La arriesgada apuesta del Gobierno de Valls

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    Política económica: Pese a que la disminución del gasto público tiene efecto recesivo, el Gobierno francés espera que un fuerte crecimiento reduzca el impacto negativo sobre sus ingresos que ha tenido la reducción de las retenciones.

    El primer ministro francés, Manuel Valls. FOTO: FONDAPOL

    El pasado 30 de abril, el Parlamento francés aprobó el “programa de estabilidad” sometido por el Gobierno a la Comisión de Bruselas. O lo que es lo mismo, la hoja de ruta presupuestaria a la que se ha comprometido hasta 2017, fecha en la que finalizan los cinco años de mandato de François Hollande. A diferencia de lo que este pensaba al principio, esta segunda fase, tras una primera de saneamiento de las cuentas, no estará dedicada a la redistribución, sino, por el contrario, a un esfuerzo sin precedentes de reducción del gasto público para compensar la importante disminución de las retenciones que ha otorgado a las empresas, a la vez que reduce el déficit público, como se ha comprometido a hacer con sus socios europeos. Una apuesta arriesgada no solo en el plano social y político, sino también en el económico.

    El Gobierno prevé disminuir progresivamente el gasto público en 50.000 millones de euros anuales de aquí a 2017; es decir, 2,4 puntos del PIB: 18.000 millones de recortes en la Administración central, 11.000 en las administraciones locales, 10.000 en la sanidad y 11.000 en el resto de las prestaciones sociales (paro, familia, jubilaciones...). Estos 50.000 millones de euros no corresponden a una disminución neta del gasto actual, sino a la diferencia con el gasto que habría habido en 2017 si no se hubiera cambiado la política económica. Sin tener en cuenta la inflación, el gasto público deberá, en realidad, seguir aumentando el 0,1% anual de 2015 a 2017. Esto no significa una ruptura fundamental con las tendencias anteriores: el gasto público había subido una media del 2,6% en los años noventa y el 2,1% en la década de 2000. Además, en un país cuya población crece anualmente un 0,5%, un aumento de solo el 0,1% corresponde realmente a una disminución neta del gasto efectuado por habitante: de aquí a 2017, equivaldría a 1.000 euros de gasto público por familia con dos hijos.

     

    Gastos necesarios

    ¿Está justificada semejante política? Francia es, sin duda, uno de los países desarrollados con mayor gasto público. Pero no tiene por qué ser una enfermedad vergonzosa: ese también es el caso de los países escandinavos, citados continuamente como ejemplo. Digan lo que digan los liberales, la tendencia general está más bien al alza: en unas sociedades crecientemente complejas y frágiles, en las que la división del trabajo aumenta día a día, son cada vez más necesarios lo que los economistas llaman “bienes públicos” que garanticen un entorno estable y favorable para la actividad privada, y solo la actividad pública es capaz de producir esos bienes.

    La idea de que existen unos actores privados creadores de riqueza y un Estado que, a continuación, les quita una parte (demasiado grande) de ella, no corresponde a ninguna realidad: sin unas infraestructuras que funcionen, sin un Estado de derecho creíble, sin una mano de obra bien formada y sana, es imposible hacer negocios. Además, el hecho de que algunas funciones no estén a cargo de la comunidad —es el caso de la sanidad en Estados Unidos— no significa que no deban estar cubiertas. Y su coste es con frecuencia superior en el sector privado que en el público, como se comprueba al comparar la sanidad estadounidense con la francesa. En otras palabras, el gasto público no es simplemente un coste que se pueda evitar suprimiéndolo o recortándolo.

    Además, aunque, efectivamente, el gasto público es hoy muy grande en Francia, no se debe a que se haya disparado últimamente, sobre todo durante la crisis: según cifras de la Comisión Europea, Francia es, por el contrario, uno de los países desarrollados en los que menos ha aumentado en los últimos quince años. Ha subido un 17% por habitante entre 2000 y 2014. Poco más que en Alemania (16%), pero mucho menos que en Gran Bretaña (42%), Estados Unidos (32%) y Japón y Holanda (22%). Los países en los que el gasto público ha subido significativamente menos que en Francia desde 2000, son sobre todo los de la Europa del sur azotados por la crisis que lo han recortado drásticamente desde hace cuatro años.

    Pero si bien el gasto público no es un mal en sí mismo, hay que gestionarlo con eficacia. El alto nivel del gasto público francés ha permitido que Francia sea, hasta ahora, uno de los países desarrollados en los que la brecha de las desigualdades de renta es menor, en un momento en que han aumentado en todas partes. Ello no impide que la actividad pública sea muy insatisfactoria en numerosos ámbitos: a pesar de todo lo que se ha gastado en el sector inmobiliario, Francia es, por ejemplo, uno de los países desarrollados con mayor crecimiento de los precios debido a la escasez de vivienda, lo cual penaliza mucho la competitividad de su economía. También es, según los informes Pisa, uno de los países de la OCDE cuyo sistema educativo reproduce más las desigualdades sociales. La justicia es también especialmente lenta y las cárceles están en un estado deplorable... y así en muchos otros casos. No hay duda de que es necesario mejorar la calidad de la actividad pública en numerosos ámbitos.

     

    No hay soluciones milagrosas

    ¿Pero es posible hacerlo mejor gastando menos? No parece evidente. Como de costumbre, no faltan los que proponen soluciones milagrosas. Como, por ejemplo, que convendría reducir el gasto de funcionamiento del Estado y concentrarse en la inversión. Pero prácticamente el conjunto del gasto público es el que contribuye a crear o a mantener la infraestructura —hoy fundamentalmente inmaterial— que hace posible la actividad económica: la distinción entre gasto en funcionamiento y gasto en inversión no tiene sentido en este caso.

    Además, a la hora de elegir cómo recortar el gasto público, no es determinante el impacto de tal o cual gasto para el futuro del país, sino la capacidad de resistencia de los que se están beneficiando de él. Hay, pues, muchas posibilidades de que sacrifiquemos los “gastos para el futuro”, pues los lobbies capaces de defenderlo son normalmente más débiles que los que se movilizan para preservar lo existente, como se constata continuamente en el ámbito del medio ambiente.

    Para reducir rápidamente el gasto público, otros sugieren concentrar el beneficio de la protección social, principal fuente de gasto en Francia, en “quienes lo necesitan verdaderamente”, es decir, los más pobres, dejando al resto que asuman privadamente los costes correspondientes. Además de que no ayudaría obligatoriamente a economizar, es el mejor modo de tener una protección social de segunda clase: si está reservada únicamente a los pobres, las capas medias no cesarán de limitar su coste, como se constata en Estados Unidos.

    Finalmente, como ocurre en el sector privado, reestructurar la actividad pública para que sea más eficaz cuesta, en general, caro en un primer momento: hay que indemnizar a los que pierden su trabajo o sus rentas, formar a la gente en los nuevos oficios, crear nuevas estructuras... También hay que lograr movilizar a las personas implicadas, lo cual es difícil si se les bloquea el salario por mucho tiempo. En resumen, no es evidente que sea posible reducir rápidamente el gasto público sin aumentar las desigualdades, perder eficacia en la actividad pública o comprometer el futuro.

    La estación de Lillee Flandres, en Lille. FOTO: Ruud Morijn/123rf

     
    ¿Crecer más del 2%?

    El Gobierno, sin embargo, apuesta por que esta política va a estimular la actividad. Según el programa de estabilidad, los 46.000 millones de euros que se pierden por la disminución de las retenciones previstas de aquí a 2017 (véase el recuadro adjunto), es decir, 2,2 puntos del PIB, no se traducirían finalmente más que en un descenso de 0,6 puntos de las cotizaciones obligatorias en el PIB. En otras palabras, el Gobierno cuenta con que la activación de la economía creada por su política compensará casi tres cuartas partes de esa disminución de las retenciones a través del aumento de los ingresos por el IVA ligado a un suplemento por consumo, del aumento de las cotizaciones sociales debido a los nuevos puestos de trabajo, del aumento del impuesto sobre la renta pagado por los hogares gracias a la disminución del paro...

    Por el contrario, los 50.000 millones de euros de disminución del gasto se traducirían en una disminución del porcentaje del gasto público en el PIB de 3,7 puntos de aquí a 2017.

    Este doble movimiento —efecto limitado de la disminución de las cotizaciones empresariales y efecto amplificado de la disminución del gasto— se debe a la hipótesis de una vuelta al crecimiento de más del 2% anual en 2016 y 2017. Es la condición sine qua non para que esta política tenga el efecto positivo anunciado en lo que a reducción de déficit y del endeudamiento del país se refiere. Dado el relativo equilibrio global entre la disminución de las retenciones y la disminución del gasto público, el dispositivo gubernamental es menos restrictivo en el plano macroeconómico de lo que se suele decir, pero de ahí a pensar que podría estimular la economía francesa hay un paso difícil de dar.

    La disminución de retenciones prevista está concentrada en las empresas, que deberían, pues, restablecer sus márgenes. Pero, paralelamente, la reducción del gasto público puede degradar la producción de bienes públicos indispensables para la actividad y va a limitar la demanda interna de los hogares.

    En estas condiciones, parece poco probable que las empresas utilicen masivamente esos márgenes suplementarios para crear empleo e invertir. En todo caso, en Francia. Sobre todo si se tiene en cuenta que hay un problema de timing: 21.000 de los 50.000 millones de disminución del gasto público están programados para 2015, por lo que gravitan enormemente sobre la actividad el año que viene. Finalmente, la ventaja competitiva buscada mediante la disminución de coste para las empresas puede verse pronto recortada si nuestros vecinos europeos continúan en su carrera al mejor postor, y no parece que vayan a parar de inmediato. En resumen, la apuesta del Gobierno de Manuel Valls parece hoy por hoy dificil de ganar.

     

    Cotizaciones

    41.000 millones para las empresas

    Es la cifra que totalizan las desgravaciones a las empresas previstas en Francia desde ahora hasta 2017, entre otras medidas mediante el mantenimiento del “crédito de impuestos” (20.000 millones), la próxima exención total de cotizaciones sociales al nivel del salario minimo (Smic), las cotizaciones sociales patronales referentes a la rama familia de la seguridad social, que se reducirán (al igual que las de los trabajadores por cuenta propia), o el fin de la contribución social de solidaridad de las sociedades. A los 41.000 millones el Gobierno ha añadido 5.000 millones destinados a los hogares para acallar las criticas de la izquierda.

    Para saber más

    Engogenous Growth
    www.economie.gouv.fr/chronique-du-programme-de-stabilite-2014-2017

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