La orientación al bien común crea riqueza

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  • Por (Associació Catalana pel Foment de l’Economia del Bé Comú)
    1 Febrero, 2022

    Merece la pena empezar de esta manera: la economía del bien común persigue la creación de riqueza y lo consigue.

    La revista Alternativas económicas del pasado enero y el libro Vivienda. La revolución más urgente, de Alejandro Inurrieta, editado por la publicación, nos permiten conocer la situación del mercado español de la vivienda, las iniciativas en otros países europeos y, lo que es más importante, cuál está siendo la actividad de nuestros políticos al respecto. 

    En octubre se aprobó un anteproyecto de Ley; en diciembre, se rechazó una propuesta de ley elaborada por sindicatos y organizaciones sociales. Posteriormente el Consejo General del Poder Judicial ha rechazado el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros alegando "limitación" de competencias autonómicas.

    La norma será la primera ley estatal que regule el derecho a la vivienda desde la aprobación de la Constitución. ¡Es mucho lo que hay en juego!

    ¿Qué ocurre en España?

    En primer lugar, la provisión de vivienda la realiza mayoritariamente el sector privado, y en régimen de compra, lo que dificulta el acceso a una parte significativa de la población. Además, la vivienda de alquiler social no alcanza el 3%, cuando el porcentaje medio en Europa es del 15%, con niveles muy superiores en países como Alemania (57%) Holanda (47%), Francia (40%), Austria (24%). 

    En España se puede decir que no existe prácticamente un mercado de alquiler, ni público ni privado. La vivienda se considera un bien de inversión, no un bien de uso. Se ha promovido en exceso la compra. La fiscalidad se ha centrado en favorecerla. La falta de vivienda social ha llevado a una parte de la población a endeudarse por encima de sus posibilidades.

    Somos el único país de la UE donde no hay ninguna ayuda para el inquilino [El pasado enero se aprobó el bono joven de alquiler].

    El artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada, y por tanto el deber de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias. Pero en España el Estado no ha sido hasta la fecha garante de este derecho constitucional. No se ha conseguido todavía un consenso sobre la función social de la vivienda. Ninguna administración se ha preocupado de garantizar la construcción y el mantenimiento de un parque público de vivienda en alquiler. Con la dificultad añadida de tener las competencias sobre urbanismo y vivienda transferidas a las comunidades autónomas.

     

    Los desahucios, el mayor fracaso

    En los primeros seis meses de 2021 se produjeron 22.532 desahucios a pesar de las medidas especiales de protección aprobadas por la pandemia, circunstancia que confirma el carácter sistémico de la emergencia habitacional que se sufre en España.

    El mayor fracaso de la política de vivienda en España ha sido haber permitido la expulsión de familias vulnerables de sus viviendas, mantener su deuda y no proveerlas de una solución digna. Primero fueron los hipotecados quienes resultaron desahuciados, pero ahora el 70% son inquilinos, prueba de la flagrante carencia de un parque de vivienda social.

    Vemos que la situación en España ha originado graves injusticias sociales, que afectan en primer lugar a los que no pueden afrontar el coste de la vivienda y son desahuciados.  Pero las injusticias afectan también a todos aquellos que pagan alquileres abusivos en relación a su renta. Sin olvidar a todas las personas que han asumido un endeudamiento desproporcionado a largo plazo como única manera de tener acceso a una vivienda.

     

    Empobrecimiento de la sociedad

    El enorme desvío de recursos de los hogares hacia la vivienda ha empobrecido a la mayoría en beneficio de una minoría (bancos y grandes tenedores).

    El exceso de recursos destinados a la vivienda ha producido un empobrecimiento de la sociedad en todos los ámbitos, ya que dichos recursos no han podido destinarse a otros aspectos de la cesta de la compra y/o necesidades de los hogares, con lo que la rueda de la economía no ha podido impulsarse para muchos otros bienes y servicios por los excesos de la vivienda. 

    Y en este punto, la economía del bien común pone en evidencia su lema: la orientación al bien común crea riqueza, las políticas que reparten recursos generan mayor riqueza.

    En cambio, el coste de oportunidad del mercado de la vivienda en España ha sido enorme; si le sumamos los costes de la crisis inmobiliaria de 2008 esta dio lugar a hechos tan significativos para nuestra economía como el mayor trasvase de deuda privada a deuda pública de la historia, y la completa reforma del sector financiero. 

     

    Los valores de la verdadera economía

    Se necesitan muchos cambios para que las políticas de vivienda estén alineadas con los valores de la verdadera economía: el respeto por la dignidad humana, la solidaridad y la justicia social, la sostenibilidad y la representatividad democrática. 

    Una primera pregunta que cabría hacerse sería si existen los actores adecuados.

    Si nos miramos en el espejo de las políticas que aplican algunos países vecinos de la UE, podemos ver dónde tenemos oportunidades.

    El caso de Francia (donde se canalizan ahorros de la ciudadanía y donde existen cuentas con interés atractivo, libres de impuestos y con garantía del Estado) nos recuerda significativamente lo que fueron las cajas de ahorros en toda España. Y merece especial atención La Caixa, que recientemente adquirió Bankia con su parque de vivienda anteriormente rescatada por todos. 

     

    La oportunidad de Caixabank

    La Caixa dio un giro muy importante a su obra social hace más de 20 años, cuando esta pasó de centrarse en arte y cultura a ser verdadera acción social. Por su historia, por su situación actual de solvencia, y en primer lugar por la gran demanda social existente, sería un actor clave con potencial de crear instrumentos de ahorro para canalizar hacia la vivienda social. Es quizá el actor mejor capacitado del mercado, y tendría de nuevo una oportunidad histórica de llevar a cabo una acción social única, relevante y socialmente trascendente.

    Cabe destacar también una reciente iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, que consiste en crear un operador mixto público-privado para la construcción de vivienda de alquiler social (unas 5.000).

    Pero son necesarios muchos actores, muchas acciones y políticas a corto y largo plazo para llegar a tener un parque de viviendas que cubra las necesidades de la población vulnerable, que podría rondar las 8 millones de viviendas en el conjunto del Estado.

    Hay un trabajo ingente por hacer y mucho movimiento legislativo en las últimas fechas. 

    En cuanto al borrador de la ley, así como la propuesta presentada por sindicatos y organizaciones sociales, quisiéramos hacer una reflexión sobre la operatividad de los mismos. Agrupan tal cantidad de cuestiones relevantes que hacen por fuerza tendenciosa su presentación y problemática su aprobación.

     

    Generar consensos

    Los proyectos de leyes de tal trascendencia social como la vivienda deben estar orientados a generar consensos.

    En este sentido sería deseable regular por separado los distintos aspectos, hacer las leyes por paquetes conceptuales según sus finalidades: protección de los más vulnerables (desahucio, sobreendeudamiento); nuevas medidas para la creación de parque público de vivienda de alquiler social; regulación de alquileres; incentivos fiscales y ayudas directas al alquiler; otras medidas fiscales, entre otros aspectos.

    Regular por separado permitiría centrarse en la utilidad social, reduciría la carga ideológica de algunas propuestas y facilitaría posiblemente el consenso.

    Y sobre el consenso, queremos comentar la herramienta de toma de decisiones que utiliza la economía del bien común llamada "consenso sistémico". Se basa en ir acotando las resistencias en sucesivos diálogos y votaciones hasta que se consigue el mínimo consenso necesario. No mide las aprobaciones, sino la oposición a cada una de las propuestas presentadas, de modo que gana aquella que obtiene la menor oposición general (como norma inferior al 30%).

    El consenso sistémico nos orienta hacia una nueva forma de toma de decisiones mucho más justa y participativa, que supera el proceso actual de aceptación o rechazo.

    Desde la Asociación Catalana para el Fomento de la Economía del Bien Común agradecemos la oportunidad que nos ofrece Alternativas económicas para poder plantear algunas de las propuestas de la economía del bien común a temas de máximo interés para el ciudadano que nos va presentando la revista, con su habitual rigor, amplitud de análisis y a la vez proximidad. 

    Apoyamos su análisis de la situación y aportamos algunos matices: las políticas verdaderamente sociales son un instrumento de creación de riqueza, existen actores potencialmente adecuados y tal vez las formas de actuación legislativa no son facilitadoras de consenso (cosa que se puede solventar, pues existen suficientes mecanismos democráticos). Y por último, queremos subrayar que la innovación social se consigue a partir de una voluntad transformadora basada en valores humanos y dotada de la fuerza que confiere todo lo que va a favor de la persona. Esta voluntad transformadora es posible que no modifique sustancialmente el mercado actual, pero sí es posible que abra en él el espacio que la sociedad demanda.

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