Medidas de choque para salvar la economía

La recesión es inevitable. Lo más importante ahora es conseguir que sea lo menos profunda y

lo más breve posible para que la economía recupere el pulso cuando pase la pandemia. Se trata de que la recuperación tenga forma de ‘V’ y no de ‘L’ o de ‘W’, como sucedió con la crisis posterior al desastre financiero de 2007-2008, y de que el peso no recaiga de nuevo sobre los más vulnerables. “No vamos a dejar a nadie atrás”, es una promesa del presidente del Gobierno que no conviene olvidar.

 

 

El objetivo de la batería de medidas anunciada por Pedro Sánchez es garantizar que el crédito

fluya para que las empresas reduzcan al mínimo los despidos y reanuden la actividad en cuanto

concluya el periodo de emergencia. La interrupción del crédito fue precisamente una de las

consecuencias más dañinas del ‘crash’ financiero de hace doce años y trajo consigo un

fortísimo aumento de la tasa de paro y una caída drástica del consumo. Si algo tienen en mente

estos días los responsables políticos y económicos es la necesidad de no repetir los errores de

entonces.

 

Para evitar que la parada en la producción cause un daño irreparable al mercado laboral, todos

los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) que pongan en marcha las

empresas tendrán la consideración de “fuerza mayor”. Ello significa que los trabajadores

afectados cobrarán la prestación por desempleo, incluyendo aquellos que no cumplan los

requisitos previos de cotización a la Seguridad Social. Además, la prestación que reciban ahora

no será tenida en cuenta a la hora de calcular durante cuánto tiempo podrán percibir futuras

prestaciones en caso de volver al paro. 

 

La actitud de las empresas va a ser clave para evitar una catástrofe aún mayor. Por ello el

presidente del Gobierno hizo un llamamiento a las grandes compañías para que prioricen la

suspensión de contratos, la reducción de jornadas y el teletrabajo como alternativas al despido.

A cambio, las empresas quedarán extentas del pago de cuotas a la Seguridad Socia, mientras duren las medidas temporales sobre el empleo. El presidente de la CEOE, Antonio

Garamendi, ha apuntado que la oleada de ERTE que se avecina contribuirá a proteger puestos

de trabajo en lugar de a destruirlos, una señal de que la patronal está en sintonía con el

Gobierno a la hora de afrontar la recesión que viene. 

 

Si cumplen determinados requisitos aún no especificados, los autónomos tendrán derecho a cobrar una prestación extraordinaria por cese de actividad y también quedarán extentos del pago de cotizaciones. Los autónomos con empleados también podrán acogerse a las mismas medidas que el resto de las empresas en caso de ERTE.

 

El Gobierno decretó también una moratoria del pago de los préstamos hipotecarios sobre

primera vivienda y de servicios básicos como la luz, el agua y el gas de aquellas personas más vulnerables que vean mermados sus ingresos a causa del coronavirus. El suministro no podrá ser interrumpido por impago. Habrá que estar atentos a los detalles y ver quienes tendrán derecho a acogerse a las medidas, que no han sido contestadas, al menos por el momento, desde los bancos o las empresas de servicios. El objetivo es evitar que el poder adquisitivo de las familias se desplome y que el consumo privado contribuya a la recuperación de la economía cuando vuelva cierta normalidad: que la gente vuelva a gastar como antes cuanto antes.

 

Las medidas anunciadas por Pedro Sánchez van en la misma línea que las adoptadas por los

Gobiernos de EEUU, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y otros países: inyectar el dinero

público que sea necesario para que, una vez pase lo peor, las empresas puedan reanudar su

actividad sin que se produzca un repunte del desempleo. Son medidas de choque típicas de

tiempos de guerra.

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para evitar quiebras. A ese objetivo irán destinada una línea de avales de 100.000 millones de

euros, un 10% del producto interior bruto, cantidad que puede llegar hasta los 150.000 o

200.000 millones, según el presidente, si se incorpora el sector privado. El Gobierno también

ha decidido blindar a las empresas españolas de sectores estratégicos para evitar la toma de

control por parte de inversores extracomunitarios que traten de aprovechar la caída de los mercados.

 

La descomunal tarea de evitar un desastre económico de larga duración y consecuencias

imprevisibles exige medidas de choque como las adoptadas hoy. No queda otra: el

cumplimiento de los objetivos de déficit presupuestario y deuda pública han de pasar a un

segundo plano. La gran incógnita es si serán suficientes. Habrá que esperar para comprobar

qué efecto tienen en sectores clave de la economía española como el turismo, la industria

automovilística, la hostelería y el comercio. La buena disposición mostrada por los sindicatos, la patronal, la banca y la oposición política a colaborar en el esfuerzo es un

buen augurio.