Créditos y moratorias para el pago del alquiler

El vicepresidente Iglesias asegura que “el Estado no dejará tirados” a quienes no puedan  devolver el dinero, mientras los activistas por el derecho a la vivienda llaman a no pagar en una huelga de alquileres.

Llueve sobre mojado. El acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas ciudadanos que la recuperación macroeconómica no había logrado resolver. Tras la crisis de 2008 y el estallido de la burbuja inmobiliaria, se produjo una sangría brutal de ejecuciones hipotecarias que en los últimos años se han desplazado a los desahucios por imposibilidad de pagar el alquiler. Los precios de los alquileres han evolucionado de forma irregular en España, pero en las grandes ciudades se han disparado.  

Ahora, la crisis del coronavirus seca de golpe o reduce considerablemente los ingresos de millones de hogares. Tras un intenso debate, el Gobierno ha decidido que las personas en paro, las afectadas por suspensiones temporales de empleo (ERTE), las que cobren menos debido a una reducción de la jornada laboral y aquellas que cotizan en el régimen de autónomos y que han visto bajar drásticamente sus ingresos puedan beneficiarse de una serie de facilidades para pagar las rentas, mediante créditos sin costes o vía moratorias temporales. Según cálculos del Gobierno, más de medio millón de familias pueden tener que recurrir a estas facilidades.

Las medidas no han contentado ni a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ni al Sindicato de Inquilinos. Pese a los avances respecto a planteamientos iniciales, estos colectivos exigían que se eximiera del pago a quienes no puedan pagar, y no que se retrasara el pago. Subrayan que, en la práctica, se obliga a los inquilinos a endeudarse a la espera de mejores tiempos. 

El Gobierno, que ha llamado a los propietarios a iniciar una “red de solidaridad” respecto de sus inquilinos, ha puesto el foco en que las rentas se sigan cobrando, y al mismo precio.  Y los precios son elevados. La crisis de la covid-19 irrumpe en plena discusión interna en el Ejecutivo sobre la necesidad de regular los incrementos de los precios de los alquileres en zonas tensionadas.  Según el portal Fotocasa, entre 2014 y 2019 las subidas de los precios de las ofertas publicadas, que reflejan la tendencia de fondo, superan ampliamente el 50% en algunas ciudades como Valencia (77%), Madrid (57%), Málaga (62%), Barcelona (55%) o Ibiza (más del 90%).

Distinción entre propietarios e impagos

La medida aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez llega dos semanas después del estado de alarma, en medio de grandes discusiones entre los ministros socialistas y los de Unidas Podemos, y en ella se refleja la presión de los colectivos sociales, que mantienen una huelga de pago de alquileres. Un aspecto clave en la decisión final, en la que puso énfasis el vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias durante su presentación posterior al Consejo de ministros, distingue entre los pequeños propietarios, a quienes se les garantizan los ingresos, y los grandes tenedores y fondos buitre, que deberán asumir una quita de la renta del 50% o bien aceptar una reestructuración de la deuda para que ésta se pague en el plazo de tres años.

El paquete aprobado parte de un sistema de microcréditos del Instituto del Crédito Oficial (ICO) al que pueden acceder los inquilinos vulnerables. Se trata de créditos por bajas cuantías sin intereses ni comisiones de ningún tipo. Pero como se trata de créditos, los afectados tendrán que devolver el dinero, durante un plazo de seis años, prorrogables por cuatro años más. 

Pero si el propietario es un gran tenedor o un fondo de inversión, el Ejecutivo ha optado por una moratoria de cuatro meses. Después, se deja a la negociación entre inquilino y propietario. Y si no consiguen pactar un acuerdo, hay dos salidas: una quita de la mitad de la deuda o una reestructuración de la deuda en tres años.

¿Y si en cualquier caso hay inquilinos que al final no pueden pagar? El vicepresidente Iglesias aseguró que “van a contar con el apoyo del Gobierno”, que “el Estado no les va a dejar tirados” y que “se hará cargo de las deudas de todos los inquilinos en situación de vulnerabilidad que por la crisis del coronavirus no logren salir de esta situación”. Conclusión: si alguien no puede pagar, lo haremos todos los contribuyentes, no serán los propietarios quienes asumirán el impago.

Beneficiarios de microcréditos 

¿Quiénes pueden acogerse a estos microcréditos? Parte de la discusión ha tenido que ver con la clasificación de “hogar vulnerable”. Se han ampliado las condiciones para acceder a estos programas respecto de la definición que se suele utilizar para acceder al bono social para pagar la luz o a la moratoria de las hipotecas. Bajo el paraguas entra la persona que esté en paro, afectada por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), por un recorte de la jornada laboral, y también los autónomos cuyos ingresos no alcancen una suma equivalente a tres veces el índice IPREM.

Los movimientos que luchan por garantizar el derecho a la vivienda aducen, por una parte, que todos los sectores de la actividad productiva se están ajustando el cinturón y que, en cambio, el sector inmobiliario queda al margen del ajuste; por otra parte, recuerdan la pobreza de las estadísticas del alquiler, uno de los grandes problemas que se plantea precisamente a la hora de conocer la evolución de este mercado y de sus precios por zonas. El sector inmobiliario insiste en que más del 90% del mercado del alquiler está en manos de pequeños propietarios. Y es el argumento en el que se ha basado el Ejecutivo para no suspender el pago de rentas.  

Sin embargo,  el Sindicato de Inquilinos rechaza que puedan ser considerados pequeños propietarios dueños de decenas de viviendas. En Barcelona, mil arrendadores controlan 75.000 viviendas.  “Los arrendadores ganan 38.000 euros de media, y eso sin incluir lo que cobran de alquiler, mientras que los hogares de los inquilinos ingresan 23.000 euros de media, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2018”, señala en un comunicado esta entidad, que considera “totalmente insuficientes” las medidas. “El Gobierno lanza el mensaje de que aunque la economía se derrumbe, aunque los ingresos se desplomen, los alquileres deben seguir cobrándose al mismo precio. Esto significa que no están considerando  el aumento de la brecha entre ingresos y gastos familiares”, apunta. De ahí que insistan en que la gente que no pueda pagar no lo haga. Y habla de “huelga” a partir de ya, el 1 de abril, bajo el lema: “No cobramos, no pagamos”.

Prohibido desahuciar o subir precios 

Las medidas adoptadas por el Gobierno se suman a la moratoria del pago de las cuotas de la hipoteca, hasta tres meses, y que se amplía para los autónomos. Se completan también con la imposibilidad de desahuciar a nadie que no pueda pagar el alquiler y no tenga alternativa habitacional, no solo ahora sino hasta que haya pasado medio año desde el fin del estado de alarma. 

Por otra parte, si durante el estado de alarma se termina el contrato de alquiler, el propietario debe prorrogarlo de forma obligatoria durante seis meses, y no se le puede subir el precio, al menos en el próximo medio año. 

Se incorpora además un plan de ayudas al plan estatal de vivienda para quienes no puedan hacer frente al alquiler de la vivienda habitual una vez superada la pandemia, ayudas por un máximo de 900 euros al mes. 

Foto portada: Ra_fus, flickr