Las secuelas sociales de la epidemia empujan a un profundo cambio social

  • Por (Director fundador y editorialista de Alternativas Económicas)
    2 Abril, 2020

    Los Gobiernos están concentrando sus energías en detener la epidemia de covid-19 que ha contagiado ya a más de 800.000 personas y causado más de 40.000 muertos en todo el mundo hasta el pasado 31 de marzo. La situación es crítica en muchos hospitales por falta de medios y de profesionales sanitarios, muchos de los cuales han enfermado por su heroica dedicación. Todos los países se han visto desbordados especialmente los peor equipados sanitariamente y con un sistema de bienestar más frágil.

    A pesar de la lógica prioridad por salvar vidas, existe cada vez más preocupación por las consecuencias sociales del hundimiento de la economía en términos de destrucción de empresas y empleos tras el parón económico que implica el confinamiento necesario para combatir la enfermedad. Los gobiernos han empezado también a tomar medidas para minimizar los daños sociales y económicos en la población más vulnerable. La aceleración y gravedad de los acontecimientos exige una respuesta global, urgente y coordinada internacionalmente que no se está dando.

    El ex primer ministro Gordon Brown ha apelado a los líderes mundiales para “crear un Gobierno global temporal” para hacer frente a la crisis de la covid-19. Esta crisis está precipitando la adopción de medidas comunes en el plano internacional sobre asuntos capitales como la lucha contra la pobreza, acabar con los paraísos o la defensa del medio ambiente que hasta ahora los gobiernos no se tomaban en serio.

    Los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización Internacional del Trabajo (OIT), que son los que disponen de los mejores equipos de análisis, han pronosticado una profunda recesión económica inmediata con terribles consecuencias sociales. La OCDE, estima que el confinamiento y el cierre de empresas pueden suponer una pérdida del 2% del PIB anual por cada mes de duración del parón.

    En el informe presentado a la reunión del G-20, el secretario General de la OCDE, Angel Gurría, considera que solo el sector turístico sufrirá una disminución de la producción del 70%. Un pronóstico especialmente preocupante para España en donde el sector representa más del 13% de la actividad económica. Según la OCDE el impacto inmediato de esta recesión será especialmente intenso en Grecia (-35% del PIB); Japón (-30%); Alemania y España (-27%), Reino Unido, Italia, Francia Estados Unidos (-25%) y China e India (-15%). Entidades privadas como Nomura pronostican una caída de la economía de la zona euro de hasta un 15% y que no se alcanzará el nivel de producción de antes de la crisis hasta 2023.

    El dramatismo de las palabras empleadas por Gurría revela el abismo social y económico al que se dirige la humanidad: “Millones de muertes y sistemas de atención médica colapsados nos diezmarán financieramente”. Propuso “una respuesta más coordinada de los Gobiernos para mantener un salvavidas para las personas” y de manera concreta reiteró su llamamiento por un “Plan Marshall Global”.

    Hay que recordar, no obstante, que la OCDE es un club formado, para el fomento del comercio y la economía, integrado por 36 estados (sin China, India, Rusia, ninguno de África y sólo Chile y México de América Latina). La organización carece de recursos para ayudar a los países y capacidad jurídica para imponer acuerdos. La invocación a un Plan Marshall, reiterada también por dirigentes europeos, no es más que una expresión muy grandilocuente si no va acompañada de propuestas concretas y mecanismos de financiación. Hay que tener en cuenta en cualquier caso que cualquier plan tiene que tener una perspectiva internacional dedicada especialmente a las regiones más pobres.

    La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, también se ha expresado con un dramatismo inusitado, que no se corresponde con la trayectoria de ortodoxia financiera de esta institución al señalar que “los costes humanos de la pandemia de coronavirus son ya inconmensurables”. También invocó la necesidad de unidad. “Todos los países”, dijo, “necesitan trabajar juntos para proteger a las personas y limitar el daño económico. Este es un momento de solidaridad”. Georgieva ha señalado que el FMI puede desembolsar rápidamente 50.000 millones de dólares a través de sus servicios financieros de emergencia y que ha dispuesto de una liquidez de hasta un billón de dólares (900.000 millones de euros).

    La OIT ha señalado que la pandemia de podría provocar hasta 25 millones de desempleados, más que los 22 millones ocasionados por la crisis financiera de 2008-09. No parece una previsión exagerada. En Estados Unidos, sólo en la tercera semana de marzo el desempleo aumentó en más de 3,3 millones de parados. 

    Más significativo que el dramatismo de los calificativos de determinados dirigentes es el cambio que se está produciendo en el pensamiento y análisis económico de los responsables de los organismos internacionales. Laurence Boone, economista jefe de la OCDE, ha escrito en Financial Times que entre las medidas de los gobiernos deben incluirse “tomar participaciones en las empresas y apoyar el empleo”. Asume que esto implicará “un gran aumento del gasto público e inversión en el momento en que caigan los ingresos”. También recomienda que el gasto público debe ser financiado por un aumento de la oferta monetaria creada por los bancos centrales. Un discurso radicalmente contrario al imperante durante décadas —dominado por la liberalización económica, la reducción del Estado y la estabilización macroeconómica— que configuró el llamado Consenso de Washington en 1989, aplicado básicamente por el FMI. Boone ha insistido también en la necesidad de medidas fiscales y monetarias coordinadas.

    Pero precisamente la coordinación real es lo que más está fallando. Tanto en el plano internacional como europeo. Por una parte, Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Japón y China han actuado cada uno por su cuenta. En materia fiscal, Estados Unidos ha aprobado un paquete de ayudas públicas a empresas y familias de 2,2 billones de dólares, el triple de los 700.000 millones del paquete de 2008. En cuanto a las medidas monetarias, la Reserva Federal ha rebajado los tipos a casi cero, dispuesto 700.000 millones para la compra de activos y mantiene sus operaciones en el mercado de repos (recompra de activos por 1,5 billones de dólares).

    En Europa las medidas propiamente comunes de la Comisión Europea han sido muy limitadas. Primero 25.000 millones de euros que luego se ampliaron hasta 37.000 millones, la mayor parte procedentes de los fondos estructurales ya existentes. El paquete fiscal europeo ha sido de tipo nacional.  Alemania, 16,3% del PIB (550.000 millones);  Francia, 12,7% del PIB (300.00 millones); Italia, 15% del PIB (270.000 millones);  España 9,7% del PIB (117.000 millones). El proyecto europeo tiene un límite mental que es el rechazo a la llamada “unión de transferencias”. Es un concepto ideado por Alemania que se opone a una idea de Europa que implique que los países ricos transfieran más recursos de la cuenta a los más pobres. El resultado práctico es el límite del presupuesto europeo al 1% del PIB europeo. Para tener un criterio de comparación basta recordar que en Estados Unidos los recursos del Gobierno federal son del 20% del PIB, aunque casi la mitad son de defensa.

    Estas masivas inyecciones de liquidez de dinero público y la suspensión de todos los límites de deuda y déficit existentes suponen un cambio radical con la filosofía de austeridad y la imposibilidad de flexibilidad, los criterios de ortodoxia económica vigentes sobre todo en la Unión Europea. Estas intervenciones masivas del sector público hacen sospechar que con independencia de los daños causados por la epidemia, la situación financiera del sector privado era ya muy crítica antes de la crisis sanitaria. Dicho en otras palabras, el capitalismo estaba ya en momentos muy críticos. Según el Instituto Internacional de Finanzas (IIF) la deuda mundial alcanzó un máximo histórico durante el tercer trimestre de 2019 con un montante de 253 billones de dólares, lo que representa un 322% del PIB mundial. La deuda era ya una silenciosa bomba de relojería, que no tan solo no se había reducido desde la última crisis sino que había aumentado peligrosamente. 

    A pesar de las diferencias entre la crisis financiera de 2008 y la sanitaria de 2020 todo apunta a que se volverá a repetir un mismo tipo de efectos. La solución pasará por una reducción de la deuda privada, que soportan las empresas y una parte de la población, a costa de un fuerte aumento de la deuda pública sobre las espaldas de todos los ciudadanos. La manera en que se debería asumir la montaña de deuda pública que viene exigiría un cambio importante de las reglas de juego.

    En el caso de Europa más que una falta de coordinación se ha producido una clara falta de solidaridad. Los Estados europeos forman parten de un club en el que comparten moneda y han renunciado a muchas competencias. Por ello tienen derecho a recibir una solidaridad y protección del conjunto. Está en el Tratado de la Unión. Como ha recordado el jurista Luigi Ferrajoli, “la Unión garantizará un alto nivel de salud humana”.

    La crisis ha desatado una seria batalla en el seno de la Unión Europea por la negativa de los países ricos a compartir el coste de las ayudas para afrontar la crisis sanitaria. Si cada estado tiene que afrontar individualmente y por su cuenta el aumento del gasto público que supondrá la crisis sanitaria y la consecuente recesión económica hay unos países que son perdedores claros. Son los que sufran un mayor impacto de la epidemia y que estén más endeudados. Es el caso e Italia y España, que son los más castigados por el virus y además tienen mucha deuda: Italia, un 137% del PIB de deuda pública y España un 97%. Si cada uno tiene que asumir por su cuenta los costes de la crisis, la deuda italiana puede situarse en 160% y la española en el 120%. Las cifras por si solas evidencian suficientemente la gravedad del problema y no precisan más palabras.

    La fórmula más sencilla de compartir o mutualizar la nueva deuda que generarán los Estados para financiar esta crisis sería acudiendo al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), del que hay disponibles 410.000 millones de euros. Este mecanismo tiene la ventaja de que no hay que inventarlo pues ya está operativo. Pero también un serio inconveniente y es que, tal como está diseñado, las ayudas están sujetas a unos criterios de condicionalidad muy estrictos. En la memoria de los países rescatados (Grecia, Irlanda, Portugal y España) están las exigencias de los hombres de negro que aplicaron con mano dura importantes recortes sociales. 

    Italia teme las condiciones que pueda plantear la UE para la concesión de fondos del MEDE. Estas condiciones podrían exigir un recorte de gastos sociales como las pensiones. Dado el inevitable aumento del endeudamiento italiano, hay temores fundados de que las exigencias impliquen una reestructuración o quita en su deuda. Esto resultaría explosivo socialmente en un país donde una parte considerable de la deuda está en manos de los particulares. 

    Hay que recordar que en la anterior crisis financiera de 2008-09, el Gobierno de Roma, a diferencia del español, evitó que se aplicaran quitas a los  particulares tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada de los bancos que precisaron ayudas públicas. Este trato excepcional, que salvó a los ahorradores italianos, se mantuvo incluso después de la entrada en vigor de la directiva de Recuperación y Reestructuración Bancaria en 2016. En relación con las posibles quitas a los ahorradores tenedores de deuda pública hay una gran sensibilidad en Italia, tanto en el Gobierno como, sobre todo, en la oposición claramente antieuropea, lo que explica las dificultades de aplicar este mecanismo. Este es un asunto explosivo. Alemania puede asfixiar a Italia pero éste país puede hacer saltar en pedazos la eurozona.

    Esta es la razón por la que Italia apuesta por los coronabonos, que supondrían una mutualización de la deuda que se emitiría exclusivamente para financiar la lucha contra la epidemia. Se trataría de una deuda que contaría con respaldo de todos los países de la UE con un coste mucho más bajo, próximo al 0%, y un plazo de amortización muy largo, y que no se contabilizaría en las cuentas de los países. Los eurobonos para la epidemia (coronabonos) cuentan con el apoyo decidido de España, Francia y otros seis países. Pero el rechazo de los países del norte, sobre todo de Alemania, Holanda, Finlandia y Austria, es muy firme y no parece que por el momento vayan a cambiar de posición.

    La necesidad de una respuesta solidaria ha sido defendida por destacadas personalidades desde ámbitos muy distintos: el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el ex presidente del BCE Mario Draghi y destacados economistas como Martin Wolf.

    Pero todo hace pensar que la Unión volverá a incurrir en los mismos errores que en la crisis anterior, esta vez por una grave falta de solidaridad. Los profesores Adam Tooze y Moritz Schularick han expresado sus temores al señalar que “lo que la última crisis no hizo, la covid-19 podría hacerlo ahora y provocar la ruptura de la zona euro”. En su opinión la arquitectura de la unión monetaria estaba mal preparada para la crisis global bancaria de hace una década. “Sin embargo”, consideran que “hoy la situación es incluso peor”. Reconocen que el BCE es la principal línea de defensa “pero enfrentado al coronavirus, el BCE no puede construir hospitales, producir respiradores, mascarillas u organizar apoyos a la renta de las empresas y sus empleados”.

    El dique más sólido frente a la epidemia lo han levantado los sanitarios y todos los trabajadores que con su compromiso y sacrificio están frenando su expansión de manera efectiva en todos los países. La solidaridad y el humanismo se han convertido en las conductas rectoras que inspiran la futura organización social internacional. 

    El cataclismo social que viene será tan profundo que solo será posible afrontarlo desde un nuevo enfoque que exigirá un cambio social radical. Una experiencia parecida ya se produjo después de la Segunda Guerra Mundial cuando los sacrificios de millones de ciudadanos obligaron a  ensanchar y consolidar los incipientes Estados de bienestar. La novedad es que ahora la solidaridad habrá que practicarla en el plano internacional. Las consecuencias de la pandemia en África, Asia y América Latina exigirán el máximo apoyo de los países con más recursos económicos y sanitarios. No deberíamos desaprovechar esta oportunidad para un cambio profundo de nuestras sociedades.

     

    Foto portada: Nicolas Solop, flickr

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