Perdedoras perpetuas de la crisis
Tras una década larga de crisis económica y social cada vez hay más indicios que apuntan que la nueva sociedad surgida tras la hecatombe financiera de 2008 arrincona a una parte significativa de la población. Para los perdedores de la crisis, un colectivo que incluye casi a un tercio de la ciudanía, en su mayoría mujeres y menores, la recuperación no ha llegado ni está en su horizonte. La exclusión social se ha cronificado.
Las estadísticas oficiales indican que todavía faltan 1,2 millones de empleos para alcanzar el número de ocupados de 2007, al tiempo que los nuevos salarios y los derechos laborales son de peor condición que hace una década. Comprobamos que la vivienda se ha convertido en el principal factor de exclusión social y la desigualdad de ingresos no cesa de aumentar. Entre 2007 y 2016, la renta del 10% más pobre ha caído casi el 40%, mientras que ha aumentado más del 20% para el 1% más rico, según el profesor Branco Milanovic.
Una exhaustiva investigación de esta crítica realidad social ha sido recogida en el VIII Informe FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), que constituye la radiografía más profunda de los mayores desafíos de la sociedad española. El mérito de este trabajo, realizado por 125 investigadores, más de 30 universidades y 13 organizaciones de acción social, es que cuenta con más de 55 años de experiencia en la investigación social de este país. Es obligado prestar una atención a este trabajo que descubre una realidad mucho más dramática que la conocida y que debería ser tenida en cuenta por todos los niveles de Gobierno con urgencia.
El informe ofrece una visión alejada de los análisis economicistas y se centra especialmente en la condición humana de los ciudadanos. A los investigadores les preocupa que la recuperación económica y del empleo no haya evitado “la erosión del ámbito de los derechos”. De alguna manera piensan que “se ha conseguido reducir el espacio de la exclusión, pero se mantiene por encima de la existente en el año 2007”. Y subrayan que la convulsa contienda política a través de diversos ciclos electorales “ha desplazado la cuestión social a los márgenes del debate”.
La vivienda constituye uno de los elementos clave del análisis. Para los investigadores “la vivienda es un motor elemental de la desigualdad y un factor clave en las dinámicas de exclusión social. El acceso a una vivienda digna se convierte en un derecho inaccesible para muchas familias que sufren la inseguridad y la inadecuación del hogar”. En 2018, el 9,5% de los hogares tenía ingresos inferiores al umbral de pobreza grave, una vez satisfechos los costes de su vivienda, el doble que en 2007 (4,5%). A pesar de los casi 2,5 millones de empleos creados, la situación del mercado de trabajo es alarmante. El informe subraya que el empleo precario “es uno de los principales generadores de exclusión social”.
Precisa que el nuevo empleo creado “es más desigual que el destruido”. Se destaca que el 31% de la población en exclusión social trabaja menos de 20 horas semanales y que los trabajadores a tiempo parcial (75% mujeres) ganan un 38,2% menos que los de jornada completa. Es terrible el retroceso en la formación para remediar esta situación. En 2013 el 11,6 % de los desempleados optó por algún tipo de formación para el empleo, porcentaje que ha disminuido hasta el 5,6% en 2018.
Sobre desigualdad de género, el trabajo aporta numerosos datos que revelan las trabas que sufren las mujeres para vivir de forma integrada. El 20% de los hogares sustentados por mujeres (monoparentales y mujeres solas en su mayoría) sufren exclusión social, cuando los mantenidos por varones lo padecen un 16%. Por otra parte, la brecha salarial en las ocupaciones bajas es del 35%, una de las más altas de Europa.
La intensa precariedad laboral de las mujeres afecta intensamente a sus pensiones. La gran mayoría (8 de cada 10) perceptores de pensiones no contributivas (392 euros al mes) son mujeres. En las pensiones contributivas sus prestaciones son inferiores en un 36% a las de los hombres.
Otro aspecto preocupante es la mayor precariedad de los menores. Se observa que los mayores de 65 años han mejorado su situación de exclusión social y en 2018 alcanzaron la tasa más baja (11,4%). Por el contrario, los jóvenes han empeorado continuamente hasta elevar su porcentaje de exclusión al 23%, el año pasado.
La conclusión más inquietante es que “la situación de los hogares en exclusión grave se ha cronificado y sus condiciones de vida han empeorado”. Y “la distancia social de este grupo con el resto de la ciudadanía se incrementa”. En definitiva, se está produciendo una feminización y juvenilización de la pobreza. El arrinconamiento de un segmento importante de la población está contagiando rápidamente a las clases medias.
Uno de los efectos más inquietantes de este deterioro es que la participación política se reduce en el espacio de la exclusión. Hay barrios pobres en donde el 75% de habitantes no votan.
A la vista de este panorama, es prioritario reconstruir la dimensión social de la Unión Europea, de la que desconfían cada vez más los ciudadanos. Ante estos resultados cobran cada día más valor los modelos alternativos como la economía feminista, la economía del bien común, la economía social y la economía solidaria, que a pesar de los vientos en contra, van ganando adeptos.
