Un matón al servicio del IBEX

La macrocausa judicial por Villarejo salpica a las grandes corporaciones y evidencia la falta de medidas internas para prevenir la corrupción.

A José Manuel Villarejo, el comisario de policía jubilado que ha provocado un cráter descomunal en la democracia española, sus superiores le llamaban Peppe Pig [Pepe Cerdo], un mote que se suponía encajaba bien con su supuesto parecido al personaje de los dibujos animados, pero también con la nula pulcritud (democrática) de los brutales métodos empleados durante las casi tres décadas en que actuó simultáneamente como funcionario de policía y como matón privado, ahora escudriñadas en la macrocausa de la Audiencia Nacional. Las revelaciones de las 30 piezas separadas y los 40 terabytes de  grabaciones —el policía grababa siempre a sus interlocutores— han puesto al sistema mismo patas arriba, incluido el poder económico.

A Villarejo, que ha pasado tres años en prisión preventiva y se enfrenta a penas que suman más de 100 años de cárcel, le habrían podido llamar perfectamente El matón del IBEX 35: la investigación judicial ha puesto de manifiesto que en las últimas dos décadas ha realizado muchos y muy lucrativos encargos para grandes corporaciones sin dejar nunca la policía, con lo que la deflagración ha acabado abrasando también a la gran empresa y ha evidenciado las deficiencias de los sistemas internos  de control.

Imputados

Hasta cuatro grandes presidentes históricos del IBEX 35, índice que agrupa a las grandes corporaciones españolas, están ahora imputados en la Audiencia Nacional por supuestos encargos de sus respectivas corporaciones a Cenyt, la mercantil privada del comisario: Francisco González, que dirigió con mano de hierro el BBVA entre 2000 y 2018, bajo cuyo mandato Villarejo recibió encargos continuados del banco que le reportaron al menos 10 millones de euros; Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que entre 2004 y 2012 contrató en 17 ocasiones al hoy comisario jubilado por al menos 1,1 millones de euros; Antoni Brufau, presidente de Repsol, e Isidro Fainé, expresidente de Caixabank, entidad que, siendo accionista de Repsol, aceptó en 2011 compartir el pago de un encargo de la petrolera a Cenyt, que le reportó 430.000 euros.

BBVA e Iberdrola encargaron tareas a Villarejo durante lustros

Los dos últimos se enfrentan a una imputación por cohecho —contratar con fines privados a un funcionario público—, mientras que González y Galán se enfrentan a más delitos tras la contratación recurrente de la empresa del policía durante años. Al expatrón del BBVA, que se embolsó una pensión de 80 millones de euros cuando dejó el cargo, se le añaden descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios, mientras que al aún primer ejecutivo de la multinacional eléctrica, delitos contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. Las acciones de Iberdrola, que desde que estalló el escándalo se blindó no solo con algunos de los mejores bufetes de abogados, sino con la contratación como asesor del general Félix Sanz Roldán, exjefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) muy enfrentado con Villarejo, cayeron el 3,6% el día siguiente de la imputación de su presidente.

Entre estas cuatro corporaciones superan ya la veintena de imputados, incluido el propio BBVA como institución, pero la deflagración provocada por el comisario jubilado en la gran empresa va mucho más allá e incluso trasciende al IBEX estricto: ha afectado a muchas otras corporaciones importantes, directamente o a través de directivos que hicieron contactos a título personal: ACS, que fue supuestamente víctima de hostigamiento a la vez que un consejero histórico tenía tratos particulares con Villarejo, OHL, Atresmedia, Planeta, Mediaset, Mutua Madrileña, Constructora San José, El Corte Inglés, etc.

"Es evidente que en la gran empresa española se sabía muy bien a quién tenían que contratar para determinados trabajos", subraya Albert Recio, profesor emérito de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que ha investigado la formación y actuación de las élites económicas en España. Y añade: "Cuanto mayor es una gran corporación, mayor es su poder, que va mucho más allá de impulsar su producto concreto: es el poder de imponer sus intereses por encima de los de la comunidad y al margen de cualquier escrutinio público”.

Abuso de poder

Presidentes históricos del IBEX 35 imputados  en la Audiencia Nacional

Francisco González expresidente del BBVA

Ignacio Sánchez Galán presidente de Iberdrola

Antoni Brufau presidente de Repsol

Isidre Fainé expresidente de Caixabank

El abuso de poder es uno de los componentes esenciales de la corrupción en todas las definiciones manejadas por los expertos. Y se observa nítidamente en la macrocausa de Villarejo en la Audiencia Nacional. Algunas acciones por las que se le señala son tan extremas como llegar a apuñalar a una persona por encargo supuestamente de un alto directivo de OHL o incluso provocar el incendio de la sede de Deloitte en la Torre Windsor de Madrid para supuestamente proteger los intereses de Francisco González. Esta acusación bestial está fuera del sumario, pero el expresidente de Sacyr Luis del Rivero —víctima por partida doble de los métodos de Villarejo: cuando intentó tomar el BBVA, primero, y Repsol, después— la ha insinuado en su reciente declaración ante el juez. Y también la alimenta un representante tan genuino del establishment como Gregorio Marañón, exconsejero del BBVA y del Grupo Prisa, en su reciente libro, Memorias de luz y niebla (Galaxia Gutenberg).

Las piezas judiciales que afectan al BBVA y a Iberdrola, que abarcan muchos encargos en dos décadas de operaciones, ofrecen múltiples muestras de los métodos del comisario y del tipo de trabajo que supuestamente ponía al servicio de corporaciones: investigar y hostigar a empresas o directivos rivales hurgando en su intimidad y fabricando calumnias, pinchar teléfonos y seguir el rastro de llamadas telefónicas —en la causa del BBVA constan 15.000 llamadas, de periodistas, rivales e incluso de ministros—, hacer seguimientos físicos y hasta entrar en domicilios particulares y en sedes institucionales —¡incluida la sede misma de la CNMV!— chantajear con vídeos relacionados con sexo o drogas (no necesariamente auténticos), presionar a comités de empresa, infiltrarse en movimientos sociales contrarios a los intereses de la corporación —como el grupo ecologista que se oponía a la construcción de una central de ciclo combinado de Iberdrola en Arcos de la Frontera (Cádiz)—, inventar y propagar rumores, incluso a través de periodistas amigos con asiento en las tertulias o firma en los diarios…

El catálogo de servicios que Villarejo ponía a disposición del poder económico era casi ilimitado: solo dependía de que hubiera dinero para pagarlo. Y, además, con apariencia de garantía de impunidad total: al frente del "negocio" estaba nada menos que un policía con décadas de experiencia y múltiples condecoraciones, capaz de trabajar por igual con gobiernos del PSOE —fue Alfredo Pérez Rubalcaba quien lo ascendió a comisario— y del PP.

Puertas giratorias

En realidad, los encargos solían llegar a través de sus propios excompañeros en la policía, recolocados al frente del Departamento de Seguridad de las respectivas grandes corporaciones en un carrusel de puertas giratorias totalmente normalizado y aceptado. Los colegas tenían que saber necesariamente que Villarejo no solo seguía activo en la policía, sino que era condecorado y promocionado con regularidad.

La apariencia de contar con la bendición del conjunto del sistema —político, policial y económico— para realizar el trabajo sucio que los poderosos necesitaban en cada momento queda reforzada si cabe aún más por la protección que Villarejo recibió siempre de los más altos mandos policiales en ejercicio hasta su caída en desgracia, en 2016. La Fiscalía Anticorrupción ha señalado en sus escritos la existencia de un “clan mafioso que durante décadas infectó a la policía”, pero en realidad sus superiores avalaron siempre el entramado paralelo y hasta lo utilizaban ellos mismos siempre que lo necesitaban.

Los servicios del comisario incluían garantía de impunidad 

Los encargos partían de expolicías recolocados en el IBEX

En 2015, cuando todo el tinglado empezó a aflorar públicamente, la cúpula policial y del Ministerio del Interior, dirigido por Jorge Fernández Díaz, avaló la difusión de una nota, firmada por el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, íntimo de Villarejo, que proclamaba la perfecta compatibilidad de sus negocios privados con su actividad en la policía. Y la difusión, ahora, de una grabación de una comida de 2009 de Villarejo con José Luis Olivera, quizá el mando policial más importante de las últimas dos décadas —primero como jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) con José Luis Rodríguez Zapatero y luego al frente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) con Mariano Rajoy— muestra de forma descarnada hasta qué punto existía protección al máximo nivel.

Montajes inducidos

En el audio de esta comida, en la que participa también el inspector Antonio Giménez Raso —en un momento en que Olivera era jefe de la UDEF—, se oye a los policías complotar juntos para frenar dos investigaciones en marcha. Para ello analizan cómo sacar de circulación al entonces responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, David Martínez Madero, ya fallecido; al fiscal anticorrupción José Grinda, y al hoy major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, a partir de montajes y denuncias falsas. Los tres policías comparten impresiones sobre cómo aplicar a estos casos el método que durante tantos años el comisario ha puesto a disposición de los poderes político y económico: pinchar teléfonos, construir montajes con bulos para desacreditar a esas personas, lograr que periodistas amigos los publiquen y hasta que jueces amigos abran causas a partir del material inventado.

Todos los grandes empresarios imputados o involucrados en el escándalo desatado por Villarejo han proclamado su absoluta inocencia, así como el desconocimiento de las acciones que supuestamente el comisario realizó para sus respectivas corporaciones, y han derivado la responsabilidad de los encargos en sus respectivos jefes de seguridad, excompinches del comisario jubilado. Pero incluso en el caso de que fueran finalmente absueltos, nadie pone en duda que, efectivamente, los encargos existieron y fueron generosamente retribuidos: la cuestión por dirimir es solo quién asume la responsabilidad. Pero es evidente ya que los controles internos fallaron y de ello se está derivando un problema de reputación global, como ha advertido el mismo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura.

 ¿Controles internos?

La respuesta genérica de las grandes corporaciones afectadas suele ser siempre la misma ante el estallido de casos de corrupción: "Tenemos controles internos muy estrictos y los vamos a reforzar aún más". Sin embargo, la realidad no coincide con estas proclamas, según revela año tras año el exhaustivo informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, referente en España del análisis del ingente material que las grandes empresas cotizadas depositan en la CNMV.

"De todos los ámbitos analizados, los mecanismos para prevenir la corrupción son, junto con el apartado de respeto de derechos humanos [en el extranjero], el que siempre obtiene peores registros", explica el economista Orencio Vázquez, director del Observatorio. Los resultados del último informe, presentado el pasado junio con datos del ejercicio de 2019, son elocuentes: ni una sola corporación integrada aquel año en el índice más representativo del capitalismo español llegó a alcanzar siquiera un mísero aprobado, fijado en la obtención de 50 puntos sobre un total de 100 posibles tras el análisis de 54 indicadores objetivos (véase gráfico).

 

IBEX 35: suspenso general en medidas anticorrupción
Puntuación obtenida por las corporaciones que integraban el índice en 2019, entre el 0 (ninguna medida anticorrupción) y 100 (todas). El aprobado es 50

Fuente: 'Responsabilidad Social Corporativa en las empresas
 del Ibex35. Corrupción." Observatorio RSC, 2021 

Malas notas

La corporación que más se acercó al aprobado raspado fue Melià Hoteles, con 49,80 puntos, seguida ya a distancia de Red Eléctrica (43,80). De las más señaladas por el escándalo de Villarejo únicamente Caixabank supera los 40 puntos (41,38). Repsol se queda en 37,90; Iberdrola, en 35,55 y el BBVA, en apenas 24,18. Multinacionales tan emblemáticas como Banco Santander y ACS están por debajo de 15, lo que en las antiguas notas escolares solía equivaler a un sonrojante "Muy deficiente".

La media global de todo el IBEX 35 es muy baja: 29,4. Y en los indicadores de rendición de cuentas, que son clave para saber si una determinada política se ha aplicado realmente o se ha quedado en un mero brindis al sol, la media de las empresas del IBEX en 2019 es directamente risible: ¡9,7 sobre 100!

El informe registra hasta 34 casos casos activos de corrupción en el mundo que afectaban en 2019 a empresas del IBEX. La corporación que tenía más frentes simultáneos era ACS, con cinco causas abiertas.

"La transparencia no es colgar una política genérica en la web, sino hacer públicos los procesos internos y el mecanismo de toma de decisiones, y en este sentido queda todavía mucho camino por recorrer", sostuvo en la presentación del informe Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y presidenta de Transparencia Internacional en España. A su juicio, “no se trata solo de tener normas, sino de interiorizarlas de verdad en la cultura empresarial”, un requisito en su opinión fundamental para que “pueda recuperarse la confianza”.

Ninguna empresa del IBEX aprueba en la clasificación anticorrupción

La rendición de cuentas se proclama, pero no se practica

La aprobación, en 2018, de la ley de información no financiera, que transpone una directiva europea, ha supuesto un cierto avance normativo que empuja hacia una mayor transparencia y la adopción de mecanismos para prevenir la corrupción. Pero Vázquez advierte de que urge "un desarrollo normativo que obligue a divulgar informaciones concretas y estandarizadas, que puedan compararse entre sí" y que permitan esclarecer la asunción de responsabilidades en la toma de decisiones: “La respuesta siempre es: ‘Yo no sabía nada’; necesitamos, pues, que la normativa deje claro quién toma las decisiones”, recalca Vázquez.

Las grandes proclamas y promesas de redención de la gran empresa no son demasiado creíbles para los españoles, según muestran los datos del Eurobarómetro, que sitúan a España entre los países de la UE donde sus ciudadanos más asocian la gran empresa con la corrupción, siempre muy por encima de la media europea: la última de estas macroencuestas, de 2020, muestra que el 79% de los españoles cree que “la corrupción es parte de la cultura empresarial”, el 84% considera que “el favoritismo y la corrupción en el país dificultan la competencia empresarial” y el 88% está convencido de que “los lazos demasiado estrechos entre los negocios y la política en España conducen a la corrupción”.

Y esto era antes de las últimas detonaciones asociadas a Villarejo. ¿Quién decía que los españoles no son capaces de ponerse de acuerdo en nada?