Otra vez los torpes de la clase en Europa

La semana pasada España se convirtió en el país europeo con más casos confirmados de covid-19. Es la primera vez que sucede porque hasta ahora Italia o el Reino Unido habían ido por delante. En solo siete días el número de nuevos infectados fue de más de 20.000, según el Ministerio de Sanidad, mientras que apenas hubo 2.000 italianos y algo menos de 6.000 británicos. La escalada de casos en plena temporada turística ha convertido España en el principal foco europeo de la pandemia. Ha sido por torpeza propia porque los casos importados son pocos.

Hace dos meses, la situación en este país era perfectamente comparable a la de Italia, Francia y Alemania, y bastante mejor que la de Suecia y el Reino Unido. Estos dos últimos han mejorado con claridad e Italia mantiene el bajo ritmo de contagios de entonces, mientras que aquí los casos se han multiplicado por 10. Francia, que también está empezando a pasarlo mal los ha multiplicado por cuatro y Alemania los ha duplicado. 

Para hacernos una idea de lo que significan 20.000 contagios en una semana, unos 3.000 diarios, pueden compararse con los de un país con un tamaño de población similar a la española, Corea del Sur, donde han tenido 14.600 infecciones confirmadas por PCR en la totalidad de los siete meses de pandemia. Ese país asiático se ha puesto desde el primer momento como un ejemplo de que es posible mantener la actividad social y económica en marcha si se cumplen una serie de requisitos para contener los contagios: mascarilla en lugares públicos; distancia entre personas y limitación del número asistentes a las reuniones; aislamiento y prueba PCR a todo paciente que presente el más mínimo síntoma de padecer la covid; rastreo y localización de sus contactos de los últimos días para someterlos también a pruebas PCR y a la correspondiente cuarentena. Todo ello acompañado de la necesaria disciplina social, por supuesto.

Los especialistas resumen esa estrategia en dos palabras, test y rastreo, que la OMS hace meses que recomienda de manera machacona. ¿Por qué esa estrategia está fallando en buena parte de España? Todo aquel que mira los datos coincide en señalar que el capítulo de los test se lleva a cabo más o menos bien, pero que el rastreo de contactos falla y, en consecuencia, los contagios descontrolados son cada vez más frecuentes. Y el rastreo falla porque se ha destinado a efectuarlo mucho menos personal del necesario y con medios precarios. Por qué esto ha sido así en la mayoría de las comunidades es un misterio de difícil comprensión.

Sorprende mucho porque si en algo está hoy de acuerdo la población española es en la necesidad de reforzar la sanidad pública. El sociólogo Juan Toharia precisaba ayer en un artículo publicado en El País que el 77% de los españoles considera que el destino prioritario del dinero que llegue de Europa debe ser la mejora de la estructura sanitaria. Ello es así, entre otras causas, porque una aplastante mayoría de la población (el 67% en junio y el 84% en julio) se declara preocupada por contraer la covid.

Las altísimas cifras de apoyo a la sanidad pública se repiten desde hace meses, lo que convertiría en algo sumamente popular que hubiera fuertes inversiones en este servicio acompañadas de un apoyo decidido a los sanitarios. A partir de esa premisa, lo esperable era que las comunidades autónomas hubieran entrado en una frenética competición por reforzar la sanidad y, dentro de ese refuerzo, formar los mejores equipos de rastreo y extender al máximo los test como mejor forma de mantener a raya el virus. Se trata de una necesidad evidente, que es perentoria para controlar la epidemia y que la ciudadanía apoya de manera aplastante. ¿Por qué no se han llevado a cabo esos refuerzos? ¿Por estupidez? ¿Por incompetencia? ¿Por la inercia de largos años de menosprecio de lo público?

No haber hecho lo que se tenía que hacer le va a costar a España volver a ser la apestada de Europa, porque el virus no perdona. Lo que se ha hecho mal desde el levantamiento del estado de alarma va a repercutir negativamente en las próximas semanas aunque a partir de ahora se obrara el milagro y todo se hiciera a la perfección. Los 20.000 infectados es probable que sean más esta semana que empieza y si no hay un mínimo de control para fin de mes, el regreso a las grandes ciudades de los que han salido de vacaciones y el aumento de la actividad económica pueden complicar mucho más la situación. Ahora mismo, la vuelta al cole puede ser una quimera en bastantes territorios.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, la comunidad en peor situaciòn es Aragón, con 280 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en la última semana, la gran mayoría de ellos en Zaragoza. El País Vasco y Navarra tienen entre 70 y 80 nuevos infectados por 100.000 habitantes, mientras que la incidencia en Catalunya y Madrid está por encima de los 60 casos. La diferencia entre estas dos comunidades es que la tendencia en la primera es a la baja como consecuencia de la rectificación de hace tres semanas, mientras que la epidemia está al alza en la capital. En el extremo positivo, la incidencia en Galicia, Asturias y La Rioja es de menos de dos contagios al día por cada 100.000 habitantes y de uno solo en Canarias.

Tres ex altos cargos vinculados a la Escuela Andaluza de Salud Pública, Daniel López-Acuña, José Martínez Olmos y Alberto Infante Campos, publicaron el sábado en eldiario.es un artículo en el que hacían un análisis sombrío de la situación, planteaban la necesidad de un “golpe de timón” conjunto por parte del Gobierno y las comunidades, reclamaban una serie de medidas urgentes de refuerzo de la estrategia de test y rastreo, instaban a un “control radical” de las residencias de ancianos y subrayaban que en los próximos días se podía requerir “la adopción de medidas eficaces de confinamiento quirúrgico delimitado en aquellas áreas geográficas de mayor transmisión” del virus. Y resucitaban una figura polémica: el estado de alarma: “Estas medidas”, agregaban, “no tienen por el momento otro engarce jurídico que la declaración del estado de alarma bajo control del Congreso de los Diputados y con la dirección delegada en el presidente o presidenta de la comunidad autónoma afectada, tal como se contempla en la legislación actualmente vigente”.

Aunque las broncas que precedieron las últimas prórrogas del estado de alarma no permiten presagiar una tramitación tranquila, la probable necesidad de imponer esos “confinamientos quirúrgicos” en áreas concretas muy castigadas por la epidemia va a hacer difícil eludir el debate. Italia, con una situación mucho mejor que la española, prolongó hace 10 días el estado de emergencia hasta el 15 de octubre.