Las urgencias de los ciudadanos

El aumento de las dificultades para formar un nuevo gobierno no hace más que alejar la solución de los problemas concretos que más angustian a los ciudadanos. Estas dificultades son mayores si se considera que no se trata solo de lograr los apoyos suficientes para investir a un nuevo presidente, sino de asegurar la aprobación de un nuevo presupuesto para poder gobernar. Este país no puede seguir funcionando con los Presupuestos del Estado de 2018.

Las conversaciones/negociaciones entre las fuerzas posibles están atascadas por las cuestiones estrictamente políticas, especialmente por el conflicto catalán, el más enconado y el de más difícil solución. Colocar en el núcleo de estas negociaciones los problemas urgentes que más inquietan a la población podría ser una fórmula pragmática de superar el peligroso punto muerto en que nos encontramos. El deterioro económico al que estamos asistiendo no hace más que intensificar la urgencia en alcanzar soluciones.

Un recorrido por las principales preocupaciones de los ciudadanos (paro, pensiones, pobreza, vivienda e impuestos) pone de relieve la peligrosa acumulación de riesgos que se está produciendo. Poner el foco en estos problemas puede ayudar a comprender la necesidad de unir fuerzas para elaborar una respuesta colectiva, que es la única solución posible. 

Empleo y paro. La falta de empleo sigue siendo la primera preocupación de los ciudadanos. La paulatina reducción de la actividad económica se ha traducido también en una ralentización de la disminución del desempleo. El pasado octubre el paro experimentó un aumento preocupante de 12.000 personas, en términos desestacionalizados, según Funcas, que lo calificó del peor registro desde la recuperación. Esto ocurre cuando la tasa de desempleo es del 13,9%, según la última EPA, más del doble que en la Unión Europea (6,2%). Hoy hay 3.214.400 personas desempleadas, una cifra muy lejana de los 1.769.900 parados existentes antes de la crisis en el tercer trimestre de 2006. El riesgo es evidente. Es necesario replantear las políticas activas de empleo, a las que se dedican unos 6.000 millones de euros, tras las críticas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Pensiones. Es la palabra más silenciada en las actuales negociaciones políticas. Sin embargo, es una las mayores preocupaciones de los españoles, el 21%, frente al 15% de la media europea, según el Eurobarómetro. El envejecimiento de la población está provocando debates en todos los países europeos. En nuestro país el problema se concentra en el colectivo que reciben las prestaciones más bajas. Un total de 3.178.108 personas perciben pensiones que no superan los 700 euros, el 65% son mujeres. Esta situación se produce en un sistema que registra un déficit anual de 18.000 millones de euros y que ha acumulado una deuda de 50.000 millones en tres años.

El sistema público de pensiones es perfectamente sostenible con determinadas reformas bien conocidas desde hace años pero no aplicadas. Las propuestas principales plantean elevar las aportaciones del Estado, cargar a los Presupuestos las pensiones no contributivas y las medidas de fomento del empleo y  quitar topes a las bases de cotización. Sin duda, es fundamental seguir aumentando el número de cotizantes y sus salarios. La subida del salario mínimo el  22% en 2019 ha supuesto un refuerzo significativo de los ingresos. 

La fuerte caída de los tipos de interés oficiales hasta tasas negativas ha evidenciado que las pensiones privadas no son una alternativa. En 2018 los ciudadanos que confiaron en los fondos de pensiones privados sufrieron pérdidas en sus ahorros de más del 2% en Francia; más del 3% en Italia, y más del 5% en España, según Better Finance.

Impuestos. España sigue contando con un sector público raquítico comparado con nuestros principales competidores europeos para financiar el Estado de bienestar. La mayor deficiencia procede de la falta de ingresos fiscales. El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) cifra en 75.738 millones de euros la menor recaudación de España respecto a lo que le correspondería si aplicara la presión fiscal media de la zona euro. Los técnicos de Hacienda proponen una reforma fiscal integral. Los técnicos ponen el acento en la fuerte caída de la aportación de las empresas a través del impuesto de sociedades,  que ha sufrido un desplome de 19.819 millones de euros (44%) desde los 44.823 millones recaudados en 2007. Gestha apremia a concentrar las energías en reducir la economía sumergida. Estima que si se rebaja en 10 puntos, hasta situarla en la media europea, se podrían recaudar 38.000 millones más.

Cambio climático y medio ambiente. En este campo las medidas de los Gobiernos van con mucho retraso al agravamiento del problema. El último informe de Naciones Unidas ha advertido de que el calentamiento de la tierra puede subir hasta 3,2 grados aunque se cumplan los acuerdos de París. Las consecuencias serían catastróficas. Hay que señalar que España incumple los objetivos de calidad del aire por la falta de medidas en determinadas grandes ciudades. La Comisión Europea ha llevado el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que puede dictar una multa.

La lista de tareas pendientes y urgentes es mucho más larga. Este país lleva más de cinco años sin renovar el acuerdo de financiación autonómica, que afecta directamente a los recursos de sanidad y educación. Tampoco ha sido capaz de acordar un plan de viviendas sociales para hacer frente al drama de los desahucios y a la falta de habitaciones para la población más vulnerable. Estos son los asuntos que preocupan a los ciudadanos y que deberían ocupar el grueso de las agendas del actual debate político. Nadie espera soluciones milagrosas,pero sí alternativas viables cuyos avances puedan ser verificados periódicamente. La solución de los problemas cotidianos es el mejor camino para crear un clima propicio para afrontar los asuntos políticos que parecen irresolubles.