Un nuevo modelo territorial

Diálogo: España necesita una reforma pactada de la Constitución que dé cabida a las aspiraciones del mayor número posible de ciudadanos, catalanes incluidos.

PROTESTA Estudiantes se manifiestan contra la brutalidad policial en Barcelona.
FOTO: ANDREA BOSCH

Si una salida negociada a la crisis en Catalunya es aún posible, va a requerir de un enorme esfuerzo de todas las partes implicadas. Tras los violentos sucesos ocurridos en la jornada del 1 de octubre, la misión se presenta extremadamente difícil, aunque no imposible. La mayoría de académicos y politólogos apunta hacia una reforma de la Constitución como elemento imprescindible para mantener la unidad, partiendo de la base de que cualquier acuerdo debe contar con un amplio apoyo parlamentario y teniendo claro que ningún partido conseguirá todo lo que quiere.

Reforma constitucional

En opinión de Mariola Urrea, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Rioja, la cuestión fundamental es la siguiente: ¿Queremos salir adelante con un proyecto en el que todos estemos cómodos, incluidos los catalanes? Si la respuesta es sí, afirma Urrea, es imprescindible dialogar; si es no, habrá que atenerse a consecuencias imprevisibles. 

El trabajo de recomposición llevará tiempo. A juicio de Pablo Simón, profesor de la Universidad Carlos III, la única manera de abordar la cuestión es que todos los partidos, sin exclusiones, se sienten en torno a una mesa para pactar un nuevo modelo territorial. Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, piensa que es preciso elaborar un calendario de reforma constitucional a largo plazo, que dure incluso varios años, para acomodar el texto a las necesidades de la España actual, teniendo en cuenta que todos tendrán que ceder. Está convencida de que es posible: “Tenemos que quitarnos complejos: somos un Estado maduro, estamos en la Unión Europea, superamos un golpe de Estado... tenemos fallos, pero somos tan maduros como los demás”.

La Constitución de 1978 lleva tiempo pidiendo a gritos una actualización. Urrea la considera esencial para satisfacer las aspiraciones de los catalanes, especialmente de aquellos no independentistas que se sienten incómodos en el marco legal actual. No se trata de redactar una nueva Constitución, apunta la profesora, pero sí de llevar a cabo una reforma ambiciosa del texto vigente. Su propuesta incluye una modificación del título VIII de la Carta Magna, columna vertebral del sistema autonómico, el rescate de los artículos del Estatuto de Autonomía anulados por el Tribunal Constitucional en 2010 y reconocer a Catalunya como nación a cambio de una “firme lealtad federal”. 

Referéndum

¿Cabe la posibilidad de convocar un referéndum pactado sobre el encaje de Catalunya en el Estado español? Argelia Queralt es partidaria de convocar una consulta no vinculante, la única que, en su opinión, tendría cabida en la Constitución si se hace una lectura generosa de su Artículo 92.1, que  reza: “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. La pregunta no sería independencia sí o independencia no —el Tribunal Constitucional no permitiría decidir sobre una cuestión de soberanía sólo a una de las partes implicadas—, sino si la ciudadanía catalana está de acuerdo con una reforma constitucional que mejore su Estatuto de autonomía, todo ello precedido de una oferta de mejora territorial en toda España, sin que ello signifique café para todos. 

Pablo Simón no se declara a favor ni en contra del referéndum y subraya que la mayoría de la población catalana se inclina por una solución intermedia entre el sí y el no a la independencia; es decir, por un mayor grado de autonomía. “Lo primero sería debatir la cuestión, reformar el Estado y luego se podría hacer una consulta no vinculante”, afirma. 

Convencer al PP

No hay duda: sin el Partido Popular será imposible reformar la Constitución. Como recuerda Mariola Urrea, en el PP conviven diferentes almas, una más flexible y otra que vería cualquier cambio como una concesión a los insurrectos. “Es preciso vencer la resistencia del sector que hace esa lectura”, señala Argelia Queralt , quien lamenta que la cuestión siga siendo anatema para amplios sectores del partido en el Gobierno. “O convencemos al PP o no tenemos nada que hacer”, sostiene la profesora. 

Entre los políticos del PP más abiertos al cambio destaca José Manuel García Margallo. Sus ideas al respecto están recogidas en su libro Por una convivencia democrática (Deusto, 2017), subtitulado “Una propuesta de reforma para adaptar la Constitución al siglo XXI”. El plan de Margallo tiene, entre otros objetivos, que Catalunya se sienta más cómoda en España mediante un reconocimiento explícito de sus derechos históricos, su lengua y su cultura. El ex ministro de Asuntos Exteriores trasladó hace años al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sus ideas para la reforma, pero éste las rechazó por considerar que no era el momento adecuado. Quizá el actual lo sea.

Asimetría territorial

Subraya Argelia Queralt la necesidad de que en España arraigue una verdadera cultura federal y que se viva como algo normal la asimetría entre sus distintos territorios. Ella es partidaria que cada comunidad autónoma “acomode su grado de autonomía a sus propias capacidades”. Pablo Simón coincide en esta idea: hoy por hoy, afirma, el nivel de autogobierno varía en función de la percepción de los ciudadanos de cada comunidad. Algunos creen que es suficientes e incluso son partidarios de devolver algunas competencias al Estado, y otros lo consideran altamente insuficiente, como es el caso de Catalunya o el País Vasco, incluso la Comunidad Valenciana o Navarra. “Hay preferencias distintas, por lo que el modelo tiene que ser necesariamente asimétrico”, dice Simón.

Cualquier acuerdo requiere un amplio respaldo parlamentario

Es imprescindible vencer las resistencias del PP al cambio

Ambos académicos coinciden también en que es preciso que el reparto de competencias esté mejor definido, pues el modelo actual está excesivamente abierto a la interpretación. Simón hace hincapié en que el nuevo reparto de competencias no pueda cambiarse por voluntad de  una sola parte o imponiendo, por ejemplo, una mayoría absoluta en el Congreso. “Los conflictos territoriales no van a desaparecer, ocurren en todo el mundo, pero hay que buscar un modelo en el que nos encontremos lo más cómodos posible”, defiende el profesor de la Carlos III.

Financiación autonómica

Cualquier reforma del modelo territorial debería ir acompañada de un cambio en el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Mientras que Queralt piensa que podría bastar con una mejora de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), Mariola Urrea plantea la posibilidad de incluir en la Constitución un principio similar al que figura en la Carta Magna alemana. Ello evitaría que un territorio, tras hacer su aportación a la solidaridad territorial, quedara en “una situación económicamente inferior” a aquellos que han recibido transferencias, y pudiera prestar así los servicios de sanidad, educación y los demás que le corresponden.

Reforma institucional

Varias instituciones clave del Estado, incluyendo el Tribunal Constitucional, han sufrido un tremendo desgaste  en los últimos años y les va costar recuperar el prestigio perdido.  A juicio de Urrea, sin embargo, los que necesitan una mayor transformación son los partidos políticos: “Quienes están dando más pruebas de estar alejados de las necesidades de los ciudadanos y las exigencias de un sistema político modernizado son los partidos, que han colonizado espacios públicos que no les corresponde, como los órganos regulatorios de los mercados o el Consejo General del Poder Judicial”. 

A principios de octubre no se vislumbraba la apertura de un diálogo. Como señala Pablo Simón, a corto plazo ni el Gobierno central y ni la Generalitat tenían incentivos para abandonar sus respectivas propuestas de máximos, pero sí para rentabilizar electoralmente la tensión acumulada. Una visión muy pesmista, como la de Alberto Penadés, profesor del departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca, quien escribió el 1 de octubre en eldiario.es: “La única esperanza de los que quisiéramos que esta crisis se solucione en paz y con un acuerdo constitucional justo y con garantías para todos es que suceda un milagro, se vayan [los dirigentes actuales] y aparezcan líderes nuevos y mejores”.