Más tiempo pobres, y con ayudas desenfocadas
Casi un millón de ciudadanos que pueden optar a ayudas para la pobreza se quedan fuera por desconocimiento o problemas burocráticos, según un informe de EAPN/EMIN
Durante esta crisis agotadora, hemos aprendido muchas cosas nuevas. Por ejemplo, la piel tan fina que separa la pobreza económica de la pobreza social, a resultas del enquistamiento de situaciones de paro de larga duración y de la precariedad de la mayoría de empleos que empieza a generarse. En España existen 740.000 hogares sin ingresos, según la Encuesta de Población Activa, (EPA) y 1,8 millones de familias carecen de algún adulto con contrato laboral, mientras la proporción de trabajadores con empleo pero en riesgo de exclusión sigue aumentando.
Uno de los indicadores más claros de la creciente exclusión se lee en la multiplicación del número de personas beneficiarias de una renta mínima, o la última ayuda -en este caso gestionada por las comunidades autónomas- a la que puede aspirar quien haya perdido el trabajo, el subsidio por desempleo u otros apoyos alargados en el tiempo como el plan PREPARA (426 euros por familia), vigente hasta que la tasa de paro no baje del vergonzoso 20% (2015 es el horizonte oficial) y que por falta de recursos no prepara para la reinserción, sino que se limita a dar sesiones de orientación. Después de cuatro años con economía en el hoyo, la cifra de beneficiarios de rentas mínimas casi se duplicó en 2012, hasta 217.358. También han aumentado los fondos que se le destinan a estas ayudas en la última década, pero las entidades que combaten la pobreza aducen que como los hogares sin ingresos han proliferado tanto, la cobertura es “claramente insuficiente”. Según datos del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2013), la cuantía gastada rozó los 900 millones de euros. Pero esta cifra resulta algo engañosa, puesto que 4 de cada 10 euros invertidos corrieron a cargo de Euskadi, la autonomía con rentas mínimas más elevadas (un mínimo de 612,4 euros por beneficiario y mes), pese al bajísimo nivel de pobreza de la comunidad vasca (2,6%). La renta mínima de inserción media en España es de 420,55 euros al mes, por debajo del salario mínimo.
Los informantes y colaboradores en España de la Red Europea de Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), en respuesta a un cuestionario interno, coinciden en sus respuestas: un 80% está de acuerdo en que no permiten un nivel de vida digno, según el Informe sobre los Sistemas de Rentas Mínimas en España, que firma Graciela Malgesini Rey, de la European Minimum Income Network (EMIN). Un 89% de los encuestados afirma que las rentas mínimas no se dan a todas las personas que las necesitan. Un 55,5% aduce que la administración deniega estas ayudas “sin justificación o explicación”. Prácticamente todos (95%) dicen que los expedientes no se gestionan deprisa. En algunos casos, el retraso general denunciado para responder a las solicitudes alcanza los 12 meses.
La complejidad de la red de ayudas es enorme, muy distinta en cada autonomía, y los requisitos de acceso van cambiando, y a la vez haciéndose más estrictos por la mengua de fondos públicos. Según el mencionado Cuestionario interno de EAPN, un 67% de quienes no piden rentas mínimas pese a que sí cumplen las condiciones correspondientes –y que en toda España suman 964.400 ciudadanos- no lo hacen porque ni siquiera conocen su derecho. Las otras dos causas más extendidas son la ignorancia de los mecanismos para presentar una solicitud y la complejidad de la documentación previa que necesitan.
Las propuestas de EAPN pasan por un “importante aumento del presupuesto actual” en protección social, que Cáritas ha estimado en 4.607 millones de euros si se quiere ampliar los programas de ayuda existentes hoy a 700.000 familias. Otros cambios pasan por reducir la distancia entre las ayudas según en qué autonomía se viva, por un sistema coordinado entre las distintas administraciones de modo que si una persona cambia de comunidad no pierda la renta mínima, por que al menos parte de esas ayudas pueda ser compatible con trabajos a tiempo parcial o temporal (siempre que no se tenga un contrato a tiempo completo por encima del salario mínima y por encima del indicador europeo de pobreza), y por que sirva para combatir la pobreza infantil.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha prometido este otoño una nueva ayuda para los 740.000 hogares sin ingresos de ningún tipo, que todavía está por concretar. Es el reconocimiento de los problemas de paro se cronifican. Veremos si estamos ante otro parche. En el balance del Consejo de la UE sobre el plan de estabilidad español, con fecha del pasado 2 de junio, Europa cuestionaba la “deficiente focalización” de la asistencia social y las prestaciones, y sobre el nuevo plan de inclusión 2013-2016 llamaba a una mayor coordinación entre servicios sociales y de empleo y criticaba que “los trámites administrativos para acceder a los regímenes que garantizan una renta mínima entorpecen el abandono de la asistencia social y la reincorporación al mercado laboral”. Un buen tirón de orejas.
