Desahucios: es urgente cambiar una legislación injusta
La herida más traumática que ha dejado la crisis en España ha sido la de los desahucios. Cientos de miles de familias se han visto expulsadas de sus hogares al no haber podido hacer frente a las cuotas de la hipoteca o al alquiler de su vivienda tras haber perdido el empleo. Las cifras de hogares afectados van desde los 110.000 calculados por el Banco de España para el periodo de 2012 a 2014, a los 255.000, según el Consejo General del Poder Judicial para el mismo trienio, o a los 448.624, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que tiene en cuenta las ejecuciones hipotecarias desde 2008. En cualquier caso, las cifras más benignas del Banco de España, que son las proporcionadas por las entidades financieras, resultan de todas formas intolerables.
Lo más inquietante es que el drama de decenas de miles de desahucios, una de las características más horribles de la crisis económica española, podría haberse evitado si la legislación española en materia de ejecución hipotecaria hubiera estado conforme con la legislación europea.
Desde hace varios años el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) viene condenando reiteradamente a España y ordenándole modificar una legislación que permite la práctica de graves abusos en esta materia. Las correcciones de la legislación española han sido muy lentas e insuficientes, lo que ha forzado al Tribunal a dictar nuevas sentencias en contra de las normas españolas que permiten la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios que facilitan los desahucios con gran rapidez.
Recientemente las resoluciones del TJUE se han referido al carácter abusivo de ciertas cláusulas relativas al vencimiento anticipado de las hipotecas. Estas cláusulas permitían al banco exigir al prestatario el pago de toda la deuda hipotecaria pendiente si se retrasaba un solo mes en el cumplimiento de sus obligaciones, lo cual conducía de manera imparable al desahucio. En 2013, España tuvo que cambiar la ley a consecuencia de una sentencia del TJUE y establecer que para resolver un contrato y ejecutar un desahucio hacía falta el impago de al menos tres mensualidades.
En los últimos meses, varias audiencias provinciales como las de Barcelona y Pontevedra, interpretando los autos del TJUE de junio de 2015 y marzo de 2016, están anulando las cláusulas del vencimiento anticipado establecidas en los contratos hipotecarios y sobreseyendo los procedimientos de desahucio. Si estas cláusulas abusivas no se hubieran permitido, los desahucios habrían sido mucho más difíciles. A pesar de todo, los bancos siguen incluyendo estas cláusulas en las hipotecas.
Los jueces están marcando un punto de inflexión ante la dramática situación en que se encuentran muchas familias por la antisocial legislación sobre la vivienda que han mantenido en España los distintos Gobiernos. La solución al problema de los desahucios pasa por acabar de una vez con el tratamiento de la insolvencia del deudor por la injusta vía de las ejecuciones hipotecarias. Es urgente establecer una regulación que aborde el problema de las familias sobreendeudadas, como existe en la mayoría de países europeos.
Durante los últimos años, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), impulsada por Ada Colau, actual alcaldesa de Barcelona, ha sido la organización más consecuente en la defensa del derecho a vivienda para las familias. La PAH ha paralizado más 2.500 desahucios y realojado a más de 2.500 personas. Paralelamente, ha impulsado leyes protectoras en materia de derecho a la vivienda, como la 24/2015, aprobada por unanimidad por el Parlamento de Catalunya que garantiza el realojo a las familias desahuciadas, obliga a los bancos a ofrecer un alquiler social a los que pierden el piso y exige el aumento del parque público de viviendas.El intento del Partido Popular de querer tumbar esta ley como ha hecho con otras legislaciones autonómicas en Andalucía, Navarra, Canarias y País Vasco está provocando una creciente protesta social.
La tarea más urgente es acabar con la situación en que se encuentran muchas familias desahuciadas que tienen que seguir pagando la deuda pendiente a los bancos por la irresponsabilidad de los Gobiernos que han mantenido una legislación injusta como está demostrando el TJUE.
