La herencia que nos dejará Rajoy
Durante los últimos tres años el Gobierno del Partido Popular ha martilleado a los ciudadanos españoles con las dificultades que ha tenido que afrontar a consecuencia de la herencia recibida del Ejecutivo socialista. En ningún momento ha querido considerar otros posibles factores que han agravados las dificultades del país, como el impacto de la crisis financiera y económica internacional que sacudió el mundo en 2008 y 2009 y cuyas secuelas perduran.
Ahora en 2015, España vivirá cuatro procesos electorales. Empezando por Andalucía el próximo 22, le seguirán después los comicios municipales y autonómicos en mayo, después en Catalunya, probablemente en otoño y finalmente las nacionales a finales de año. El Gobierno será ahora el examinado directa o indirectamente en los siguientes procesos electorales. Ha llegado pues la hora de valorar la herencia que nos dejará Rajoy en los asuntos económicos y sociales que más preocupa en este país.
En primer lugar, veamos la herencia en el empleo. En diciembre de 2011, cuando el Partido Popular accedió al poder, España contaba con 17.807.500 ocupados, según la Encuesta de Población Activa (EPA). De acuerdo con el último dato disponible de la EPA del pasado diciembre, los ocupados ascendían a 17.569.100. Es decir, durante el mandato del Gobierno conservador se han perdido 238.400 puestos de trabajo. Si se toma como referencia los datos de afiliados a la Seguridad Social, la pérdida es todavía más significativa. En diciembre de 2011 había 17.219.407 afiliados y el pasado febrero sólo 16.865.868. En este caso la diferencia es el 353.539.
En el mismo periodo, la tasa de paro ha aumentado desde 22,56% hasta el 23,70%. Y lo mismo ha ocurrido con la tasa de paro juvenil, que se ha incrementado desde el 48,7% de finales de 2011 hasta el 51,4% del pasado diciembre. Es posible que en lo que queda de legislatura mejore el mercado laboral, pero es difícil que en este campo el Gobierno deje una herencia mejor que la que encontró. Lo que sí es seguro es que la situación de los desempleados se agrava año tras año. En 2011 había 1,1 millones de trabajadores sin cobertura y el pasado año, 1,6 millones de desempleados sin prestación.
Otro indicador que ha registrado un empeoramiento incesante es el de la deuda pública. El Gobierno del PP recibió unas cuentas públicas con una deuda de 743.531 millones y a finales de 2014 ya iba por los 966.181 millones, el 92% del PIB, según Eurostat. El aumento ha sido nada menos que del 30% en tan sólo tres años y todas las previsiones, incluida la del Gobierno, apuntan que seguirá subiendo. La herencia aquí será francamente peor. Mientras en el mismo periodo la economía española se ha encogido de los 1, 07 billones de euros de 2011 se ha pasado a los 1,05 billones de 2014.
Resulta especialmente inquietante la pérdida de garantías para los pensionistas. A su llegada al poder, el Gobierno del PP se encontró con una magnífica hucha de 66.8815 millones de euros, que el Gobierno anterior no cesó de alimentar a pesar de los difíciles años de la crisis. Durante el mandato, el Ejecutivo conservador ha retirado de manera creciente un total de 32.651 millones de euros. En estos momentos las reservas son de 42.675 millones. Con otra legislatura que mantenga este ritmo de vaciado, el fondo quedará prácticamente liquidado. En el caso de la garantía de las pensiones, la herencia será claramente peor a la recibida.
Hay otros aspectos como las condiciones sociales en que viven los ciudadanos que también forman parte de la herencia que recibe cada Gobierno. Durante los últimos tres años el aumento de la pobreza ha sido incesante. En 2011 había 578.000 familias sin ingresos. En septiembre de 2014, este colectivo había aumentado hasta los 686.600 hogares.
Durante este último periodo, la parte más dura ha sido soportada por las familias que se han visto expulsadas de sus hogares ante la impasividad del Gobierno. Entre enero de 2012 y junio de 2014 un total de 97.577 familias se vieron obligadas a entregar su vivienda por incapacidad de pagar la hipoteca. De estas unas 52.000 familias fueron expulsadas por vía judicial. La financiación de la hipoteca de estas familias tendría un coste anual no superior a los 250 millones de euros anuales. Una cifra perfectamente asumible en un Estado en el que propio Gobierno ya da 36.000 millones de euros por perdidos.
