Los salarios ante la crisis económica

La crisis económica en España comienza a percibirse nítidamente a partir del segundo trimestre de 2008, cuando se inicia un proceso de recesión económica, con tasas de variación intertrimestrales negativas de los datos desestacionalizados y corregidos del calendario del PIB real o en volumen. Esta primera recesión se mantuvo hasta el cuarto trimestre de 2009, ya que a partir del primer trimestre de 2010 y hasta el primero de 2011 la tasa de variación intertrimestral del PIB pasó a ser positiva, aunque sin superar nunca las dos décimas. A partir del segundo trimestre de 2011 y, de momento, hasta el segundo trimestre de 2013 (el último dato disponible de la Contabilidad Nacional de España) la economía española vuelve a encontrarse en un estado de recesión económica, al situarse otra vez las tasas de variación intertrimestrales del PIB en valores negativos. Previsiblemente, aunque la economía deje de estar en una posición de recesión económica, persistirá la crisis económica, puesto que se mantendrán, al menos, durante un tiempo, tasas de crecimiento del PIB muy reducidas e incapaces de crear empleo neto y de reducir sustancialmente la tasa de paro, máxime si no se resuelven con urgencia otros muchos problemas que impiden una salida adecuada a la situación económica actual, como los de capitalización y solvencia del sistema bancario, la falta y encarecimiento de los crédito a las familias y las empresas y la deuda exterior, principalmente privada.

Esta situación de crisis económica, que dura ya más de cinco años, está provocando una fuerte destrucción de empleo y un enorme aumento del paro. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la disminución acumulada de la población ocupada, que se inicia en el cuarto trimestre de 2007, asciende hasta el segundo trimestre de 2013 a más tres millones setecientas mil personas (3.726.800) y el aumento de la población parada (que comienza ya en el tercer trimestre de 2007) a casi cuatro millones doscientas mil personas (4.185.600).

Una de las muchas consecuencias de esta crisis económica y, en concreto, de los intensísimos procesos de destrucción de empleo y de aumento del paro es la pérdida del poder de negociación de los trabajadores y de sus representantes en el establecimiento de las condiciones de trabajo en las empresas y, especialmente, de las salariales. Lo que va a repercutir, como se demostrará a lo largo del artículo, primero, en una acusada moderación de los aumentos salariales, después, en una disminución de los salarios reales, lo que supondrá la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, y, más tarde, en una reducción de los salarios nominales o monetarios, que intensificará la citada pérdida del poder adquisitivo.

Este debilitamiento de la capacidad de negociación de los trabajadores y la evolución regresiva de los salarios va a estar influída no sólo por la situación de crisis económica sino también por las políticas arbitradas por los distintos gobiernos a lo largo de los más de cinco años que dura ya la citada crisis. En concreto, la estrategia de austeridad y de ajustes fiscales, iniciada por el Gobierno socialista en mayo de 2010 y prolongada y notablemente acentuada por el Gobierno del PP desde el principio de 2012, así como la durísima reforma laboral aprobada por ese Gobierno en febrero de 2012, cuando apenas había transcurrido mes y medio desde su toma de posesión, y que supuso un drástico cambio en el modelo de relaciones laborales establecido en el Estatuto de los Trabajadores de 1980, en beneficio del poder de negociación y de decisión de los empresarios y en perjuicio del poder de negociación de los trabajadores y de los sindicatos.

De un lado, la política de ajustes fiscales afecta directamente a los sueldos y salarios de los empleados públicos, congelándolos e, incluso, disminuyéndolos, como ocurrió a mediados de 2010 y a finales de 2012. En este último caso eliminando la paga extraordinaria de Navidad. Pero, además, esta política de ajustes fiscales, caracterizada por fuertes aumentos de los impuestos y, sobre todo, por importantísimos recortes del gasto público, principalmente social y en infraestructuras. Esta política de austeridad incide muy negativamente, como consecuencia de la paradoja de la austeridad o de la frugalidad, en la evolución del PIB, provocando el retorno a una nueva recesión económica, con el agravamiento a partir del tercer trimestre de 2011 de la destrucción del empleo, tanto privado como público, y del crecimiento del paro, lo que representa una mayor debilidad de la capacidad negociadora de los trabajadores de sus condiciones de trabajo y, en concreto, de sus salarios.

Y, por otro lado, la reforma laboral de 2012 también afecta al debilitamiento de la capacidad negociadora de los trabajadores no sólo por la posibilidad establecida por la reforma de que los empresarios decidan unilateralmente cambios en las condiciones de trabajo y salariales, aunque hayan sido establecidas previamente por acuerdos (diferentes de los convenios colectivos estatutarios) con los trabajadores de las empresas, sino también por el deterioro de la negociación colectiva (convenios colectivos estatutarios) que ha supuesto la reforma, al favorecer los descuelgues o inaplicaciones de los convenios, al posibilitar la revisión de los convenios vigentes y al suprimir la ultraactividad de los convenios (prórroga de los convenios hasta que se firme uno nuevo) cuando haya transcurrido un año desde la finalización de su vigencia. Asimismo, también afecta a la menor capacidad negociadora de los trabajadores otro cambios que impone la reforma laboral de 2012, posiblemente, el más relevante de ellos sea el abaratamiento y la mayor facilidad del despido.

Junto a todo ello, el planteamiento insistente del Gobierno en la devaluación salarial, ya que, aunque se disfrace de una devaluación interna que afectaría a todas las rentas y a los precios, en una situación tan marcada de desigualdad en las relaciones de poder entre empresarios y trabajadores ha concernido primordialmente, por no decir exclusivamente, al retroceso de los salarios. La realidad es que los precios están aumentando y los excedentes empresariales no están disminuyendo o, al menos, no en la misma medida que los salarios.

Ahora bien, esta estrategia empresarial, dirigida a la reducción de los costes laborales de los empresarios, en muchas ocasiones reflejada en el aumento de los márgenes empresariales más que en la mejora de la competitividad de las empresas, provoca una nueva paradoja, la de la flexibilidad salarial, ya que, si bien desde la perspectiva microeconómica, de un empresario individual, puede favorecer la contratación de trabajadores y el aumento de la producción, desde el punto de vista macroeconómico, para el conjunto de la economía y de las empresas, esa estrategia provoca la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores y del consumo privado, difícil de contrarrestar por otras variables de la demanda agregada, incluyendo las exportaciones, como así está ocurriendo actualmente. Esta paradoja de la flexibilidad salarial impide una evolución más positiva del PIB, con la consiguiente persistencia de la pérdida de empleos y la agudización del debilitamiento de la capacidad negociadora de los trabajadores. Todo ello supone una nueva vuelta de tuerca y una mayor facilidad para la estrategia de la devaluación salarial.

Comenzando con la evolución del aumento del salario pactado en los convenios colectivos, éste se modera notablemente en los dos primeros años de crisis, al pasar del 4,2% en 2007 al 3,6% en 2008 y al 2,2% en 2009, estabilizándose en los dos años siguientes, 2010 y 2011, al situarse el incremento salarial pactado en el 2,2% en el primer año y en el 2,3% en el segundo, y volver a retroceder el ritmo de crecimiento hasta el 1,3% en 2012 y el 0,6% en 2013 (estas dos últimas tasas con los datos de los convenios registrados hasta el 31 de agosto de 2013).

Esta ligera moderación del crecimiento salarial de 2008, máxime si se tiene encuentra un retroceso de la inflación a finales del año (medida por la variación interanual del IPC de diciembre) del 4,2% en 2007 al 1,4% en 2008, se puede explicar, además de por la inercia de la negociación colectiva que provoca que muchos convenios colectivos se habían firmado en años anteriores de notable crecimiento económico y a la vigencia, como en los años anteriores desde 2002, de un Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva, firmado por UGT y CCOO, por parte sindical, y por CEOE y CEPYME, por parte empresarial, que fijaba como criterio salarial el objetivo de la inflación, el 2%, superior, como se acaba de señalar, a la inflación final del año, por otras razones.

Entre estas razones, destacan dos: la primera, que, pese al fuerte descenso del empleo de la construcción que se inicia a finales de 2007, el empleo de la industria no comienza a disminuir hasta la primavera de 2008 y el de los servicios hasta finales del año, y la segunda razón, que a lo largo de ese primer año de crisis, sobre todo en la primera mitad, las expectativas económicas de los agentes sociales, en parte por la razón anterior, no se habían todavía adecuado al empeoramiento intenso y prolongado de la actividad económica y el empleo que tendría lugar posteriormente. Sin embargo, en relación con 2009, año en el que no está vigente ningún acuerdo interconfederal de negociación colectiva (como venía ocurriendo desde 2002), el agravamiento de la situación económica, añadido al nuevo descenso de la inflación (del 1,4% al 0,8% al final del año), intensifica la moderación del crecimiento salarial; aunque la conclusión de la primera recesión económica a finales de 2009 y el repunte de la inflación en 2010 (el 3% a finales del año) justificaría que se mantuviera el ritmo del crecimiento salarial pactado en ese año y el siguiente, incluso aumentando ligeramente en 2011.

Pero la segunda recesión económica iniciada a mediados de 2011 y mantenida a lo largo de 2012 y, por ahora, el primer semestre de 2013, a lo que hay que agregar los efectos de la política de ajuste fiscal iniciada en 2010 y la reforma laboral aprobada a principios de 2012, así como la estrategia de devaluación salarial que se acentúa desde el comienzo del Gobierno del PP, provoca una nueva y más intensa moderación del crecimiento salarial pactado en los convenios colectivos. A lo que no son ajenos los restrictivos criterios salariales fijados por los dos Acuerdos Interconfederales de Empleo y Negociación Colectiva, firmados el primero en 2010 y el segundo en 2012, los dos de vigencia trienal; criterios que son especialmente limitativos en el caso de los fijados en el segundo acuerdo para el período 2012-2014.

Si, en vez, de los salarios pactados en la negociación colectiva, se consideran los salarios brutos percibidos por los trabajadores (sin deducir de la aportación de los trabajadores a la Seguridad Social ni de las deducciones del IRPF), medidos por el coste salarial por trabajador de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (que excluye a los trabajadores agrarios, los empleados del hogar y los funcionarios no adscritos a la Seguridad Social), la tendencia a la moderación del crecimiento salarial es aún más intensa que la de los salarios pactados en los convenios colectivos, con la excepción de lo que ocurre en el primer año de la crisis, 2008. En efecto, el aumento del coste salarial por trabajador, que fue el 4% en 2007, se acentúa en 2008 hasta el 5,1%, pero se modera notablemente a partir de entonces hasta el 3,2% en 2009, el 0,9% en 2010 y el 1% en 2011, para disminuir el 0,6% en 2012 y el 1,2% en el primer semestre de 2013. Este descenso salarial en el período más reciente es más evidente todavía si se consideran los datos de las variaciones interanuales de los tres últimos trimestres disponibles: en el cuarto trimestre de 2012 la variación es el -3,6%, como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria de Navidad a los empleados públicos, y en el primer y segundo trimestre de 2013, el -1,8% y el -0.6%, respectivamente, debido al descenso salarial que ya se produce con nitidez en este último año en el sector privado.

El repunte del salario bruto por trabajador en 2008 se produce, además de por los motivos ya apuntados anteriormente (criterios salariales fijados en el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva superiores a la inflación, inercia de la negociación colectiva, situación económica y del empleo a principios del año no tan desfavorable como después y mantenimiento por parte de los agentes sociales de unas expectativas económicas no demasiado negativas), a otro dos motivos.

El primero, el impacto positivo sobre el salario medio (aumentándolo) del efecto composición del empleo (calculado en 0,9 puntos) derivado del descenso de la tasa de temporalidad (porcentaje de asalariados con contrato temporal), del 31,7% en 2007 al 29,3% en 2008 (datos de media anual), ya que el salario de los trabajadores temporales, cuyo empleo disminuyó en 2008 en 423.900 personas, es en torno a una tercera parte inferior al de los trabajadores indefinidos, cuyo empleo aumentó, a pesar de la crisis, en ese año en 347.600 personas. Y el segundo, porque 1,1 puntos porcentuales del aumento del salario bruto percibido por trabajador en 2008 se debe al aumento pagado en ese año pero derivado de la aplicación retroactiva de las cláusulas de garantía o salvaguarda salarial del año anterior, 2007, en el que la desviación de la inflación al final del año, medida por la variación interanual del IPC de diciembre, 4,2%, superó en 2,2 puntos porcentuales al objetivo inicial de la inflación del 2%. Si se corrige el incremento del coste salarial por trabajador de 2008, el 5,1%, por estos dos motivos, el efecto composición del empleo y la aplicación de las cláusulas de garantía salarial del año anterior (0,9+1,1), el incremento salarial de ese año se reduciría en dos puntos porcentuales, hasta el 3,1%, inferior al 4% que se produjo en 2007, aunque todavía muy superior al 1,4% de inflación al final del año.

Ya a partir de 2009, año en el que el impacto positivo del efecto composición del empleo ascendió a 1,3 puntos porcentuales, como consecuencia del importante descenso que todavía se produce en la tasa de temporalidad del año, del 29,3% al 25,4%, otra serie de factores relacionados con la crisis económica y la pérdida del poder de negociación de los trabajadores inciden negativamente sobre los salarios (reduciéndolos) y contrarresta parcial o totalmente el citado efecto positivo del efecto composición, que, por otra parte, es cada vez menor al producirse también importantes retrocesos del empleo indefinido, llegando incluso a provocar el descenso de los salarios nominales a partir de 2012. Entre estos factores, además de la moderación de los salarios pactados en los convenios colectivos, siguiendo, como ya se ha señalado, los criterios salariales fijados en los dos Acuerdos Interconfederales para el Empleo y la Negociación Colectiva, mucho más restrictivos los del segundo, figuran la reducción o eliminación de las horas extraordinarias, la disminución o desaparición de algunos complementos salariales, como los vinculados a los beneficios o ventas de las empresas, y los descuelgues salariales por inaplicación de los pactado en el convenio colectivo o los descensos salariales decididos unilateralmente por los empresarios, propiciados estos dos últimos factores por la reforma laboral de 2012.

Este proceso de devaluación salarial que empieza a producirse a mediados de 2009 y que supone incluso, como ya se ha explicado, un descenso del salario nominal o monetario desde finales de 2012, va a significar una disminución de los salarios reales, que provocará una importante pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores con la correspondiente consecuencia negativa sobre el consumo privado y el PIB, ya que los empresarios no aumentan la producción al disminuir los costes laborales si la demanda agregada retrocede, lo que está ocurriendo en la actualidad, sin que la disminución de la demanda interna se compense por el aumento de las exportaciones. Así, el salario bruto real, que se obtiene deflactando el salario bruto monetario por el incremento medio del IPC, disminuye en dos puntos porcentuales en 2010, en 1,4 puntos en 2011, en 3,4 puntos en 2012 y en 3,3 puntos en el primer semestre de 2013, lo que significa una pérdida acumulada del poder adquisitivo de los trabajadores en tres años y medio de 10,1 puntos porcentuales, situación explicada, como se ha intentado demostrar a lo largo del artículo, por el fortísimo decaimiento de la capacidad negociadora de los trabajadores.

Si a esa pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores se añade el descenso del empleo y el aumento del paro prácticamente continuo desde finales de 2007, que, a su vez, serían unos de los factores explicativos principales de la fragilidad de la capacidad negociadora de los trabajadores, el desolador panorama existente actualmente en la sociedad española supone un angustioso empeoramiento de la situación de la clase trabajadora española. Máxime si se tiene en cuenta que, según la EPA, en torno a dos millones y medio de personas llevan paradas al menos dos años