“Un puñado de grandes empresas actúa con total impunidad” // Antoni Cañete

  • Entrevista

    Antoni Cañete

    Presidente de la plataforma contra la morosidad

    El directivo de Pimec cree que la transición económica en España no ha terminado 

    “Un puñado de grandes empresas actúa con total impunidad”

    La prensa la bautizó como la manifestación de las corbatas. Corría el año 2009, primer punto álgido de la crisis en España, y miles de pequeños empresarios y de autónomos se plantaron en el Congreso de los Diputados para contar a los grupos políticos que las pymes estaban cayendo como moscas, y no sólo porque vendieran menos. Se ahogaban sin financiación; en parte, debido a los problemas de la banca; pero en parte, también, por un fenómeno incómodo de denunciar: los clientes para quienes trabajan,  y especialmente los grandes del Ibex, les pagan con retrasos olímpicos. Antoni Cañete dirige la cruzada contra la morosidad desde la plataforma que con este nombre se constituyó poco después para cambiar las leyes. Lo lograron formalmente. Pero la impunidad, asegura, permanece intacta, debido a la connivencia con el poder legislativo.
     

    FOTO: ANDREA BOSCH

    ¿Cuántas empresas han desaparecido en España porque sus clientes no les han pagado a tiempo?

    Si comparamos datos de cierres de empresas de antes y después de la crisis, se constata un aumento significativo de cierres, y ese aumento tiene que ver con la financiación. Un tercio de las empresas que han cerrado en España desde 2007 lo han hecho directa o indirectamente por culpa de la morosidad. Para una empresa, la financiación es oxígeno y sin oxígeno no puede continuar adelante, por bueno que sea el producto que le dé de comer. 

    ¡La famosa falta de crédito!

    Y más cosas. Antes de la crisis, imaginemos que tres entidades financieras distintas le dieran a una empresa una línea de descuento de 100.000 euros cada una. Con la concentración de entidades financieras, no es que la entidad resultante haya pasado a dar una línea de descuento de 300.000 euros, sino una sola de 100.000. 

    ¿Entonces las fusiones de cajas han contribuido al cierre de pymes?

    El acceso de las empresas a la financiación ha quedado muy reducido con la concentración bancaria, y ha provocado dificultades de continuidad a muchas empresas. Las han condicionado.

    ¿Y las empresas no tienen responsabilidad?

    Es cierto que no teníamos una cultura de buena capitalización de las empresas. Costaba más capitalizarlas que repartir dividendos. Hace una década, el 25% de las pymes catalanas, que son las que analizábamos desde la patronal Pimec [de la que Cañete es también secretario general], estaba en niveles de endeudamiento del 90%. Veníamos de una cultura del “apaláncate”, del “endéudate”. Había acceso a la financiación fácil y barata. Este hecho, sumado a los cambios que implicaba la concentración bancaria, con el consiguiente recorte de líneas de descuento, era un semáforo rojo que alertaba de lo que se nos venía encima. 

    Y entonces asaltaron el Congreso.

    El 29 de marzo de 2009, por primera vez, los empresarios nos rebelamos, porque vimos que con el euro no había devaluación posible y necesitábamos políticas distintas de las de los años noventa. En su momento propusimos 44 medidas, pero no podíamos batallar por todas a la vez y nos centramos en un tema fundamental, el que se había convertido en primera causa de mortalidad de pymes, que constituyen el 99% del tejido empresarial español: los problemas de liquidez, y en particular, los debidos a los retrasos en los pagos. 

    ¿Quién es?

    Antoni Cañete (Barcelona, 1963) lleva más de una década defendiendo los intereses de pymes y autónomos, desde la cúpula de la patronal Pimec y, desde hace seis, la presidencia de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Ha sido profesor del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona (UB), la Autónoma (UAB) y la Politécnica de Catalunya (UPC). Su actividad institucional ha pasado por la Fundació Bosch i Gimpera y la Cámara de Comercio de Barcelona. También ha dirigido el consorcio COFME, de empresas de material eléctrico. FOTO: ANDREA BOSCH

     

    Entonces venimos claramente de un problema previo a la crisis.

    El retraso a la hora de cobrar era un problema latente que teníamos antes de la crisis al que no dimos importancia. Con la crisis, estalló. Antes, cuando te pagaban tarde, ibas al banco y éste te prestaba dinero y a un interés bajo. Con la crisis, éste deja de financiarte, o si lo hacía, era a un interés tan alto que llegaba a hacer peligrar la continuidad de la empresa.

    ¿Y eso no es un problema común a todas las empresas, grandes o pequeñas?

    Sí, pero cuando empiezan a surgir los problemas para financiarse, la vía que se sigue es retrasar los pagos a proveedores, y en esta cadena, el autónomo y la pyme son los más afectados.

    ¿Por qué cree que ya éramos malos pagadores?

    Salir de una dictadura y adoptar la democracia requiere una transición. Los pactos de La Moncloa sirvieron de pilares para la transformación de nuestra sociedad. Por una parte, hacían falta partidos políticos para poder gobernar esta transición, y por la otra, hacía falta diálogo social, que trabajadores y empresarios formularan la transición social con paz y diálogo. Piense que los sindicatos venían de una etapa de gran movilización. Estaban fuertes y bien estructurados. La CEOE se creó como contraparte de los empresarios muy fuerte y firme, muy monobloque para la interlocución con UGT y CC OO. La transición en el caso del poder económico no se ha producido democráticamente hablando. 

    ¿Qué quiere decir exactamente?

    Pues que existe connivencia entre el poder legislativo y un poder económico muy minoritario, pequeño, los intereses económicos de unos cuantos, de un puñado. Esa connivencia se ve en leyes y en dinámicas que hacen que hoy la transición en el mundo económico no se haya completado.

    Es una afirmación de peso. ¿En qué se basa para afirmarlo?

    Por ejemplo, en el hecho de que España tenga empresas de dimensiones enormes, entre las mayores del mundo en sus sectores, como ACS o el Santander... Y que conste que es bueno que existan grandes, porque funcionan como líderes, como tractores. Pero curiosamente, a la vez, si se compara la dimensión media de las empresas españolas con la de los países de nuestro entorno, es muy inferior. Una empresa española tiene 4 o 5 trabajadores. Una alemana, 11. Una francesa, 9. Algo ocurre. ¿Por qué esta asimetría?

    ¿Por qué?

    Tiene que ver con la connivencia de la que le hablaba. Que un director de la Oficina Económica de La Moncloa pasase a presidir la patronal de las constructoras SEOPAN [David Taguas], un sector con tanta contratación pública, lo ilustra. Y fíjese: en 1995 se empezaron a regular los pagos, con una ley del comercio minorista que decía cómo pagar los productos frescos perecederos, a 30 y a 60 días. En el último segundo, antes de la aprobación de la ley se cambió que los plazos se pudieran ampliar a 90 días si se pagaban intereses compensatorios. Algunos saben muy bien dónde poner las comas para salir beneficiados. 

    ¿No se compensaron los intereses?

    ¡En la práctica, lo que se dio fue un modus operandi según el cual si se pagaba al proveedor dentro de lo que decía la ley, se aplicaba un descuento del 2% y hasta del 3%! Bruselas elaboró una directiva para enmarcar las cosas. Fue en 2000 y España no la traspuso hasta 2004, dos años más tarde del plazo en que debía hacerlo. Además, fue una inocentada, porque introdujo el concepto de “acuerdo entre las partes”, y claro, ¿quién se puede meter con un acuerdo privado entre las partes para pagar y cobrar más tarde? Como si las partes fueran iguales. La igualdad entre desiguales es mentira, es una perversión, no existe. Si yo soy ACS y tú eres un contratista pequeño y te digo que pagaré a 400 días tú no tienes capacidad negociadora. El “pacto entre las partes” es la imposición del grande respecto del pequeño. 

    ¿Entonces pagar a 400 días pasó a ser legal?

    Exactamente. En España, pagar a 400 días pasó a ser legal gracias al “pacto entre las partes”, que permitía pagar más tarde de los plazos recomendados. Así que España se convirtió en el país con plazos de pago más largos de toda la Unión Europea: 168 días en el sector público y más de un centenar en el privado. Claro, cuando llegó la crisis, estalló el problema porque la falta de financiación provocó falta de liquidez y muchas empresas debieron cerrar. 

    “Quien reclame un pago sabe que el cliente no le volverá a llamar; hacen falta sanciones”

    “Hay connivencia entre el poder legislativo y los intereses de unos cuantos”

    Pero han logrado cambiar la ley, ¿no?

    La plataforma contra la morosidad consiguió que todo el Congreso, en bloque, entiendiera la importancia de los pagos a tiempo y que la ley cambiara. La nueva ley, de 2010, eliminó el “pacto entre las partes”, marcó que se debe pagar dentro de unos plazos [tras un período transitorio, 30 días el sector público y 60 como máximo en el caso del privado] y determinó unos intereses de demora. Por fin se marcó el terreno de juego. Ese cambio quedó refrendado en una nueva directiva europea, que España adaptó en 2013.
     
    ¡Pero las pymes siguen cobrando tarde!

    En efecto, los empresarios siguen cobrando tarde, fuera de lo que marca la ley. La diferencia, y no es pequeña, es que antes de 2010 era legal y hoy, no. 

    No sirve de mucho... salvo que una empresa denuncie a su cliente moroso.

    Quien reclame por el retraso de un pago sabe que el cliente no le volverá a llamar. Eso frena las reclamaciones. Por eso es del todo necesario un régimen sancionador, que la ley no estableció. Había un compromiso de estudiarlo más adelante, pero no se ha hecho. Creemos que es un debate que trasciende los temas de contabilidad y los pagos. Es la esencia de la competitividad y la viabilidad de las empresas. Si una empresa de aquí factura 10 millones de euros al año y cobra a 180 días y otra francesa factura lo mismo, pero cobra a 42 días, la financiación que necesitan ambas es del todo distinta. La francesa necesita un millón de euros. La española, cuatro millones, con sus correspondientes intereses, que se comen el margen. ¿Qué empresa será más viable y competitiva? Un país que paga bien es un país más viable. 

    ¿A cuánto pagan hoy las empresas?

    Hoy, en España, si trabajas con grandes empresas, la media es de 97 días en el ámbito privado. Y en el público, 85. Los planes de pagos a proveedores han surtido efecto. Aunque permanezca lejos de los 30 días que marca la ley, por primera vez el sector público paga mejor que el privado. El plan de pagos a los proveedores del Gobierno ha surtido efecto. ¡Pero hay empresas del Ibex que pagan a 200 y 300 días! En Francia se sorprenden cuando les decimos que aquí se puede cobrar a 200 días. En Francia tienen un observatorio de la morosidad, un régimen sancionador disuasorio y un mediador que les ayuda a resolver casos...  

    A priori, si uno no paga o paga tarde es porque no puede pagar. Ustedes denuncian que no es así.

    No, no. El retraso en los pagos se ha incorporado como mecanismo de financiación. Tomando datos de la CNMV sobre los pagos de las empresas cotizadas sacamos resultados brutales: hay facturas por valor de 66.000 millones de euros... eso equivale a una vez y media lo que necesitó el rescate del sector financiero. Significa que se está pagando fuera de lo que dictan la ley española y la directiva europea. De los 66.000 millones, las empresas del Íbex  suman 57.000 millones. 

    ¿Y nadie hace nada?

    Nada. Preguntamos al Banco de España a cuánto se financian esas empresas y nos dicen que al 1%. Entonces, ¿cuánto dinero se están ahorrando las empresas cotizadas en intereses de demora por pagar tarde a pymes y autónomos? ¡3.377 millones de euros de ahorro netos! De los que 2.800 millones corresponden a empresas del Ibex 35. Hay un puñado de grandes empresas que actúan con total impunidad y hacen que esa impunidad se traduzca en grandes beneficios, y ni pagan intereses de demora. Han empezado a salir sentencias, y ganamos siempre. 

    ¿Ha sufrido presiones en esta cruzada?

    Nos decían que nunca nos atreveríamos a poner nombre y apellido a quienes pagan tarde. Pero lo hemos hecho. Con los datos de la CNMV y en especial los de las constructoras, hablamos con el catedrático y ex consejero de la CNMV Oriol Amat, que los validó. Escribimos a las constructoras diciendo que estamos haciendo un estudio con sus propios datos, por si querían decir si hacían algo para subsanarlo. No contestaron. Así que fuimos al Congreso y ante todos los partidos presentamos lo que nos decían que no seríamos capaces de hacer. Dijimos que pagan hasta más del triple de tarde de lo que marca la ley. Hay pagos a 188 días, a 426, a 535. Y eso a pesar de que están mejorando su plazo de cobro [de 89 a 87 días]. Según el subsecretario de Estado, las obras que paga el Estado las paga a 27 días. La Administración ha mejorado sus pagos y las constructoras quintuplican sus beneficios. SEOPAN  [patronal de las constructoras]me amenazó como presidente de la plataforma y secretario general de Pimec. Dijo que nuestras manifestaciones alteran el valor de sus empresas en Bolsa y que me atuviera a las consecuencias. 

    PRESIONES Cañete, con su denuncia de los pagos de las constructoras, recibió la advertencia de que se atuviera a las consecuencias, porque sus declaraciones podían alterar el valor de las empresas en Bolsa.  FOTO: A. BOSCH

    ¿Hay relación entre morosidad y corrupción? 

    En la obra pública, en las compras públicas, siempre hay movimientos. Sabemos que las constructoras llegaron a ofrecer dinero para que los diputados no sacaran de la ley la posibilidad de “un pacto entre las partes”. Hay muchos intereses, y no hay voluntad de resolver la impunidad debido a la mezcla de intereses legislativos y económicos. Al menos, vemos una causa y un efecto. Una gran empresa te puede pedir incluso que le envíes una carta pidiéndole que le pagues a 300 días, si no quieres dejar de trabajar con ella. Es es un modelo permitido de corrupción.

     

    INTERESES

    “El ‘confirming’ es el chollo de los grandes”

    ¿El Gobierno defiende a las pymes?
     

    España no tiene una organización que defienda los intereses del 99% de las empresas, el 75% del empleo y el 60% del PIB español: las pymes. Las grandes empresas se reúnen en el Consejo de Competitividad y dicen que las pequeñas debemos crecer. ¿Cómo podemos crecer si nos pagan a 200 o a 300 días? ¿Cómo podemos crecer si pagamos la electricidad más cara de Europa? ¿Por qué la fiscalidad de la pyme es de entre el 14% y el 17% y la de las grandes empresas, del 8%?

    El presidente de la CEOE dijo que si había abusos, debían sancionarse.

    Sólo fue un comentario. Denunciamos la situación y hubo una reacción de que esto no puede ser. Este país ha inventado el submarino, el helicóptero y el confirming.

    Pero el confirming permite ir a cobrar al banco aunque el cliente pague tarde.

    Si cobras a 400 días, mañana puedes cobrar en el banco gracias al confirming... si renuncias a los intereses. Ocurre lo mismo con el plan de proveedores. Si te acoges a él, debes renunciar a los intereses, cuando la directiva europea dice que es abusivo hacer renunciar a ellos. [La abogada  general del Tribunal de Justicia de la UE, Eleanor Sharpston, concluyó que las administraciones públicas no tienen que devolver los intereses de demora a los proveedores que se acogieron al plan para cobrar las facturas adeudadas por las administraciones. La  plataforma lamentó la decisión, que no es vinculante]. Pero eso no es lo peor. Cuando lo pones en tu balance, no va a deuda financiera, sino a la partida de deuda a proveedores. El confirming es el chollo de los grandes, que tienen un volumen importante de deuda de este tipo. Y no se puede mezclar de ninguna manera los plazos de pago con los medios de pago. Que paguen con lo que quieran dentro de los 60 días, pero que no alarguen el plazo de pago con un producto de pago. Es una perversión. 

     

    GOBIERNO Y RIESGO

    “Hay vida más allá de la banca”

    ¿Hasta qué punto ha mejorado la financiación a las pymes y a los autónomos?

    Es cierto que hay una recuperación, pero el recorrido que queda por hacer es enorme. La realidad es que hoy existe una cantidad de recursos económicos como nunca había habido, pero que las condiciones para acceder al crédito son de AAA, es decir, condiciones que sólo puede cumplir el que no necesita crédito. El crédito de riesgo, de apuesta... es difícil. Además, las entidades financieras viven un efecto péndulo. Ni como antes ni como ahora.

    ¿El crowdlending es menos estricto con las condiciones para obtener financiación de múltiples inversores?

    Estamos a favor de potenciar todas las alternativas de financiación, incluidos el crowdlending o el crowdfunding, las salidas al Mercado Alternativo Bursátil (MAB)... Entendemos que existe una cultura empresarial en la que la financiación la provee el sistema bancario, pero hay vida más allá de la banca. No hay una eclosión del crowdlending, pero gana confianza. Las condiciones pueden ser inferiores porque el riesgo está más diversificado. También suele tener intereses más altos. Suele ir todo junto.

    ¿Teme el vacío político, el no gobierno?

    Las grandes empresas están más condicionadas. Las pymes y los empresarios nos lo empezamos a mirar desde la barrera. No dejamos de hacer cosas.

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