Un capítulo muy controvertido

Medio ambiente y salud. Los ecologistas ven en el TTIP muchos peligros. La Comisión dice que no hay riesgo alguno.

Los ecologistas consideran que el acuerdo rebajaría las normas sanitarias europeas. FOTO: ANDREA BOSCH

El Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) es el tratado internacional más ambicioso jamás efectuado entre la Unión Europea y Estados Unidos. Actualmente, el comercio entre ambas zonas ya es bastante libre, desde el punto de vista fiscal, aunque algunos productos, como las conservas, todavía pagan aranceles importantes. Pero las restricciones al comercio internacional vienen por otro lado: por normas y reglamentos distintos. Es en esa armonización legislativa donde existe más controversia. Los ecologistas temen que el tratado rebaje normas europeas, generalmente, según explican, con estándares más altos que los de Estados Unidos.

Los ecologistas abogan por un comercio local, con productos de proximidad. La exportación e importación, océano por medio, es per se, antiecológica. Según Greenpeace, por ejemplo, en el caso de los coches incluso si se descuentan las emisiones de los automóviles que dicen que podrían producirse, “el aumento del comercio transatlántico de automóviles facilitado por el TTIP podría añadir 900.000 toneladas de emisiones de CO2 sólo por el transporte de coches a través del océano Atlántico”.

Pero el problema de las normas es central. Se podría pensar que las legislaciones podrían estandarizarse al alza, es decir, a los estándares europeos. Pero según los ecologistas, esto no será así. El acuerdo, dice Greenpeace, “permitiría a las corporaciones multinacionales escoger la normativa menos exigente de cualquiera de los dos lados y forzar al otro a rebajar sus normas”.

“Todavía quedan aranceles importantes”, responde Daniel Rosario, portavoz de Comercio y Agricultura de la Comisión Europea. “No son enormes en porcentaje, pero representan un volumen importante de dinero. Y en las normativas no se busca la reglamentación más floja, sino el ver en qué dominios se puede acercar el reconocimiento de procedimientos. Por ejemplo, en el caso de las ostras. Se consumen en ambos lados y nadie se intoxica. Los norteamericanos comprueban el agua, los europeos la ostra… al final es lo mismo porque ninguna de las partes acepta algo dañino para la salud”.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Para los ecologistas, una de las amenazas fundamentales del TTIP para Europa es que la responsabilidad de demostrar si un producto es seguro o no podría recaer sobre la Administración, y no sobre quienes pretenden venderlo, como sucede en Estados Unidos. Se llama “Principio de precaución”. De acuerdo con este sistema, por ejemplo, en lo relacionado con los alimentos, pesticidas y cultivos modificados genéticamente, un pesticida que se haya relacionado científicamente con el cáncer aún podría aprobarse, a menos que haya un consenso absoluto sobre sus efectos perjudiciales. Sucedería, según los ecologistas, lo mismo con la cantidad de antibiótico que se les da a los animales de granja o en lo relacionado con ciertas sustancias químicas. 

“Eso no es cierto”, insiste Rosario. “De hecho, las propuestas, que son públicas, demuestran que el principio de precaución está presente en cualquier ámbito del TTIP. Además, cualquier acuerdo que se termine pactando tendrá que ser ratificado por los gobiernos y por el Parlamento. ¿Para qué vamos a negociar algo que sea tan dañino que nunca se apruebe?”.

Los ecologistas sostienen que  esto no sólo pasará, sino que sucede ya, desde que comenzaron las negociaciones; por ejemplo, enfriando los esfuerzos de la UE para regular los alteradores o disruptores endocrinos. Miguel Ángel Soto, experto en TTIP de Greenpeace, explica que “el Parlamento Europeo dictaminó en 2009 que se debía retirar del mercado cualquier pesticida con efecto sobre el sistema endocrino. Para ello, se necesitaba una definición, unos criterios, de qué se considera disruptor endocrino. Estos criterios fueron elaborados por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión en 2013. Pero la estrategia industrial ha conseguido que, siete años más tarde, no exista regulación. Al no estar legislados en Estados Unidos, su control en Europa ha sido considerado como una traba al libre comercio”.

“Pueden estar preocupados, es legítimo que tengan preocupaciones, pero vamos a discutir basándonos en hechos y no en mitos. Lo de los disruptores endocrinos es una discusión paralela que no tiene nada que ver con el TTIP, en el que la UE está siguiendo su proceso de decisión a partir de datos científicos. Europa saca sus propias legislaciones. Sobre los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), por ejemplo, hemos cambiado la legislación mientras negociábamos el TTIP, y es público que esos cambios no han resultado muy populares al otro lado del Atlántico”.

En asuntos relacionados con el clima y la energía, los grupos antiacuerdo argumentan que están en juego etiquetas de eficiencia energética, estándares de eficiencia de los combustibles para automóviles, políticas de contratación pública sostenible, regulación de la extracción de combustibles fósiles no convencionales (como el gas de esquisto y las arenas bituminosas), estándares de sostenibilidad para la bioenergía y la prohibición de gases fluorados perjudiciales para el clima en aparatos como refrigeradores y congeladores.

Parte de la discusión tiene también que ver con el sistema de arbitraje internacional entre empresas y estados. Greenpeace considera que estos tribunales “permitirían cuestionar los estándares medioambientales, significaría que no se podría garantizar la integridad de la normativa. Los inversores corporativos extranjeros podrían usar estos tribunales para demandar a los gobiernos democráticos por lo que ellos ven como trabas injustas a sus inversiones”.

Greenpeace dice que el TTIP-leaks confirma sus sospechas 

La Comisión argumenta que la información siempre ha sido pública

La Comisión responde que esto no será así: “Se presentó una nueva propuesta para gestionar disputas entre inversores y Estados para acabar de una vez con el sistema ISDS, con un modelo basado  en los sistemas judiciales nacionales, con jueces y reglas de transparencia”, explica Rosario. “Los casos en los que los inversores pueden demandar a los países serán muy limitados. No se puede demandar a un Estado porque sacó una legislación para proteger a su ciudadanía. Lo puede hacer en algún caso de expropiación o donde haya habido discriminación. Un ganadero americano no puede demandar a la UE por una legislación que no permite la carne con hormonas. Además, el derecho a legislar está consagrado en el TTIP”.

Los ecologistas insisten: la UE “repetidamente ha manifestado que los estándares medioambientales, y otros temas como los pollos clorados, las hormonas de crecimiento y los OGM no se están negociando. Pero incluso sin estar incluidos específicamente en las conversaciones, hay otras formas en que el acuerdo podría rebajar los estándares. Primero, el TTIP crearía un ‘organismo de cooperación  reglamentaria’,  que abordaría las diferencias  entre la UE y EE UU. La propia Comisión ha presentado una propuesta que permitiría que cualquier socio del tratado cuestionase estándares y reglamentos actuales y futuros. El TTIP también establecería un ‘órgano ministerial conjunto’, que podría modificar unilateralmente partes del acuerdo, sin ninguna supervisión democrática”.

TTIP-LEAKS

La falta de transparencia es una de las quejas mayores de los grupos anti-TTIP. El pasado mayo, Greenpeace Holanda sacó a la luz el llamado “TTIP-leaks”, informes sobre las negociaciones en la ronda de contactos del 21 y el 29 de abril. 

Los ecologistas argumentan que todos sus temores estaban justificados. La Comisión no lo cree así. Considera que Europa ha explicado todo, que está todo en la web y que los TTIP-leaks no dicen nada nuevo. En todo caso, según la Comisión, dan detalles sobre la posición de EE UU, que aquel país había querido mantener en secreto.

Greenpeace asegura que la trampa está en los términos utilizados. Por ejemplo, “a partir de los TTIP-leaks se sabe que los OGM están incluidos directamente bajo el eufemismo de “agricultura tecnológica”, asegura Miguel Ángel Soto. Además, “el TTIP-leaks revela el estado de las negociaciones por lo que omiten. Por ejemplo, no se dice nada sobre los acuerdos del Clima de París, la COP21, que dejaba claro que debemos mantener el incremento de la temperatura mundial por debajo de 1,5 ºC”.