Prohibido despedir

  • 29 Marzo, 2020

    El Gobierno anuncia la "hibernación" de la actividad económica y aumenta la protección de los trabajadores.

    FOTO: LA MONCLOA

    “No es necesario despedir a nadie en nuestro país. Esta crisis es un paréntesis”. Con estas palabras anunció el viernes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la decisión de prohibir el despido de trabajadores mientras la pandemia del coronavirus mantenga prácticamente paralizada la economía española. El frenazo será aún más pronunciado después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase el sábado la suspensión de toda actividad económica considerada no esencial a partir del lunes 30 de marzo. El objetivo: reforzar aún más el confinamiento de la población decretado el 14 de marzo para frenar así la propagación del virus, reducir el número de hospitalizaciones y evitar el colapso del sistema sanitario.

    El cierre de empresas e industrias que no sean fundamentales para garantizar los servicios básicos —principalmente la asistencia sanitaria, la distribución de alimentos, el transporte y la seguridad— se prolongará hasta el jueves 9 de abril. Todos los trabajadores afectados tendrán derecho a un permiso de ocho días laborables que será retribuido por las empresas. A cambio, los trabajadores recuperarán las horas perdidas de manera paulatina cuando se retome la actividad hasta el 31 de diciembre. 

    “Lo hacemos ahora porque estamos a las puertas de la Semana Santa y podemos cortar de manera más agresiva los contactos y, por tanto, los ingresos hospitalarios y la presión sobre las UCI”, afirmó Sánchez. El Gobierno espera que la movilidad se reduzca de lunes a viernes hasta el nivel de un domingo. La ministra portavoz, María Jesús Montero, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del domingo que los datos disponibles sobre movilidad durante la semana y el fin de semana aconsejaban adoptar esta medida, que calificó como "hibernación del aparato productivo".

    Las nuevas limitaciones serán difíciles de cumplir de manera inmediata dada la complejidad de suspender determinadas actividades con tan solo dos días de antelación. Y ya han surgido voces críticas con la decisión del Ejecutivo, como la del lehendakari Iñigo Urkullu, partidario de que cada comunidad autónoma escoja qué actividades son esenciales en sus respectivos territorios.

    Las medidas adoptadas por el Gobierno desde el estallido de la crisis del coronavirus no tienen precedentes desde el retorno de España a la democracia. Son una muestra del miedo a que el brusco frenazo a la economía acabe teniendo consecuencias irreparables para las empresas y para la vida de los trabajadores y sus familias, pero al mismo tiempo reflejan la esperanza de que el paréntesis sea breve y la actividad pueda recuperar cierta normalidad pronto. 

    Con la prohibición de los despidos el Gobierno también ha querido calmar la inquietud de los sindicatos, que alertaron del peligro de que más de un millón de trabajadores puedan perder su empleo por culpa del coronavirus, la mayoría de ellos con contratos temporales. Según lo anunciado por la ministra de Trabajo, las empresas que precisen recortar sus plantillas deberán recurrir en todos los casos a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y no podrán hacer uso del despido objetivo para prescindir de sus trabajadores. “No se puede aprovechar la Covid-19 para despedir”, afirmó la ministra, quien confirmó también que todos los contratos temporales se mantendrán vigentes hasta que se dé por terminada la crisis sanitaria. 

    La prohibición entró en vigor el viernes y afecta a los despidos considerados objetivos "por causa de fuerza mayor, por motivos económicos, técnicos, organizativos y de producción", que conllevan una indemnización de 20 días por año trabajado, y no tendrá efectos retroactivos. El objetivo es impedir el uso de los llamados “despidos exprés” que proliferaron tras la crisis de 2008, cuando gran número de empresas prescindieron de trabajadores aun reconociendo que los despidos eran improcedentes y pagando sus correspondientes indemnizaciones. La ministra advirtió de que el Gobierno va a revisar de oficio los miles de ERTE que se están presentando para detectar fraudes. Las empresas que traten de obtener ventajas de la situación serán duramente sancionadas, dijo Díaz.

    La prestación por desempleo que reciban los afectados por ERTE se verá incrementada en caso de que haya hijos a cargo, como ya ocurre con la prestación ordinaria. La ministra aclaró así las dudas al respecto, después de que el sindicato USO denunciase que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) había dado instrucciones de obviar a los hijos a cargo al calcular la cuantía de las prestaciones. Finalmente, las prestaciones ascenderán a un máximo de 1.098,09 euros y se verán incrementadas a 1.254 euros si hay un hijo a cargo y superará los 1.400 euros a partir del segundo. Las primeras prestaciones empezarán a pagarse según el calendario habitual, el 10 de cada mes a partir de abril.

     

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