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Incertidumbre: Autonomías y Ayuntamientos ya pueden regular también el servicio de las VTC, pero hasta 2022 no podrán decidir su alcance.
Los taxistas comenzaron a movilizarse en Barcelona. FOTO: ANDREA BOSCH
El conflicto entre el sector del taxi y los vehículos con conductor (VTC) —cuyas licencias utilizan plataformas como Uber y Cabify para operar en España— no ha terminado a pesar de la decisión salomónica adoptada a finales del pasado septiembre por el Gobierno para solucionar el problema.
En un real decreto ley que debía ser ratificado por el Congreso de los Diputados a finales de octubre, la nueva normativa desplaza las competencias sobre el sector VTC a comunidades autónomas y Ayuntamientos, con el argumento de que existía “una asimetría” entre dos actores que en la práctica están compitiendo en la movilidad urbana e interurbana. El real decreto, además, ofrece un periodo transitorio de cuatro años durante los que ni autonomías ni municipios...
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