¿Se puede salvar el campo?
Para conseguir precios justos y afrontar con éxito la revolución tecnológica, los productores tienen la opción de asociarse y apostar por la calidad.
El olivar es de los sectores con más dificultades. Foto: Getty
Hacía tiempo que el descontento en la España rural era manifiesto, pero han hecho falta manifestaciones, tractoradas y cortes de carretera para poner en primer plano los apuros de los agricultores y hacer saltar las alarmas en los círculos del poder. En juego está no solo el bienestar de la gente del campo, sino también la supervivencia de una actividad esencial para garantizar el suministro de alimentos a la población, contrarrestar el cambio climático y frenar la despoblación de la España interior.
Motivos para el malestar
La crisis es tan grave que ha suscitado una rara unanimidad entre agricultores pequeños, medianos y grandes de todas las comunidades autónomas. La queja más oída es el deterioro de los márgenes con que trabajan: cada vez cuesta más producir y cada vez reciben menos dinero a cambio. La falta de rentabilidad del negocio ha obligado a cerrar numerosas explotaciones en los últimos años y ha puesto en peligro la existencia de muchas más.
Según el índice que elabora mensualmente la organización agraria COAG, los consumidores pagan de media en el supermercado 4,3 veces más de lo que perciben los agricultores y ganaderos por sus productos. La diferencia es especialmente llamativa en el caso de la patata, la naranja, la cebolla y el ajo, que en enero superaba 6 o 7 veces su precio en origen. La carne de ternera y la de cordero se pagaban a unos precios 15 y 11 veces superiores a los de origen, respectivamente.
¿Dónde se quedan los beneficios? Para los agricultores, la parte del león se la llevan las cadenas de supermercados como Mercadona, Carrefour y Dia, que aprovechan su enorme capacidad de compra para imponer precios bajos a los productores. Estos llevan tiempo denunciando prácticas abusivas por parte de los grandes distribuidores, entre ellas la comercialización de productos por debajo de coste (las llamadas ventas a pérdidas) y otros reclamos para atraer a los clientes. La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) denunciaba a mediados de febrero que Carrefour regalaba un kilo de fresón de Huelva a quienes hicieran una compra superior a los 50 euros. La oferta era válida en todo el territorio español excepto en las provincias de Sevilla y Huelva, precisamente donde existe más sensibilidad hacia el cultivo del producto. "Esas fresas han tenido un coste de producción, de transporte, de distribución…”, se lamentaba un representante de UPA. “Es un ejemplo clarísimo de destrucción de valor a lo largo de la cadena agroalimentaria".
La caída de los márgenes es solo uno de los retos del sector
Los fondos de inversión han irrumpido en el mercado
La debilidad a la hora de negociar con los grandes distribuidores es solo uno de los obstáculos a los que hacen frente los agricultores. Al oligopolio de la gran distribución, en el que unas pocas marcas controlan buena parte del mercado, se suma el de los fabricantes de semillas y fertilizantes, dominado por apenas cuatro o cinco multinacionales con una enorme fuerza para imponer sus precios.
Sobran los motivos para la inquietud de la gente del campo: los aranceles impuestos por EE UU a los vinos, aceites y quesos españoles; la incertidumbre sobre los efectos que el brexit tendrá en las exportaciones agrícolas; los daños causados por fenómenos meteorológicos adversos como la tormenta Gloria, que arrasó miles de hectáreas de tierras de cultivo en las regiones mediterráneas; la creciente competencia de países extracomunitarios como Marruecos y Túnez e incluso el impacto del brote del coronavirus en China. A estos factores se ha sumado la previsible caída de ingresos derivada de la partida presupuestaria de la política agraria común (PAC), sostén de la actividad agroalimentaria en la Unión Europea. El proyecto de presupuesto presentado por la presidencia belga para el periodo 2021-2027 (el primero sin las aportaciones de Reino Unido) prevé recortar en un 14% los fondos de la PAC para destinar más dinero a la creación de una agenda digital y a la protección del medio ambiente. COAG calcula que un tijeretazo de tal magnitud supondría una pérdida para la agricultura española de 925 millones de euros anuales durante los próximos siete años. Varios socios, con Francia y España a la cabeza, lo consideran inaceptable. La negociación de la que deberá salir la decisión final se presenta larga y dura.
Jorge Calero, ingeniero agrónomo y director técnico del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI), una ONG con sede en Valencia, considera fundamental un cambio en la política comunitaria para que las ayudas directas de la PAC dejen de premiar a explotaciones improductivas y prioricen el apoyo a aquellas con valores "ecosistémicos" que ayuden a defender el medio ambiente y a fijar población. También defiende que el segundo pilar de la PAC, las ayudas al desarrollo rural, siga financiando la incorporación de los jóvenes a la actividad agrícola y las incubadoras de empresas. Calero critica a los políticos por haber tratado a la alimentación como si fuera solo un elemento de consumo. “Lo que está ahora en juego es el modelo alimentario que queremos”, afirma. “Una alimentación sana y una buena agricultura van unidas y son clave para abordar cuestiones como la lucha contra la contaminación, las desigualdades de renta y el abandono del territorio”.
En opinión de Francesc Reguant, presidente de la comisión de Economía Agroalimentaria del Colegio de Economistas de Catalunya, el campo vive “una crisis estructural muy seria” agravada por la rapidez de los cambios tecnológicos y la irrupción de super explotaciones agrarias financiadas por multinacionales y fondos de inversión. Los agricultores tradicionales tienen muy difícil competir con esos grandes productores en un momento en que la transición energética promovida el acuerdo de París contra el cambio climático exige cuantiosas inversiones en nuevas técnicas de producción. “Las grandes explotaciones son más productivas y tecnológicamente más avanzadas y pueden vender a precios más bajos que las explotaciones familiares”, explica Reguant. “Estos nuevos actores condenan a muchos agricultores un papel de meros asalariados”. Es el fenómeno conocido como la uberización del campo.
El último año ha sido malo para el campo español. La renta agraria (que mide la remuneración de todos los factores de producción, incluyendo la tierra, el capital y el trabajo) cerró 2019 con una caída de la renta agraria del 8,6%, la mayor desde 2005, después de cuatro ejercicios consecutivos de récord. El retroceso fue todavía mayor, cercano al 10%, si se tiene en cuenta el efecto de la inflación. El descenso más pronunciado se produjo en el aceite de oliva, con una caída del 23,2%. No es de extrañar que los olivareros andaluces, extremeños y manchegos estén entre los que participan más activamente en las protestas.
Importancia estratégica
El sector primario (compuesto básicamente por la agricultura, la ganadería y la pesca) lleva décadas perdiendo peso en la economía española, hasta el punto de que actualmente supone solo el 2,5% del producto interior bruto y el 4% del empleo. Sin embargo, si se agregan todas las actividades vinculadas al sector (la industria agroalimentaria, el transporte y la distribución, ya sea en tiendas familiares, supermercados o grandes superficies) estaríamos hablando del 10% de la riqueza nacional, una dimensión cercana a las del turismo y la fabricación de automóviles. España está entre los 10 mayores exportadores mundiales de productos agrícolas, con unas ventas al exterior que superaron los 50.000 millones de euros y que aportaron un saldo positivo de 12.000 millones de euros a la balanza comercial en 2017.
El poder de la gran superficie
El tramo final de la cadena alimentaria está dominado por un puñado de grandes empresas que compiten duramente por ofrecer los precios más bajos a sus clientes. Entre Mercadona, Carrefour, Dia y Lidl suman casi la mitad de la facturación del sector en España.
El tramo final de la cadena lo dominan unas pocas empresas
Las grandes cadenas rechazan el papel de malo de la película y aseguran que sus márgenes no son tan altos como sostienen los agricultores. Las organizaciones patronales sostienen que el 80% de la producción agrícola nacional va a la exportación y que del 20% que se queda en España apenas una tercera parte se comercializa en los hipermercados. Consideran injusto comparar los precios de origen y destino sin tener en cuenta que en la cadena de valor intervienen también el envasado, el transporte o la comercialización.
¿Qué se puede hacer?
Para aliviar la situación, las organizaciones agrarias proponen, entre otras medidas, prohibir por ley las ventas a pérdidas en los hipermercados, endurecer las sanciones para quienes cometan abusos y definir qué es un precio justo, ligando este a los costes de producción. También piden la creación de la figura de un mediador encargado de velar por las buenas prácticas en la cadena agroalimentaria y que se facilite la venta directa de productos agrícolas y ganaderos con la menor intervención de intermediarios posible.
Impedir los abusos de posición dominante es una cuestión fundamental para mejorar la situación del campo, opina Francesc Reguant, quien sugiere, entre otras medidas, limitar el crecimiento de las grandes explotaciones agrarias, potenciar el cooperativismo, apoyar la digitalización y el uso de las técnicas de producción más modernas, difundir el valor diferencial de la agricultura de calidad y retribuir justamente a quienes contribuyan a conservar el paisaje y frenar el cambio climático. En un artículo publicado en El País, el exministro de Trabajo socialista Valeriano Gómez y el exsecretario general de Agricultura Fernando Moraleda proponían reducir las cotizaciones sociales a las empresas agrarias para paliar el efecto de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y poner en marcha un sistema de fijación de precios más transparente aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías, lo que redundaría en beneficio de la reputación de las grandes empresas de distribución.
El Gobierno trata de reaccionar con cambios legislativos
A nadie se le escapa la relevancia política del campo
Para dar respuesta a las reivindicaciones de los agricultores, el Gobierno trabaja en un decreto ley con el que pretende impedir que los supermercados vendan a pérdidas y dar más capacidad a los productores para negociar precios. En palabras del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, es preciso “reequilibrar” la cadena de fijación de precios de los alimentos para tomar como referencia los costes de producción y mejorar los márgenes del agro.
La rapidez con la que trata de reaccionar el Gobierno da una idea de la relevancia política que tiene la revuelta. A ningún partido se le escapa que las provincias con mayor actividad agrícola tienen un importante peso electoral y pueden inclinar la balanza en favor de una u otra opción cuando toque volver a las urnas. Alguno ha intentado ya sacar tajada del malestar de los agricultores. Varios dirigentes de Vox, incluyendo a Santiago Abascal, hicieron acto de presencia en una manifestación celebrada frente al Ministerio de Agricultura y tuvieron que abandonar el lugar entre abucheos, aunque recibieron el apoyo de algunos manifestantes.
Jorge Cavero, de CERAI, advierte de que la sensación de desamparo reinante en las zonas rurales es un caldo de cultivo para los sectores más conservadores. “El descontento por la falta de hospitales, de colegios y de acceso a Internet, entre otros muchos motivos, está calando profundamente”, señala. Más allá de las cuestiones materiales, Francesc Reguant pone el acento en una cuestión muy importante para los agricultores: la necesidad de recuperar “el debido respeto por una profesión de que rebosa dignidad y vocación de servicio”.
La crisis ha unido a productores grandes y pequeños Foto: Getty
Cooperativismo
Asociarse para sobrevivir
No hay recetas fáciles para superar la crisis del campo, pero quienes trabajan codo con codo con otros productores aseguran que el cooperativismo es una vía idónea para afrontar el futuro de la agricultura y de las comarcas rurales. En pocas ocasiones, subrayan, se cumple como ahora la máxima de que la unión hace la fuerza.
El cooperativismo permite negociar desde una posición de fuerza con los grandes distribuidores para subir los márgenes y firmar contratos a largo plazo que den certidumbre a la actividad. Ganar dimensión también ayuda a reducir los costes de producción —semillas, fertilizantes, maquinaria, combustible, etcétera— y de adaptación a las nuevas tecnologías, financiar proyectos estratégicos, consolidar marcas y abrir nuevos mercados. Francesc Reguant, del Colegio de Economistas de Catalunya, opina que es esencial tomarse en serio la promoción del cooperativismo, pero considera imprescindible reformar las normas que regulan su funcionamiento para adaptarlas al siglo XXI. Un obstáculo para el crecimiento del cooperativismo es la escasa cultura asociativa existente en numerosas zonas de España. Muchos agricultores y ganaderos prefieren seguir trabajando solos a compartir gastos, decisiones y riesgos con otros productores. Sus partidarios hacen hincapié en que es preciso un cambio de mentalidad para que la gente del campo se dé cuenta de que trabajar en unión acaba siendo beneficioso.
La escasa dimensión de las empresas es otra característica del paisaje cooperativo español, en contraste con lo que sucede en Francia, Países Bajos o Alemania. En 2017 había en España 3.699 cooperativas agroalimentarias, pero solo tres—el Grupo AN, con sede en Navarra, la andaluza DCoop (antigua Hojiblanca) y la gallega Coren— superaban los 1.000 millones de euros de facturación.
Producción ecológica
“Si no estamos asociados no podremos adaptarnos a las exigencias de un mercado que cambia rápidamente”, afirma Jorge Cavero, de CERAI, quien llama la atención sobre la escasa compra pública ética en España por parte de instituciones como colegios, hospitales o cuarteles de las fuerzas armadas. Introducir criterios de sostenibilidad, opina Cavero, beneficiaría a los productores independientes y cooperativas que practican una agricultura sostenible.
Optar por la agricultura de proximidad y la producción ecológica es otra opción para salir adelante. Un buen ejemplo de venta directa al consumidor es la Tira de Contar, en Valencia, un mercado centenario en el que los agricultores venden directamente los productos recién recogidos de su huerta.En España se da una gran paradoja: es al mismo tiempo el país de Europa con mayor superficie dedicada a la agricultura ecológica (aumentó un 8% en 2018) y uno de los que menos consume ese tipo de productos, muy lejos de liderazgo de Alemania, Francia o Reino Unido en cifras absolutas o de Dinamarca y Luxemburgo en consumo per cápita. Los expertos apuntan dos motivos: la falta de conocimientos por parte de la población y el menor poder adquisitivo medio de las familias con respecto a los socios más ricos de la Unión. “La agricultura ecológica es una de las opciones de calidad con posibilidades de llegar a alguna parte”, opina Francesc Reguant, del Colegio de Economistas de Catalunya. “Los consumidores también tienen que poner de su parte, llegar a la conclusión de que a la hora de comprar productos ecológicos, de cooperativa y de calidad superior quizás merezca la pena pagar algo más que en las grandes superficies”.
