Finsalud investigará la salud de los empleados bancarios
Las secuelas de la crisis financiera de 2008 perduran. Los estragos ocasionados no se han limitado a los perjuicios económicos para cientos de miles de familias, sino que en muchos casos han afectado también a su salud. La Fundación Finsalud ha impulsado varios trabajos de investigación sobre los trastornos en la salud que han sufrido los clientes bancarios que han sido víctimas de abusos y malas prácticas por parte de las entidades.
Un estudio de la fundación de 2017 concluyó que las personas que habían perdido una parte relevante de sus ahorros en participaciones preferentes y obligaciones subordinadas o habían sufrido importantes menoscabos como titulares de hipotecas en moneda extranjera (multidivisas) tenían peor salud física y mental y peor calidad de vida que la población general de las mismas características.
En el curso de su foro anual celebrado la semana pasada en Madrid, la fundación anunció la puesta en marcha de una nueva investigación para examinar las variaciones de salud de los empleados del sector bancario en relación a su actividad laboral. La Fundación Finsalud, cuyo presidente de honor es José Manuel Ribera Casado, catedrático emérito de Geriatría, ha recibido indicios de las situaciones de estrés padecidas por los trabajadores de banca durante la crisis y años posteriores a consecuencia de la presión en la comercialización de determinados productos.
El trabajo se desarrollará por un equipo, cuyo investigador principal será el matemático y doctor en biología Miguel Juliá. La investigación contará con la colaboración del sindicato Confederación Intersindical de Crédito, (CIC ), presidida por Gonzalo Postigo. El trabajo se realizará con una muestra de 5.000 empleados bancarios. La iniciativa ofrecerá la participación a los demás sindicatos y a las asociaciones de las entidades financieras.
La celebración del foro propició un amplio debate sobre el retroceso que están registrando los derechos de los consumidores durante los últimos años a consecuencia de la última crisis financiera. El deterioro de los derechos de los ciudadanos se ha acelerado por el proceso de digitalización y la concentración de entidades financieras y energéticas que ha debilitado la posición de los clientes ante las cada vez más grandes y poderosas corporaciones.
El retroceso en los derechos de los ciudadanos es debido principalmente a la falta de una legislación adecuada, la ausencia de una autoridad que proteja específicamente a los consumidores y a la involución que ha experimentado la Sala Civil del Tribunal Supremo en determinados asuntos vitales para los consumidores.
La decadencia de derechos fue analizada por destacados juristas en el foro. La abogada Patricia Gabeiras, reconocida experta en las hipotecas en moneda extranjera, uno de los productos que ha causado más estragos, mostró su preocupación por los cambios recientes en la doctrina del alto tribunal que "no contribuyen a la seguridad jurídica, sino que están creando el caos". Gabeiras, que ha logrado 13 sentencias de las 24 que ha dictado el Tribunal Supremo a favor de los clientes en relación a las multidivisas, censuró el cambio del máximo tribunal en el orden civil, que ha dejado de apoyar los derechos de los consumidores como había hecho en el pasado, siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La misma preocupación por la inseguridad jurídica y el caos creado expresó el abogado Pablo Franquet, especialista en swaps o permutas financieras, otro producto que ha ocasionado severos estragos a familias y empresas. El abogado mostró su inquietud por la creación por el Tribunal Supremo de la categoría del "cliente minorista experto", un concepto que en su propia definición encierra una clara contradicción y que no está previsto en la ley. La normativa MIFID que regula los mercados e instrumentos financieros distingue tres categorías de actores en este campo. Los minoristas, que se corresponden con los consumidores, que son los que tienen menos información y a los que la ley concede la máxima protección; los profesionales y los denominados contraparte (bancos y empresas de inversión) que son los que tienen el máximo conocimiento del mercado y la menor protección legal. La nueva categoría de "minorista experto", deja a los consumidores en una situación de protección inferior a la de los profesionales.
La desprotección de los consumidores fue analizada desde otra perspectiva por Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil, que criticó al supervisor porque a su juicio "no ha hecho su trabajo". Reprochó la situación existente en España donde una misma autoridad tiene la misión de garantizar la solvencia de las entidades y proteger a los consumidores. Es un sistema que, en su opinión, no puede funcionar porque "el mismo señor tutela al verdugo y a la víctima". Abogó por el modelo conocido como twin peaks o picos gemelos, constituido por dos autoridades independientes, una para garantizar la solvencia de los bancos y otra para proteger a los consumidores. Cuena, investigadora visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, puso como referente el modelo implantado por Barack Obama tras la crisis financiera en Estados Unidos, que creó la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, (CFPB por sus siglas en inglés) con importantes poderes. El director de la oficina, actualmente Rohit Chopra, cuenta con total independencia para nombrar a su equipo y dispone de los recursos financieros que precisa. En 2020 impuso sanciones a las entidades financieras por 12.900 millones de dólares, (11.170 millones de euros) y sus resoluciones beneficiaron a 175 millones de personas.
El aumento de las malas prácticas inquieta a las autoridades. Gloria Caballero, subdirectora de Educación Financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), reconoció que la institución "lleva ya tiempo preocupada por el aumento de estafas y fraudes".
Gloria Caballero y José Manuel Gómez de Miguel, antiguo jefe de Regulación Bancaria del Banco de España, plantearon la conveniencia de potenciar la educación financiera de los ciudadanos para mejorar el conocimiento de sus derechos en sus actividades relacionadas con las entidades financieras. La presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, defendió también la necesidad de aumentar la educación financiera, pero advirtió que "era insuficiente para proteger de forma eficaz a los consumidores". Señaló que no se puede trasladar toda la responsabilidad de lo ocurrido a la falta de conocimiento de los ciudadanos. "A mí", añadió, "una mejor educación no me habría salvado, y por eso me decidí a crear una asociación".
En el acto intervino también Carlos Ballugera, registrador de la propiedad y presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, que subrayó la necesidad de distinguir entre inversores y ahorradores. "No se puede dar el mismo trato", señaló, "a los inversores que buscan la manera de obtener una mejor rentabilidad que a los consumidores que van al mercado para satisfacer sus necesidades", como es el caso de los que tienen que pedir una hipoteca para adquirir una vivienda.
Fernando Zunzunegui, abogado, profesor de Derecho del Mercado Financiero en la Universidad Carlos III y presidente de Finsalud, sintetizó las intervenciones desarrolladas en el foro expresando su preocupación por la desprotección de los ciudadanos. Definió la situación actual como de "anomia, que se caracteriza por la inexistencia de normas, o incumplimiento de las existentes". Defendió el principio de la Constitución de 1812, reiterado en la de 1978, que proclama que el fin de toda sociedad política "es el bienestar de los individuos". El profesor Zunzunegui insistió en la idea de perseguir el bienestar de los ciudadanos y para ello planteó la conveniencia de "cuidar el sistema y adaptarlo a las necesidades de los ciudadanos".
