Las graves consecuencias económicas, políticas y sociales de la independencia de Catalunya
Para ser honesto debo decir de antemano que no participo para nada de la iniciativa de la independencia de Catalunya. Mi oposición a esta idea no es el resultado de una evaluación de las ventajas e inconvenientes que tendría Catalunya como un Estado independiente, cosa por otra parte perfectamente factible desde un punto de vista teórico. Quiero decir que si un análisis imparcial llegase a la conclusión de que la independencia de Catalunya es una opción favorable desde un punto de vista económico, seguiría pensando lo mismo. Creo que la cuestión que se dirime es una decisión de mucha más profundidad y calado que el resultado de un simple balance contable en un momento determinado de la historia.
Por otra parte, los efectos de la independencia se han magnificado de manera extraordinaria. La situación actual no tiene nada que ver con la de hace 40 o 50 años. La entrada de España en la Unión Europea ha cambiado radicalmente las cosas. Cuando la soberanía sobre la moneda, el presupuesto y la mayor parte de la legislación se han cedido a Europa, el impacto de la independencia tiene unos efectos bastante limitados. Una limitación que además cada vez será mayor a medida que avance la integración europea y la unión económica y política de la Unión, que es lo que realmente desean muchas personas.
Mi punto de vista es bien fácil de explicar. Pertenezco a una generación para la que lo más importante ha sido acabar con una dictadura y establecer un sistema basado en la libertad y la democracia, con todas las deficiencias que se quiera. Este camino largo y difícil lo hemos recorrido compartiendo tremendos sacrificios ciudadanos de toda España. Hemos hecho muchas cosas juntos no hace cientos de años, sino ahora. Por otra parte, mis pensamientos están llenos de referencias culturales, históricas y literarias, en los que es imposible anteponer Catalunya con España. Mis experiencias vitales en muchas ciudades españolas y catalanas me han permitido establecer fuertes vínculos de amistad con numerosas personas que han contribuido a perfilar mi manera de ver las cosas. Creo sinceramente que en las relaciones entre los ciudadanos de los distintos territorios de España “reina una impecable armonía” como decía recientemente Francisco Rico en un magistral artículo sobre el Quijote y Tirant. Las relaciones entre ciudadanos van más allá de las estructuras políticas. Me siento incapaz de sentirme diferente a las personas con las que tanto he compartido y de autoreducirme a una única identidad. Creo que las sociedades modernas están integradas cada vez más por personas con identidades múltiples de imposible escisión. Si he mencionado estas referencias personales es porque creo que el análisis económico, por importante que sea, no es el determinante en este caso. Y también porque pienso que en un asunto de la naturaleza de la que estamos tratando es importante poner sobre la mesa el punto de partida para no confundir a los lectores.
Vayamos ahora al asunto de las consecuencias económicas de la independencia de Catalunya.
Lo primero que hay que decir es que Catalunya, por su peso económico y población, podría ser perfectamente un Estado independiente. Otra cosa es si eso es lo que más le conviene, por los costes de la transición, las complicaciones añadidas para las empresas y los desgarros emocionales que se producirían en relaciones personales. Los independentistas proclaman con euforia que Catalunya sería el país número 12 más importante de Europa. Sí, es cierto, y California la séptima potencia del mundo, pero a este Estado ni se le pasa por la cabeza separarse de Estados Unidos.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que algunas de las consecuencias de la independencia de Catalunya ya están ahí. Ya se pueden ver. No hace falta esperar a ninguna declaración formal, aunque todo puede empeorar. En pocos meses ha cambiado completamente el panorama de las economías española y catalana -si es que se pueden tratar de forma diferenciada- por las incertidumbres que se han abierto. La percepción internacional sobre ambas economías revela una creciente inquietud recogida por los medios internacionales más influyentes acostumbrados a tratar este tipo de conflictos. Esta preocupación no es un reflejo de la mayor o menor importancia que tiene el proceso de independencia de Catalunya, como interpretan erróneamente los independentistas, sino del alto grado de interconexión que existe hoy día entre las economías de todo el mundo por pequeñas que sean.
Si un país como Grecia, que apenas representa el 2% del PIB de la UE, ha mantenido en vilo al euro durante cinco años, ¿qué ocurriría si España, la cuarta economía de la zona euro, sufriera la secesión de la región con más peso económico (19% del PIB y 16% de la población)?
Resulta increíble la temeridad con que se ha puesto en marcha todo este proceso si se tienen en cuenta las fragilidades que comparten España y Catalunya; debilidades que sorprendentemente se han excluido del debate actual. La independencia catalana tendría un gran impacto sobre la economía y la vida de las personas de Catalunya y España. Pensemos en el paro, la deuda pública y privada, la vivienda, las pensiones, la pobreza, las empresas, la inversión extranjera o las ventas al resto de España.
La deuda. Si se considera la deuda pública y privada, España (y Catalunya igualmente, por la parte que le corresponde) es el segundo de los grandes países desarrollados más endeudados del mundo. La deuda total supera el 300% del PIB, como ha señalado el reciente informe de McKinsey. Si miramos la deuda exterior, se observa que supera los 1,6 billones de euros y está resultando mucho más difícil de lo previsto rebajarla. Esto quiere decir que los inversores extranjeros, que nos prestan y permiten que nuestra economía siga rodando, miran con lupa todas nuestras decisiones. No somos una economía aislada que puede organizarse como quiera. Debemos mucho y dependemos de la confianza que inspiremos a los demás, y esto vale tanto para España como para la futura Catalunya independiente. Hay muchos economistas de la máxima reputación, como Alfredo Pastor, que ya sostenían antes del proceso independentista que este elevado nivel de deuda era impagable y que seguramente habría que negociar algún tipo acuerdo con los acreedores. Este es uno de los grandes problemas reales que de verdad tiene el país. De esto no se habla. Bueno sí, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha tenido la osadía de decir de que según vayan las cosas, Catalunya no pagará la parte de la deuda que debe al Estado. Dudo que vuelva a repetir estas palabras si piensa un minuto en las consecuencias para los bancos y empresas de Catalunya que tienen que buscar financiación en el exterior de manera sistemática.
El paro. Para los españoles y catalanes es el problema número uno, (22,4% de la población activa en España y 19,1% en Catalunya) a mucha distancia de cualquier otro asunto. Lo dicen todo tipo de encuestas. En Catalunya hay más de 200.000 trabajadores que llevan más de tres años sin trabajo. Al margen de las generalidades, ni el Gobierno central ni quienes promueven la separación han planteado ningún plan de choque para solucionar este problema que por su duración ha llevado a muchas familias a una miseria sin expectativas. ¿Alguien honestamente se puede creer que la independencia puede resolver el problema de los desempleados catalanes? ¿Existe alguna correlación entre la independencia y la reducción del desempleo? El problema del paro, el principal del país, ha quedado completamente relegado a un plano marginal por el aplastante debate por la independencia. Y como se habla mucho menos de ello parece que el problema es menor. Pero luego la gente estalla y no se sabe por qué.
La vivienda. Los problemas de la vivienda no son distintos en Catalunya a los del resto de España. Quizá en todo caso peores. Cataluña ha sufrido un número de desahucios superior al resto de España en términos relativos. Es un problema de la estructura de la propiedad y del peso de los bancos en la economía, que es el mismo en todo el país. La falta de viviendas a precios asequibles tampoco se resolverá con la independencia.
Las pensiones. Sobre esta materia se han oído las mayores incongruencias. El presidente Artur Mas ha prometido subir las pensiones si logra la independencia. Después su consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, ha precisado que no había que preocuparse porque “las pensiones están contraídas con el Estado español que es quien ha recibido las contribuciones durante muchos años y las debe pagar”. A quién creer: ¿a Mas, que dice que las va a mejorar, o al consejero, que asegura que las tiene que pagar el Estado? Probablemente a ninguno. El sistema español de pensiones, como el de otros países democráticos europeos es el de reparto. Las pensiones no las paga el Estado. Las pensiones de hoy las pagan los que trabajan y cotizan hoy. Si mañana un territorio se declara independiente, sus pensionistas dependerán de los ingresos de los cotizantes. Y aquí vienen todos los interrogantes que uno se quiera imaginar. ¿Las pensiones de los pensionistas catalanes se pagarán sólo con lo que se recaude en Catalunya o con lo cotizado por los trabajadores de toda España? ¿Catalunya seguirá aportando a la caja común? ¿Qué ocurre con la infinidad de situaciones distintas de personas que han cotizado una parte de su vida en un territorio y otra en otro? ¿Qué ocurre cuando un cotizante en Catalunya se vuelve a su comunidad de origen? No he visto ni una sola respuesta a estas preguntas. En cualquiera de las alternativas, lo más prudente sería reconocer que la situación es extremadamente compleja de partida y que sería necesario un gran acuerdo que implicaría seguramente compartir muchos aspectos del sistema actual.
La realidad es que el sistema público de pensiones, que es una de las instituciones más serias y eficientes y que ha evitado la fractura social en este país, tiene serios e importantes desafíos para España y más para Catalunya, por ser deficitario en varios miles de millones debido a que los ingresos crecen menos que en el resto de España. Poner en riesgo el sistema sería imperdonable. En tres años nos hemos comido la mitad del Fondo de Reserva que habíamos ahorrado en los 12 años anteriores. Y la situación se agrava debido al hundimiento de los salarios en Catalunya y en España. Este año, el sistema de la seguridad social registró un déficit de 4.000 millones hasta julio, el doble que el año pasado. Ahora en España se debate la necesidad de complementar el sistema de pensiones con impuestos, especialmente para las pensiones de viudedad y orfandad. ¿Y en Catalunya en qué alternativa se piensa?
Expolio fiscal. Uno de los argumentos fundamentales que ha alimentado la independencia es la que sostiene que Catalunya dejaría de sufrir el actual expolio fiscal por parte del resto de España y dispondría de 16.000 millones de euros anuales más. El presidente de la Generalitat ha dicho que “si Catalunya no tuviese un déficit fiscal tan grande con España, de 20.000 millones de dólares anuales, en dos o tres años podríamos liquidar completamente la deuda”. El discurso está muy bien pero el problema es que estas cifras no son ciertas. Josep Borrell, ex ministro socialista y ex presidente del Parlamento Europeo, y el ingeniero Joan Llorach han demostrado tras un análisis riguroso, en su libro Las cuentas y los cuentos de la independencia, que estos datos son falsos. Según su opinión el déficit fiscal real estaría más cerca de 3.228 millones de euros, que es la cifra que da el propio Mas-Colell. De este modo, las supuestas ganancias fiscales quedarían reducidas a una quinta parte. Arriesgado viaje para tan poca alforja. Por otro lado, desde una perspectiva progresista, basar un discurso político en la oposición a que las regiones más ricas aporten más a las menos desarrolladas es de difícil aceptación. Esto no impide que el sistema actual haya que reformarlo profundamente no sólo para resolver el problema de Catalunya sino el de otras comunidades como el País Valencià, seguramente el territorio peor tratado de España.
Riesgo para las inversiones extranjeras. Existen algunos indicios que reflejan que ya se ha producido una cierta moderación de las inversiones extranjeras en Catalunya en el último año. También han aparecido aspectos preocupantes como la exigencia de cláusulas de cancelación de inversiones en caso de secesión. Es difícil de todas formas realizar proyecciones en caso de independencia sobre la base de estos primeros síntomas como lo es también en relación a la huida de empresas a otras comunidades. Pero lo que no se puede ignorar es que la separación de Catalunya tendría un impacto claramente negativo en la inversión extranjera al menos durante los primeros años. Catalunya, debido a su posición estratégica y buenas comunicaciones se ha utilizado en muchos casos como plataforma de aterrizaje de multinacionales para luego vender la producción a toda España, como fue el caso de las químicas alemanas, o a Europa por parte del centenar largo de empresas japonesas. España es el mercado natural de Catalunya y esto los saben tanto las empresas catalanas como las multinacionales.
Las ventas al resto de España, que ascienden a unos 44.000 millones de euros frente a unas exportaciones de 37.000 millones a la UE y 22.000 millones al resto del mundo, según Societat Civil Catalana, seguramente sufrirían de una manera más intensa ante una eventual secesión por el lógico impacto de la imposición de aranceles por mínimos que fueran. Un informe de Exteriores estima una caída de ventas del 50% y apunta que los costes asociados al “efecto frontera” y a los aranceles supondrían un aumento de los precios en un 44%. Cualquier cuantificación, de todas formas, es muy especulativa, pero el daño para las empresas y el empleo podrían ser muy graves aunque la caída de ventas fuera sólo del 10% o el 20%. Lo cierto es que a medida que ha avanzado la campaña electoral, la preocupación entre los empresarios ha ido en aumento. Son cada vez más las voces que temen que el país va hacia un terreno desconocido que puede acabar en un precipicio.
Bancos, Banco de España y euro. El pasado viernes, los bancos entraron en la guerra contra la secesión de la manera más inoportuna posible. Las entidades habían estado calladas hasta ahora quitando importancia al asunto. Repentinamente lanzaron un comunicado, a través de sus patronales, alertando de riesgos que para la estabilidad financiera comportaría “cualquier decisión política que quebrantara la legalidad vigente y conllevara la exclusión de la Unión Europea y del euro de una parte de España”. Las patronales bancarias y de las cajas advirtieron de que Catalunya “afrontaría graves riesgos de inseguridad jurídica” y amenazaron con “reconsiderar su estrategia de implantación”. En el texto advirtieron de los riesgos que supondría “la reducción de la oferta bancaria y, con ello, de exclusión financiera y encarecimiento y escasez del crédito”. El problema es que los bancos, en general, no tienen ninguna credibilidad en este país después de los graves abusos cometidos con los desahucios, participaciones preferentes y cláusulas suelo. En muchos aspectos su intervención, al parecer obligada por el Gobierno, ha sido contraproducente. Los bancos habrían podido haber aportado, y todavía lo pueden hacer, la información de la que disponen sobre los efectos reales de todo este proceso de independencia. Esta es una documentación que sí agradecerían los ciudadanos. Y seguramente esta información podría ser muy útil para encauzar un debate más racional sobre el conflicto. Sería interesante, por ejemplo, conocer cuál es el flujo interterritorial del ahorro y la inversión al máximo detalle para saber realmente quien ha estado financiando a quien durante los últimos años y que la interdependencia es más intensa de lo que imaginamos. Por otra parte, no hace falta insistir en las consecuencias de la salida de Catalunya de Europa y del euro que ya han puesto de relieve reiteradamente los líderes europeos y responsables de la Comisión Europea.
El Banco de España y el Banco de Inglaterra. El gobernador del Banco de España, Luis Linde, ha alertado de los riesgos de corralito en Catalunya en caso de secesión. También aquí hace falta mucha más información que una simple advertencia que por solemne que sea es insuficiente. El supervisor dispone de un privilegiado servicio de estudios que en una ocasión como esta debería estar a disposición de todos los contribuyentes que lo pagan. Tiene un buen ejemplo a seguir: el Banco de Inglaterra. La entidad londinense publicó un informe el pasado 10 de octubre, tres semanas después del referéndum de Escocia, en el que explicaba con todo lujo de detalles las medidas que tenía pensado tomar si hubiera salido el sí a favor de la secesión. El Banco de Inglaterra estaba preparado para conceder toda la liquidez que fuera necesario al mercado y garantizar los billetes de la libra, que en Escocia son distintos, con todas sus reservas y billetes. La envergadura de las medidas previstas por las autoridades británicas dio una buena idea de la magnitud de los riesgos y facilitó la comprensión de lo que estaba en juego. Aquí también queremos saber más.
El Gobierno y los partidos políticos deben ponerse las pilas. La responsabilidad por la situación de ruptura a la que se ha llegado entre Catalunya y España no puede atribuirse sólo a los independentistas y mucho menos al presidente Mas, aunque su oportunismo y dejación de responsabilidades como máxima autoridad del Estado en Catalunya, sólo ha servido para agravar las cosas. La “desafección” afecta a una parte importante de la población de una parte importante de la población catalana, tal como advirtió en julio de 2010 un político prudente y fuera de toda sospecha como el presidente José Montilla. Sus palabras no fueron entonces ni valoradas como debía ni dentro de su propio partido. Pero Montilla sabía perfectamente el impacto que iba a tener aquella desgraciada y extemporánea sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut de autonomía, que había sido aprobado previamente por el Parlament, el Congreso de los Diputados y en referéndum por los ciudadanos. La sentencia agravó un problema político latente de manera considerable y entramos en una dinámica cada vez más descontrolada que el Estado hasta ahora no ha sido capaz de afrontar y menos de resolver. Pero en un sistema democrático el Estado tiene obligación de dar una respuesta política a las demandas de los ciudadanos, y eso tiene que ser encontrar soluciones. En Madrid siempre se ha tratado con desdén las propuestas catalanistas del PSC y de otros partidos a los que se ha acusado fácilmente de ser prisioneros del nacionalismo. Se ha preferido, sin embargo, pastelear acuerdos puntuales con Jordi Pujol al margen de cualquier principio impidiendo entrar en las cuestiones de fondo.
La solución más fácil: un auténtico Estado federal. Desde la sentencia del Constitucional se han perdido cinco años, y el clima político se emponzoñado de una manera absurda y gratuita. El llamado problema catalán no ha hecho más que enconarse. La interlocución ha sido mínima. Es muy difícil echar todas las culpas a una parte por mucha deslealtad que haya habido. El Partido Popular, que hasta ahora no ha hecho más que avivar las llamas, ha acabado atrapado en un incendio descontrolado que le puede abrasar antes de fin de año. Algunos de sus dirigentes ya se han dado cuenta, aunque tarde, que ya no pueden seguir el juego de tensar la cuerda. Esperemos que el resultado de las próximas elecciones sea lo suficientemente abierto para pensar que todavía hay partido. Ningún demócrata serio puede poner en marcha la independencia de un país sin una mayoría cualificada de los votos.
En los últimos 35 años España ha construido un Estado democrático, ha normalizado el Ejército y avanzado en la democratización de la justicia especialmente en el primer nivel de jueces de instrucción y primera instancia. En la organización territorial se ha puesto en práctica una descentralización impensable hace unas décadas con la cesión parcial de importantes impuestos y la gestión de significativas competencias como Sanidad y Educación. Cuando un corresponsal extranjero observa la situación real en Catalunya se lleva más de una sorpresa. En un país con una población bilingüe, la educación es en catalán, (lo cual fue un acierto, aunque, como todo, mejorable), la policía es la autonómica y las prisiones y servicios sociales los gestiona la Generalitat, realmente le resulta difícil llevarse la impresión de opresión cultural o de otra naturaleza.
Sin embargo, al Estado central le cuesta entender lo que significa realmente la autonomía o mejor dicho que debería ser un Estado federal. En Estados Unidos, las competencias están bien delimitadas y a Washington no se le ocurre ni por asomo meterse en el sistema educativo de cada Estado. Las competencias son tan claras que afectan a los asuntos más importantes. Unos Estados tienen pena de muerte y otros no. Nos falta esta cultura. Por otra parte, el sistema de financiación es muy poco transparente y como ha señalado la economista Montserrat Colldeforns en el caso de Catalunya tenemos solamente “la apariencia de un estado federal”. Señala como ejemplo, que “la capacidad normativa y de gestión de los tributos es sólo del 10%”. La gravedad de la crisis territorial no se solventará con la simple reforma del modelo de financiación acordado en 2009, que el Gobierno del PP se negó a reformar cuando correspondía, sino con una reforma de la Constitución que sea satisfactoria para todos los ciudadanos y pueblos de España. Seguramente para este cambio se necesitan otras caras en la Moncloa, un discurso sinceramente dialogante y mucho, mucho coraje. Los ciudadanos de Catalunya y de España necesitan que los políticos encuentren una solución cuanto antes a estos problemas para poder dedicar todas las energías del país a afrontar los asuntos más sangrantes: encontrar empleos para los parados, acabar con la pobreza extrema y sentar las bases de una sociedad menos desigual.
