hasta cinco millones de euros. El 30% los están desarrollando pymes y startups. Esta es una de las preocupaciones del ecologismo: que el dinero vaya a parar al oligopolio eléctrico. 

Entre estos planes figura el proyecto Francisco Pizarro de Iberdrola, la mayor planta fotovoltaica de Europa, que ocupa 1.300 hectáreas y prevé una potencia instalada de 590 megavatios, en Cáceres. Otro es el plan aún incipiente de Enagás de construir una planta de hidrógeno verde en La Robla (Castilla y León), con la idea de exportarlo al noroeste de Europa. O la actualización de la línea 3 del metro de Sevilla.  

"Con las ayudas de la UE podemos lograr que el rebote sea más verde, pero es un riesgo que se opte por dar dinero a las grandes empresas que están transformando zonas rurales con centrales lejos de los puntos de consumo, en lugar de pensar en un diseño energético que favorezca el autoabastecimiento y la energía distribuida", alerta Fernando Prieto, director del Observatorio Sostenibilidad. 

Su apuesta es que se subvencione que todo el mundo ponga placas solares en el tejado. El observatorio calcula que en 2025 se puede completar un plan de un millón de tejados solares en España, con el que se podrían generar 15.532 empleos y que evitaría 4,2 millones de toneladas de CO2. Las inversiones, asegura, se recuperarían en 5,7 años. "En Alemania tienen 1,4 millones de tejados solares y en Reino Unido, 800.000. No tiene sentido que España tenga 10.000", añade Prieto, quien también propone un gran cinturón verde que envuelva la cuenca del Mediterráneo que proteja sus ecosistemas.

Al menos el 30% del dinero europeo debe ir a la transición energética

Por ahora, además de medidas como los créditos ICO y de las regulaciones temporales de empleo, el Gobierno ha aprobado un plan sectorial de ayudas al automóvil. Este, por importe de 3.750 millones, avanza en la transición energética, pero a la vez busca renovar el parque automovilístico en un momento en el que esta industria sufre su propia reconversión forzosa al margen de la covid. A los particulares se les dan 4.000 euros si compran un vehículo con etiqueta Cero y hasta 800 euros si se llevan uno de combustión.

"En esta pugna se ha visto cómo el Gobierno ha acabado transigiendo. Aun así, el sector sabe que vamos hacia el coche eléctrico. Es cuestión de tiempo. Hay otros sectores que tienen menos presente lo que viene, como la construcción y el transporte. Estamos ante dos fuerzas enfrentadas, y hay que ver hacia dónde decanta la balanza el Gobierno", comenta desde Ecooo Revolución Solar su director y cofundador, Mario Sánchez Herrero. 

El choque de fondo se libra entre la necesidad de recuperar las empresas existentes por los muchos empleos en juego y el aprovechamiento de la oportunidad de apostar por los sectores del siglo XXI, en un contexto difícil de repetir. "Con los tipos de interés a cero y la ausencia de inflación, la capacidad de financiación se multiplica, y es evidente hacia dónde tiene que orientarse. Los sectores del pasado no pueden hacer de tractores de la economía", remarca. Y apostilla: "No es un pulso pacífico. Pero necesitamos visión a largo plazo".

Las compañías aéreas piden apoyo público sin exigencias climáticas

"La pandemia nos sitúa ante una ocasión única para reinventar el sistema y avanzar hacia sociedaes más justas y sostenibles, lo que pasa por transformar los sectores como la movilidad, la energía, la alimentación y, claro, el consumo", corrobora Tatiana Nuño desde Greenpeace. La organización está muy pendiente de la evolución del marco normativo y de la negociación de los presupuestos generales del Estado para ver por qué tipo de infraestructuras se apuesta, a la vez que exige criterios claros que veten proyectos no compatibles con la lucha contra el cambio climático.

Ayudas sin condiciones

"De momento, no estamos viendo un cambio sistémico", añade Nuño. No solo por los retrasos y —a su juicio— escasa ambición de los objetivos marcados por el Gobierno (véase página siguiente), sino por la falta de condicionalidad de las ayudas. Pone como ejemplo la aviación. Iberia y Vueling (IAG) lograron 1.010 millones de financiación con el aval ICO sin condiciones como las que sí ha puesto Francia y Holanda ha impuesto a Air France-KLM. "Ahora, Air Europa pide 400 millones. Debe haber un condicionante climático claro hacia la descarbonización, en la reducción de viajes y de flota y garantizar una transición justa", señala la activista de Greenpeace.

 

1millón

Son los tejados solares que podrían instalarse en España en 2025, según el Observatorio Sostenibilidad

 

Las ONG ecologistas denuncian también que el nuevo fondo europeo para la transición justa, que con la pandemia ha aumentado a 17.500 millones, ha sido aprobado por el Parlamento Europeo sin cerrar la puerta a proyectos de gas.

El gerente de Eolicat entiende que tampoco se pueden hacer experimentos. "¿Cuánta gente vive de Seat, por ejemplo? ¿Y del automóvil en Francia y Alemania?" Es todo el modelo económico, basado en combustibles fósiles, lo que está en cuestión.Lo importante, dice, es hacia dónde va la industria.