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Una crisis agravada por la deuda

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Noviembre 2017 / 52

Fragilidad financiera: La crisis de Catalunya se ha visto aún más tensionada por el elevado endeudamiento exterior de la economía.

DESPLAZAMIENTO: Sede Caixa Bank de Diagonal. 
FOTO: ANDREA BOSCH

En el conflicto de Catalunya se está cometiendo el mismo error en que ya cayeron muchos economistas en el análisis de la pasada crisis económica, y fue no tener en cuenta los aspectos financieros. En esta ocasión el riesgo más grave para las empresas catalanas es el estrangulamiento financiero”, señala un ex directivo bancario.

La realidad es que uno de los aspectos que más han sorprendido de la actual crisis política de Catalunya ha sido la extrema rapidez con que ha contagiado a la economía. El reflejo más impactante ha sido la fuga precipitada de empresas. Casi 1.400 compañías han sacado su sede social fuera de Catalunya durante las tres primeras semanas de octubre. Hay que destacar que entre estas compañías figuran los dos grandes bancos (CaixaBank y Sabadell) y otras importantes sociedades como Gas Natural Fenosa, Abertis, Colonial, Catalana Occidente, Vida Caixa, Segur Caixa, Aigües de Barcelona, Criteria, Planeta y Cementos Molins, entre otras.

El más antiguo productor de cava, Codorniu, se va a su otra casa en Haro, en La Rioja, donde compró Bodegas Bilbaínas. Caixabank de desplaza a su domicilio de Valencia, como propietario del Banco de Valencia, y el Banco de Sabadell se establece en Alicante, la sede de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que adquirió en plena crisis. Los efectos negativos de estas decisiones durarán décadas. 

Las razones que han esgrimido las empresas para justificar estas decisiones son de distinta naturaleza, según las actividades empresariales. En el caso de los bancos, el movimiento estaba más que justificado para seguir disponiendo de la liquidez del Banco Central Europeo (BCE). La separación de Catalunya de España significaba la salida automática de la zona euro y la pérdida de la protección del BCE.  

               
El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Cortázar, ha manifestado que el desplazamiento de la sede social y fiscal será permanente. El impacto de la salida de depósitos de La Caixa fue muy intenso. En algunas oficinas llegaron a salir 80 millones de euros en los días más tensos. En total se estima que podrían haber salido entre 7.000 y 10.000 millones de euros, según distintas fuentes financieras. En el caso del Banco Sabadell, la cuantía sería algo inferior. Todo parece indicar que los bancos más beneficiados han sido Santander, BBVA y Bankia, aunque también parte del dinero puede haber ido a Andorra.

 

Miedo al ‘corralito’

Fuentes financieras indican que las salidas de depósitos en Catalunya obedecerían al miedo a que se produjera un corralito ante la posibilidad de una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y por las leyes sobre el ahorro que podría aprobar el Parlamento. Fuera de Catalunya las razones tendrían un sesgo más ideológico y estarían más influidas por los mensajes anticatalanes difundidos por algunos medios de comunicación. Las salidas de depósitos fueron especialmente intensas entre el 2 y el 14 de octubre.

En el caso de las empresas cotizadas y las compañías de otros sectores regulados, como energía y autopistas, ha sido determinante el temor a las posibles disposiciones legales del nuevo Estado. En muchos casos, la cuestión fiscal ha sido un factor determinante por el temor de las compañías a verse sometidas a una doble tributación. En general, la cuestión determinante ha sido la pérdida de seguridad jurídica, que resulta fundamental para las empresas.

Un centro de estudios bancario estima que si se considera la situación de máximo riesgo, con un 5% de probabilidades de que ocurra, la economía española podría entrar en recesión en 2018 y 2019. En este escenario, el desempleo se mantendría por encima del 17% y la caída del crédito oscilaría entre el 4,1 % y el 3,2%.

 

Refinanciación de la deuda

Hay un aspecto especialmente preocupante que no aparece a primera vista pero que afecta a la mayoría de las empresas españolas, y es su elevado grado de endeudamiento, en buena medida exterior. Este es un aspecto al que Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), viene dedicando numerosos trabajos, recogidos por EuropeG, y en su reciente libro La crisis económica en España. El profesor Oliver destaca la extrema fragilidad de la economía española debido a su elevado endeudamiento exterior. “Tenemos unos pasivos exteriores, lo que se entiende por deuda bruta, que no han cesado de crecer y que se mantienen en torno al 237% del PIB. Esto plantea problemas de liquidez y de refinanciación. Esta deuda se mantiene en los niveles históricos más altos y sin apenas capacidad de reducción. En la práctica significa que tenemos unas necesidades de refinanciación de unos 300.000 millones de euros al año”. 

La economía española podría entrar en recesión en 2018

Oliver: “Se precisan 300.000 millones al  año para la deuda”

La deuda externa supera el 237% del producto interior bruto

Esto significa que las empresas españolas y catalanas están muy endeudadas. Oliver recuerda que “los mercados son muy sensibles y los inversores están muy atentos”. “No hace falta salir del euro para que se produzca un desastre. Sólo con que se vislumbre la posibilidad de que este hecho puede ocurrir ya se produce una gran inquietud”.  El profesor recuerda que “en 2011, cuando tomó cuerpo la posibilidad de que España saliera del euro, no tan sólo dejamos de recibir 300.000 millones anuales para refinanciar la deuda, sino que salieron 400.000 millones. Esto se produjo porque importantes inversores extranjeros como el Fondo Soberano Noruego, dejaron de fiarse de nosotros y nos abandonaron”.

Junto al notorio peso de la deuda bruta también resulta preocupante la elevada tasa de deuda neta, que se mantiene en el 87% del PIB, que refleja la solvencia internacional del país. Se trata de una tasa que casi triplica el criterio que fija la Unión Europea, que establece un máximo del 35%.

El profesor Oliver insiste en que la economía española “tiene muchas debilidades tanto por su excesiva deuda bruta como por el crecimiento de la deuda pública”. En relación con esta última destaca que aunque la cifra oficial es del 100% del PIB, según el criterio del Procedimiento de Déficit Excesivo, la verdad es que la deuda pública real supera los 1,5 billones de euros, más del 140% del PIB, según las publicaciones periódicas del Banco de España.

 

Solidaridad de la Unión Europea

En su opinión, la fragilidad de la economía española se ha visto neutralizada por los vientos de cola (petróleo barato, tipos de interés bajos y, sobre todo, las distintas operaciones de liquidez del BCE, que protege a los bancos, y la financiación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que financia la deuda pública. “En definitiva”, concluye, “aquí todo lo que está ocurriendo sólo se puede explicar por la gran solidaridad de la Unión Europea”.

Según el Ministerio de Economía, “la independencia de Catalunya sería un suicidio desde el punto de vista económico”. De acuerdo con sus cálculos, “se produciría una desaceleración de hasta el 30% del producto interior bruto, con la consiguiente destrucción de empleo”. El departamento que dirige Luis de Guindos añade que “Catalunya saldría de la UE, dejaría de estar en la zona euro, no tendría financiación del Banco Europeo de Inversiones y se quedaría fuera del marco de la Organización Mundial de Comercio”. Y justifica la salida de empresas porque los empresarios “tienen la obligación de salvaguardar los intereses de empleados, clientes y accionistas”.  A juicio del ministerio “todos estos efectos son aberrantes desde el punto de vista económico”. Y asegura que “el Gobierno garantiza que la independencia no se va a producir”. En este sentido, el Gobierno se considera que “está obligado y decidido a evitarlo, entre otras razones, porque produciría nun empobrecimiento brutal a todos los catalanes”. El ministerio destaca: “Vivimos en un mundo cada vez más globalizado e integrado desde el punto de vista económico, y los pasos que supongan situarse al margen de ese proceso son irracionales y están condenados al fracaso”. 

El ex presidente de la Generalitat de Catalunya y actual senador José Montilla opina que la crisis “se agravó por las terribles decisiones adoptadas por el Parlament en las sesiones del 6 y 7 de septiembre, en las que se aprobaron la ley del Referéndum y la ley de Transitoriedad Jurídica y Fundación de la República, en contra de su propio reglamento”. En su opinión, “todo lo que está ocurriendo, especialmente la fuga de empresas, significa un suicidio de Catalunya. La recuperación económica tardará meses o quizá incluso un año en resolverse. La veo  de muy difícil arreglo. Se ha producido una gran fractura de la sociedad catalana que durará años, y lo que más preocupa es que me temo que acabará en violencia”.

El Gobierno prevé que la economía caería un  30% con independencia

José Montilla teme que la crisis acabe generando violencia 

El notario Mario Romeo ve un gran  empobrecimiento

Montilla teme que “si la crisis continúa acabará produciéndose también deslocalización de industrias y se producirá destrucción de empleo”. A su juicio, “entramos en una etapa de decadencia de Catalunya”. Pero asume también su parte de culpa. “No podemos olvidar”, precisa, “que todos tenemos responsabilidad en todo lo que está ocurriendo”. 

El ex presidente de la Generalitat de Catalunya expresa su preocupación porque el país está centrado exclusivamente en la crisis catalana. Como senador, participa en las reuniones sobre el Brexit en las que intervienen analistas y representantes de entidades financieras. “Nos detallaron”, explican, “las negociaciones que tienen con otras ciudades como Frankfurt y París para captar sociedades y sorprende que no hubiera nadie de Madrid y Barcelona. Hay que tener en cuenta que los bancos de inversión estiman que la City perderá 75.000 empleos que serán captados por otras ciudades”.

Uno de los aspectos que mejor reflejan la caída de la actividad económica es la práctica paralización de la actividad en las notarías. Mario Romeo, notario de Barcelona y presidente de la asociación Tercera Vía, afirma: “Estamos sufriendo una caída de actividad muy intensa. Ni en los peores tiempos de la pasada crisis económica tuvimos un mes tan malo como este octubre”. “Lo que se está produciendo”, precisa, “es un empobrecimiento de todos los ciudadanos del país”.

Acerca de las firmas que se han ido, precisa que “las empresas no temen el independentismo. Temen la inestabilidad y la inseguridad jurídica. Si tienes miedo de perder mercado te vas. Mucha gente ha aplazado la compra de un piso o decisiones de inversión. El resultado de todo esto es que habrá gente que sufrirá mucho tanto en Catalunya como en España”.

“La solución es elecciones y que se vayan Rajoy y Puigdemont”

El resultado es que habrá gente que sufrirá mucho en Catalunya

“Por el momento”, añade Romeo, “se está produciendo una deslocalización de sedes y del domicilio fiscal, pero también se puede producir una deslocalización de la actividad operativa”. El notario cree que “con la salida de las grandes empresas, Barcelona puede dejar de ser una de las grandes ciudades europeas y convertirse en una ciudad provinciana”. De todas formas, opina que “la fuga de empresas ha sido un gran golpe para el independentismo que no tenían previsto”.

Para salir de la situación de la crisis actual, el presidente de Tercera Vía cree que “la solución son las elecciones en Catalu-nya y España y renovar a los líderes actuales. [Mariano] Rajoy tiene que marcharse por falta de liderazgo y [Carles] Puigdemont y [Oriol] Junqueras, por su inconsistencia”. 

 

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