El proyecto de ley Pacte es  un cajón de sastre  que recoge múltiples disposiciones  que responden a las expectativas patronales: reducción de los derechos sobre las transmisiones de empresa, elevación del umbral a partir del cual una empresa debe acudir a un auditor de cuentas o supresión de la obligación de informar a los asalariados en caso de cesión que introdujo la ley Hamon sobre la economía social y solidaria (ESS).