Se acerca el adiós a las nucleares
Transición: La pérdida de la mayoría absoluta del PP y las desavenencias sobre el cierre de la central de Garoña reavivan el debate sobre la energía atómica en España.
Central nuclear de Almaraz, en la provincia de Cáceres. FOTO: José Manuel Gelpi Díaz
El parque nuclear español envejece a marchas forzadas. Los siete reactores en funcionamiento en territorio nacional se pusieron en marcha en los años ochenta del siglo pasado, por lo que su fecha de caducidad está cada vez más cerca.
Estancado durante años, el debate nuclear ha vuelto a la actualidad con la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y la sensibilización de la opinión pública tras el accidente de Fukushima (Japón). La pelea entre Iberdrola y Endesa sobre el futuro de la central de Garoña, parada desde diciembre de 2012, lo ha reavivado aún más.
No está encima de la mesa la posibilidad de construir nuevas centrales; la cuestión es si se prolonga la vida de las existentes más allá de los cuarenta años para los que fueron diseñadas, como defienden el Gobierno y las empresas del sector, o se procede a su cierre escalonado, como exigen los partidos de la oposición y las organizaciones ecologistas. Más allá de las discrepancias políticas, España está obligada a decidir en los próximos años a qué ritmo disminuye el peso de la energía nuclear en la generación de electricidad como parte del proceso de transición energética hacia un modelo en el que predominen las energías renovables, más seguras y cada vez más baratas.
Cambio de tendencia
De no prolongar la vida de las centrales más allá de los cuarenta años, España se sumaría en poco más de una década al grupo de países sin energía atómica. Así lo ha decicido, por ejemplo, el Gobierno alemán, que cerrará todas sus instalaciones nucleares en 2022 con el apoyo prácticamente unánime de todas las fuerzas políticas. En mayo pasado, los ciudadanos suizos decidieron en un referéndum apagar sus cinco reactores antes de 2050 para sustituirlos por fuentes de energías renovables. Aunque aún hay centrales en construcción en algunas zonas del mundo, la tendencia apunta en la dirección contraria, al menos en los países desarrollados.
La construcción de nuevas centrales no está sobre la mesa
Hay que decidir pronto si se alarga o no la vida de las existentes
El reactor de Garoña, el más antiguo de España, no funciona desde 2012
Sólo el 15% de los reactores nucleares en funcionamiento en todo el mundo ha rebasado la barrera de los cuarenta años, pero casi la mitad ha cumplido los treinta, como han hecho o están a punto de hacer los siete que funcionan en España.
Entre 2017 y 2019, las empresas propietarias de las centrales españolas deberán pedir oficialmente la renovación de sus respectivas licencias de explotación, que se renuevan cada diez años tras la perceptiva revisión a cargo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Como la prórroga debe solicitarse tres años antes de la fecha de caducidad, las primeras en hacerlo serán, este mes de junio, las dueñas de la central de Almaraz (Endesa, Gas Natural e Iberdrola), cuyo permiso expira en 2020. Los dos reactores de la central extremeña generan la cuarta parte de la energía nuclear española.
“Estamos entrando en un período crucial para el futuro energético del país, porque en los próximos tres años se van a concentrar las decisiones sobre la renovación de las licencias de todas las centrales nucleares, todas ellas muy próximas al final de la vida para la que fueron diseñadas”, afirma Raquel Montón, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace. El caso de Garoña constituye un punto de inflexión, señala Montón: “La decisión de reabrirla o no señalará el camino que seguir en los próximos años”.
En manos del Gobierno
Inaugurada por el general Franco en 1971, la central más antigua de España lleva casi cinco años sin producir electricidad. Sus propietarias decidieron cerrarla con el argumento de que no podían hacer frente a la subida de los impuestos y a los costes derivados de las exigencias de seguridad impuestas tras la catástrofe de Fukushima, ocurrida diez meses antes. Se da la circunstancia de que el reactor de Garoña es del mismo modelo que el de la central japonesa.
Todas las centrales españolas han cumplido los 30 años
Endesa e Iberdrola controlan más del 90% de la actividad
Las empresas piden rebajas fiscales para rentabilizar el negocio
La decisión sobre el futuro de la central burgalesa está en manos del Gobierno, después de que el Pleno del CSN diese su visto bueno con la opinión en contra de la consejera socialista Cristina Narbona, ex ministra de Medio Ambiente. La reapertura de Garoña, sin embargo, parece cada vez más lejana en vista del enfrentamiento entre Iberdrola y Endesa, propietarias al 50% de Nuclenor, titular de la central. La primera es partidaria de cerrarla porque la considera inviable económicamente, mientras que la segunda quiere reanudar la producción.
Iberdrola se ha puesto al frente de las empresas del sector en su campaña por conseguir una rebaja fiscal que facilite la continuación de las operaciones del parque nuclear español. Las compañías se quejan de que los impuestos hacen prácticamente imposible rentabilizar el negocio y sostienen que con la actual carga impositiva no podrán hacer las inversiones necesarias para que las centrales, como pretenden, puedan funcionar más allá de los cuarenta años.
Cierre escalonado
Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear, patronal del sector, asegura que la industria atraviesa un momento financiero difícil por los impuestos que la “asfixian” y califica de “varapalo” para la economía española un hipotético cierre de las centrales, pues de ellas dependen 27.000 personas de toda España. “Si la generación nuclear no fuera fuente de negocio para esta industria, el futuro no sería nada halagüeño”, declaró en una entrevista concedida a la Agencia Efe a finales de abril, poco después de tomar posesión de su cargo.
Araluce sostiene que Garoña está en condiciones de seguir funcionando y subraya que la prórroga de las licencias de explotación por encima de los cuarenta, cincuenta e incluso los sesenta años no es algo nuevo en la industria atómica mundial. “La clave está ahora en discernir si ese cierre escalonado se encuentra en una pendiente rápida o lenta”, apunta.
Greenpeace discrepa de esa apreciación y está convencida de que el fin de la energía nuclear sería muy beneficioso para la economía española. En un informe publicado en octubre pasado bajo el título El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social, la organización asegura que el cierre de las centrales generaría nada menos que 300.000 puestos de trabajo: 100.000 sólo en el desmantelamiento de las instalaciones y otros 200.000 en el sector de las renovables. Según Greenpeace, el abandono de la energía nuclear supondría un aumento de dos puntos en el producto interior bruto (20.000 millones de euros) y un incremento de la recaudación fiscal de 2.800 millones.
Interior de la central nuclear de Civaux (Francia). FOTO: Parlamento Europeo
Jorge Fabra Utay, ex presidente de Red Eléctrica Española (REE) y miembro del colectivo Economistas frente a la Crisis, cree que los cuarenta y dos años y cinco meses en los que ha funcionado Garoña ha permitido a las propietarias no sólo recuperar los costes de inversión y funcionamiento, sino obtener “altísimos beneficios”. El dictamen del CSN favorable a prolongar la explotación de Garoña, afirma Fabra en un artículo publicado en febrero pasado, sienta un precedente para la posible extensión de la explotación del resto del parque nuclear que “colma las expectativas de los poderosos intereses eléctricos que existen en torno a esta cuestión”.
La posición de los partidos
Una cuestión que preocupa a los ecologistas es el hecho de que el Pleno del CSN, con mayoría de miembros favorables al PP, haya modificado la normativa para desligar la concesión de los nuevos permisos de las revisiones técnicas y de seguridad que las centrales deben pasar obligatoriamente. La reforma, señalan, facilita que las futuras renovaciones puedan aprobarse por el plazo que el Gobierno crea oportuno —hasta los cuarenta, cincuenta o sesenta años— o incluso sin límite temporal, comparado con el máximo de diez años vigente hasta el momento.
Los grupos parlamentarios fijaron sus respectivas posiciones en torno a la cuestión nuclear en un debate celebrado a finales de abril en el Congreso de los Diputados. En línea con las principales organizaciones ecologistas, PSOE y Podemos se mostraron a favor de cerrar las centrales cuando cumplan cuarenta años o a medida que vayan expirando sus licencias de actividad, con la vista puesta en un futuro en que la electricidad sea 100% renovable.
El PP, por el contrario, considera que no es posible renunciar a la energía nuclear sin poner el peligro el suministro a precios razonables, por lo que deja la puerta abierta a prolongar la vida útil de las instalaciones. Además, el partido del Gobierno opina que el cierre de las centrales tendría un impacto negativo en la economía al introducir un elemento de incertidumbre en el sistema energético, que precisa seguridad y confianza.
Pacto de Estado
Ciudadanos ha mantenido hasta ahora una posición ambigua, aunque ha hecho un llamamiento a firmar un pacto de Estado sobre transición energética aprovechando que ningún partido tiene mayoría absoluta. El acuerdo firmado por Albert Rivera y Pedro Sánchez para investir a este último como presidente del Gobierno preveía el cierre progresivo de las nucleares al cumplir los cuarenta años de vida útil, pero el pacto posterior con el PP, que propició la investidura de Mariano Rajoy, no hacía mención al asunto.
¿Es posible asegurar el suministro de electricidad si se cierran las centrales nucleares? Greenpeace sostiene que sí, siempre que se haga de manera programada y reemplazando paulatinamente la energía nuclear por energías como la eólica o la fotovoltaica. El cierre de Garoña no ha causado problema alguno de desabastecimiento debido a la gran sobrecapacidad de generación del sistema eléctrico español, que desde el comienzo de siglo ha visto crecer el número de centrales de ciclo combinado y de instalaciones de energías renovables.
El PP es favorable a prolongar las licencias de operación
PSOE y Podemos quieren poner fecha al cierre de las centrales
Ciudadanos mantiene una posición ambigua sobre la cuestión
Dos empresas, Iberdrola y Endesa —esta última filial de la italiana Enel—, controlan casi todo el parque nuclear español, en el que también tiene participaciones minoritarias Gas Natural y la portuguesa EDP.
Las nucleares generaron el 22% de toda la electricidad consumida en España en el año 2016, por delante de la eólica, la hidráulica y el carbón (véase gráfico en la página 9). España tiene actualmente en funcionamiento siete reactores nucleares —Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellòs II (Tarragona)—, además de una fábrica de combustible nuclear en Juzbado (Salamanca) y un centro de almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad en El Cabril (Córdoba).
Defensores y detractores
Está previsto construir un almacén de residuos en Villar de Cañas (Cuenca), donde se enterraría todo el combustible nuclear consumido en España. Mientras tanto, el combustible se encuentra almacenado en las propias centrales nucleares. Precisamente España y Portugal llegaron recientemente a un acuerdo en su disputa por la construcción de un depósito de residuos en la central de Almaraz, después de que el Ejecutivo de Rajoy se comprometiese a dar garantías de seguridad al Gobierno de Lisboa.
Los defensores de la energía nuclear argumentan que todas las fuentes de energía tienen sus ventajas y sus inconvenientes, y hacen hincapié en que genera electricidad veinticuatro horas al día sin emitir CO2 a la atmósfera. Las organizaciones de defensa del medio ambiente reconocen que la contribución de las centrales nucleares al cambio climático es menor que la de otras tecnologías de generación eléctrica, pero subrayan que la fabricación y el transporte del combustible emiten miles de toneladas de gases responsables del cambio climático.
Los ecologistas quieren una transición rápida hacia las renovables
El cementerio nuclear de Cuenca, pendiente de construcción
Cuanto más antigua sea una instalación, mayores son los riesgos
Para los ecologistas, no hace falta más que ver lo sucedido en Chernobyl y Fukushima para comprobar los efectos devastadores de un accidente nuclear. En su informe La seguridad de la energía nuclear en España y el mundo, Ecologistas en Acción concluye que las centrales nucleares españolas son perfectamente prescindibles, pues el país tiene una capacidad instalada más que suficiente para cubrir la demanda. Además, centrales tan envejecidas como las españolas presentan riesgos añadidos porque las probabilidades de accidente aumentan proporcionalmente a sus años de vida.
Greenpeace subraya que la custodia de los residuos constituye, además de un peligro para la salud pública, un tremendo coste para los contribuyentes. “Estamos dejando una carga ambiental y económica a las futuras generaciones”, afirma Raquel Montón. Además, alerta de que las empresas eléctricas apenas han cubierto el 30% de los fondos destinados a gestionar los residuos.
“Revolución” energética
El economista Jorge Fabra sostiene que no merece la pena invertir un duro más en prolongar la vida del parque nuclear español y pide a las empresas que se suban “al tren del cambio” y se preparen para el cierre y desmantelamiento de los reactores. “Dedíquense al desarrollo de las tecnologías renovables, diversifiquen sus actividades prestando servicios de alto valor añadido a las grandes y pequeñas empresas y a las familias que pueden convertirse en generadores y autoconsumidores”, afirma el miembro de Economistas frente a la Crisis.
En la misma línea, Greenpeace considera que la alternativa pasa por una “revolución” en la forma de producir, transportar y usar la energía que permita prescindir de los combustibles fósiles y la energía nuclear gracias al ahorro, la eficiencia y las fuentes renovables, que ya aportan casi el 40% de la electricidad consumida en España. El país, sostiene la organización ecologista, “puede disponer de un sistema eléctrico 100% renovable en las próximas décadas si existe voluntad política para ello”.
