Los deberes de la banca

  • Diciembre 2019

    Este 2020 se cumplirán 12 años de la peor crisis financiera que ha soportado este país, cuyas secuelas siguen muy presentes. Millones de ciudadanos siguen atrapados en largos y desesperantes pleitos con los bancos. Los juzgados que tramitan estos asuntos se encuentran desbordados. Las previsiones para las vistas se eternizan y en muchos casos tardarán varios años en resolverse.

    La judicialización de los conflictos ha sido la estrategia de la banca para retrasar la devolución de las cantidades reclamadas. Las cifras de los litigios son escalofriantes. Desde 2017 los juzgados especiales que examinan los asuntos relacionados con cláusulas abusivas en las hipotecas han recibido 431.920 demandas. Los tribunales han dictado 143.662 sentencias, el 96,69% de las cuales ha sido a favor de los clientes. Los asuntos pendientes de resolución ascienden a 255.247, según datos del Consejo general del Poder Judicial. 

    A pesar de este abrumador resultado de sentencias favorables a los clientes los bancos continúan acudiendo a los juzgados a sabiendas de que carecen de razón. Tratan de ganar tiempo. Esta situación no tiene parangón en ningún otro país europeo.

    El agobio por la abundancia y variedad de este tipo de litigios (ejecuciones hipotecarias, cláusulas suelo, hipotecas multidivisa, intereses abusivos, cláusula IRPH, swaps o permutas financieras, entre otros) alcanza al Tribunal Supremo. También aquí la mayoría de las sentencias han sido favorables a los clientes, en buena medida porque el Alto Tribunal español se ha visto obligado repetidamente a corregir su doctrina y aplicar la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

    Algunos productos especialmente ruinosos para las pequeñas y medianas empresas: en 2016 y 2017, la mitad de los asuntos resueltos por la sala civil del Supremo correspondían a swaps, resueltos mayoritariamente a favor de los clientes.

    Para cientos de miles de ciudadanos, los atascos judiciales constituyen un segundo suplicio tras no haber logrado el reconocimiento de sus derechos en el sistema de reclamaciones por cláusulas abusivas organizado por el Gobierno en 2017. A través de este mecanismo los bancos han recibido la impresionante cifra de 1.294.444 reclamaciones hasta el pasado septiembre. Un total de 418.617 fueron inadmitidas y 235.256 desestimadas. Buena parte de los afectados que no lograron satisfacción en sus reclamaciones acudieron después a los juzgados. Hasta el momento los bancos han estimado con acuerdo del cliente 498.917 reclamaciones, que han supuesto la devolución de 2.254 millones de euros. La reparación de unos daños causados por unas malas prácticas supone en el mejor de los casos varios años de espera.

    Las noticias sobre la elevada litigiosidad por las malas prácticas bancarias han producido malestar entre los ciudadanos. Estas informaciones han coincidido con las periódicas publicaciones sobre las ayudas públicas para salvar a cajas y bancos, la mayor parte de las cuales ya se dan por perdidas. Los últimos datos, de diciembre, indican que el FROB ha concedido 58.871 millones de euros en ayudas a las entidades financieras, de los que solo ha recuperado 5.917 millones; es decir, el 10%.

    Las pérdidas del dinero público concedido a cajas y bancos superan con creces los recortes en sanidad, educación y protección social, que significaron en su conjunto el 0,9 % del PIB (unos 9.300 euros anuales) entre 2011 y 2014, según Fedea. En realidad, el coste real del saneamiento bancario ha sido mucho mayor por la menor recaudación tributaria. Entre 2011 y 2013, el sector financiero pudo recuperar por la vía de impuestos (activos fiscales diferidos) 20.842 millones. En los años posteriores los beneficios han sido mucho más moderados y, por supuesto, los impuestos pagados.

    El comportamiento de las entidades financieras de Irlanda y España fue muy temerario en los primeros años de este siglo. Entre 2001 y 2011 el crédito bancario registró un crecimiento desaforado, superior al 250%  en ambos países. Al mismo tiempo, el número de oficinas y empleados creció mucho. Ello permitió alcanzar un récord de beneficios en 2007 (25.112 millones de euros). A consecuencia de la crisis el sector ha registrado una drástica reducción de casi 90.000 empleos, que representan la cuarta parte de todo el ajuste de la zona euro.

    La realidad es que la banca española registra serias debilidades. Una de las más significativas es que tiene el nivel de capital más bajo de la zona euro. Por otra parte, la rentabilidad media es del 8%, inferior al 10%, que es el coste de capital.

    La elevada litigiosidad del conjunto de la banca, los juicios a los directivos del Banco Popular y Banco de Valencia y las ayudas recibidas después de la crisis por el sector bancario ponen al descubierto que no se puede circunscribir la crisis a un problema de las antiguas cajas de ahorros.

    Todas estas informaciones han producido una importante pérdida de reputación del sector, lo que supone un obstáculo para el desarrollo normal de sus actividades. Algunos de sus ejecutivos, como Ana Patricia Botín, han empezado a reconocer que han perdido la confianza de la opinión pública. 

    Las entidades financieras son una pieza fundamental de la economía. Sus directivos deben cambiar sus conductas en aspectos esenciales. No pueden llevar a sus clientes masivamente a los tribunales cuando saben de antemano que en el 96% de los casos los jueces darán la razón a los demandantes. Los directivos saben también que con un desempeño tan precario tampoco pueden mantener sus niveles salariales multimillonarios salarios, que en algunos casos son 200 veces superiores a los salarios medios de sus empleados. Los directivos bancarios tienen que reaccionar con rapidez. El primer banco que decida actuar de manera transparente tiene muchas posibilidades de recuperar la confianza de los ciudadanos. 

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