La nueva empresa mixta Aigües de Barcelona costará 62,9 euros más a cada familia al año
Los ciudadanos de Barcelona y buena parte de su área metropolitana, hasta ahora abastecidos de los depósitos municipales hasta sus domicilios por la empresa Aguas de Barcelona, pagarán el agua más cara a raíz del convenio por el que esa misma compañía se continuará encargando del suministro, pero a través de una sociedad mixta en la que controlará el 85%, mientras que el otro 15% estará en manos de la Autoridad Metropolitana de Barcelona (15%). A cada familia le tocará pagar, de media anual, un sobrecoste de 62,94 euros, cifra que, entre 2013 y 2047, suma 2.057,45 euros. Es el cálculo que consta en un informe de la Generalitat realizado en diciembre pasado, firmado por la dirección del área tributaria y de ingresos del Departament de Territori i Sostenibilitat.
El mismo informe subraya un dato llamativo: el beneficio de la nueva empresa mixta, que se prevé en 37,3 millones de euros en 2013, es una cifra 300% superior a la retribución prevista en el último expediente de tarifas presentado en la comisión de precios de Cataluña. El último estudios de tarifas remitido a la AMB muestra que los beneficios de Agbar percibidos con cargo a tarifas eran de 12,7 millones de euros (15,5 millones si se tiene en cuenta el IPC).
La constitución de una sociedad mixta entre el área metropolitana de Barcelona y Agbar, que ha salido adelante con el apoyo rotundo de CiU y PSC, la abstención de ERC y el PP y el rechazo en bloque de ICV, ha levantado oposición entre distintas plataformas ciudadanas movilizadas bajo la agrupación Aigua és vida (que presentará en breve su propio cálculo sobre el impacto económico para las familias). En su momento la recurrieron competidoras de Agbar como Acciona, Aqualia (FCC) o Aguas de Valencia, además de las plataformas ciudadanas y el propio Gobierno catalán. El agua, una ventanilla a la que la Generalitat acudió con fines recaudatorios para rebajar el déficit, se ha convertido en un embrollo importante, desde que decidió privatizar la compañía hasta ahora pública Aigües-Ter Llobregat (ATLL), que se encargaba del abastecimiento en alta (de los ríos a los depósitos municipales). AT-LL fue adjudicada a Acciona en noviembre, en una decisión cuestionada no solo por Agbar, controlada por Suez Environnement y La Caixa, sino por un organismo de la propia Generalitat y la cola judicial del asunto es larga y enrevesada.
Pero volviendo a la sociedad mixta en Barcelona, el convenio que la crea deja, de entrada, bien claro, que “dispondrá de unas tarifas suficientes como para autofinanciarse y mantener el equilibrio económico de la empresa”. Lo que incluye gastos de gestión, financieros, de amortización técnica y “un excedente empresarial que permita una adecuada retribución de los socios”. Los socios, recordemos, son Agbar (85%), que preside Ángel Simón, y la Autoridad Metropolitana (AMB, 15%), que preside Xavier Trias, alcalde de Barcelona.
El informe de Territori estima en 878,12 millones el dinero que le corresponderá en impacto por familia la creación del canon de abastecimiento que se fija en el acuerdo, que entre 2013 y 2015 será de 20 millones al año. A partir de 2016 subirá según la evolución de los precios. “La AMB percibirá 1.141,5 millones de euros con cargo a la tarifa que deberán satisfacer los hogares de Barcelona y metropolitanas por su consumo de agua. El nuevo canon, además, tributa por impuesto de transmisiones patrimoniales (4%), y esta tributación se repercute a su vez en tarifas”. Sale a 25 euros por año y familia de media.
Por otra parte, el convenio firmado entre las dos partes prevé que la empresa privada perciba un 3,5% de comisión de los ingresos de la nueva empresa mixta debido a su know-how o competencia técnica. Pero Agbar ya está prestando el servicio hoy y no se está pagando ninguna comisión por ese concepto en la tarifa. Hablamos de 608 millones de euros durante el periodo de la concesión, que cobrará Agbar y además es un concepto que forma parte de la base para calcular el beneficio de la sociedad mixta (computa como gasto de gestión). La estimación de impacto para el ciudadano es de 467,5 eurospor familia (13,4 al año).
Otro aspecto llamativo del acuerdo es el propio reparto accionarial entre los socios privado y público. El reparto se calcula en función de lo que valen los activos que aporta cada uno de ellos. Pero al margen de que no hay auditoría independiente sobre dicha valoración, los activos patrimoniales afectados de Agbar se estiman en 476 millones (de los que aporta un 60%, 286 millones) mientras que lo que se mide en la parte pública, el valor de unos flujos futuros de saneamiento que asciende a 50,5 millones, da un resultado muy descompensado. Agbar le presta entonces 190 millones a la sociedad mixta, que se los debe devolver a la empresa, con un interés del 7,25% anual, antes de 2023. La retribución financiera de Agbar puede oscilar entre 76 y 138 millones, lo que supone entre 105 y 58 euros extra por familia (10 a 6 euros por año de media hasta 2023).
La Generalitat considera que la aportación pública ha sido “infravalorada” y que a la representación pública le correspondería “un porcentaje superior”.
El último estudio de tarifas los beneficios del gestor a cargo a tarifas eran de 12,7 millones (15,7 millones con la actualización del IPC). Ahora en la nueva sociedad se convierten en 37,3 millones de euros, un 300% más. Sumándole otros conceptos que afectan también a la parte pública, los beneficios adicionales mínimos que en todo el periodo del contrato hay salen a 331,65 euros por familia (9,48 euros por año y familia). El convenio especifica que, si no se alcanza un equilibrio económico en la sociedad, la parte pública obliga a compensar por contrato a la parte privada.
El informe de la Generalitat añade 246,42 euros (o 7 por familia y año) en tasas municipales.
La sociedad mixta pretende crear un único operador con el argumento de que se busca una perspectiva integral del ciclo del agua, ya que no sólo abarca el servicio de abastecimiento en baja de agua potable (de la que se encargaban empresas del grupo Agbar en los municipios afectados), sino que modifica la gestión del servicio público de saneamiento en alta y la depuración de aguas residuales. El abastecimiento y saneamiento en alta lo hacía hasta ahora la empresa pública EMSSA, que desaparece, y que también se encargaba de las aguas reutilizadas. ICV critica que se confunda intencionadamente los beneficios de una perspectiva integral del ciclo del agua con “la concentración y monopolio de la gestión de todo el ciclo en un operador, y en unas solas manos privadas”, debido al dominio de las reglas de juego que tiene Agbar en la mencionada sociedad.
