Sanidad universal que no es tal
Discriminación: Todavía muchos inmigrantes no pueden acceder a la atención sanitaria.
MANIFESTACIÓN EL PASADO 31 DE JULIO. FOTO: JAIME VILLANUEVA, CEDIDA POR MÉDICOS DEL MUNDO.
Cuando en julio de 2018 llegó la noticia de que el Gobierno español de Pedro Sánchez había aprobado un decreto de sanidad universal (Real Decreto Ley 7/2018) que reconocía el derecho a la atención sanitaria a todas las personas extranjeras, residentes en España, la comunidad de migrantes saltó de alegría. Venían sufriendo, desde que en abril de 2012 el Gobierno del PP les hubiera limitado el derecho a la asistencia sanitaria. El nuevo decreto les permitiría por fin acceder a la salud. Los que sí tenían documentos podrían finalmente traer a sus padres mayores, bajo reunificación familiar, con la seguridad de que serían atendidos.
Pero esto, por ahora, no se ha cumplido. La plataforma Yo SÍ Sanidad Universal y otras ONG como Médicos del Mundo, Amnistía Internacional y la Sociedad Española de Medicina de Familia han enviado una carta al Ministerio en la que solicitan una regulación que garantice el acceso al sistema sanitario a todas las personas que viven en España.
Según la carta, “la universalidad que buscaba garantizar la nueva norma tenía importantes grietas por donde se seguía filtrando la exclusión sanitaria”. Y por ello solicitan una reforma del real decreto.
Desde el Ministerio responden que tras la aprobación de la ley en el Congreso su perfeccionamiento se hará durante el trámite legislativo. Pero la interrupción de las sesiones en el Congreso ha impedido el desarrollo reglamentario. “El Gobierno ha trabajado para que el real decreto se aplique de forma homogénea en todas las comunidades autónomas”, dicen. Se “han emitido unas recomendaciones para su aplicación en el caso de las personas en situación administrativa irregular que lleven más de 90 días en España y se ha formado un grupo de trabajo para establecer unos criterios comunes en los procedimientos de atención a los extranjeros en situación administrativa irregular con estancias inferiores a los 90 días. En estos casos, la vía de acceso es a través de un informe social”.
Para las organizaciones, estas medidas no son suficientes, porque ni son de obligado cumplimiento, ni abordan las situaciones de exclusión. “Seguimos teniendo constancia de numerosos casos de personas excluidas, muchos de los cuales revisten particular gravedad”, explican.
“No se puede hablar de universalidad mientras no se garantice la atención de todas las personas que viven en España, independientemente de su situación administrativa”, explica Pablo Iglesias, portavoz de Médicos del Mundo.
Exigen que, como mínimo, se garantice “la atención con cargo a fondos públicos a mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo, víctimas de trata así como la atención en urgencias, sin exigir prueba de un tiempo mínimo de estancia en el país. Estamos hablando de grupos particularmente vulnerables, que incluso estaban protegidos por la legislación anterior, y que ahora quedan excluidos”, agregan.
COMPLICACIÓN
Además, piden flexibilizar los medios de prueba. “Particularmente, la prueba de que la persona vive efectivamente en España no puede verse supeditada exclusivamente al empadronamiento”, explican. “En su lugar, debe establecerse la validez de cualquier medio de prueba admitido en derecho como pueden ser certificados de escolarización de menores a su cargo, recibos, documentos emitidos por organizaciones sociales, etc”. Además, indican que la obtención del llamado “certificado de no exportación del derecho a la atención sanitaria” no resulta sencilla para muchas personas por cuanto implica en algunos casos desplazarse a su país de origen o pagar un coste que no pueden asumir”.
Por último, entienden que es una “obligación inexcusable para la Administración reconocer el derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos a las personas mayores, que han llegado a España fruto de un proceso legal de reagrupación familiar. Actualmente el INSS deniega sistemáticamente la tarjeta sanitaria a estas personas a pesar de contar con más de 40 sentencias de Tribunales Superiores de Justicia reconociéndoles el derecho, y de una recomendación de la Defensoría del Pueblo instando a eliminar la exigencia de un seguro privado”.
