Pensiones: ¿qué pasará en 2020?

  • Salvaguardar el sistema público de pensiones es una de las tareas más urgentes que deben abordar los grupos parlamentarios en la nueva legislatura.

    Presión demográfica y prestaciones

    “Blindaje a las pensiones de nuestros mayores” es la promesa contenida en el decálogo firmado en noviembre por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias como preámbulo a la formación de un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Como vienen exigiendo colectivos de jubilados de toda España, el compromiso incluye que las prestaciones suban al mismo ritmo que el índice de precios de consumo (IPC) para garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo.

    La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Madalena Valerio, confirmó que las pensiones subirán el 0,9% en 2020 y que los pensionistas recibirán una compensación si los precios se disparan. El incremento, que supondrá gastar 1.404 millones de euros más que en el año recién concluido, añadirá más presión a un sistema cuya sostenibilidad es cuestionada desde sectores conservadores contrarios a vincular pensiones y precios. El aumento previsto tanto en el número de pensionistas como en el de las prestaciones mejor retribuidas va a exigir un esfuerzo cada vez mayor a la Seguridad Social, que en noviembre destinó la cifra récord de 9.735 millones de euros al pago de pensiones contributivas, el 4,8% más que en el mismo mes de 2018. 

    La generación del baby boom (a la que pertenecen los nacidos desde finales de la década de 1950 hasta principios de la década de 1970) está comenzando a jubilarse y ello va a ocasionar un fuerte aumento del gasto en pensiones durante los próximos 20 años. Según cálculos de Naciones Unidas, en 2050 habrá 78 españoles mayores de 65 años por cada 100 en edad de trabajar, cifra muy superior a la media de la UE (véase gráfico).

    Los partidos deben actuar deprisa, pues la deuda acumulada por la Seguridad Social roza los 55.000 millones de euros, una herencia envenenada para futuras generaciones. Para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones hay sobre la mesa propuestas que van desde asignar a los Presupuestos Generales del Estado el pago de las prestaciones  no contributivas a incrementar las aportaciones del Estado a la Seguridad Social. Para ello sería imprescindible aumentar los ingresos procedentes de impuestos, acercando la presión fiscal española a la media europea. Otras alternativas serían retirar los topes a las bases de cotización y eliminar deducciones de las que gozan algunas empresas y los sistemas especiales con tipos reducidos. Subir los salarios también contribuiría a incrementar los ingresos por cotizaciones. 

    Bruselas pide ajustes, pero no dice cuáles, mientras desde sectores liberales e instituciones internacionales se hacen sonar las alarmas. La OCDE llama la atención sobre dos hechos: que España es uno de los países del mundo que más rápido envejece y que tiene unas pensiones altas si se comparan con la renta media de la población en general. La OCDE lamenta que la reforma aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy no se haya aplicado. Menciona concretamente el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que vinculaba la cuantía de las prestaciones al estado de las cuentas de la Seguridad Social. Si se hubiera aplicado el IPR, en lugar de haber subido un 1,6% en 2018 y 2019, en línea con el IPC, las pensiones solo lo hubieran hecho el 0,25% cada año. 

    Subraya la OCDE que el sistema español seguirá teniendo una tasa de reemplazo (el porcentaje de ingresos de una persona jubilada respecto a los ingresos que percibía cuando estaba en activo) “relativamente alta”, incluso si se aplica el llamado factor de sostenibilidad. Este mecanismo debería haber comenzado a aplicarse en 2019 para ajustar las pensiones iniciales (las que se reciben en el momento de la jubilación) a los cambios en la esperanza de vida, pero su entrada en vigor se retrasó hasta 2023 por iniciativa del PNV, que lo puso como condición para aprobar los Presupuestos de 2018, aún en vigor. 

    El factor de sostenibilidad recortaría los ingresos de los nuevos pensionistas el 5% por cada año que se incremente la esperanza de vida de los españoles. PSOE y Podemos se proponen eliminarlo definitivamente, igual que el IRP.

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