La batalla municipal contra los desahucios
Los nuevos ayuntamientos abren una nueva etapa con una correlación de fuerzas más favorable a los desprotegidos
Los cientos de miles de familias que se han visto expulsados de sus viviendas en los últimos años son la parte más cruel de la crisis económica y social que está sufriendo España. Este es un aspecto que no tiene parangón con los países europeos que son referentes para nuestro país. Hay múltiples razones que explican esta excepcionalidad española. Una legislación hipotecaria que ya ha merecido repetidas repulsas por abusiva por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; la existencia de una política social de la vivienda raquítica; un empobrecimiento de una parte cada vez mayor de la sociedad y una actitud inflexible por parte de los bancos.
Las cifras de los desahucios son abrumadoras. En 2012 el Banco de España inició una encuesta entre las entidades financieras que ha puesto al descubierto que entre el inicio de aquel año y junio de 2014, un total de 97.577 familias se vieron expulsadas de sus casas. Según el Instituto Nacional de Estadística, el número de desahucios sobre viviendas habituales en 2014 se situó en 34.680, un 7,4% más que el año anterior. La misma fuente indica que durante el primer trimestre de 2015 se ha producido un ligero descenso pero que todavía se realizaron 8.802 ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual, una cifra que sigue siendo insoportable.
Últimamente el número de desahucios afecta cada vez más a viviendas en alquiler. La plataforma de Afectados por la Hipoteca, (PAH), con datos del Consejo General del Poder Judicial, señala que entre 2008 y 2014 se han practicado 496.049 desahucios en España, incluyendo los de alquiler y los de hipoteca. Una cifra que por sí sola no precisa calificativos ni comentarios.
Sea cual sea la fuente estadística que se tome es evidente que este es uno de los dramas sociales más serios que tiene este país y que el Gobierno ha sido incapaz de afrontar. Una de las razones que agravan esta situación es la prácticamente inexistente política social en materia de vivienda. En España sólo el 1,1% de las viviendas son de tipo social, frente al 32% de Holanda; el 23% de Austria; el 18% de Reino Unido y el 17% de Francia, según reciente informe de Amnistía Internacional. Eurostat indica que las ayudas a la vivienda en España descendieron desde 40,9 a 27,8 euros por persona entre 2008 y 2012. La media europea en este último año fue de 134,6 euros.
Frente a este escenario de centenares de miles de historias de sufrimiento, que ha ocasionado varios suicidios, la respuesta más relevante y efectiva ha sido la promovida por la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH) con sus audaces movilizaciones. Esta plataforma, creada en 2009, ha logrado paralizar más de mil desahucios directamente y sobre todo generar un amplio movimiento de solidaridad en la sociedad española que ha obligado a tomar posiciones a favor de los inquilinos y propietarios a la mayoría de partidos.
Precisamente ha sido la lucha de la PAH contra los desahucios la que ha llevado a Ada Colau, su activista más emblemática, a convertirse en alcaldesa de Barcelona. Ahora desde el poder institucional que otorga el Ayuntamiento barcelonés, Colau se ha propuesto acabar definitivamente con esta práctica antisocial que permite expulsar a las familias de sus casas por la única razón de la pérdida de ingresos económicos. El mismo objetivo prioritario se han fijado la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena y los alcaldes de Valencia, Joan Ribó; Zaragoza, Pedro Santisteve, y otros tantos ediles de numerosas ciudades. Su firme compromiso de acabar con los desahucios es el que les ha otorgado el apoyo de los ciudadanos.
Manuela Carmena ya ha iniciado conversaciones con los principales bancos en busca de soluciones negociadas, convencida de que la gravedad de la situación no permite renunciar a ninguna vía. Sería un signo de sensatez por parte de las entidades financieras aprovechar el generoso gesto de la alcaldesa madrileña que les permitiría por otra parte neutralizar la incesante pérdida de reputación por las implacables ejecuciones hipotecarias.
El combate contra los desahucios ha entrado en una nueva dimensión. Se ha iniciado una etapa distinta con una correlación de fuerzas más favorable para la defensa de los más desprotegidos. La plataforma institucional de un Ayuntamiento ofrece unos instrumentos de mucho mayor alcance de los que han contado hasta ahora quienes han tenido que actuar a pecho descubierto. Todo el mundo sabe que hasta que no se produzca un cambio en la composición de Congreso de los Diputados que permita acabar con la legislación abusiva y se constituya un nuevo Gobierno central que asuma esta prioridad la solución no será fácil. Pero en esta contienda se ha ganado ya el primer pulso en muchas ciudades. Es cuestión de seguir por la misma senda hasta las próximas elecciones para desterrar definitivamente una realidad tan detestable.
