Negocios que no pagan impuestos

  • Por (Editorialista de Alternatives Économiques y ex presidente de la cooperativa)
    Octubre 2013

    Editorialista de Alternatives Économiques y ex presidente de la cooperativa

    COLABORATIVO. La economía colaborativa va viento en popa. ¿De qué se trata? De una serie de métodos que permiten acceder a determinados bienes sin tener que pasar por la casilla del mercado. Hasta ahora, esas prácticas se daban fundamentalmente en el marco familiar, entre gente próxima o en el seno de un grupo profesional. Ahora, gracias a la web 2.0, es posible, por ejemplo, que si usted tiene previsto viajar de Burdeos a Lyon en coche, encuentre otros pasajeros con quienes compartir los gastos del viaje. Si busca un sitio para dormir cuando llegue a su destino, puede entrar en contacto con personas que dispongan de una cama libre en su apartamento. O si tiene una vieja nevera que funciona, pero que ya no utiliza, en lugar de tirarla puede venderla a un precio simbólico o regalarla a alguien que la necesite. Toda una serie de prácticas que aumentan el bienestar colectivo, crean vínculo social y permiten liberar el poder adquisitivo para otros fines, algo muy útil en estos tiempos de crisis. Se trata de una economía basada en cooperar y compartir, a la vez que es ecológicamente correcta.

    El problema reside en que la web puede permitir también el desarrollo de negocios que no pagan impuestos. El sitio Airbnb, que permite a los particulares alquilar su apartamento por unos días, está en el punto de mira de los hoteleros, que le acusan de competencia desleal. De hecho, en el mundo colaborativo, el IVA casi nunca está regulado y los beneficios que se obtienen con frecuencia no se declaran al fisco. Ello ha llevado a que el Gobierno francés prevea regular en la nueva ley de arrendamientos el alquiler de apartamentos amueblados de corta duración para evitar que algunos propietarios poco escrupulosos, especialmente en París, opten por sacar más provecho de sus bienes de ese modo y dejen de alquilarlos por años.

    ESPAÑA. Es la última idea de moda entre los cronistas económicos liberales: Francia estaría cogida entre los países del norte de Europa que desde hace tiempo han tenido el valor de emprender las reformas —estructurales— necesarias (léase: entrar a saco en los gastos sociales y aumentar las desigualdades en perjuicio de los más débiles) y los países del sur que, conscientes del déficit de competitividad acumulado en los años anteriores a la crisis financiera, han sabido reaccionar tomando el toro por los cuernos. ¿Qué pasa en realidad? No hablaremos, una vez más, del lado oscuro del modelo alemán, pero sí examinaremos un poco la situación de España.

    Es cierto que las cuentas exteriores se han restablecido, gracias a los ingresos del turismo y a la buena marcha de las exportaciones, que deberían alcanzar el 35% del PIB en 2013 frente al 25% en 2009. Pero ¿a qué precio? En primer lugar, hay que relativizar ese porcentaje ya que el PIB español ha bajado cerca de un 10% en dicho período. La vuelta al equilibrio de las cuentas corrientes se debe en gran parte al hundimiento de la demanda interna y, por tanto, de las importaciones, como consecuencia de la caída de la actividad y de un paro que supera el 25% de la población activa. Con una deuda pública que no tiene ahora nada que envidiar a la de Francia (92,2% del PIB en junio), un sistema financiero que aún tiene que reestructurarse ampliamente y un crecimiento átono, España no se salvará insistiendo en la austeridad.

    DOMÉSTICO. Hasta el año pasado, los que tenían, en Francia, asalariados en sus hogares —para la limpieza de la casa, el cuidado de los niños o ayuda a domicilio— podían pagar sus cotizaciones sociales de acuerdo con el salario mínimo interprofesional. Ello llevaba a reducir los derechos de jubilación o de indemnización de los asalariados cuyo sueldo era superior al salario mínimo interprofesional. Tras la elección de François Hollande, se decidió que los empleadores coticen proporcionalmente al salario que paguen.

    Se hubiera esperado que los patrones aceptaran que un trabajo asalariado, aunque se realice en la esfera doméstica y en su inmensa mayoría por mujeres, es un empleo como los demás y garantiza los mismos derechos. Pues no. No solo sus organizaciones han protestado, sino que parece que la disminución del número de horas declaradas este año se debe, en parte, a un aumento de las horas de trabajo no declaradas, por lo que el Gobierno está pensando en introducir, en la próxima ley de Financiación de la Seguridad Social, una ligera deducción para los empleadores. Desolador.

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