Pulso por el poder en Argelia

  • Desde Argel

    Inestabilidad: La caída del presidente Bouteflika desata una lucha entre clanes que amenaza la seguridad en el Mediterráneo y complica la crisis migratoria.

    Protesta de jóvenes, en abril pasado en Argel. FOTO: Abdelfatah Cezayirli

    En diciembre de 2010, Gas Natural Fenosa anunció por sorpresa la incorporación como consejero independiente del expresidente del Gobierno Felipe González. Esta noticia creó controversia por la polémica de las puertas giratorias, pero en realidad ocultaba una razón más poderosa que quedó ensombrecida. Apenas cuatro meses antes, un tribunal de arbitraje francés había fallado en contra de la empresa energética española en el conflicto que desde 2007 mantenía con la compañía nacional de hidrocarburos argelina, Sonatrach, por discrepancias en la revisión de los precios del contrato de suministro de gas, y el dirigente socialista se perfilaba como la persona más adecuada para intentar paliar los efectos negativos de un laudo que obligaba a desembolsar 1.789 millones de dólares, ya que atesoraba una amplia experiencia en el barro argelino. En 1985, como jefe del primer Ejecutivo socialista, González intervino personalmente para solucionar un incumplimiento similar del contrato firmado en 1974 por el Gobierno franquista. En aquella ocasión, Madrid accedió a conceder a Argelia créditos a bajo interés y Argel a comprar material bélico a España. Además, se acordó la construcción del gasoducto del Mediterráneo (Medgaz), convertido con el tiempo en cordón umbilical de la industria española y en baza argelina frente a cualquier aprieto o negociación con Europa. Gestionada por Sonatrach, que posee un 36%, Cepsa, Iberdrola, Endesa y GDF Suez, la estratégica tubería es la única alternativa de Europa al grifo ruso y suministra el 54% del gas que se consume en España. Gas Natural Fenosa, que en 2018 amplió hasta 2030 su compromiso con Sonatrach, es, por su parte, el primer proveedor de esta materia prima esencial.

     

    ESTALLA LA REVUELTA

    Apenas unos meses después de la renovación de ese acuerdo estratégico, Argelia se sumergió en una aguda crisis política, social y económica cuyas consecuencias podrían ser nefastas para la estabilidad económica de España —y por extensión de Europa—y para la seguridad en la cuenca del Mediterráneo. El 22 de febrero, los argelinos observaron con estupor cómo varios cientos de jóvenes salían a las plazas de la capital para protestar contra la candidatura a un quinto mandato consecutivo del presidente Abdelaziz Bouteflika, devenido en un fantasma en el poder desde que en 2013 sufriera un agudo derrame cerebral que le postró en una silla de ruedas y le hurtó el habla. Las protestas se repitieron una semana después, cuando miles de ciudadanos aparcaron el miedo y se sumaron con entusiasmo a los jóvenes, en un movimiento masivo de catarsis popular fruto de un lustro de incertidumbre, represión, chantaje institucional, progresiva crisis económica y creciente injusticia social.

    Las protestas no tienen líderes ni responden a lógicas de partido

    A la incertidumbre política se agrega la parálisis económica

    Parte de esa aparente dejadez del régimen comenzó a entenderse un mes después, con Bouteflika aún ingresado en un hospital de Ginebra. Consciente de la dimensión del clamor popular, el ladino jefe del Ejército y viceministro de Defensa, Ahmed Gaïd Salah, decidió mudar su postura inicial y liderar al coro de voces críticas que exigían la aplicación del artículo 102 de la Constitución que permite inhabilitar al presidente por razones de salud. Acorralado y traicionado por una parte de la cúpula militar, el 3 de abril el núcleo duro del entorno de Bouteflika —liderado por su hermano, Said, verdadero poder en la sombra— concedió la renuncia del mandatario y buscó sobrevivir con la puesta en marcha del mecanismo constitucional de transición en un intento por abortar lo que parecía un golpe de Estado encubierto. Apenas una semana después, el presidente del Senado y jefe del Estado interino, Abdelkader Bensalah, aplicó la ley y convocó elecciones presidenciales para el 4 de julio.

    El ansiado paso atrás del hombre que todo el mundo intuía que ya no gobernaba no sirvió, sin embargo, para aplacar la ira popular. Espoleados por un hito histórico, los argelinos regresaron días después a las plazas para exigir la caída de todo el círculo corrupto de poder que parasitó en torno al mandatario, incluido el propio jefe del Ejército, designado por Bouteflika en 2004. Convertido en el hombre más poderoso del país, Gaïd Salah aprovechó entonces el golpe  para denunciar un supuesto complot extranjero, impulsar una campaña de manos limpias y presentarse ante el pueblo como el adalid de la soñada renovación. Desde entonces, han sido encarcelados y acusados de corrupción empresarios próximos a la familia del mandatario, opositores, altos mandos del Ejército y dos ex primeros ministros. Esta caza de brujas ha revertido en contra del propio general, al que los manifestantes acusan de urdir una burda maniobra para proteger a sus socios y desvincularse de un régimen pervertido del que siempre fue pieza clave.

    Por Argelia pasa una de las principales rutas de la emigración irregular

    Los argelinos son ya la segunda nacionalidad de los llegados a España

    “No vamos a cejar hasta que todos se hayan ido, los argelinos nos merecemos un Gobierno limpio que piense en el pueblo”, explica en su despacho de Argel el abogado y activista de los derechos humanos Mustafa Bouchachi. Aunque el movimiento de protesta no tiene líderes visibles ni parece responder a la lógica de los partidos políticos, sino a un “espíritu popular festivo” en el que cada familia o colectivo actuaría de forma individual, lo cierto es que entre bambalinas se oculta un pulso por el poder y el control de la cleptocracia argelina en el que pugnan con avieso sigilo una heterogénea casta de oligarcas y rasputines bajo la codiciosa injerencia de Francia, antigua potencia colonial.

    Este riesgoso juego de tahúres comienza a perfilarse como una sólida amenaza para estabilidad del Mediterráneo. Argelia zozobra en una preocupante irregularidad institucional que de momento contrarresta un Ejército solo en apariencia fuerte y cohesionado, al que el movimiento popular aún considera garante de la transición pese a la desconfianza que genera su cúpula y la división que se atisba en su seno. A principios de mayo, el Consejo Constitucional se vio obligado a suspender sine die las presidenciales después de que ninguno de los candidatos cumpliera con los requisitos para aspirar a la elección.

    A la incertidumbre política se agrega la parálisis económica, consecuencia de la reticencia del régimen a introducir en los últimos años un plan de reformas estructurales que recondujera su obsoleto sistema de tinte socialista plenamente dependiente del petróleo. Desde que en 2014 se desplomaran de forma abrupta los precios del crudo, el régimen argelino ha consumido más de la mitad de sus reservas de divisas —calculadas entonces en cerca de 180.000 millones de euros— en una estrategia fallida destinada a comprar la paz social, como hiciera durante las marchitadas primaveras árabes. “El verdadero drama para los argelinos vendrá después, cuando el nuevo Gobierno se vea obligado a imponer recortes y austeridad”, advierte un economista vinculado al Banco Mundial.

    El tercer riesgo está ligado a la migración, la crisis climática y la seguridad en el área del Sahel, nueva frontera sur de la Unión Europea. Lindante con Mauritania, Mali, Níger, Libia y Túnez, a través de Argelia penetra una de las principales rutas de la emigración irregular a Europa. Al flujo migratorio subsahariano —que según expertos internacionales se multiplicará la próxima década a causa del cambio en el clima—se añade el aumento de la migración local. El coste del viaje —en torno a 4.500 euros—y el peligro que acarrea inducían hasta hace un año a la mayoría de los argelinos a buscar rutas alternativas a través de Libia o Marruecos. Sin embargo, 2018 fue testigo de incremento alarmante de los argelinos que eligieron la vía más directa, convirtiéndose en la segunda nacionalidad de los llegados a España.

    “Almería está a apenas a 180 kilómetros de la costa argelina. Una sacudida del régimen similar a la ocurrida en Libia abocaría a España a una crisis migratoria sin precedentes”, advierte un informe de los servicios de inteligencia españoles. Existe igualmente enorme preocupación por la fragilidad de la frontera sur, que linda con el área del Sáhara, donde se han consolidado nuevos grupos salafistas radicales de tendencia yihadista vinculados a organizaciones globales como el Estado Islámico y la red Al Qaida. Es el último cable de una bomba de relojería ausente del debate público europeo, pese a que hace tictac en el patio de atrás. 

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