Un clavo ardiendo para los más pobres

A partir del 15 de junio, las personas en situación de extrema pobreza pueden pedir el nuevo ingreso mínimo vital, que oscila entre los 462 y los poco más de 1.000 euros, según los hogares. Una de las incógnitas es saber a qué destinarán ahora las comunidades autónomas la parte del dinero que pagan en ayudas a la pobreza y que ahora cubrirá el Estado. Las entidades sociales piden una aplicación ágil y rápida.

España acaba de dotarse de una de las piezas que le faltaban a su Estado de bienestar: una red última de seguridad que sostenga a personas en situación de extrema pobreza. Acuciado por la crisis social provocada por la pandemia de la covid-19, el Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez ha dado luz verde de forma acelerada a uno de los proyectos que llevaba en su acuerdo de gobierno y que al inicio de la legislatura no figuraba en el primer lugar de la agenda: el ingreso mínimo vital, que se puede solicitar a partir del 15 de junio. Sobre el papel, la iniciativa, que sale adelante en medio de un ambiente de gran tensión política, intenta responder al desarrollo de uno de los principios del Pilar Social de la Unión Europea, que es la existencia de una renta mínima que, al menos en teoría, asegure una vida digna y no desincentive el empleo.

¿Pero cuánto dinero se necesita para llevar una vida digna? El listón por debajo del que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, del que cuelga esta ayuda y cuyo titular José Luis Escrivá ha fijado, considera que hacen falta 462 euros al mes en el caso de una persona adulta que viva sola; es decir, menos de la mitad que el salario mínimo interprofesional mensual, que desde el pasado enero en España asciende a 950 euros. La cuantía de la nueva renta va subiendo en función del perfil de hogares (se distinguen hasta 14). El nivel máximo, en el caso de familias con dos adultos y descendientes, es de 1.015 euros. Las familias monoparentales o monomarentales, cobrarán 100 euros más en cualquier caso.

Eso no significa que una persona que haya agotado las prestaciones y subsidios por desempleo, o que no tenga acceso a alguna de las ayudas no contributivas existentes en España, acceda a 462 euros. Si alguien trabaja algunas horas y se saca, por ejemplo, 300 euros, el Estado le aportará 162. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) funciona así, en la práctica, como un complemento para las rentas extremadamente bajas, y un clavo ardiendo para quienes no tienen ningún ingreso. En España hay 597.000 hogares en los que no entra ni un euro, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al primer trimestre de 2020 y que recoge solo una pequeña parte de los destrozos sociales de la pandemia. Eso significa que este derecho es compatible, aunque solo temporalmente, con trabajos muy precarios. Si el trabajo permite incrementar temporalmente los ingresos por encima del listón, pongamos cien euros por encima, no se pierde la parte proporcional del IMV, sino menos. Es uno de los aspectos que inquietan a las entidades sociales considerando lo reducido de las ayudas, en un panorama donde se multiplican las colas para recoger alimentos en parroquias, comedores sociales y ONG. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha llamado al Gobierno a que el procedimiento de acceso será “ágil y rápido”. De entrada, 100.000 hogares recibirán el subsidio sin que tengan que pedirlo: son las familias que ahora perciben ya la prestación por hijo a cargo.

Para el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, de Unidos Podemos, que había solicitado inicialmente una ayuda temporal urgente de mayor cuantía a la espera de un diseño definitivo, se ha declarado satisfecho con la medida. Tras su aprobación, la ha llegado a calificar como “el mayor avance en derechos sociales desde la ley de la Dependencia” durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La comparación tiene interés por muchas razones. Empezando porque dicha ley, que preveía todo un sistema de ayudas para personas dependientes y sus cuidadores, se ha desplegado a medias por falta de recursos con que financiarla. Ese es uno de los riesgos con el IMV. La nueva renta se plantea como permanente, y con un coste de 3.000 millones de euros anuales. Pero se consolida, han subrayado tanto Iglesias como Escrivá, como “un derecho”, y será permanente. La cuestión es hasta qué punto se expandirá la pobreza, y especialmente la pobreza severa, en España a resultas de la covid-19. Al ser un derecho, no depende sobre el papel de la capacidad presupuestaria para hacer frente al coste (algo que está sucediendo con las ayudas a la pobreza que dan las comunidades autónomas, que fueron endureciendo las condiciones de acceso durante la crisis anterior). Según las previsiones económicas de la Comisión Europea difundidas en mayo pasado, el déficit público se disparará hasta el 10,1% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras la deuda pública lo hará hasta el 115,6% a finales de este año debido a las medidas expansivas para sostener la economía con la pandemia. Solo el coste de las suspensiones temporales de empleo supondrá este año para las arcas públicas españolas 23.700 millones de euros, según el Ministerio de Hacienda.

El lema que repite una y otra vez el Gobierno es “que nadie se quede atrás”. Según el ministro Escrivá, se beneficiarán de este IMV 850.000 hogares, en los que viven 2,3 millones de personas. Hace un mes, habló de un millón de familias, con 3 millones de beneficiarios.  Para el ministro, la pobreza severa (menos de 2.950 euros al año) puede reducirse en un 80%. Sin embargo, la pobreza en España es un problema enquistado que va mucho más allá: según el Banco de España, un 26,1% de la población, 12,04 millones de personas, sufren carencia material severa, baja intensidad en el empleo o ingresos por debajo del umbral de la pobreza (8.871 euros al año). En 2018, último año disponible, había 711.654 personas pobres más que en la crisis anterior (dato de 2009). Cuarta economía del euro, España destaca, junto a Rumanía, en pobreza infantil, nivel que alcanza a un 26,8% de menores.

Para acceder a esta ayuda, denostada por la ultra derecha de Vox como “la paguita” pero a la que la oposición del Partido Popular tiene difícil criticar en el contexto actual, el Gobierno revisará el nivel de ingresos del año pasado y también el patrimonio. Este último no puede superar los 16.614 euros (si se vive solo, restando deudas y sin tener en cuenta la vivienda habitual, siempre que esta no valga más de 100.000 euros). El top de patrimonio alcanza los 43.196 euros en hogares con varios miembros. Quienes no cumplan los requisitos pero este año, debido al parón de actividad por la pandemia, hayan visto caer su renta un 50%, pueden pedir la nueva ayuda. Un 16% de los hogares beneficiarios son monoparentales.

En la Unión Europea, es habitual que los países dispongan de un sistema de rentas mínimas, con distintos diseños. Dinamarca y Alemania son los países más generosos. España ha recibido tirones de orejas desde hace un lustro por parte de la Comisión Europea especialmente en relación a la falta de eficiencia de su sistema de rentas mínimas. Porque aunque no existía una renta mínima a escala estatal, las comunidades autónomas sí han ido desarrollando, unas más que otras, sistemas de ayudas, de cuantías diversas, con requisitos dispares e incompatibles entre sí. Esa es una de las claves del asunto. El País Vasco y Navarra, que históricamente funcionan con un régimen foral propio, tienen ayudas mucho más elevadas (662,51 euros mínimos, y hasta 945,2 con distintos complementos) y niveles de cobertura de personas beneficiarias igualmente elevadas y podrán gestionar esta ayuda directamente. En cambio en comunidades como Murcia (300 euros), o incluso la Comunidad de Madrid, las ayudas son muy inferiores (375,6 euros). El gobierno de Cataluña es una de las comunidades que ha reclamado poder gestionar este ingreso. El ministro Escrivá se ha mostrado abierto a negociar convenios que contemplen la cuestión a partir de 2021, y ha argumentado que la urgencia de la ayuda ha hecho que en una primera fase se ocupe de ello el Ejecutivo central.

Una de las incógnitas que se abren ahora es qué harán las comunidades autónomas con sus propias ayudas ahora que el Estado garantiza un mínimo ingreso para el conjunto de ciudadanos. Las autonomías pueden reducir sus aportaciones, que totalizan 1.500 millones de euros al año, para rentas mínimas dejando que sea el Estado quien se haga cargo de una parte o de todo el coste (según la renta de cada comunidad), o mantenerlas y aumentar las cuantías o la cobertura de las ayudas que ofrezcan, cambiando los requisitos.

La Red para una Renta Básica Universal (RBU), que fije un mínimo vital para toda la ciudadanía con independencia de sus ingresos, edad o género, y financiada con una reforma fiscal, son muy críticos con la renta mínima aprobada, que consideran una renta para pobres y  condicionada (no solo a ser pobre, sino a buscar empleo y participar en planes de inclusión de empleo),  lo que requerirá movilizar toda una burocracia de control. Uno de los problemas que plantea es el bajo nivel de evaluación de la utilidad de planes de inclusión que existen sobre el papel. El IMV deja, además, fuera de cobertura a los inmigrantes irregulares, algo que por el contrario reclamaban entidades como Intermon-Oxfam.