“Educación y salud son el gasto que más redistribuye”
Xavier Ramos
Economista experto en desigualdad
El catedrático de la UAB urge a que las empresas controlen las diferencias salariales
“Educación y salud son el gasto que más redistribuye”
La desigualdad es un reto tan serio para la humanidad que las instituciones internacionales y hasta el Foro de Davos la han incluido ya en la agenda global, debido a los riesgos que implica, no solo para la cohesión social, sino también para el crecimiento. Xavier Ramos, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que lleva años estudiando las desigualdades, aborda en esta entrevista algunas de las vías para combatirlas. Ramos participó en las conferencias y encuentros con expertos internacionales sobre desigualdad que la plataforma internacional para la la Sostenibilidad Re-City ha organizado este año en Barcelona.
¿Estamos avanzando o retrocediendo, en materia de desigualdad?
La respuesta a este tipo de preguntas no es simple, no es posible un diagnóstico válido para todo el mundo. De entrada, la desigualdad global es una mezcla de la desigualdad que existe entre países y de la que hay dentro de cada país, y hay evidencias de que ambos procesos han evolucionado en direcciones contrarias. La desigualdad entre países se ha reducido. Debemos tener en cuenta, además, el peso en población de los países que analizamos, porque China e India influyen mucho en las estadísticas globales, claro. Pero dentro de cada país, y en particular en Occidente, las desigualdades han aumentado. La globalización implica deslocalizaciones y transformaciones que favorecen que las desigualdades aumenten.
Además de la globalización, ¿qué factores agravan las desigualdades?
Cuando reciben el impacto de una crisis, seguramente las economías menos robustas salen más perjudicadas. Le ha sucedido a España a resultas de la crisis en relación con otros países de la Unión Europea. España tiene un Estado de bienestar con poca capacidad de reducir la desigualdad. Las diferencias entre países en desigualdad de las rentas primarias no son siempre importantes, pero cuando observamos cómo operan los mecanismos de corrección del Estado de bienestar en los países nórdicos y en los mediterráneos constatamos enormes diferencias.
La respuesta que se ha dictado desde la UE a la crisis no va precisamente a favor de fortalecer el Estado de bienestar.
Culpar ahora al Banco Central Europeo (BCE) o a la Comisión Europea de que no tenemos políticas redistributivas potentes no me parece razonable. Decir: “Nosotros lo habríamos hecho diferente sin las restricciones de Europa” es cómodo, es ignorar lo mal que lo hacíamos antes de la crisis.
Entiendo, es la excusa perfecta. Pero las las recetas ante la crisis son un hecho.
Sí. No pretendo decir que las cosas no se hubieran podido hacer distinto ante la crisis, pero lo que me interesa es analizar el potencial de redistribución de la renta de nuestras políticas, que sin crisis y sin Bruselas ya eran pobres.
¿Cómo actúan las pensiones sobre la desigualdad?
En sí mismas, las pensiones contributivas apenas son progresivas. Aunque nuestro sistema no siga una lógica de capitalización según la cual cada persona va acumulando una bolsa de su propio ahorro de cara a su futuro, si quiere preservar la lógica de que quien ha contribuido más en el pasado perciba más en el futuro. Son sobre todo los límites sobre pensiones máximas y mínimas los que introducen algo de progresividad en el sistema. Si acaban influyendo en la desigualdad no es por ser progresivas, que lo son poco, sino porque el volumen de recursos que movilizan es tan elevado que, por poco progresivas que sean, acaban reduciendo la desigualdad en mayor medida que otras políticas más progresivas con menos recursos.
Ilustre una política muy progresiva.
La progresividad es más elevada en actuaciones como las becas-comedor, o las prestaciones destinadas exclusivamente a la población más pobre. Pero, por el volumen de recursos que mueven, el impacto redistributivo es limitado.
¿Qué papel tiene la fiscalidad?
Cuando se habla de progresividad a todo el mundo le viene a la cabeza la fiscalidad. Pero la fiscalidad en su conjunto tiene un efecto limitado. Cuando se realiza una reforma del IRPF, los políticos y los medios ponen el foco en cómo se modifican los tipos impositivos para los distintos grupos de renta. Menos se habla, en cambio, del tipo medio del impuesto. Sin embargo, la capacidad redistributiva del IRPF depende de forma importante de este último. Esto implica, por ejemplo, que una reducción de tipos más pronunciada para los más pobres pueda suponer una pérdida de la capacidad redistributiva del impuesto debido a que el tipo medio se ha reducido. Esto es lo que han hecho algunas reformas del IRPF en España. Además, y sobre todo, se suele ignorar otro elemento importante: si las transferencias o beneficios sociales se reparten de modo que los menos ricos perciban más.
¿Qué opina sobre un impuesto sobre las transacciones financieras?
Pues sería un paso importante. Ahora bien, la fiscalidad, insisto, no tiene mayor capacidad de cambio comparada con las políticas de transferencias. Tanto las políticas de impuestos como las políticas de transferencias inciden sobre la renta, pero son las transferencias en especie, en educación y sanidad, las que tienen un mayor efecto redistributivo. Son las que tienen más incidencia sobre la desigualdad, aunque no se vea a simple vista.
¿Quién es? |
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| El catedrático Xavier Ramos (Barcelona, 1968) es profesor del Departamento de Economía Aplicada en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Es miembro del Consejo Editorial del Journal of Economic Inequality y coordinador de la red de académicos del eje Combatir las desigualdades del proyecto Re-City de la Fundació Catalunya-Europa. Hasta 2017 fue miembro de la Sociedad para el Estudio de la Desigualdad Económica. Su trabajo refleja la influencia del respectado académico Tony Atkinson, que durante 40 años investigó sobre pobreza y desigualdades. FOTO: A.T. |
Aun así, estas políticas de transferencias se financian con impuestos...
Sí, y entonces hay que ver con qué impuestos se juega. El impuesto sobre la renta sí redistribuye. El IVA es regresivo, pues los pobres consumen una parte mayor de su renta. Y las cotizaciones no tienen incidencia sobre redistribución de la renta. Así que, grosso modo, los impuestos en su conjunto tienen poca incidencia en la redistribución de la renta.
Hace medio siglo veíamos tipos de IRPF muy elevados que hoy parecen impensables. Algún impacto debían de tener.
Es cierto que la escala de tipos era más variada y que quienes ganaban más pagaban una parte más elevada. Hoy, el grado de progresividad del impuesto sobre la renta es menor. Pero lo más importante es la cantidad de gente que paga. Lo impotante es el fraude. El impuesto podía ser muy progresivo pero ¿cuánta gente lo pagaba? Cuatro gatos. Con la mejora de mecanismos e instituciones para que se implemente el impuesto, hemos aumentado el volumen de la recaudación. La gran batalla pendiente para ganar en efecto redistributivo, contra la desigualdad, es luchar contra el fraude fiscal.
¿Sería su primera medida si gobernara?
Las políticas no pueden analizarse o aplicarse de forma aislada. Si estuviera en el gobierno no solo potenciaría una política. Seguro que pondría muchos esfuerzos en combatir el fraude fiscal. También en políticas de transferencias y de rentas, y en especial en educación, en las primeras etapas. Y es muy importante crear entornos de negociación para que las desigualdades sean menores dentro de las empresas.
El informe de Re-City es muy crítico con la disparidad salarial en la empresa.
Las desigualdades salariales son, junto con las de rendimientos de capitales, las mayores que hay. Y tenemos información limitada sobre cómo se genera la desigualdad salarial dentro de las empresas. Necesitaríamos más datos. Hasta hace poco se trabajaba con datos sobre individuos, como los de las encuestas sobre condiciones de vida, y también con datos agregados de empresas, como la facturación y los costes salariales. La cuestión es casar la información individual de las personas que trabajan en una empresa con la información sobre la producción y la facturación de su empresa. Se trata de entender mejor cómo influye la idiosincrasia de ciertos sectores en las desigualdades empresariales.
¿Hasta qué punto los sectores determinan el margen de desigualdad salarial?
Por ejemplo, todos sabemos que hay industrias como las farmacéuticas en las que las condiciones laborales son mejores y, en cambio, segmentos del sector servicios con peores condiciones. Pero, dentro de las empresas de esos sectores, también existen desigualdades. Hay que ver cuáles son las características de esas empresas que hacen que el impacto en la desigualdad de salarios sea mayor, antes de que el Estado entre a corregirla mediante transferencias.
“No está nada claro que los altos ejecutivos merezcan salarios desorbitados”
“Los convenios y la sindicalización van asociados a una menor desigualdad”
¿Y qué se puede hacer para que las empresas actúen de otra forma?
Sabemos, por ejemplo, que en algunos sectores y empresas donde hay convenios colectivos las desigualdades son menores. Sabemos que un convenio que encaja en una empresa puede no encajar en otra, y que los perfiles de trabajadores no son los mismos en según qué sectores. Por supuesto, sabemos que los sindicatos tienen que modernizarse, y que en entornos donde los beneficios que se obtienen para toda la población trabajadora, esté o no afiliada al sindicato, se desincentiva la sindicalización. Pero aun así, los convenios y la sindicalización van asociados a una menor desigualdad. Así que hace falta más convenios y más sindicalización.
No es fácil en un contexto de externalización de servicios y de auge de plataformas digitales.
Supongo que es regulable que el convenio se extienda allí donde se externaliza un servicio, ¿no? Se ha visto en empresas de servicios financieros. Se han producido externalizaciones de actividad a sociedades que son en un 100% de la matriz y cuya facturación viene de la matriz en un 70%. Las condiciones laborales deberían ser las mismas.
La externalización reduce costes.
Una razón puede ser reducir costes, pero también para ganar flexibilidad, o intentar diversificar progresivamente la cartera de clientes. Pero la cuestión es que las condiciones laborales cuando se externaliza suelen ser diferentes, y que repercuten negativamente sobre salarios y sobre otras condiciones laborales.
¿Y cómo se convence a las empresas? ¿O ve necesarias sanciones por excesiva desigualdad salarial?
Idealmente, las iniciativas para reducirla deberían salir de las propias empresas. No todas las políticas se pueden hacer con sanciones e impuestos. Es urgente construir una nueva cultura. En este sentido, el esfuerzo que la Fundación Catalunya Europa ha realizado para incorporar a empresarios en los debates sobre la desigualdad es innovador. Los académicos podemos decir muchas cosas, pero es poco frecuente poder hablar con empresarios, que tienen sus preocupaciones y decisiones que tomar. En nuestro país los niveles de confianza, tanto desde instancias públicas como privadas, son bajos. Y cuando la confianza es baja, la predisposición a tener en cuenta el bien común o a tener comportamientos prosociales también es baja. Las empresas no escapan a ello. Pero creo que es legítimo pedir a las empresas que se impliquen en el combate contra la desigualdad y que piensen más allá de la obtención de beneficios. Su implicación es crucial.
Sin forzar cambios se ha visto lo lento que se avanza en igualdad de género.
Experimentar los efectos del cambio ayuda. En el momento en que personas que ni se habían planteado que profesionales mujeres entraran en el consejo o la dirección se dan cuenta de que estas aportan ventajas e inconvenientes igual que los hombres, la situación se normaliza. La clave para lograr un comportamiento prosocial de la empresa es un cambio de cultura. Al empresariado debería importarle reducir la desigualdad.
¿Por qué, implicación social aparte?
Incluso pensando en ellas mismas, hay argumentos por los que las empresas deberían controlar las disparidades salariales. Primero, porque la desigualdad incide negativamente en el crecimiento. Y, además, a las empresas les debería importar, y cada vez más, tener mano de obra cualificada. Necesitan capital humano educado y formado. Y en una sociedad muy desigual es más difícil realizar una inversión educativa en personas con potencial pero criada en entornos menos favorecidos. Por otra parte, en las sociedades con menos desigualdad, hay menos conflicto y hay mejor base para un buen crecimiento. Las relaciones laborales son mejores, la fuerza trabajadora se siente más identificada con el proyecto. Eso lleva a que los resultados de las empresas sean más elevados.
En las cotizadas, con muchos beneficios, hay diferencias salariales increíbles.
Hay evidencia de que cuando las diferencias salariales son menores, los resultados son mejores. No significa que sea algo automático. Pero hay estudios en Estados Unidos que así lo demuestran, y seguramente en la muestra hay muchas tipologías de empresa.
En Japón existe un límite considerado injusto, en materia de desigualdad salarial.
Sí, mientras que a un alto ejecutivo en Estados Unidos, donde se tiende a pensar que si uno es pobre es que es un vago, eso no le parece normal. No se pueden simplemente aprobar medidas forzosas sin un cambio de cultura. En Suiza, se realizó un referéndum en el que se planteó poner topes a los salarios de altos ejecutivos, y salió que no. Pero le aseguro que no está nada claro que los salarios desorbitantes de los grandes ejecutivos tengan relación con la incidencia de su trabajo en el resultado de la empresa. Es discutible que los ejecutivos lo merezcan y seguramente ellos lo saben. Y, sin embargo, socialmente se tiende a aceptar que de algún modo lo merecen. Cuando todo el mundo tenga la sensación de que estas diferencias son insultantes podremos implementar límites a lo que se cobra.
SACAR REDITO DEL COMBATE CONTRA LA DESIGUALDAD: Ramos sostiene que, con menor desigualdad, las empresas tienen acceso a capital humano mejor formado, logran mejores relaciones laborales y obtienen mejores resultados. FOTO: A. T.
ACEPTACIÓN SOCIAL
“Las desigualdades se perciben como justas o injustas”
¿Cree que hay desigualdades justas?
Más que justas o injustas, hay desigualdades que se perciben como justas o injustas. Depende de su origen, de quién lee la realidad y de aspectos socioculturales. En el entorno de la salud, por ejemplo, se acepta que hay hábitos saludables como la dieta, no fumar o el ejercicio que favorecen la salud. Aunque haya factores que influyan en la decisión sobre si fumar o no, como el hecho de que si tu padre fuma tienes más probabilidades de hacerlo, se acepta que tienes cierto margen de responsabilidad. Pero hay elementos externos sobre los que no tienes ningún poder de decisión, que no controlas,
como quiénes son tus padres, dónde has nacido, si eres hombre o mujer o cuál es tu etnia. Si hay disparidades por estas causas, la mayoría de la gente está de acuerdo en que haya políticas para compensarlas.
¿Y en el trabajo?
En el trabajo es más difícil lograr la unanimidad sobre qué es responsabilidad del individuo y qué no y si debe compensarse. Socialmente se puede entender que si te esfuerzas más en el trabajo cobres más, pero no hay un consenso. Y podríamos relacionar la actitud con las circunstancias. Hay entornos socioculturales y familiares que transmiten que el esfuerzo es un valor, y otros no...
La diferencia se plantea como incentivo.
El programa neoliberal entiende las desigualdades como argumento para motivar a la gente: si a todos les das lo mismo no sacas lo mejor de cada uno. Sin embargo, éste no es el único argumento. Cuando los trabajadores perciben las diferencias salariales como injustas, su compromiso disminuye y tampoco rinden tanto como pudieran.
SALARIO MÍNIMO
“El Banco de España no tiene objetivos redistributivos”
¿Qué opina sobre la reacción del Banco de España con relación a los efectos de la última subida del salario mínimo?
No entiendo su reacción, pero, si lo pienso bien, el Banco de España actúa con unos objetivos determinados. Lo que le interesa es la eficiencia, no piensa en objetivos redistributivos. Hay académicos buenísimos que han estudiado los efectos sobre el empleo de los incrementos del salario mínimo. Como mucho y según sean los incrementos, los efectos son reducidos en la destrucción de empleo y afectarían a ciertos grupos poblacionales como los jóvenes. Es cierto que existen discusiones entre economistas sobre las circunstancias y las condiciones en que sucede una cosa o la contraria. Sabemos que en ciertas circunstancias puede ser muy eficiente subir el salario mínimo.
¿En qué circunstancias?
Cuando hay empresas que tienen poder de mercado y lo pueden ejercer. Entonces el SMI puede servir para reducir el poder de estas empresas en el mercado de trabajo. Lo que quiero decir es que el argumento clásico es que el empleo se reduce. Pero la evidencia dice que depende de cuándo, cuánto, cómo… Y aun así, los resultados no son tan distintos. Si hay efectos negativos, son reducidos.
