Una factura sólo para los ciudadanos
Castor: El almacén de gas impulsado por Florentino Pérez difícilmente entrará en vigor, pero costará al menos 2.700 millones
Hay que tener las espaldas muy bien cubiertas para presentarse en el programa de televisión Salvados como responsable del proyecto Castor tras un millar (1) de seísmos en la costa de Castellón, y responder a la pregunta de Jordi Évole con sonrisas burlonas y estas palabras: “Se creó una alarma que no se correspondía con la realidad”; “no pasó nada”; “la gente se asustó por nada”; “no hubo ningún temblor en ninguna casa”.
El empresario Florentino Pérez, presidente de ACS, el grupo responsable de construir el almacén de gas frente a la costa de Vinaròs, tenía efectivamente las espaldas cubiertas cuando el 9 de marzo habló así en Salvados: poco después, el Instituto Geográfico Nacional señaló “relación directa” entre los seísmos y Castor, luego el Ministerio de Industria puso el proyecto en cuarentena, y en junio la empresa concesionaria, controlada por ACS, acabó renunciando a la concesión. Pero nada de todo esto pasará factura al empresario. El 3 de octubre, aún sin ninguna conclusión terminante sobre lo sucedido ni acerca de posibles negligencias, sin estudio pormenorizado del proceso y de los costes, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un decreto, validado a contrarreloj en el Congreso con el único apoyo del PP, para hibernar Castor y aportar 1.350 millones de euros a la empresa concesionaria. Todo a cuenta de las futuras facturas del gas que pagarán los consumidores —particulares y empresas— durante treinta años.
DECRETO El PP ha asumido en solitario la decisión de compensar a la concesionaria
A TODA PRISA El pago millonario se realizará antes de que finalice el mes de noviembre
CONSTRUCCIÓN Los costes se han triplicado con respecto a la estimación original
El decreto establece, además, que el pago a Escal UGS —la concesionaria, controlada en un 70% por ACS y en un 30% por la canadiense Dundee Energy— tiene que materializarse a toda velocidad, antes de que finalice noviembre, y cubrirá íntegramente los costes que la empresa dice haber tenido en la construcción sin ni siquiera revisar el proceso que llevó a triplicarlos: arrancó con una estimación de 491 millones y ya suma 1.491 millones, tras la subcontratación de otras empresas del mismo grupo y la inclusión de los gastos financieros.
La factura total de la operación de rescate será aún más alta: acabará costando, tras los compromisos adquiridos para los próximos treinta años, un mínimo de 2.700 millones, según se desprende de la estimación realizada por Inurrieta Consultoría a instancias de Alternativas Económicas. La Organización de Consumidores y Usuarios la eleva hasta 4.750 millones, aunque sin especificar cómo ha llegado a esta conclusión.
En cualquier caso: una millonada para una instalación controvertida desde el inicio, que además salió adelante pese a informes científicos que alertaban de su peligrosidad, que con la crisis ha perdido sentido y que probablemente jamás entrará en funcionamiento.
El contrato firmado
El ministro de Industria, José Manuel Soria, trató de zanjar la polémica en el Congreso asegurando que el Gobierno se ha limitado a actuar para “garantizar la seguridad de las personas y del medio ambiente” y hacer valer la seguridad jurídica de los contratos firmados. Pero para todos los demás partidos, que votaron en contra del decreto, se trata de un escándalo que agranda el mito de Florentino Pérez como uno de los grandes intocables de este país.
“Esta es una historia de piratas de guante blanco y de saqueo organizado”, sostiene Joan Baldoví (Compromís). Para Joan Tardà (ERC), se trata de “negocios mafiosos” típicos “del Palco del Bernabéu”. Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) lo considera un ejemplo del “capitalismo de amiguetes”, y Joan Coscubiela (ICV), del “sometimiento del poder político a los lobbies energéticos y las “constructoras”.
Incluso el moderado Jordi Jané (CiU) ha expresado “preocupación” e “indignación” por la solución, tan favorable a Florentino Pérez y ACS, empresa muy endeudada —aún por encima de los 4.500 millones— y señalada por The New York Times en 2012 como símbolo de los peligros de la insostenible deuda privada en España. ACS está presidida por el presidente del Real Madrid, con el muy barcelonista Miquel Roca Junyent en el Consejo de Administración.
“Tras el rescate de la banca y de las autopistas, ahora toca el rescate de Florentino”, concluye Baldoví.
ACS ha guardado silencio —tampoco contestó al requerimiento de Alternativas Económicas— y se limita a defender su actuación, sin ocultar su alivio por salirse con todas las plumas de una aventura pensada para épocas de boom. El propio Florentino Pérez lo admitió en Salvados: “Hoy, con la crisis, los almacenamientos de gas son menos necesarios que hace algunos años”.
Es decir: la enorme inversión difícilmente podía ser rentabilizada, ni siquiera para asumir los grandes costes financieros de un proyecto cocinado a fuego lento desde que en 1996 empezaron las prospecciones con José María Aznar en el Gobierno y en el que han participado entidades muy relevantes —además de ACS, destaca el Banco Santander como principal socio financiero y la distribuidora Enagás como clave para cerrar el lío—, siempre con el impulso de sucesivos Ejecutivos, tanto del PP como del PSOE.
El Gobierno se escuda en el argumento de que está atado de pies y manos por una “cláusula abusiva” del decreto de concesión, firmado por el Gobierno de Zapatero en 2008, que obliga a indemnizar a la empresa incluso en caso de negligencia. En 2012, ya con Rajoy en la Moncloa, el Ministerio de Industria incluso intentó anularla en los tribunales, pero el Tribunal Supremo la consideró legal, con lo que, según el Gobierno, la indemnización es inevitable.
En realidad, la sentencia del Supremo es muy amplia y el Gobierno se aferra sólo a que se mantiene la polémica cláusula, pero ésta no implica un pago automático. Es más: la hibernación precipitada hace que no se cumplan los requisitos exigidos para indemnizar por el “valor contable” de la instalación porque ni Castor ha entrado en funcionamiento ni parece que vaya a explotarlo nadie.
CONTROVERSIA El episodio agranda el mito de FlorentinoPérez como intocable
SENTENCIA El Gobierno se escuda en una cláusula firmada con Rodríguez Zapatero
Por tanto, con la sentencia del Supremo en la mano, nada hubiera impedido una quita o una indemnización muy inferior en la medida que el decreto de 2008 preveía compensación por “el valor residual” en caso de negligencia, lo cual ni siquiera se ha investigado todavía a fondo. Todo son aún interrogantes, salvo que ya se ha aprobado la compensación de 1.350 millones, que se suman a una aportación anterior de 110 millones.
“El Gobierno fue a los tribunales sabiendo que perdería y luego ha ignorado partes básicas de la sentencia”, opina Coscubiela, quien concluye: “Sólo buscaba la coartada para indemnizar a Florentino”.
El Ministerio de Industria presentó el recurso justo antes de autorizar el inicio de las inyecciones de gas. Y lo más importante: luego avaló que el Proyecto Castor fuera el elegido a escala europea para el nuevo programa de Project Bonds, herramienta lanzada por la Comisión Europea en 2012 para aliviar la crisis financiera en la UE.
El programa consiste en la subasta de bonos para lograr financiación privada para grandes infraestructuras con apoyo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que entre 2010 y el pasado junio tenía como vicepresidenta a Magdalena Álvarez, ex ministra de Zapatero cuando se hizo la concesión de Castor. Hasta ahora, se han lanzado nueve proyectos. Castor fue el primero y las autoridades europeas presentaron la colocación de bonos por valor de 1.400 millones, en julio de 2013, como un gran éxito.
La elección de Castor fue un balón de oxígeno para la asfixiadísima ACS, desbordada por la deuda y ya con dudas sobre la viabilidad de Castor en un escenario de crisis: el macrocrédito del pool bancario que apoyaba el proyecto vencía en 2017 y al cambiarlo por los Project-Bonds se aplazó automáticamente a 2034.
Los Project-Bonds están desde su origen en el punto de mira de organizaciones sociales que denuncian su opacidad y sostienen que en realidad están pensados para blindar proyectos faraónicos que en nada contribuyen al desarrollo. Ahora estos grupos aspiran no sólo a la rendición de cuentas de Castor, sino a poner en cuestión el mecanismo de los Project-Bonds.
Del esfuerzo de estas organizaciones ha nacido Counter Balance, entidad que fiscaliza las acciones del BEI y que tiene como socio en España al Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). “Lo que hace el programa es mantener a flote proyectos privados con deuda impagable que en última instancia asumen los ciudadanos”, sostiene Mònica Guiteras, de la ODG.
EUROPA Las prisas por pagar se explican por el vencimiento de los bonos europeos
INTERESES El Banco Santander, Caixabank y Bankia se aseguran 1.055 millones
Todas las fuentes consultadas —políticas, empresariales, jurídicas y activistas— coinciden en que las prisas por inyectar 1.350 millones a la concesionaria se explican sobre todo por el hecho de que Castor es el primer proyecto en el escaparate de los Project-Bonds.
En julio de 2013 se completó la subasta para colocar 1.400 millones de euros al 5,75% de interés. Desde la perspectiva de los mercados, el proceso fue un éxito, con la adquisición de todos los títulos por parte de 29 inversores institucionales encabezados por el propio BEI, que se quedó con 300 millones. Según una nota de Fitch Ratings, el 61% de los bonistas son fondos de pensiones y el 10%, fund managers. La mayoría son alemanes (28%), seguido de españoles (18%), franceses (11%), italianos (10%) y británicos (10%).
Escenario de pesadilla
El vencimiento de la operación se preveía para 2034, pero con una cláusula clave: si el 30 de noviembre de 2014 las instalaciones no estaban a pleno rendimiento, entonces los inversores recuperaban su dinero.
Es obvio que las instalaciones no estarán a pleno rendimiento el 30 de noviembre. Y también lo es que ni Escal UGS ni sus integrantes están en disposición de devolver el dinero a los bonistas en esa fecha. Sin el rescate organizado por el Gobierno, pues, se iba directamente hacia una gran suspensión de pagos de la primera gran operación de Project-Bonds a escala europea y con epicentro en España: un escenario de pesadilla en Madrid y en Bruselas.
El rescate tenía además la complejidad de que no podía suponer un aumento de la deuda pública —que se aproxima ya al 100% del PIB español, muy por encima del 60% autorizado por Bruselas—, con lo que se ha movilizado a la empresa semipública Enagás para supervisar las operaciones durante la hibernación y solicitar el macrocrédito para hacer frente al pago cediéndolo técnicamente a los mismos bancos para que tampoco le compute como deuda.
Florentino Pérez ha salido de rositas —a la espera aún de posibles impugnaciones, muy difíciles al optarse por un decreto, o de exigencias futuras de responsabilidades— y la banca española ha hecho un gran negocio. Con la línea de liquidez abierta por el Banco Central Europeo, las entidades financieras pagan el dinero a sólo el 0,25% y en este caso cobrarán un interés del 4,35% sobre los 1.350 millones que prestan sin apenas riesgo. Según la estimación de Inurrieta Consultoría, los intereses reportarán 1.055 millones a los tres bancos en los próximos treinta años: 528 para el Banco Santander, 369 para Caixabank y 158 para Bankia.
Castor tiene todos los números para acabar desmantelado, pero la empresa liderada por Florentino Pérez habrá ingresado por su construcción 1.273 millones, Enagás se asegura seis millones de euros anuales para supervisar la hibernación, los bonistas europeos recuperarán íntegramente su inversión y ya tienen en el bolsillo otros 54 millones por los intereses de quince meses, y el conjunto de bancos que han participado en la operación fallida se habrán embolsado en las distintas fases —lanzamiento, colocación de bonos y rescate final— casi 1.200 millones.
Alguien pagará esta factura, claro: usted y todos los consumidores de gas en España.
HISTORIA DE UNA APUESTA FALLIDA
El almacenamiento subterráneo de gas natural Castor se ha construido a unos 21 kilómetros de la costa de Vinaròs (Castellón). Cuenta con una capacidad de almacenamiento a 1.750 metros de profundidad de un total de 1.900 millones de metros cúbicos de gas, capacidad que permite atender un tercio de la demanda de gas natural de España durante cincuenta días.
1996
2003
El Gobierno renueva el permiso de investigación, asumido por ESCAL UGS, integrada por ACS (Florentino Pérez) con el 67%, y Dundee Energy (33%).
2005
Gobierno de ZapateroENERO. La empresa manifiesta que el lugar es idóneo para el almacenamiento
OCTUBRE. El Observatorio del Ebro, organismo científico integrado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Ramon Llull, advierte de los “riesgos sísmicos” del proyecto porque desencadenaría “una actividad potencialmente inductora de terremotos”.
2006
ENERO. ESCAL UGS solicita explotar Castor.
MARZO. El Ministerio de Industria incluye Castor en la revisión de la Planificación Energética 2005-2011 con la previsión de que arranque en 2009 con un coste estimado de 491 millones de euros.
SEPTIEMBRE. Un estudio de la Universitat de Barcelona advierte del riesgo sísmico de la zona donde quiere instalarse Castor.
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| Miguel Sebastián, ex ministro de Industria. |
2007
23 DE ENERO. El Instituto Geológico y Minero valida las conclusiones de la empresa sobre la seguridad a pregunta del Ministerio de Industria.
2008
16 DE MAYO. Se otorga la concesión de explotación de Castor a ESCAL UGS, que ahora prevé una inversión de 894 millones.
2009
NOVIEMBRE. Medio Ambiente aprueba la Declaración de impacto ambiental del proyecto sin prever los riesgos sísmicos ni atender a las alegaciones presentadas por el Observatorio del Ebro.
2010
JUNIO. La Dirección General de Política Energética autoriza el proyecto.
JULIO. Banesto, filial del Banco Santander, dirige un crédito sindicado de 1.285 millones de euros para financiar el proyecto.
2011
OCTUBRE. El Gobierno fija un tope de gasto para la construcción: 1.272,9 millones de euros, sin incluir los gastos financieros ni el gas colchón.
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| Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. |
2012
Gobierno de Rajoy
17 DE ABRIL. La Abogacía del Estado interpone, en nombre del Ministerio de Industria, un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Supremo para anular una cláusula de decreto de 16 de mayo de 2008 que prevé una posible compensación a ESCAL UGS incluso en caso de negligencia.
11 DE MAYO. El Gobierno declara lesiva la cláusula del decreto.
JULIO. El Ministerio de Industria otorga el acta de puesta en servicio provisional.
2013
14 DE JUNIO. ESCAL UGS inicia las inyecciones de gas en la corteza terrestre para activar Castor.
JULIO. Castor se convierte en la primera iniciativa financiada por el programa de bonos de la UE (Project Bonds) para impulsar grandes infraestructuras con el respaldo del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Esta vía sustituye al crédito sindicado dirigido por Banesto. A través de una subasta en Luxemburgo se colocan bonos por valor de 1.400 millones de euros.
5 DE SEPTIEMBRE. Se registra un seísmo de 2,1 en la escala de Richter. En total se registran un millar; el mayor de 4,2.
26 DE SEPTIEMBRE. El Ministerio de Industria ordena el cese temporal de la extracción de gas en la planta.
14 DE OCTUBRE. El Tribunal Supremo considera legal la cláusula anulada por el Gobierno.
2014
FEBRERO. El Instituto Geográfico Nacional concluye que hay “relación directa” entre los seísmos y el proyecto Castor. El informe no trasciende hasta mayo.
12 DE MAYO. El Ministerio de Industria se compromete a evitar nuevas inyecciones de gas sin garantías de seguridad.
JULIO. ESCAL UGS renuncia al proyecto. La auditoría de inversiones realizada por Deloitte cifra en 1.461 millones el coste total de la inversión, de los que el Estado había ya adelantado 111.
3 DE OCTUBRE. El Gobierno aprueba un decreto ley que extingue la concesión, pone en hibernación las instalaciones bajo la supervisión de Enagás, que compensa de forma inmediata a ESCAL UGS con 1.350,726 millones a través de un crédito sindicado por el Banco Santander, Caixabank y Bankia al 4,3% a 30 años.
16 DE OCTUBRE. El Congreso valida el decreto ley con los votos del PP y el rechazo de todos los demás grupos.
POLÉMICA
La sospecha de las puertas giratorias
Uno de los fenómenos que más indignación ciudadana está generando tras la crisis es el de las puertas giratorias. Es decir, ejecutivos que pasan de la esfera privada a la pública —y al revés, como en una puerta giratoria en la entrada de un hotel— ocupándose de los mismos asuntos. En la gran mayoría de casos no se trata de ninguna ilegalidad, pero la ley es tan laxa que suelen despertar muchas suspicacias.
Por ejemplo: al frente de la Abogacía General del Estado, que debe velar jurídicamente por los intereses del Estado, se encuentra precisamente Marta Silva, que fue una estrechísima colaboradora de Florentino Pérez en su primera etapa en el Real Madrid. La Abogacía del Estado llevó a los tribunales la cláusula firmada con el Gobierno de Rodríguez Zapatero que consideraba abusiva, pero luego interpretó la sentencia del Tribunal Supremo como si obligara a indemnizar inmediatamente al empresario con el coste total de la obra.
Esta cláusula estaba en el Real Decreto de concesión, de 2008, firmado por el ministro de Industria socialista Miguel Sebastián, aunque preparado por su antecesor, Joan Clos. El decreto fue aprobado en el arranque de la legislatura en índice verde (sin discusión en el Consejo de Ministros porque se heredaba de la anterior legislatura), pero el que era jefe de Gabinete de Sebastián, Carlos Ocaña, trabaja ahora a las órdenes de Florentino Pérez en el Real Madrid.
En el Consejo de Enagás, la empresa que finalmente se ha convertido en el eje del rescate a Castor sin repercutir en la deuda pública —el diseño que quería el Gobierno— aterrizaron tras los últimos comicios de una tacada cinco históricos del PP: Antonio Hernández Mancha, Ana Palacio, Gonzalo Solana, Luis Valero e Isabel Tocino. Esta última es consejera también del Banco Santander, la entidad financiera de referencia en el rescate de Castor.
PARA SABER MÁS
1. C. Simone, F. Grigoli, S. Heimann, Á. González, E. Buforn, S. Maghsoudi, E. Blanch y T. Dahm (2014): The 2013 September–October seismic sequence offshore Spain: a case of seismicity triggered by gas injection?, Geophysical Journal International, 198 (2014).
2. Real Decreto 855/2008 (concesión) y 13/2014 (hibernación y compensación).
3. Sentencia Tribunal Supremo 14/10/13 al recurso 430/2012.
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