Los pacientes de las largas listas de espera seguirán esperando

A medida que la pandemia causada por el SARS-CoV-2 se va controlando desde el punto de vista asistencial, ajustando la demanda de camas de hospitalización, y ucis, a las posibilidades de la red sanitaria pública de Catalunya, va quedando al descubierto la necesidad de atender toda la actividad médica que ha quedado paralizada desde la segunda semana del pasado marzo. Las cifras de lo no atendido o aplazado son de tal envergadura que los responsables del Servei Català de la Salut (CatSalut) ya han lanzado los primeros mensajes sobre lo que en las semanas inmediatas van a ser sus prioridades y, al mismo tiempo, han dejado entrever que se encuentran ante la oportunidad de orientar el sistema hacia unos criterios, antiguos pero nunca ejecutados, sobre lo que a su juicio debe constituir, y atender, un sistema sanitario público.

Adrià Comella, director del CatSalut expuso hace unos días en rueda de prensa el criterio de que los ciudadanos deben asumir la necesidad de hacer “un buen uso de los recursos” disponibles. Anunció que habrán de soportar demoras “incómodas”. También avanzó que la actual crisis sanitaria les permitirá renovar protocolos asistenciales esbozados en años anteriores, que ahora serán imperativos. Traducido, esto significa, según concretó Comella, que la Generalitat se centrará en los próximos meses —en paralelo a la atención de la covid-19— en atender las demoras acumuladas en los procesos médicos considerados vitales —cuya inasistencia pone en riesgo la vida—, entre los que citó los de carácter oncológico, la cirugía cardiaca o cardiovascular, las afectaciones neurológicas y los cribados poblacionales. Algunas dolencias osteoarticulares importantes, que alteran gravemente la funcionalidad de las personas, podrían incluirse.

Todo lo demás, entre lo que se incluye miles y miles de pruebas diagnósticas, análisis sanguíneos y visitas especializadas de control periódico que tenían por objeto desarrollar una medicina preventiva que en los últimos decenios se ha demostrado altamente eficaz —gracias a ella ha ido aumentando la esperanza de vida de la población—, quedará relegado, aplazado sin fecha de ejecución o sujeto a unas demoras tan dilatadas que convertirán esos controles en un proyecto sanitario fallido. 

La doctora Teresa Maristany, presidenta de la Associació de Radiòlegs de Catalunya, afirmó el pasado 30 de abril que “muchas ecografías de riñón, vejiga urinaria o de otros tipos que se hacían hasta ahora son prescindibles; se hacían por inercia”. Fuentes del mismo sector añadieron que “muchas” de las resonancias magnéticas, ecografías o radiografías que han sido aplazadas a causa de la crisis de la covid-19, “no se llegarán a hacer nunca”. Es decir, muchos de los pacientes que fueron avisados del aplazamiento de una prueba por causa del coronavirus no serán citados de nuevo. 

Existe una antigua concepción de lo que debe o no atender un sistema sanitario público, según la cual la asistencia financiada por la Generalitat solo debe cubrir la patología grave o de riesgo vital, y que para el resto ya existen las aseguradoras privadas. Esta posición, rebatida sin duda por los responsables sanitarios procedentes de Esquerra Republicana (ERC), ha sido defendida históricamente por convergentes y postconvergentes, que nunca encontraron la oportunidad de aplicarla sin que supusiera un riesgo electoral. Artur Mas experimentó las consecuencias de ese intento tras sus recortes, poco antes de orientarse hacia el independentismo.

Antes de que apareciera el virus SARS-CoV-2, la sanidad pública de Catalunya acumulaba unas listas de espera quirúrgicas, de pruebas diagnósticas y de visitas al médico especialista que superaban ampliamente a las que habían cerrado la anterior legislatura, que ya eran preocupantes. La presidencia de Quim Torra estaba resultando nefasta para la asistencia sanitaria pública, aunque no era un asunto que los ciudadanos recriminaran, o no en público y de forma masiva, ya que todo el espectro político estaba absorbido por el proceso independentista.

El hecho es que durante el Govern de Torra se habían incrementado las esperas quirúrgicas, que en febrero del 2019 afectaban a 177.976 personas, cifra un 10% superior a la heredada del periodo en que Toni Comín dirigió la Conselleria de Salut.  Un total de 145.877 pacientes aguardaban una prueba diagnóstica tecnológica (colonoscopias, mamografías, resonancias magnéticas, TAC, entre ellas), un 23,5% más que cuando se inició la legislatura. Y otras 454.098 personas esperaban acceder a un médico especialista hospitalario. 

Estas esperas, muy superiores a la media registrada en el conjunto de España, eran aún consecuencia de los recortes presupuestarios aplicados al sector sanitario público durante el primer gobierno de Artur Mas, que eliminó 1.500 millones de euros de la partida de Salut. Durante la vicepresidencia de Oriol Junqueras, supervisor de las cuentas de Comín, el sistema sanitario recuperó 57 millones para un plan de choque quirúrgico, que se ejecutó y redujo ligeramente las listas. Junqueras tenía previsto inyectar 400 millones más a la sanidad pública, cosa que no sucedió porque nunca se aprobaron nuevos presupuestos para la Generalitat.

Este es el panorama con que se encontró la asistencia sanitaria de Catalunya cuando irrumpió la covid-19. El pasado 20 de marzo, último recuento difundido, la Conselleria de Salut enumeró en su página web las esperas para acceder a una prueba diagnóstica que acumulaban las diez determinaciones más solicitadas por los médicos —solo diez—, que afectaban a 118.450 personas. Entre ellas destacaban 35.118 pacientes que aguardaban una resonancia magnética durante una media de 86 días, que en muchos casos superaban el año de demora; 16.607 a la espera de una colonoscopia o 27.644 que precisaban un TAC.

Durante la pandemia de la covid-19, según informó Comella, los hospitales han estado sobreocupados por los enfermos del coronavirus, pero han realizado 34.000 intervenciones quirúrgicas inaplazables, oncológicas o cardiacas fundamentalmente, y han realizado 49.000 pruebas diagnósticas.