La guerra, un negocio privatizado

  • Bárbara Bikain

    Cada vez más gobiernos y grupos armados recurren a mercenarios para derrotar a sus enemigos. Libia se ha convertido en epicentro de una actividad que mueve un billón de euros al año.

    Descrita como “la segunda profesión más antigua del mundo”, la existencia de mercenarios es tan añeja (y tan humanamente codiciosa) como la propia guerra. Según Peter W. Singer, autor del libro Corporate Warriors, la primera constancia documental que se conserva del alquiler de soldados es una tablilla atribuida el rey sumerio Shulgi (2094-2047 a.c.), que los habría contratado para una incursión contra los elamitas. Mesnaderos también fueron la casi desconocida Guardia Negra, reclutada en Sudán y el Sahel por el emir almorávide Yusuf Ibn Tasufin, que participó en la Batalla de las Navas de Tolosa (1212). 

    Iniciado el siglo XXI, Estados Unidos trató de enmascarar esta secular práctica bajo el eufemismo “contratistas” y la perfeccionó hasta transformarla en un lucrativo y controvertido negocio global que dos décadas después mueve cerca de un billón de euros. Según un informe oficial del Congreso norteamericano, en 2017 la Administración de Donald Trump firmó contratos por valor de 330.000 millones con empresas como Academi (antes Blackwater) para "proyectos de seguridad" en países como Irak, Siria y Afganistán. En la misma línea, Reino Unido cuadriplicó el presupuesto destinado a Compañías Privadas de Seguridad Militar (PSMC) entre 2008 y 2012, periodo en el que se disparó el negocio a nivel planetario. De acuerdo con la ONG War on Want, el pasado año la británica G4S (la mayor empresa mundial del ramo) facturó más de 500 millones de euros solo en África. Otros muchos Estados se han sumado a esta productiva tendencia. Rusia y Turquía han recurrido a mercenarios para sus guerras en Siria, Ucrania y Libia. Autocracias del Pérsico como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí los utilizan en Yemen. Defion Internacional, compañía con sede en Perú y oficinas en Doha y Bagdad, reparte soldados de fortuna latinoamericanos por todo el orbe. Hasta en Venezuela han desembarcado en los últimos meses unidades de combate privadas vinculadas a Moscú.

    Doble beneficio

    Los beneficios para los gobiernos de externalizar la guerra son tanto políticos como económicos. Primero porque reducen el dispendio que supone desplazar un ejército regular. Segundo, porque evita el desgaste político que producen los ataúdes envueltos en una bandera y permite eludir la asunción de responsabilidades frente a las denuncias por abusos o violaciones de los derechos humanos. Ejemplo meridiano es la guerra en Libia, el primer conflicto armado totalmente privatizado de la historia contemporánea como demuestra el informe Libya Crossroads, presentado por la ONG catalana Novact e incluido por el comité de Derechos Humanos de la ONU en su dossier para la Asamblea General. 

    500 millones de euros facturó en África la empresa armamentística G4S el año pasado

    10.000 mercenarios sirios combaten en favor del Gobierno libio reconocido  por la ONU 

    Víctima de la violencia desde que en 2011 la OTAN contribuyera a la victoria rebelde sobre la dictadura de Muamar al Gadafi, el país norteafricano es desde 2015 escenario de un conflicto fratricida que en el último año ha devenido en un pulso multinacional sin ejércitos, librado por señores de la guerra, milicias locales y PSMC extranjeras. Apoyado por Turquía, Qatar e Italia, en Trípoli se sitúa el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) impuesto por la ONU tras el fallido proceso de paz. La zona este del territorio está bajo dominio del mariscal Jalifa Hafter, tutor del Ejecutivo no reconocido y hombre fuerte del país, al que respaldan Arabia Saudí, EAU, Egipto y Francia. El polémico oficial fue el primero en recurrir a los soldados de fortuna extranjeros. Socio del Kremlin, en 2017 desembarcaron en Bengasi mercenarios de RSB Group, una empresa con amplia experiencia en el conflicto sirio y especializada en proteger instalaciones petroleras. 

    Milicias sudanesas y sirias

    Apenas un año después, milicianos del Movimiento de Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad se sumaron a su ofensiva contra el sur. Algunos de forma directa y otros a través de Black Shield, una PSMC establecida en Dubái. Según Claudia Gazzini, investigadora asociada al laboratorio Crisis Group, la empresa ofrecía sueldos de unos 500 euros al mes por servicios de seguridad, presuntamente en Emiratos. En los últimos meses también se ha detectado la presencia de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), una milicia propiedad del poderoso general Mohamed Hamdan Dagalo, Hemedti, uno de los líderes de la junta militar que gobierna en Jartum, con lazos en Moscú y grupos de oposición chadianos.

    El oligarca ruso Yevgeni Prighozin, amigo íntimo del presidente Putin, es propietario de Wagner Group, principal contratista de la guerra de Libia. Sus mercenarios cobran 4.500 euros al mes.

    El principal contrato, sin embargo, lo ganó la nebulosa compañía Wagner Group, propiedad del oligarca Yevgeni Prighozin, amigo íntimo del presidente Vladimir Putin. Fundada en 2013 por Dimitry Utkin, un antiguo comandante de la fuerza especial rusa GRU, el grupo se fajó en la guerra de Dombas (Ucrania), y cobró protagonismo en Siria, donde derrotó al Estado Islámico. La primera prueba concluyente de su presencia en Libia apareció en septiembre de 2019 en el cerco a Trípoli, que contribuyó a estrechar junto con las tropas de Hafter. Según un estudio del Warsaw Institute, los mercenarios de Wagner gestionan la línea del frente y cobran unos 4.500 euros al mes, 10.000 por heridas graves y sus familias reciben discretamente hasta 40.000 en caso de muerte. Una investigación de la Agencia EFE reveló en abril que Rusia también contrató, a través de Wagner y otras PSMC afines como Schit y Moran Group, milicianos sirios progubernamentales más baratos para luchar en Libia: 1.500 euros mensuales, 4.000 por heridas y cerca de 10.000 por deceso. 

    Entrenados por Turquía

    Mercenarios sirios, pero de oposición a Bachar al Asad, integran también las unidades avanzadas del GNA que en los últimos dos meses han cambiado el curso de la guerra y hecho retroceder a las fuerzas de Hafter. Reclutadas y entrenadas por Turquía, reciben un salario similar al de sus compatriotas al otro lado, igualmente muy superior a los cerca de 1.000 euros que cobran por combatir en su propio país. Según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, más de 10.000 sirios han viajado para luchar en Libia de la mano de Ankara desde que el presidente turco Recep Tayip Erdogan decidiera intervenir en un gran negocio bélico (a los mercenarios se suman las millonarias ventas de armamento y las oportunidades de la industria para innovar) que actúa como dinamizador perenne de los propios conflictos y al que pocos gobiernos parecen dispuestos a renunciar.

     

    * Delegado de la Agencia EFE en Túnez y autor de Estado Islámico: Geopolítica del caos (Catarata).

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