Una estafa piramidal y consentida
Doctor en Ciencias Económicas y CEO de Inurrieta Consultoría Integral
Artículo publicado en el primer número de la revista
Con el estallido de la burbuja inmobiliaria, una gran parte de las entidades bancarias en España tuvo que utilizar distintos instrumentos de capital para poder cumplir con las ratios de capital y solvencia que imponían los criterios de Basilea II y III.
La época de orgía crediticia iniciada en 1996, y que tuvo su apogeo tras la entrada de España del euro, fue pergeñada por las cúpulas de las entidades financieras, fundamentalmente cajas de ahorro, con la inestimable ayuda de actores como el Banco de España, y en cuyo diseño teórico y difusión en el sector fueron imprescindibles empresas de consultoría. También influyó en todo el diseño quien bautizó a esta forma de capital, el hoy Ministro de Economía, Luis de Guindos en 2003.
Este conjunto de entidades se confabularon para transformar una gran parte del ahorro depositado, con tipos de interés mínimos, en inversión en activos de renta fija perpetuos, sin derecho de voto, a mediante una campaña masiva a través de la potente canal de distribución de estas entidades. Este canal se basaba en un contrato de confianza entre una gran parte de la ciudadanía, fundamentalmente un segmento de personas mayores que han confiado ciegamente en sus directores de oficina. Estos, asentándose en la nula formación financiera y económica de este colectivo, y de la mayoría de suscriptores, han transformado en inversores a una gran parte de depositantes. Esta inversión, además, tenía una premisa ya de por sí de dudosa legalidad. Es decir, su horizonte temporal superaba ampliamente la esperanza de vida de todos los inversores. El señuelo era claramente un tipo de interés superior y la liquidez inmediata, pues durante el periodo alcista en los mercados de capitales este mercado de participaciones preferentes permitió la entrada y salida sin ningún problema, ejemplo típico de un sistema piramidal, pues los que vendían y compraban eran los mismos, es decir las entidades financieras. La lógica nos dice que cuando deja de haber ingresos en este tipo de mercados, se rompe la dinámica y quedas atrapado para siempre.
Para poder realizar este atropello, supuestamente legal, hubo que aprobar una ley, la llamada MIFID, transposición directa de una directiva emanada de la Comisión Europea. Esta norma incluía la obligación de realizar un test verbal o escrito sobre conocimientos financieros, tan absurdo, como inservible. Así se ha disfrazado una presunta estafa como un acto legal que ha arruinado a un colectivo no despreciable, sin que ninguno de los agentes que han colaborado se puedan sentar como acusados, ante lo que puede provocar la quiebra individual de muchos hogares.
Los vasos comunicantes que hubo entre el poder político y financiero, pero también con el consentimiento tácito del Banco de España, supone de facto un gran fracaso colectivo que ha sido sancionado, sin que el Gobierno haya defendido a los ahorradores, con las exigencias del MOU europeo para poder recapitalizar los bancos. Estas exigencias incluyen la quita de un porcentaje no inferior al 60% en las inversiones en preferentes, pero también en deuda subordinada, por ejemplo de las entidades financieras más grandes, pero menos tratadas por los medios de comunicación. La responsabilidad política y también la del supervisor es lo que está incendiando a los afectados, máxime cuando el diseño teórico del instrumento lo ha realizado entidades muy cercanas políticamente a los que gestionaron el estallido de la burbuja inmobiliaria y que no supieron dar respuesta a todo este colectivo.
La criminalización de los afectados, tratando de vender a la opinión pública que eran un colectivo avaricioso que con el señuelo de una mayor rentabilidad, ahora quieren que se les resarzan las pérdidas, mientras que no compartieron las grandes plusvalías cuando el mercado piramidal funcionó. Esta ruindad política, y en algunos casos mediática, solo esconde el miedo a que en un país serio buena parte de los responsables teóricos, políticos y supervisores, deberían estar, al menos, encausados. Lo peor es que el sistema financiero tras estas prácticas probadas, no va a cambiar, ni los canales de distribución van a defender los intereses de los clientes, ni el ya famoso Test MIFID va a dejar de ser el único criterio falseado para aprobar inversiones de alto riesgo para los colectivos más vulnerables. Estos colectivos, como se ha podido comprobar, están completamente indefensos y abandonados por el poder político, que siempre acaba poniéndose de parte del lobby financiero y bancario que dicta e impone su ley, apoyado por colaboradores intelectuales con gran peso mediático que defienden lo indefendible: una práctica muy parecida a una gran estafa piramidal.
