Historia de un funcionario

  • 24 Octubre, 2013

    Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Cataluña

    Este relato debe encabezarse, en justicia, con una advertencia: las líneas que siguen tienen como objeto presentar argumentos a favor de la administración. O lo que es lo mismo, persuadir a quienes creen que los empleados públicos son unos parásitos sin excepción, de que la realidad es más sutil que esta fórmula retórica. No pretendo que no se puedan denunciar abusos cometidos por organismos o entidades públicas, extremo del que se han ocupado en otros medios, por lo común con muy mala fe. Modestamente, mi pretensión es destacar la importancia de la administración en el funcionamiento del llamado Estado del bienestar.

    Conste, antes de proseguir, que no creo que una plaza de funcionario deba adjudicarse en propiedad y de forma vitalicia bajo cualquier circunstancia. Yo mismo puedo citar más de un empleado a quien despojaría sin dudar de su plaza pública, si bien es cierto que se trata de una minoría en los contextos en que me desenvuelvo.

    Mi opinión, por tanto, es que la administración pública puede gestionarse con más eficacia en unos departamentos, aunque también dotarse de mayores recursos en otros: el porcentaje de empleados públicos en España es de los más bajos de la UE-15. Por lo demás, una cosa es hacer limpieza o desengrasar la maquinaria y otra muy dispar desmantelar servicios imprescindibles como la sanidad o la educación, por no hablar de privatizarlos.

    Tampoco pretendo discutir si el Estado dispone de ingresos para pagar la factura de la función pública. Es obvio que si la clase política creyera en su importancia, el presupuesto para sufragar hospitales, pensiones o las nóminas de los funcionarios dejaría de ser un obstáculo infranqueable, lo mismo que esa élite no encuentra ningún impedimento cuando ha de designar puestos de confianza o recaudar fondos millonarios para rescatar las entidades bancarias que han hundido sus socios de expolio. De aquí en adelante asumo que el pago de dicha factura exige un solo requisito: voluntad política, facultad que nuestra casta ha puesto en manos de banqueros y otros delincuentes fiscales.

    La universidad española: un caso 

    Dicho esto, me dispongo a defender la administración. Para ello, en primer lugar, voy a exponer mi caso. Es el que mejor conozco y puedo documentar. Y creo que no les engaño si afirmo que se trata de un perfil común en la universidad pública española. Este es mi currículo académico. Nota final de Bachillerato: Matrícula de Honor. Nota final de Ingeniería de Telecomunicación: 10. Nota del Proyecto Final de Carrera: 10, Matrícula de Honor. Completé el título de ingeniería de seis cursos en cinco. Trabajé para pagar los estudios de mi bolsillo. Por último, me doctoré en matemáticas con la máxima calificación: Sobresaliente Cum Laude. En fin, perdonen este alarde curricular –entiendo que a un paladar delicado pueda parecerle una falta de decoro– pero creo que es justo presentar los hechos en su entera objetividad. Además, vuelvo a dejar constancia de que no expongo mi expediente a título personal sino en representación de un colectivo, puesto que la mayoría de mis compañeros de departamento son ingenieros competentísimos.

    Con un currículo notable decidí, por vocación, desarrollar mi carrera en la universidad. No voy a referirles los detalles de mi periplo profesional pero sí quisiera subrayar que en la empresa privada, tras veinte años de contrato, podría percibir conforme un cálculo conservador dos veces mi sueldo actual. Las cuentas no ofrecen dificultad: me comparo a compañeros de promoción con un currículo equivalente. ¿Esto me escuece? En absoluto: mi empleo se correspondía con mi vocación y además disfrutaba de una excelente calidad de vida. ¿Trabajaba? Claro. ¿Más o menos que en la empresa? Depende, supongo que en promedio menos. Por eso cobraba bastante menos.

    Ahora, sin embargo, todo ha cambiado. En la actual situación de recortes, no solo estamos obligados a trabajar más a cambio de un sueldo menor –las reducciones salariales han coincidido con los primeros despidos y el despliegue de los planes de estudio impuestos por Bolonia– sino que se están planteando cierres de escuelas y departamentos que funcionan perfectamente, como muestran los números. Estas medidas afectan a todos: estudiantes, personal de administración y servicios y también personal docente e investigador, tanto laboral como funcionario. A alguien esto le puede parecer estupendo, pero yo pregunto: si cobro la mitad de lo que se me pagaría en el sector privado y me rebajan el sueldo, he de trabajar lo mismo y encima pueden echarme, qué narices hago en la universidad. Es verdad que se trata de una vocación, pero toda vocación tiene un precio.

    Tampoco voy a sostener que la universidad española no sea susceptible de reformas. Pero tal afirmación general es ampliable a cualquier institución, pública o privada. En este caso, en vez de debatir los detalles, propongo evaluar el conjunto: la producción científica española, desarrollada fundamentalmente en la universidad, se sitúa por encima de lo que le corresponde con relación al PIB. Y ello a pesar de que en España la inversión en investigación y desarrollo, en términos porcentuales, están en la cola de la UE-15. Es decir, calificar de deficiente el conjunto de la universidad española supone una evidente injusticia comparativa, máxime si se considera la disposición de un país como Alemania a contratar titulados españoles. En suma, la actual crisis de la universidad española no se debe a una incorrecta gestión sino a los brutales recortes de que ha sido objeto. Es como si a un paciente aquejado de una leve anemia se le pega un tiro en el vientre y acto seguido, en vez de detener la hemorragia, se le trata la anemia.

    Por último, quienes sostienen ahora que hay que reformar la universidad pública, ¿en qué pensaban cuatro años atrás, cuando se puso en funcionamiento el Plan de Bolonia cuyo objeto era refundar el sistema universitario europeo? Eso fue lo que se propuso y a tal fin hemos sacrificado meses de esfuerzo, sin reconocimiento. Antes al contrario, desde entonces no hemos dejado de padecer tijeretazos. ¿De qué ha servido ese ingente esfuerzo colectivo? ¿Y por qué, cuatro años más tarde, hemos de empezar de nuevo? ¿Qué ha cambiado aparte de una falta de financiación que no ha sido responsabilidad de la universidad sino del derrumbamiento de la economía nacional y del desprecio de la élite política por la educación pública? Y si accedemos a esa nueva reforma, ¿quién nos garantiza que en cuatro años no vayan a imponernos un nuevo modelo o amputación, según sople el viento?

    ¿Gestión privada de la universidad?

    No escasean tampoco los expertos que postulan que la gestión de la universidad –que según su reputado juicio no puede costar dinero– tiene que ajustarse a criterios productivos, postura recogida en la propuesta de reforma del ministro Wert. Como pilar de este principio aparece la colaboración entre la universidad y la empresa o, más en particular, los llamados convenios de empresa. Resulta absurdo oponerse por principio a tales contratos, pero en un país como España se corre el riesgo de transformar la universidad en una consultoría pública, esto es, subvencionada por el Estado, que pagaría los despachos, laboratorios, teléfonos, ordenadores, secretarias, etc., además de parte del sueldo de los ingenieros o consultores, al servicio de grandes corporaciones empresariales. La razón es simple: esas compañías no están interesadas en la investigación sino en poner productos en el mercado. De modo que su preocupación por cooperar con la universidad tiene como fin abaratar los costes de desarrollo de sus productos. ¿Por qué? Queda dicho: la infraestructura la pone el Estado. Y porque pueden obtener mano de obra cualificada a muy bajo coste: profesores –que ya disfrutan de un sueldo público–, becarios e incluso estudiantes que trabajan sin cobrar dado que el convenio les permite presentar el proyecto de final de carrera con que concluyen sus titulaciones. Esto supone, por añadidura, una competencia desleal contra las pequeñas y medianas empresas del sector.

    Todo lo cual, además, no es una hipótesis: sucede hace tiempo. Así que por el momento los grandes beneficiarios de dichos proyectos de colaboración no son ni la universidad ni la sociedad sino más específicamente dichos gigantes corporativos. Alguien puede añadir que esto no sucedería si la financiación universitaria dependiera en su integridad del sector privado. Bien, que las empresas voluntarias –dispuestas a financiar la universidad pública en nuestro país– den un paso al frente. ¿Ninguna? Vaya. En síntesis: el modelo universitario español de financiación no puede copiar el norteamericano porque no dispone de su inmenso tejido industrial. Y ello sin contar que en los Estados Unidos gran parte de la investigación la paga la industria militar que, a su vez, se nutre del Estado.

    La mala reputación

    Obviando estas consideraciones, no faltará quien opine que el empleado público se ha ganado a pulso su pésima reputación, extremo que tampoco es del todo preciso: esa mala prensa se debe, con frecuencia, a infundios. Citemos un caso representativo: el economista Xavier Sala-i-Martin, experto de gran predicamento en los medios catalanes que ha llegado a probar la ineficacia de la administración pública sin aportar una sola cifra. No es mi intención discutir a Sala-i-Martin si el funcionario es más o menos productivo que el empleado del sector privado. Aquí solo me propongo refutar su aparato deductivo y, si lo tiene a bien, que un experto mande las estadísticas. Por lo demás, si de conformidad con tales cifras se constata que el empleado público produce en promedio menos que el del sector privado esto no sería un motivo para desmantelar la administración sino para gestionarla mejor.

    Como primera razón, Sala-i-Martin afirma que en el sector público no se puede despedir, mientras que en el sector privado se trata de un trámite simple. De modo que, cuando un trabajador no rinde en la empresa privada es inmediatamente destituido, cosa que no ocurre en la administración pública. Y por eso, concluye, el sector privado tiene trabajadores más productivos: porque si no producen desaparecen. Lo que no añade Sala-i-Martin es que cuando un empleado del sector privado es despedido, ese señor, en general, se queda en el sector privado, dado que rara vez se presenta ni aprueba una oposición. Es decir, el sector privado no se deshace de él. ¿En dónde está la mejora colectiva entonces? Admito que todo esto puede matizarse –el riesgo al despido incentiva al trabajador, si aumenta el paro ese señor no se vuelve a emplear, etc.– pero Sala-i-Martin no lo hace e incurre, por tanto, en una desveladora deformación de los hechos.

    La segunda evidencia es, si cabe, menos sutil. Dice Sala-i-Martin que los funcionarios no disfrutan de incentivos económicos. Y por eso no producen. Esto significa que Sala-i-Martin no concibe un empleado capaz de desempeñar sus obligaciones por “sentido del deber”, sin esperar en compensación un aumento de sueldo. Fuera de eso, Sala-i-Martin oculta la verdad, dado que la función pública ofrece incentivos económicos. Les especifico algunos, tomados de la universidad española: quinquenios de docencia, sexenios de investigación –los trienios no los computo porque en mi caso son automáticos aunque también misérrimos: veinticinco euros al mes–, plaza de titular si eres agregado, plaza de agregado si eres colaborador, plaza de catedrático si eres titular, proyectos europeos financiados, proyectos de colaboración con empresa, etc. En otros departamentos acaso no sean tan variados, pero existen los ascensos. Y repito: no pretendo afirmar que el empleado público sea mejor o peor trabajador, sino que Sala-i-Martin recurre a argumentos falsos. Es decir, vierte nuevas calumnias sobre este colectivo, práctica injustificable en un hombre de su reputación. Lo más curioso, con todo, es que a quienes critican ferozmente a los empleados públicos porque les faltan incentivos no se les ocurre, en general, mejor antídoto que desincentivarlos.

    Importancia de la gestión pública

    Permítanme cambiar de tercio y trazar unas breves pinceladas sobre el departamento de movilidad de una de las principales capitales españolas. En particular, una ciudad en cuyo consistorio se produjo un reciente cambio de gobierno. Esto significa que se renovó la cúpula política del municipio y que los nuevos regidores, con el fin de justificar su sueldo, ocuparon sus asientos en un frenesí de ideas renovadoras. El objeto de tales ideas no es, por lo común, contribuir a la mejora del gobierno municipal sino distinguirse del equipo anterior.

    No se imaginan el trabajo que se han de dar los técnicos municipales para persuadir a los nuevos cargos de que esos proyectos constituyen, en una considerable porción, un despropósito. Los ediles no pueden creerlos. Para mayor precisión: cuando los ingenieros del consistorio discuten a un político tal o cual propuesta con argumentos objetivos, este no suele entenderlos por dos motivos. Primero, porque no tiene formación ni, en ciertos casos, inteligencia para hacerlo. Y, segundo, porque no concibe un argumento que no sea estratégico: no le cabe en la cabeza que un técnico que discrepa de su postura no tenga intención de debilitarlo políticamente. Para el político todo es política o, lo que es lo mismo, tácticas, prebendas y zancadillas. Existen salvedades, pero ahora me reduzco a dibujar el marco general.

    Mostrado este escenario, imaginen qué sería de la función pública española si cada vez que se renovara la cúpula de un ayuntamiento, departamento, ministerio, etcétera, los políticos tuvieran potestad para prescindir a discreción de los puestos técnicos. Si no gozaran de protección, el nuevo cargo, designado a dedo por el aparato de partido, los despacharía uno a uno y pondría en su lugar a compañeros de pupitre sin ninguna experiencia en el sector pero que aceptarían sus delirios con campechana camaradería. Permitan esto y en dos meses convierten España en un erial.

    Peor aún, traten de privatizar el servicio de movilidad de una urbe de varios millones de habitantes. ¿Cómo narices se hace sin que termine pagando la administración? ¿En dónde está el negocio? ¿Ponemos peajes en las calles? ¿Cobramos a los peatones? Es cierto, pueden recaudarse partidas por distintos conceptos: publicidad, billetes de transporte, etc., pero al fin parte de los ingresos los ha de poner la administración. A no ser que estemos dispuestos a cancelar líneas de autobús que prestan servicio a miles de ciudadanos pero resultan deficitarias. O a dejar de asfaltar calles por las que apenas circulan vehículos. Etcétera. No pretendo que no se puedan subcontratar proyectos o ejecuciones puntuales a empresas, pero dejar la gestión de la movilidad en manos privadas supone un grave despropósito. Entre otras razones, porque en dicho campo el concepto de competencia inter pares –para hacerse con “una cuota de mercado”– carece de sentido, habida cuenta de que ese mercado es la administración. Y si bien es cierto que puede convocarse un concurso público al que concurran esas empresas, en su presupuesto todas incluirán los consabidos márgenes de beneficios, que acaba pagando el contribuyente.

    Alguien puede aducir que aún así ese precio está justificado puesto que el ingeniero de la empresa privada garantiza un mejor rendimiento que el funcionario. ¿Qué significa, primero de todo, “rendir” si una parte fundamental de los beneficios los va a pagar la administración? ¿Trabajar más? ¿Mejor? ¿Que la empresa privada puede ejercer mayor presión sobre el trabajador? ¿Es que un ingeniero, peor aún, un ingeniero con vocación pública solo trabaja satisfactoriamente bajo presión? Esto es una estupidez. La presión a veces se vuelve contra el empleador. ¿Que el técnico del sector privado contratado por el sector público va a trabajar más horas? ¿Cuántas? Puesto que no se trata de imponer maratonianas jornadas laborales. Pues bien: ponga a trabajar al funcionario las horas que le corresponden, si cree usted que escatima tiempo a la administración. Y si no, lo despide. En esto estamos de acuerdo.

    ¿Que en promedio un funcionario va a trabajar ocho horas y un ingeniero de empresa, por ejemplo, diez? Veamos: esto supone un veinticinco por ciento más. Por otro lado, un ingeniero cobra en el sector privado un sueldo mayor del que se le pagaría en el sector público. Probablemente una diferencia mayor al veinticinco por ciento, sin contar el margen de la empresa. Pues bien, con ese dinero que se ahorra la administración pública podrá contratar nuevos ingenieros para cubrir las horas que faltan, y muy probablemente le sobre presupuesto. ¿Que en todo caso, como el empleado de la empresa privada cobra más, hemos de esperar que trabaje mejor? No pasa nada, páguele al funcionario lo mismo que le pagaría en la empresa privada en función del número de horas trabajadas y así se asegurará el mismo rendimiento. ¿Eso no le place? ¿Y en cambio le parece magnífico que en la empresa privada se le pague más, cuando ese dinero proviene en último término de la administración, como si la mediación de un contrato privado bendijera cualquier gasto público?

    Subrayemos, por último, una evidencia: el incentivo salarial no es garantía indiscutible de un incremento productivo. Plantéese el caso más simple: un técnico contratado a comisión. Es muy probable que dicho empleado técnico aumente su facturación merced al aliciente económico, pero ello no significa que vaya a dispensar un mejor servicio al cliente. Antes al contrario, en ocasiones lo enredará con el único propósito de colocarle un producto que no necesita. En este caso, la empresa multiplicará sus ingresos a costa de perjudicar al cliente, al menos ocasionalmente. Algo que con el tiempo puede volverse en su contra. En suma, los incentivos pueden contribuir a mejorar el balance de una compañía, pero no necesariamente los servicios que presta. Ejemplos como los teleoperadores de telefonía o la estafa de las preferentes deberían resultar concluyentes. En algún caso particular, incluso, los incentivos pueden resultar contraproducentes, extremo que Michael J. Sandel desvela en su último título, Lo que el dinero no puede comprar.

    La privatización de los servicios públicos

    La inmensa mayoría de servicios públicos no se debe privatizar, a no ser que estemos dispuestos a renunciar a ellos y que se conviertan en moneda de cambio para vaciarnos los bolsillos. Tampoco resulta complicado entender que el último objetivo de quienes reivindican la privatización de los servicios públicos es apropiarse del negocio, lo que significa repartirse aquellos sectores que pueden reportar beneficios, aunque sea a costa de degradarlos o recibir subvenciones públicas, y reintegrar el resto al Estado. Este cínico planteamiento, cuyo fin patente es socializar las pérdidas y privatizar los beneficios, solo puede ser desastroso a medio plazo, aunque ellos no vayan a reconocerlo. Nadie está dispuesto a admitir que se apresta a amasar una fortuna a costa del erario público.

    El caso más flagrante y dramático es la sanidad. Al respecto existen dos títulos imprescindibles, Medicina enferma y Los inventores de enfermedades de Jörg Blech, cuya tesis no admite duda. Privatizar la sanidad es un crimen, literalmente, que puede sintetizarse en una línea: “Dios mío, estoy perdido. He contraído una enfermedad no rentable”. La explicación es simple: los beneficios de la gestión privada de un centro de salud solo pueden cubrirse o bien degradando la asistencia –por ejemplo, bajando el sueldo a los facultativos, por mucho que ellos pretendan que el margen proviene de una mejor gestión– o recibiendo dinero público, como sucede en Madrid y Valencia, o ambas cosas a la vez. Todavía se espera la publicación de los estudios que demuestran –según Fernández-Lasquetty y otros expertos de su talla– que la gestión privada de la salud supone a la postre un importante ahorro de recursos. Está claro: si no se publican tales documentos es que ni existen ni se atreven a inventarlos. Entre tanto, para hacerse una idea basta fijarse en el elevado gasto sanitario per cápita de los Estados Unidos, con un modelo privado de asistencia. O en el porcentaje y los sueldos de los altos cargos en la salud privada en comparación con la pública.

    Por otro lado, los defensores teóricos de la privatización parecen olvidar un hecho esencial: la medicina moderna, uno de los mayores hitos de la humanidad, no es fruto del capital ni de la especulación ni de la productividad sino del trabajo y la dedicación de médicos y científicos consagrados a su profesión y cuya actividad no está alentada, en general, por el afán de lucro sino por lo que comúnmente se denomina vocación. Si no terminan de estar de acuerdo, les recomiendo la lectura de El siglo de los cirujanos de Jürgen Thorwald. Y subrayo: que esa ciencia naciera en el contexto de un capitalismo emergente no significa que la desarrollaran los propios capitalistas. Esos profesionales sanitarios con vocación de servicio ejercen en la actualidad en el sector público, que es el único que permite investigar en nuestro país.

    Y ahora, si les parece, despídanlos y empléenlos en clínicas privadas. A ver qué nuevo método desarrollan contra el cáncer, si solo disponen de tiempo para producir beneficios. Puesto que hasta que un equipo de investigación da con un método efectivo de diagnóstico o tratamiento, si es que tiene esa fortuna, pueden pasar años e incluso vidas de enorme improductividad desde el punto de vista financiero, que pocos empresarios e inversores están dispuestos a subvencionar. ¿Quién paga entonces esa “infecunda” labor que tantos millones de vidas ha salvado? ¿El sector privado? Hasta donde se ha visto, esa investigación solo está dispuesta a asumirla el Estado, por el sencillo motivo de que se trata de un servicio público imprescindible. Peor aún: si esa investigación hubiera sido sufragada por el sector privado, como sucede en otros países, nos la acabarían cobrando. Con lo cual, si se aplicara en la sanidad pública, la pagaría otra vez el contribuyente. Y si solo llegara a la privada, entonces beneficiaría a unos pocos.

    Lo más notable es que cuando esos adalides de la gestión privada –según sus palabras, en nombre del bien común– contraen una enfermedad grave, se olvidan al punto de la sanidad privada –a no ser que les llegue para pagarse el billete a Houston– y se apresuran a tratarse en la Seguridad Social, saltándose listas de espera y ocupando plantas privadas en centros de la red pública. Esta es la confianza que demuestran en su sacrosanto modelo privado.

    Este artículo sólo es posible con tu colaboración.
    Haz una donación

    Todavía no hay comentarios, sé el primero en opinar

    Escribe tu comentario

    (If you're a human, don't change the following field)
    Your first name.
    (If you're a human, don't change the following field)
    Your first name.
    (If you're a human, don't change the following field)
    Your first name.