“Antes que bajar las pensiones deberían subir los impuestos y las cotizaciones”

Octavio Granado

Exsecretario de Estado de la Seguridad Social

“Antes que bajar las pensiones deberían subir los impuestos y las cotizaciones”

En el cuarto de siglo que va de 2021 a 2045 se van a jubilar en España 11 millones de personas, casi el 50% más que en el periodo 1995-2020. Pagar sus pensiones es el enorme reto que tiene por delante la Seguridad Social, que va a cerrar el año en con un déficit cercano a los 24.000 millones de euros, el 2% del PIB, y eso tras recibir una transferencia extraordinaria del Estado de 14.500 millones. El fondo de reserva creado en el año 2000, que llegó a tener casi 67.000 millones en 2011, está vacío y la destrucción de empleo como consecuencia del coronavirus va a mermar aún más las arcas del sistema. Para garantizar el futuro de las pensiones públicas, Octavio Granado, que fue secretario de Estado de Seguridad Social en todos los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y en el primero de Pedro Sánchez, considera imprescindible flexibilizar el modelo actual para adaptarlo a la nueva realidad social y encontrar nuevos ingresos, al tiempo que se libera la Seguridad Social de gastos que le son ajenos. 

¿Qué impacto va a tener la pandemia en el sistema de pensiones? ¿Va a ser necesario congelarlas o recortarlas si la crisis es más dura de lo previsto?

La crisis del coronavirus nos ha devuelto a una situación pésima, en la que ya estuvimos después de la crisis financiera de 2008. De 2017 a 2019 habíamos reducido el déficit y aumentado los ingresos, y ahora el déficit está disparado, porque por mucho que caigan los gastos, los ingresos caen más.

¿Pero cree que pueden bajar las pensiones?

Las pensiones necesitan reformarse, sobre todo haciendo crecer la flexibilidad y adaptándose a la realidad social. Por ejemplo, la pensión de viudedad actual no tiene nada que ver con la heterogénea realidad de las parejas españolas. Bajar las pensiones sería un disparate. Antes deberían subir las cotizaciones y los impuestos.

Los ingresos por cotizaciones son actualmente insuficientes para pagar las pensiones, por lo que el Estado debe transferir todos los años miles de millones de euros a la Seguridad Social. El Tribunal de Cuentas ha advertido recientemente de que si no se acometen reformas urgentes en este terreno, la viabilidad financiera del sistema está en peligro. ¿Está de acuerdo?

Dicho así, no. Lo que ha señalado el Tribunal de Cuentas es que el Estado debe más de 100.000 millones de euros a la Seguridad Social, y desde el punto de vista estrictamente contable, los préstamos son una devolución de lo que debió pagarse en su día con impuestos. Pero es necesario buscar alternativas. Los mayores contribuyentes pagan menos proporcionalmente a la Seguridad Social que los trabajadores de bajos salarios, seguimos pagando con cotizaciones los avances en igualdad de género y tenemos categorías de contribuyentes que obtienen ingresos y no cotizan nada. En el esfuerzo de reducir el déficit lo fundamental es buscar nuevos ingresos, pero también que el Estado pague políticas que son ajenas al sistema de seguro. 

¿Cree necesario subir las cotizaciones de quienes más ganan?

Sobre todo, obligar a cotizar actividades que ahora no cotizan. Por ejemplo, los árbitros deportivos, que ganan incluso decenas de miles de euros, no cotizan por sus ganancias a la Seguridad Social. En todo caso, por encima de la base máxima debe existir una cotización de solidaridad al sistema de Seguridad Social. 

¿De qué gastos no contributivos podría liberarse la Seguridad Social para aliviar su situación financiera?

La mayor parte de los gastos no contributivos ya son abonados por el Estado: complementos a mínimo de pensión, pensiones no contributivas... Pero quedan otros importantes: reducciones de cotización a agricultores, tarifas planas a autónomos, desempleo no contributivo, incrementos de pensiones mínimas a viudas, políticas de igualdad de género... La solidaridad de la Seguridad Social se aplica a quienes tienen accidentes o enfermedades, a quienes viven más tiempo; no debe aplicarse a otros colectivos que reciben prestaciones financiadas por las cotizaciones por tener otra ocupación u otro estado civil.

¿A qué colectivos se refiere?

Por ejemplo, el complemento a mínimos de una viuda lo paga el Estado, pero su recargo por no cobrar otros ingresos lo paga la Seguridad Social. El complemento a mínimo de un agricultor o trabajador agrario lo paga el Estado, pero la reducción de sus cotizaciones lo paga la Seguridad Social.

¿Quién es?

Octavio Granado (Burgos, 1959) es profesor de enseñanza media, pero ha dedicado prácticamente toda su vida adulta a la política. Tras casi dos décadas como senador, en 2004 fue nombrado secretario de Estado de la Seguridad Social. Es el único miembro del equipo económico del Gobierno que estuvo ininterrumpidamente los siete años y medio de José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa. En 2018, Pedro Sánchez lo reclutó de nuevo para el puesto, que abandonó tras la formación del Ejecutivo de coalición. Actualmente, está en excedencia voluntaria de su puesto en un instituto de Burgos, ciudad donde reside. Aún no se ha jubilado. FOTO: EDUARDO SAIZ

Los españoles del baby boom, nacidos en la década de 1960 y principios de la de 1970, van a empezar a jubilarse muy pronto. Ahora están cobrando sueldos relativamente altos y, por lo tanto, recibirán pensiones altas. Mientras tanto, los jóvenes están trabajando con sueldos más bajos y contribuyendo menos a la Seguridad Social. ¿Qué impacto va a tener este desequilibrio en el sistema?

Los españoles del baby boom deben jubilarse a una edad mayor a la que se jubilaron sus padres, que lo hacían, en muchos casos, a los 60 años. Han empezado a cotizar mucho antes que sus hijos y verán como su pensión se calcula por una media de años mucho más amplia que la de los pensionistas precedentes. Pero son muchos, y el pago de sus pensiones supondrá un problema a las arcas de la Seguridad Social, porque los nuevos cotizantes cobran salarios más bajos. Pero es esto último lo que está mal: ninguna economía puede resistir a un periodo indefinido de tiempo en el que los salarios no crecen. Dicho esto, debemos buscar incrementos de ingresos en el sistema y, entre ellos, destacadamente, el que las cotizaciones crezcan porque crecen los salarios.

Hay quienes consideran que la tasa de sustitución en España es demasiado alta, que se pagan pensiones muy generosas si se comparan con lo cotizado durante la vida laboral... ¿Está de acuerdo?

La tasa de sustitución creció abruptamente en un periodo de tiempo en el que los salarios bajaron y las pensiones siguieron creciendo, después de 2008 y especialmente después de la reforma laboral de 2012. No es razonable que los salarios y las pensiones tengan evoluciones diferentes. Cuando el Pacto de Toledo definió el IPC como principal indicador de la revalorización de pensiones lo hizo porque era el principal indicador de revalorización de los salarios. La tasa de sustitución bajó hasta 2008, porque los salarios subieron, y luego ha subido de 2009 a 2017 porque los salarios se desplomaron. Lo lógico es que vuelva a bajar cuando los salarios se recuperen.

Sigue habiendo muchas personas que cobran pensiones muy bajas, de apenas 700 u 800 euros. ¿No tendría sentido congelar las prestaciones más altas, que superan los 2.000 euros, para subir las más bajas?

La pensión más alta de la Seguridad Social española es mucho más baja que la equivalente de otros sistemas de pensiones europeos, pero la más baja no tiene tantas diferencias. Nuestro sistema es bastante igualitario, no solo en comparación con los de los países de la OCDE, sino en comparación con la distribución de la renta en otros grupos de edad. Los mayores de 65 años en España, por ejemplo, son el grupo con menor incidencia de pobreza o exclusión, según el indicador AROPE de la Unión Europea.

"Los españoles del ‘baby boom’ deben jubilarse a una edad mayor que sus padres"

"Las jubilaciones anticipadas son, en muchos casos, despidos encubiertos"

¿No sería más justo que la jubilación fuera voluntaria, que trabaje más tiempo quien quiera hacerlo? Si vivimos más años, ¿por qué no trabajar más años?

En España no hay una edad de jubilación obligatoria, salvo para los empleados públicos. Realmente, la edad de jubilación es una cuestión que cada vez depende más de decisiones individuales: estado de salud, aficiones, edad de tu pareja… El sistema deberá flexibilizarse para atender a una demanda cada vez más particular, sin que esta flexibilidad le imponga una situación económica más comprometida, sino menos. Nuestros abuelos empezaron a trabajar a los 13 años de media, y nuestros padres, a los 18. Nuestros hijos ­—yo ya tengo más de 60— entran en el mercado de trabajo a los 22. Debemos trabajar los mismos años, pero si empezamos más tarde, acabaremos más tarde. En todo caso, la normativa tiene que ganar en flexibilidad, porque la edad de jubilación ahora no puede ser la misma si tienes buena salud que si la tienes mala, si tienes una pareja mayor que tú que si la tienes menor, si tienes cargas familiares —los estudios de los hijos, por ejemplo— que si no las tienes. Y en todo caso, sería mucho más razonable trabajar seis meses más estando el último año a media jornada que pasar de hacer cuarenta y tantas horas a ninguna sin solución de continuidad.

El mercado de trabajo en España sigue marcado por una altísima temporalidad. Los jóvenes encadenan durante años contratos de apenas unos meses o unas semanas. ¿Cómo se puede corregir esta situación y promover la contratación fija?

Para que el contrato de duración indefinida sea rentable para los empleadores, es necesario que la remuneración tenga una mayor parte vinculada a la productividad, lo que se viene llamando la flexiseguridad. En estos momentos se utiliza el empleo temporal como una forma de conseguir que se trabaje más, jugando con la seguridad del trabajador como un elemento de presión.

¿Qué le parece la creación de una cuenta personal a la que se hagan aportaciones durante la vida laboral para completar la prestación por desempleo o la pensión, la llamada mochila austriaca?

Esta es una medida que permitiría que un trabajador financiara un anticipo de la edad de jubilación sin pedir que sea el sistema el que le resuelva el problema. Aunque solo se aplicara para eso, merecería apoyo.

¿Se ha abusado en España de las jubilaciones anticipadas? 

Lo que llamamos jubilaciones anticipadas en muchos casos son despidos encubiertos. Desde que las empresas deben financiar especialmente los despidos de trabajadores más veteranos la práctica se ha reducido, pero todavía continúa, en parte porque la sociedad, los propios interesados, los empleadores… todo el mundo, vamos, da por sentado que alguien mayor de 58 años no va a volver a trabajar, salvo en algunas ocupaciones muy específicas.

“Ninguna economía puede resistir a un periodo indefinido de tiempo en el que los salarios no crecen”

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es partidario de reducir las desgravaciones a las aportaciones a planes de pensiones privados y de incentivar las aportaciones a planes de empresa acordados en la negociación colectiva. ¿Le parece buena idea?

Totalmente, pero hay que tener en cuenta que necesitamos dar una alternativa a los trabajadores de empresas con plantilla muy reducida.

La pandemia ha puesto al descubierto grandes carencias en la sanidad pública. ¿Cree que es posible un consenso entre los grupos políticos para dotarla de más recursos y mejorar la asistencia?

En sanidad el consenso es muy fácil, porque es prácticamente la única política en la que existe el llamado respaldo fiscal: los ciudadanos aprueban pagar más impuestos para mejorar las prestaciones. 

¿Cuánto se recortó en sanidad tras la crisis de 2008? ¿Hay algún cálculo?

Hay estudios muy pormenorizados que hablan de una pérdida de más de un punto de PIB [1,24 billones de euros en 2019, con lo que la cifra rondaría los 12.500 millones]. El gasto se ha ido recuperando paulatinamente, pero sin llegar al de 2007.

¿Qué le parece el modelo del ingreso mínimo vital puesto en marcha por el Gobierno? 

El ingreso mínimo vital [IMV] responde a una asignatura pendiente de la democracia española, y en este sentido es una decisión excelente, a la que se podrían plantear reparos parciales, pero que no oscurecen la brillantez de la iniciativa. El modelo aprobado se basa más en ayudas económicas incondicionadas que en una política de ayudas específica para vivienda, educación, cuidado de hijos e inserción laboral, que es el modelo más extendido en Europa. Hay que esperar que en el futuro el IMV progrese en esa dirección. El único punto muy controvertido es la gestión de las ayudas por parte de la Administración de Seguridad Social. La Seguridad Social no es una Administración de servicios sociales; estos están en las comunidades autónomas, los Ayuntamientos y en algunas ONG concertadas. La picaresca no se va a resolver cruzando datos entre Seguridad Social y Hacienda, sino con trabajo social. Por otra parte, las comunidades autónomas ya gestionan las pensiones no contributivas, y los Ayuntamientos, ayudas concretas. No es razonable duplicar el trabajo, sino aprovechar el trabajo que ya se está haciendo.