Dos frentes de la economía de guerra

  • 20 Marzo, 2020

    Es cada vez más evidente que la crisis del Covid-19 nos está cambiando la vida hoy y que tendrá consecuencias para el futuro.

    Lo que tenemos ahora mismo es un presente agobiante. Para los que enferman y los que tienen que pasar por el trance del fallecimiento o la enfermedad de algún ser querido. Para algunos, por la dificultad de sobrellevar el confinamiento en circunstancias difíciles. También para quienes asumen, de modo destacado el personal sanitario, la responsabilidad de no quedarse confinados y a salvo para prestar un servicio a otros. Así y todo, estamos viendo que las decisiones sobre cómo actuar en este estado de urgencia están siendo objeto de debate público.

    Dentro de unas semanas, como la crisis sanitaria dejará secuelas, se habrá de tomar decisiones acerca de las transformaciones que se considere necesario emprender a partir de lo que creamos haber aprendido sobre aciertos y errores. Se habrá de decidir acerca de qué cambiar, con qué objetivos, cómo actuar para conseguirlos, sobre quién deberá intervenir. La propuesta de implantar una economía de guerra, por la que Pere Rusiñol abogaba en estas páginas a raíz de un editorial valiente y honesto de The New York Times de 17 de Marzo (“Stop Saying That Everything Is Under Control. It Isn’t”), ejemplifica ya algunas de estas cuestiones.

    Una prioridad hoy (el para qué más apremiante) es el mejor funcionamiento del sistema sanitario. Ello requiere, entre otros ‘qués’, asegurar el suministro suficiente de material de protección, de diagnóstico y de tratamiento. Un suministro que los mecanismos normales de la economía no parecen en condiciones de asegurar. Decretar una economía de guerra sería una respuesta (un cómo) a esta prioridad sanitaria.

    Otras propuestas, sin embargo, se centran en los aspectos financieros de una economía de guerra, y en particular en cómo financiar los déficits que sin duda alguna se producirán en las arcas públicas, que de un modo u otro tendrán que apoyar a los diversos colectivos afectados por la crisis. Por la necesidad de asistir a personas y familias a las que el confinamiento ha reducido los ingresos o privado de un puesto de trabajo. También para ayudar al sistema productivo, incluyendo a los empresarios autónomos, a fin de que el ritmo de la economía se recupere cuanto antes. En esta línea, John Cassidy aboga desde The New Yorker (“The Coronavirus Calls for Wartime Economic Thinking”), por abrir a fondo el grifo del dinero, recordando que durante la Segunda Guerra Mundial el déficit público en los EEUU alcanzó el 26% del PIB, sin que ello supusiera el fin del mundo.

    Muchos de nosotros no hemos vivido nunca en condiciones de guerra. Pero sí lo hicimos durante la crisis financiera que empezó en 2007-8, que demostró que cuando los Gobiernos se empeñan, el dinero aparece. Se trata, pues, de aprender de las lecciones de esa crisis, incluyendo el famoso “Believe, it would be enough” del entonces gobernador del Banco Central Europeo, pero también de los errores en su gestión.

    Tiempo habrá, durante las próximas semanas o meses, de debatir sobre los aspectos financieros de la crisis del Covid-19. De vuelta a asegurar la capacidad de respuesta del sistema sanitario, la propuesta de una economía de guerra comporta la intervención pública para una gestión de emergencia de su cadena de suministros. En España, el decreto ley de 14 de marzo en el que se declaraba el estado de alarma contiene algunas disposiciones en este sentido al estipular que el Ministro de Sanidad podrá “impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública”. También para “intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico” y “practicar requisas temporales de todo tipo de bienes” que resulten necesarios para la adecuada protección de la salud pública.

    Queda por ver cómo el Gobierno utiliza esas facultades excepcionales, sin precedente en la historia española reciente. Quizá por ello sea oportuno tomar en cuenta el relato sobre los episodios de economía de guerra en los EEUU que el historiador Mark Wilson analiza en su libro “Destructive Creation: American Business and the Winning of World War II”. Es un relato que concluye que todavía está siendo objeto de discusión en qué medida el éxito de la economía de guerra que condujo a la victoria aliada ha de atribuirse a la aportación de  capacidades operativas y de producción por parte de la industria privada, y en cuál a la gestión de las autoridades civiles y militares. En el trasfondo de la economía de guerra subyacen también cuestiones de carácter ideológico y político.

    La relevancia de la aportación de los EEUU a la victoria aliada, uno de cuyos vectores fue la conversión de su enorme capacidad económica en poder militar, no se pone en cuestión. Así y todo, subsiste un relato paralelo que señala que los grandes industriales, amparados por la inclinación conservadora de una parte del establishment militar, explotaron el estado de emergencia para acumular ganancias, desplazar a competidores más pequeños y ganar influencia política.

    Wilson destaca, sin embargo, que ambos relatos tienden a minimizar el rol del sector público, incluyendo el trabajo del personal de las agencias públicas civiles y militares. El autor sostiene que la industria privada se apoyó de modo decisivo no sólo en una enorme inversión pública, sino también en una regulación y una gestión pública robustas. La economía de guerra comportó pues una mezcla de capitalismo y de socialismo. El sector privado aportó capacidades y recursos. Pero el gobierno americano invirtió en nuevas plantas de producción, requisó instalaciones privadas, estableció controles estrictos sobre precios y márgenes y gestionó cadenas complejas de suministros.

    La conclusión quizá más relevante es que la colaboración público-privada, incluso en el contexto apremiante de una economía de guerra, no estuvo nunca exenta de confrontaciones políticas acerca del grado deseable de intervención pública en la economía. En su mensaje sobre el Estado de la Unión 1936, aún en proceso de recuperación de la Gran Depresión de 1929, Roosevelt basaba ya su campaña electoral en reivindicar la intervención pública en favor del bien general, oponiéndose abiertamente a las ambiciones de la “autocracia económica” de aumentar su poder. Esta tensión, que se mantuvo durante la economía de guerra, continuó durante las décadas siguientes en las que el sector conservador de los negocios sufragó una campaña de opinión que ha conseguido imponer un marco mental que soslaya la relevancia de la actuación del sector público. Como consecuencia, a partir de los 60, la mayor parte de la capacidad de producción y diseño de armamento de los EEUU pasó al sector privado, precediendo el impulso a las políticas de desregulación y privatización de los años 70 y 80.

    La batalla contra el Covid-19 es, por supuesto, muy distinta de una confrontación armada. Pero el trabajo de Mark Wilson alerta acerca de que la implantación de una economía de guerra comporta también tensiones entre opciones ideológicas y políticas, que bien pueden prolongarse más allá del periodo de crisis. En concreto, es previsible un debate post-crisis, que será inevitablemente político, acerca del diseño, financiación y gestión de un sistema sanitario capaz ya no sólo de paliar asuntos como las listas de espera, sino de adquirir una mayor capacidad de resistencia a una futura pandemia cuya ocurrencia no se puede ya descartar. Sin olvidar que hay otras crisis, como la medioambiental, que también requieren tratamiento. Además de otras cuestiones acuciantes que, en palabras de Paul Collier, “están desgarrando el tejido de nuestras sociedades”.

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