La Audiencia Nacional debate si da carpetazo a las cuentas de Bankia
Serias discrepancias entre los contundentes informes de los peritos judiciales y el fiscal anticorrupción. Alejandro Luzón rebaja las responsabilidades del caso y niega las 17 graves falsedades contables descubiertas por los expertos.
Los magistrados de la Sala Tercera de la Audiencia Nacional comenzaron el viernes a analizar los recursos presentados en el caso Bankia. La cuestión de fondo son las serias discrepancias existentes entre los contundentes informes de los peritos judiciales, que establecieron 17 graves falsedades contables en las entidades del grupo bancario, y el reciente escrito del fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, que las niega.
El fiscal ha limitado las responsabilidades del caso al expresidente de Bankia Rodrigo Rato, al que pide cinco años de cárcel, al ex vicepresidente José Luis Olivas y a los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú. La decisión de Luzón supone además una importante rebaja de las responsabilidades que había establecido el juez instructor del caso, Fernando Andreu, que ha acordado procesar a las entidades BFA y Bankia, a 31 directivos y al auditor Francisco Celma. Es especialmente significativo el recurso presentado por el sindicato Confederación Intersindical de Crédito (CIC), representado por el abogado Andrés Herzog.
La rebaja de responsabilidades establecida por el fiscal Luzón choca frontalmente con los exhaustivos trabajos realizados los peritos judiciales durante los últimos cinco años. Los peritos judiciales Antonio Busquets Oto y Víctor Jesús Sánchez Nogueras presentaron el pasado mayo sus terceros informes sobre el caso Bankia (718 páginas en total) en los que se ratificaron en sus conclusiones sobre la “falsedad de la información contable” que ya habían detectado en sus trabajos anteriores. Los peritos, que fueron designados por el Banco de España atendiendo a la petición del juez Fernando Andreu, realizaron dos extensos informes previos en diciembre de 2014 y febrero de 2015, en los que ya establecieron la falsedad de las cuentas de 2010 de Caja Madrid, Banco Financiero y Ahorro (BFA) y otras entidades y del primer trimestre de 2011 del Grupo Bankia y BFA.
Los terceros informes de Busquets y Sánchez Nogueras son los más relevantes de todos los realizados porque son los que se efectúan al final de su investigación, después de haber analizado toda la información recogida a lo largo del procedimiento. Son, además, los que llegan a unas conclusiones más contundentes. En sus conclusiones finales, estos peritos independientes detallan las 17 falsedades contables distintas detectadas en las entidades analizadas: Bancaja, Caja Madrid, BFA, Bankia, en los distintos periodos considerados de 2010 y 2011. Las expresiones utilizadas por los peritos son del siguiente tenor: “es falsa la información contable contenida en el folleto de emisión para la salida a bolsa de Bankia” o “las cuentas anuales de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid de 2010, entidad integrante del SIP BFA, auditadas por Deloitte con opinión favorable, son falsas”. En la descripción de las falsedades los peritos se refieren en ocasiones a “las cuentas anuales”, en otras a “los estados financieros” o directamente a “la información contable”, no dejando lugar a dudas a la falsedad de una contabilidad examinada por dos profesionales independientes, de reconocido prestigio por sus compañeros del Banco de España.
Estas conclusiones contrastan con las manifestaciones del fiscal, que señala que “la contabilidad del BFA/Bankia no puede calificarse materialmente de falsa en la medida en que no se vulnera la normativa entonces vigente y cumplieron las exigencias del regulador”. Es significativo que el fiscal no vea responsabilidades en la actuación del auditor, cuando los peritos mencionan en diez ocasiones que las cuentas que ellos habían calificado de falsas habían sido “auditadas por Deloitte con opinión favorable”. También resulta sorprendente como el fiscal no vea responsabilidades en el proceso de descapitalización a de las cajas por el pago de bonus por 120 millones y en cambio se consideren muy graves los pagos por 15 millones mediante las llamadas tarjetas black.
La afirmación del fiscal de que las conclusiones de los peritos sobre las falsedades puestas de manifiesto de forma documentada “sobrepasan el cometido propio de su pericia”, ha provocado un fuerte malestar especialmente en la CIC.
