Francia: asilo y vergüenza

Vergüenza: El pasado otoño, el Gobierno francés renunció a proponer una nueva ley sobre la inmigración, una vez que Emmanuel Macron puso de nuevo el tema sobre el tapete. Pero, dejando a un lado el marco legislativo, ya endurecido en 2018, ese mismo Gobierno tolera —por no decir anima— un modo de actuar que es un insulto a los derechos humanos fundamentales. Varias asociaciones (Amnesty, Cimade, Secours Catholique, Médicos sin Fronteras y Médicos del Mundo) hicieron a primeros de noviembre un llamamiento para que una comisión de investigación parlamentaria examine el modo en que son tratadas las personas migrantes y refugiadas.

De Grande-Synthe a Menton, pasando por el valle de la Roya y por Hendaya, las fuerzas policiales destruyen cotidianamente sus refugios improvisados; no tienen garantizado ningún dispositivo sanitario y social mínimo; los menores aislados no gozan de ninguna protección, y, lo que es peor, las personas que, por solidaridad, intentan aportarles una mínima ayuda, sufren un acoso constante. Es decir, se pone toda una serie de obstáculos a la demanda de asilo. Christophe Castaner, el ministro del Interior, se niega a todo diálogo con las asociaciones. Y esta lógica no se limita a los nuevos entrantes. Un ejemplo: las citas para renovar un permiso de residencia —que cuesta 269 euros— deben cogerse por Internet. La web está totalmente saturada, lo que aplaza aún más la fecha de que examinen de la demanda. Por eso, basta con que falte un papel para que las personas no puedan renovar su permiso antes de que expire el permiso precedente con el consiguiente pago de una multa. Este modo de actuar que es una vergüenza para Francia.

‘Green New Deal’: Ursula von der Leyen, la nueva presidenta de la Comisión Europea, prometió en su discurso de investidura que los retos ecológicos se situarían en el centro de su actuación. Las instituciones europeas deberían, pues, actuar para que nuestro modelo sea más sostenible a la vez que estimulan la actividad. Falta por ver en qué se traducirá esta promesa. ¿Se reducirá a reorientar la actividad del Banco Europeo de Inversiones para verdear sus financiaciones sin que se transformen paralelamente otras políticas igualmente determinantes desde el punto de vista medioambiental? Empezando por la política agrícola común y las normas sobre las que reposa la política comercial europea, como acaba de subrayar una nota del Instituto Veblen sobre el proyecto de acuerdo UE-Mercosur…

Fractura social: Según un reciente sondeo, cerca de tres cuartas partes de los franceses consideran que la escisión derecha-izquierda, que estructura la vida política desde hace dos siglos, carece hoy de objeto. Los retos medioambientales rompen esta vieja oposición, cuestionando un productivismo defendido históricamente tanto por la derecha, en nombre de la acumulación de riqueza, como por la izquierda, en nombre del empleo y del poder adquisitivo. Philippe Lamberts, copresidente del grupo Verdes/ALE en el Parlamento europeo, ha observado, en las últimas Journées de l’Économie en Dijon, que si la ecología política es claramente de izquierda, por lo que se refiere a la lucha contra las desigualdades, la izquierda, sin embargo, está lejos de haber realizado su conversión a la ecología.

Más allá de esto, las causas del declive de la división derecha-izquierda hay que buscarlas también en la proximidad de unas políticas llevadas a cabo durante las últimas décadas por la derecha moderada y la izquierda modernista que han aumentado la fractura social enfrentando a los ganadores y los perdedores de la globalización. El campo político está, de este modo, estructurado en torno a la alternativa apertura-repliegue. Si ello conviene a una Marine Le Pen y a un Emmanuel Macron ahora a la defensiva, recordemos que, a pesar de la presión neoliberal, Francia consagra todavía un tercio de su PIB a la protección social y más de la mitad de este apartado va a gastos colectivos. En resumen, los márgenes de maniobra para llevar a cabo otras políticas siguen siendo considerables.