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“Nuestro gasto en infancia es ridículo”

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Mayo 2019 / 69

Pau Marí-Klose

Ex Alto Comisionado para la Pobreza Infantil

El sociólogo cree que no estamos lejos de una renta básica para la infancia

“Nuestro gasto en infancia es ridículo”

Durante medio año, Pau Marí-Klose (Santa Eulalia del Río, Ibiza, 1972), ha desempeñado la tarea de Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. Es el tiempo que va desde que  María Luisa Carcedo se convirtió en ministra de Sanidad de Pedro Sánchez hasta su propia bajada a la arena electoral del pasado 28A, por el PSOE, en Zaragoza. Marí-Klose forma parte de un grupo de académicos que llevaba tiempo estudiando la pobreza infantil. Poco antes de la moción de censura contra Mariano Rajoy, planificaba políticas para los socialistas sin saber que en breve tendría la oportunidad de intentar aplicarlas. Esta entrevista se realizó en Barcelona estando aún en el cargo. 

FOTO: A.T.

 

¿Cómo ha evolucionado la pobreza infantil durante la recuperación económica?

Se ha reducido de forma marginal. En España llegamos a registrar una pobreza infantil del 30%. Ahora estamos en el 28,3%. Llegamos a tener 160.000 hogares con niños y sin ingresos. Ahora tenemos 140.000. Son todavía muchísimos más que los que había al principio de la crisis, no más de 68.000, y eso que la pobreza infantil ya era muy elevada antes de la crisis. No estábamos bien. La primera vez que señalamos que la pobreza tiene rostro de niño fue en un informe de la inclusión social de 2008, con datos de 2006. La situación anómala de España ya entonces se denunciaba desde distintos organismos internacionales.

¿Por qué hay más pobreza infantil aquí?

Tiene que ver con un mercado de trabajo disfuncional en muchos sentidos, que genera pocos derechos sociales. Tiene que ver con la lagunas de protección social en capítulos clave como la protección a la familia y a la infancia, y con una escasa protección social para colectivos en riesgo o situación de exclusión. Tiene que ver con los problemas del coste y la inadecuación de la vivienda, que repercute sobre todo en familias jóvenes, que se ven obligadas a destinar buena parte de sus recursos a costearse un piso en detrimento de otras prioridades de gasto y de consumo.

Entonces no es solo cuestión de dinero.

No es una cuestión solo de dinero pero, en un país como el nuestro, que gasta poquísimo en capítulos clave para luchar contra la pobreza infantil, acaba siendo fundamentalmente de dinero. Le comentaba que gastamos muy poco en familias y en infancia. En particular, por lo que respecta a las políticas de atención a la infancia vulnerable, gastamos prácticamente la mitad que la media europea. Si comparamos las transferencias específicas, como las  prestaciones con hijo a cargo, gastamos una cantidad ridícula. Países con un nivel de renta similar al nuestro gastan más. Es una asignación rudimentaria que no tiene ningún impacto contra la pobreza infantil. Hablamos de 291 euros.  

Han podido subir esta cuantía.

La hemos incrementado para duplicarla para los colectivos más vulnerables. Pero fíjese que supone un 2% de los ingresos de la franja más pobre de familias, del 20% de familias más pobres, cuando en otros países llega a equivaler a un 20% de sus ingresos. Pese a duplicar la cuantía, sigue siendo muy poco. Siempre decimos que es el inicio de un despliegue de una política más ambiciosa. Sí, hay un problema de dinero. Es también mejorable la cantidad de recursos que se destinan a la escuela infantil. Y son mejorables las políticas de atención a los estudiantes con problemas de aprendizaje, que a menudo vienen de zonas desfavorecidas. Sin embargo, también hay un problema de foco. La pobreza infantil no se combate solo con políticas de pobreza infantil, sino con políticas contra la pobreza en general y contra la desigualdad. Empieza con una buena política en favor de salarios dignos y contra la precariedad laboral. La mayoría de niños pobres provienen de hogares con baja intensidad de empleo. 

Que no están necesariamente en paro.

En una foto fija, se ve un hogar vulnerable en paro, pero en ese hogar en paro se ha trabajado en algún momento durante el año, aunque poco, y se han generado pocos derechos sociales. Quizá ha trabajado un solo progenitor durante unos meses, o dos, pero con autoempleos, con contratos por obra y servicios, o en la economía informal... Y no se ha podido generar ahorro para periodos de precariedad. La vulnerabilidad laboral se traduce en vulnerabilidad económica y en falta de derechos sociales. No se han acumulado cotizaciones durante años, que son requisito para una prestación contributiva. Hoy, la distinción entre paro y empleo es falsa. Para entender la pobreza hay que hablar de baja intensidad de empleo, no de paro. 

Tendemos a confundir la pobreza con la imagen de una persona sin techo.

Es una imagen contaminada por los estereotipos de la pobreza del tercer mundo: gente enferma que viste harapos. En el primer mundo la pobreza significa sobre todo quedar atrás en términos de oportunidades que ofrece la sociedad. Es tener desventajas importantes para realizar actividades consideradas necesarias, propicias para el desarrollo de las facultades y la personalidad. 

¿Quién es?

Pau Marí Klose (Ibiza, 1972) es un reconocido sociólogo experto en pobreza infantil. Ha sido profesor en la Universidad de Barcelona e investigador posdoctoral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido responsable científico del Instituto de Infancia y Mundo Urbano y dirigió los Informes de Inclusión Social en España, de La Caixa. Dio clases en la Universidad de Zaragoza hasta el verano pasado. Con el cambio de Gobierno, fue nombrado alto comisionado contra la pobreza infantil tras ser número dos. Cesó al concurrir el 28A por el PSOE en Zaragoza.

 

Pero habrá pobreza más o menos grave.

Si hablamos de pobreza severa, hablamos de casi 700.000 niños. Si hablamos de pobreza moderada, hablamos de dos millones. La pobreza infantil trasciende con mucho los hogares sin ingresos, que en España suman 580.000 y de los cuales solo en 140.000 hay niños.

¿Se conoce bien el alcance real del problema? A veces se critica la pobreza relativa, porque si la sociedad en su conjunto se empobrece, ¿no queda camuflada?

En su día, en España calculamos una medida de la pobreza infantil absoluta que se basaba en el dinero necesario para costear bienes muy básicos, como la vivienda, la calefacción, la ropa y la alimentación. Y si medimos eso, la pobreza infantil afecta a esos 700.000 niños que le decía, que representan el 8% de toda la población infantil y que viven en hogares que no tienen ingresos suficientes para pagar lo que un hogar de clase media se gasta únicamente en alimentación, vivienda y electricidad. Eso sería una medida de pobreza absoluta… Pues esa cifra es muy similar a la medida de pobreza relativa. Una de las medidas de pobreza relativa captura los hogares con ingresos inferiores al 25% de un hogar situado en la mediana de ingresos [lo que equivale a un 25% de los ingresos que percibe un hogar ubicado en el punto que divide a la población en dos tramos iguales según renta]. Estar por debajo del 25% de ese ingreso sería considerado estar en pobreza severa. Y es una medida relativa que coincide muy bien con la medida de pobreza absoluta, porque se traduce en torno a 700.000 niños. Nosotros hemos puesto el foco en los 700.000 niños en pobreza severa, en ese 25%. Es a esos niños a quienes hemos duplicado la prestación por hijo a cargo. Pero sabemos que hay más niños que necesitan ayuda, que están en desventaja. Hay que seguir insistiendo, aunque somos un país con una capacidad muy baja de reducir la pobreza infantil a través de transferencias monetarias públicas.

¿Por qué?

Porque muchos de esos hogares no tienen derecho a una prestación contributiva por desempleo. Pueden depender de una renta mínima autonómica, de 400 o hasta de 600 euros al mes. E intentar reducir la pobreza de los hogares con ingresos de 400 euros al mes es muy difícil. Puedes tal vez sacar a un hogar de ese 25% de hogares en pobreza severa, pero difícilmente logras sacarlo de la situación de pobreza moderada [el umbral del 60% de la mediana de ingresos]. Y, además, buena parte de la población pobre no está cubierta por estas ayudas. Mire el caso de Cataluña, donde existe una renta garantizada de ciudadanía que se anunció como medida importantísima para aliviar la pobreza. De la población en situación de poder pedirla, la ha pedido la mitad, y de esa mitad, la percibe una cuarta parte.

¿Y eso sucede en todas las autonomías?

En la mayor parte de comunidades autónomas, el nivel de cobertura de las rentas mínimas es bajísimo, con la excepción del País Vasco, Navarra, Asturias y, quizá, Aragón, donde ha mejorado bastante.

“Para entender la pobreza hay que hablar de baja intensidad de empleo, no de paro”

“La pobreza no es gente enferma con harapos, es no tener oportunidades”

Entonces, con este mercado laboral y los problemas de empleabilidad, ¿hasta qué punto tiene sentido condicionar las rentas mínimas a buscar empleo? 

Participar en el mercado de trabajo es una vía de normalización y de inclusión social para la inmensa mayoría de los perceptores de rentas mínimas. La mayoría de ellos son personas que han trabajado y que pueden volver a trabajar si se los empodera con formación y reciclaje de competencias. Otra cosa es que las políticas de activación funcionen bien, que no es el caso. Pero seguramente el condicionante de buscar empleo no tiene sentido en todos los casos. Hay perceptores muy poco empleables, llevan muchos años fuera del mercado de trabajo formal, y debemos garantizarles una protección mínima. El drama es lograr que la ciudadanía entienda que no todo el mundo está en disposición de trabajar.  

¿Pero defiende la renta básica universal?

Puede llegar a tener sentido, pero exige cambios de calado enorme, como en el sistema fiscal, que requerirían grandes consensos. Los veo imposibles de un día para otro. Puede plantearse de forma incremental, garantizando como primer paso un mínimo de ingresos a las personas menos empleables. Hay que evitar las trampas de pobreza y el desincentivo al trabajo en colectivos empleables que, a pesar de todo, pueden obtener ingresos en empleos más precarios. Otra vía sería abordar una renta universal de infancia. 

¿Existe ya en otros países? 

Sí, por ejemplo en Alemania, donde las familias reciben el dinero de los niños o kindergeld. En realidad, aquí no estamos tan lejos de ella, pues una parte de hogares con niños, pertenecientes a la clase media, ya recibe beneficios de manera indirecta a través de deducciones fiscales y de mínimos exentos por el hecho de tener hijos. De facto, funciona ya como un ingreso universal no condicionado. Lo que nos falta es llevar ese reconocimiento a los  tramos de hogares con ingresos más bajos. Estos hogares no tienen beneficios fiscales por hijos porque no ingresan lo bastante para hacer la declaración de la renta, o la hacen pero no pueden deducirse nada. 

¿En qué medida es más grave la situación de niños de familias inmigrantes?

Cuando escasea el empleo, los progenitores de origen inmigrante son los primeros en quedarse sin protección social. Además, algunos grupos no tienen las redes de apoyo social, familia y amigos, que sí tienen los autóctonos. La representación de los inmigrantes entre los colectivos que reciben beneficios sociales es proporcional a su peso dentro de la población. No están desproporcionadamente representados en las prestaciones por hijo a cargo. Solo lo están ligeramente, porque son poblaciones vulnerables. Pero muchos de ellos no perciben ayudas o ni siquiera saben que tienen derecho a ellas. Quienes hacen correr que los beneficios van a parar en familias inmigrantes son malintencionados y faltan a la verdad. 

Su Gobierno no ha tenido mucho tiempo. ¿Se puede estar satisfecho con lo que ha podido hacer en su campo?

Estoy satisfecho con la acción conjunta del Gobierno, que en ocho meses ha sido hiperactivo. En conjunto es impresionante. En unos capítulos ha avanzado más y en otros, menos. Había limitaciones de tiempo. Había limitaciones presupuestarias en la medida en que nos han bloqueado el aumento del techo de gasto. Teníamos los diputados que teníamos. Y lo fundamental: salimos de años muy duros, de muchos recortes. Hay muchas necesidades en el escaparate, mucha gente reclamando que les restituyeran sus derechos sociales. En un contexto de restricciones políticas, presupuestarias y de tiempo hacer frente a tantas reivindicaciones era la cuadratura del círculo. En este mar proceloso se navegó, creo, bastante bien.

¿Por qué empezaron con una medida como los campamentos de verano?

La primera decisión del Alto Comisionado fue inyectar recursos en un plan de campamentos de verano de ocio educativo y garantía alimentaria en verano, pensando en colectivos vulnerables. La literatura académica muestra que en verano las criaturas de entornos vulnerables sufren un desgaste en las competencias adquiridas durante el año académico. En los entornos acomodados, durante el verano los niños se benefician de la estimulación cognitiva, mientras los primeros ven de pronto interrumpida la alimentación equilibrada de los comedores escolares y tienen poca estimulación. Se trataba de marcar la pauta desde el primer momento.

Después llegó una medida de más calado.

Como gran objetivo queríamos mejorar las prestaciones con hijos a cargo. Había que plasmarlo en presupuestos, lo que supuso entrar en las negociaciones con Podemos. El compromiso de Pedro Sánchez fue crucial. Con tantas reivindicaciones pendientes fue una tarea ardua. 

Y luego  no hubo presupuestos.

No hubo presupuestos y fue una frustración tremenda. Afortunadamente, se había concienciado lo suficiente como para que el Gobierno impulsara un decreto ley. El camino no termina aquí. Hay que ir más allá. La verdad es que ya nos hemos metido en otras muchas trincheras. Hemos acompañando a otros ministerios para mejorar el bono energético, el bono térmico, las becas... Hemos trabajado para tener instrumentos de análisis como un barómetro social del CIS. Hemos trabajado con el INE y la Agencia Tributaria en un mapa territorializado de pobreza infantil que nos ayude a orientar acciones. Y hemos trabajado para forjar una alianza con el sector privado y el tercer sector. Todo eso luce menos por ahora, pero puede llegar a ser muy importante.

 

INMIGRACIÓN Y MENORES

“Algunos agitan el avispero”

 

Tras los ataques a centros de menores refugiados, ¿cómo garantizar mecanismos de apaciguamiento e integración?

Debemos revisar los protocolos de reconocimiento de estos niños para que sean protocolos de integración. Es cierto que, como país, no estábamos preparados: no existían los recursos para hacer frente al tema de la inmigración y la planificación era mejorable. No lo reprocho a mi Gobierno, que llegó en junio pasado y se encontró con una llegada masiva de jóvenes. Es una competencia autonómica, pero el Estado debe implicarse y se generaron 40 millones de euros para que las autonomías hicieran frente a una situación coyuntural. Andalucía, Cataluña y País Vasco, donde está el mayor número de menores, no estaban preparadas. Es un tema de Estado y todos deben ayudar con los costes y la confianza. 

¿De confianza? ¿Qué quiere decir?

Cuando una comunidad asume a un menor no lo hace para un año, sino para varios, hasta que el menor se hace mayor. Incluso al salir de la tutela necesita recursos de acompañamiento para la inserción. Pero los compromisos presupuestarios son a un año y eso genera desconfianza respecto del Gobierno central. Además, se intentó que comunidades con pocos menores asumieran también un compromiso, pero eso solo se logró en parte.  

El clima político no parece ayudar...

Algunas opciones políticas han agitado el avispero de forma  irresponsable con la inmigración. Y los menores son una de las manifestaciones de este fenómeno. Junto con la mejorable gestión por falta de planificación, se da la tormenta perfecta para actos que no representan el sentir general. La mayoría muestra rechazo social a los brotes xenófobos. Pero hay minorías con actitudes xenófobas que a veces están latentes, que se crecen si hay opciones políticas que las agitan.

INMIGRACIÓN Y PRESTACIONES Pau Marí-Klose enfatiza que las familias inmigrantes son las primeras en perder la protección social y que no están sobrerrepresentadas entre los beneficiarios de prestaciones por hijo a cargo. FOTO: A.T.

 

LEGITIMIDAD

“Llamamientos de la OCDE y la UE son útiles”

 

¿De qué sirven los llamamientos que hacen los organismos internacionales llamando a combatir la pobreza infantil?

Para nosotros, estos llamamientos   han resultado muy útiles a la hora de redactar documentos que hacíamos circular entre ministerios, o notas para el presidente del Gobierno, mostrando que combatir la pobreza infantil no era meramente capricho de los académicos del Alto Comisionado y del tejido de entidades sociales preocupado por la infancia. Existe toda una literatura de organismos internacionales que avala estas tesis y que es consistente con las denuncias de entidades sociales con un bagaje académico muy potente. Los organismos internacionales dan una pátina de legitimidad que, bien usada, puede abrir ciertas puertas y sensibilizar ciertas almas que no se dejan impresionar fácilmente. El último informe ha sido el Semestre Europeo sobre España. 

Pero a menudo denuncian la pobreza y a la vez recomiendan medidas que pueden agravarla. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea han sido muy contradictorios, ciertamente, cuando han pedido ajustes y han reclamado a la vez el desarrollo de políticas que requieren recursos públicos. Pero aun así han puesto el foco sobre el problema y han sido útiles.