El golpe sin parangón al empleo se ceba en los temporales

El coronavirus resulta letal para el mercado de trabajo, con un hundimiento histórico de la afiliación a la Seguridad Social en marzo. Dos tercios de los contratos destruidos son temporales.

En las situaciones extremas suelen aflorar carencias y problemas que existían con anterioridad. Tras la crisis de 2008 se habló mucho de pobreza infantil, pero sus niveles en España ya eran anómalos en Europa antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. De igual modo, con independencia de los errores en la gestión de la actual pandemia, el sistema sanitario acusa los años de recortes aplicados en nombre de la austeridad. Y ahora que la actividad económica se ha detenido en gran medida para limitar los contagios del coronavirus, las cifras disparadas sobre personas que, bien han pasado a engrosar las filas del paro, bien han visto suspendido temporalmente su empleo, reflejan una de las disfunciones de nuestro mercado laboral: la elevada temporalidad, íntimamente relacionada con la precariedad. 

El número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social se hundió en 833.979 entre el último día de febrero y el último día de marzo. No hay precedentes. Según los datos del Servicio Público de Empleo (SEPE), el número total de personas registradas como demandantes de empleo superan ya los 3,5 millones, al sumar 302.265 en un solo mes, en el mayor incremento de la historia, muy por encima de lo ocurrido en enero del año 2009. Es una destrucción de empleos sin parangón. Y el 73,4% de la caída del conjunto de contratos son temporales.

Son los empleados con contrato con fecha de caducidad los que están en primera línea, también en esta crisis, como ya sucedió en la anterior. El descenso de los contratos temporales en marzo fue de 550.651, lo que supone una reducción del 17,3%, frente a la disminución del 1,92% de los contratos indefinidos (162.582 personas).

620.000 prestaciones por ERTE 

La vulnerabilidad de estos trabajadores es mayor, no solo porque sus salarios suelen ser inferiores a los de los empleados fijos, porque no suelen acceder a formación ni a promociones internas y porque viven en la incertidumbre, sino también porque no se suelen acoger a los ya famosos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) puestos en marcha por el Gobierno. Este instrumento, que es de uso habitual en otros países como Alemania y Francia, pero que no se había desarrollado en España, supone de algún modo congelar el trabajo mientras pasa el chaparrón y evitar que suba aún más el paro. Como ilustra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “son un dique de contención del paro”. Al menos, esa es su intención. Para que los afectados por ERTE no se acaben convirtiendo en despidos, el Gobierno ha introducido una cláusula que obliga a las empresas a mantener el empleo durante seis meses.

Los trabajadores afectados por ERTE suman a fecha de hoy 620.000. Este es el número total de prestaciones gestionadas por ahora por el SEPE por razón de los ERTE presentados por más de 246.300 empresas ante las distintas autoridades laborales, a falta de datos de algunas comunidades autónomas. Pero si se cuentan los expedientes pendientes la cifra puede aumentar a 1,5 millones. Según Funcas, a 25 de marzo, en Francia y Alemania los afectados por medidas de este tipo suman 1,2 millones y 2,5 millones, respectivamente. Su director de Coyuntura y Economía Internacional, Raymond Torres, señala en una nota que ese es el camino. “Es importante facilitar la suspensión temporal de la relación de empleo, como muestra la experiencia internacional”. 

Poco éxito del permiso retribuido

El hecho de que en las últimas 24 horas, los afectados aumentaran en 98.000 refleja que el permiso retribuido anunciado por el Gobierno el pasado fin de semana para que empresarios y trabajadores negociaran aplazamiento de horas de trabajo retribuidas a devolver antes de finalizar el año no ha frenado en nada las suspensiones de empleo. Las patronales empresariales CEOE y Cepyme, y también las autonómicas, han rechazado los permisos retribuidos. De hecho, ayer señalaron la política del Gobierno como  responsable de los datos desastrosos de paro y pidieron que se agilicen los ERTE. Por otra parte, los trabajadores temporales tampoco se benefician de los mencionados permisos retribuidos que aprobó el Ejecutivo.

En un ERTE se puede plantear una suspensión temporal del contrato o una reducción de horas de trabajo. Sus afectados no están en paro, técnicamente, puesto que están dados de alta en la Seguridad Social. Y no consumen prestaciones de paro que les corresponde, incluso se les permite percibirlas aunque no cumplieran los criterios para ello. “Es terrible”, resumía el secretario del sindicato UGT, Josep María Álvarez. El efecto covid-19 está muy claro, puesto que las cifras de afiliaciones a la Seguridad Social durante las dos primeras semanas de marzo iban al alza, hasta los 19,4 millones. El día 12 del mes pasado se produjo una inflexión y, a partir del 13, el hundimiento, hasta los 18,44 millones. En total, el SEPE ha pagado una nómina de 1.215 millones de euros en prestaciones públicas por desempleo.

“Campeones de temporalidad”

 “Éramos ya los campeones de la temporalidad”, ha dicho Díaz, y así sigue siendo. En relación a los datos de contratos temporales destruidos, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, reconoció que “no habla bien del funcionamiento del mercado laboral”.  Se refiere al hecho de que en épocas de expansión económica, en España las empresas han tendido a incrementar plantillas vía contratos temporales, y, en cuanto asoma una crisis, son estos los primeros que se destruyen.

La última reforma laboral, de 2012, entre múltiples cambios abarató el coste de despedir. Así, durante un tiempo, la temporalidad descendió, porque simplemente se despedía. Uno de los objetivos declarados de la reforma era reducir la temporalidad, pero en cuanto la economía empezó a recuperarse a partir de 2014 la temporalidad volvió a crecer. Al cierre del año 2019, la tasa de temporalidad era del 26,1%, según datos del SEPE. Este nivel casi duplica el de la Unión Europea. El 90% de los nuevos contratos son eventuales. Además, el sector servicios, donde la precariedad es mayor en relación a la industria, es en números absolutos el más afectado por la destrucción de empleo (664.920 menos en apenas 20 días).

Subsidio para temporales

El Ejecutivo ha creado un subsidio de paro excepcional por fin de contrato temporal, precisamente para cubrir a los trabajadores cuyo contrato acabe durante el estado alarma y que, al no tener tiempo mínimo de cotización, no tengan derecho a ningún tipo de ayuda. Es incompatible con otras ayudas. Este subsidio asciende a 440 euros mensuales, que equivalen al 80% del Indicador Múltiple Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Como condición, se ha impuesto que los contratos fueran de al menos dos meses de duración. La duración media de los contratos en España fue en 2019 de 49 días. En una década, esta duración se ha reducido en un 40%, según cálculos de la central sindical USO. 

El Gobierno prohíbe rescindir contratos y despedir por causas objetivas durante el estado de alarma. Y si se interrumpe el contrato temporal fruto de un ERTE por la covid-19, se interrumpe el cómputo de la duración máxima del contrato.